Friday, December 29, 2006

UN AÑO QUE SE DESPIDE: BALANCE DEL 2006 Y LO QUE VIENE EN EL 2007

El 2006 fue un año de hechos superpuestos, donde a mitad de año se dio el recambio político manteniendo la estabilidad democrática. En la política económica existe una continuidad, lo cual necesariamente no es malo, los presupuestos macroeconómicos se mantienen estables y tenemos un Alan García que ha aprendido que la economía no se maneja por decretos. Nos costó mucho a todos los peruanos que aprendiera la lección, pero parece que no cayó en saco roto. Lo importante es continuar con el crecimiento y que este de verdad “chorree” a las mayorías. El mercado solo no lo va a hacer, para ello es necesario que el Estado tome en sus manos la labor en sectores claves como educación, salud y empleo.

En cuanto a educación se verá si realmente tiene interés el gobierno en una reforma educativa, lo que necesariamente pasará por enfrentarse con el gremio de los maestros, un lastre a todo lo que signifique reforma en el sector educación. Tarde o temprano lo tendrá que hacer, si es que realmente tiene interés en cambiar las cosas.

El empleo no nace por decreto, aunque sí puede el Estado fiscalizar la calidad del mismo e incentivar la creación de nuevas plazas. La estabilidad laboral absoluta que se discute en el Congreso no ayudaría al propósito, más bien lo entorpecería. Recordemos que el empleo está íntimamente relacionado con la economía, por lo que si se reviste de rigidez al primero, entorpece a la segunda o lo que es peor permite la elusión de las normas por los agentes económicos.

La reforma tributaria quedó en una broma de mal gusto, al exonerar de impuestos a las ganancias obtenidas en la bolsa de valores, la de mayor rentabilidad en todo el mundo el 2006. Por otro lado, los supuestos jurídicos para ingresar a los regímenes tributarios especiales pueden ser una coladera y al final se puede recaudar menos de lo esperado. Lo que sí es positivo es la eliminación del anatocismo (capitalización de intereses) de las deudas tributarias, medida compulsiva que demostró ser poco práctica, aparte que constitucionalmente estaba en tela de juicio su aplicación.

La negociación con Telefónica, como supusimos (ver nuestro artículo Los contratos ley en http://ius-aequitas.blogspot.com), tuvo un desenlace muy similar al acuerdo que tuvo el gobierno con las mineras (una salida intermedia ha sido la del “aporte voluntario” de las empresas mineras y al parecer en el caso de la renta básica de Telefónica se buscaría la misma solución), una suerte de compromiso unilateral a efectuar rebajas en la renta básica adelantando el factor de productividad. La negociación con Telefónica ha permitido que se ponga sobre el tapete la necesaria competitividad que debe tener el sector de telefonía fija. Un monopolio jamás será beneficioso para el consumidor por más que el gobierno ponga el mejor de los empeños en conseguir reducción de tarifas. De allí nuestra propuesta que en una eventual reforma de la constitución, retornemos a la prohibición de los monopolios como lo establecía la carta del 79 (Monopolios y posición dominante en el mercado: apuntes para una eventual reforma de la constitución económica en http://ius-aequitas.blogspot.com). No soy muy amigo de las prohibiciones ni de las restricciones, pero a veces no queda otro camino, y el caso de Telefónica lo ha demostrado.

El TLC es muy probable que el Congreso norteamericano lo ratifique el próximo año; pero, ratificado o no, el gobierno debe buscar celebrar tratados comerciales con la mayor cantidad de países. El comercio estimula a un país a producir más y mejor, pero no debemos pensar solo en los “grandes” países, sino también ver a nuestros vecinos. Algo que la historia ha demostrado es que cuando dos naciones comercian tienen más intereses en común que las declaraciones líricas de las cumbres presidenciales, que muchas veces quedan solo en el papel.

El escenario político de la oposición se ha mostrado bastante desarticulado. Con un Humala que se desinfló definitivamente en las elecciones regionales y municipales, un importante sector de la oposición de derecha que ha pasado a “colaborar” con el gobierno, una Lourdes Flores que no aprende de sus errores, y la ruptura final del bloque UPP-PNP (no quiero ser “pesado” pero ya lo decíamos desde el mes de Junio que esa coalición se iba a romper, ver nuestros artículo Quo vadis Humala? en http://elobservador.perublog.net), el “amiste” con el presidente Chávez, y un partido aprista que no es nada sin Alan García, es poco lo que puede hacer la oposición en estos meses, por lo que tendremos un año tranquilo para Alan, que es lo que busca en el fondo, no hacerse demasiados problemas y llegar bien al quinto año de mandato.

Alan García, fiel a su estilo, trata de mantenerse en el centro de la política (algo a lo que su natural narcisismo lo empuja), por lo que es probable que el próximo año tengamos más anuncias efectistas (como lo fue este año el anuncio de la pena de muerte para los violadores y terroristas). Lo malo con estas medidas es que son de corta duración, por lo que cada cierto tiempo deben renovarse, con el consiguiente desgaste de quien las anuncia y el natural escepticismo y aburrimiento del público que las recibe. Ser un ilusionista es un oficio bastante complicado.

Es probable que existan algunos levantamientos populares, principalmente en provincias, promovidos por los gobiernos regionales, sobretodo aquellos hostiles al partido de gobierno y en especial a Alan García, por lo que será necesaria mucha “muñeca” política para calmar los ánimos. Jorge del Castillo le será de gran utilidad, ya que ha demostrado ser un buen concertador.

El Congreso por lo demás se ha mostrado bastante solvente, no ha trastabillado como se esperaba con tanta “joyita” que ha ingresado y se ha cuidado muy bien de aprobar leyes aberrantes. Ojalá siga así.

La reforma de la Constitución es un tema que cada cierto tiempo es recurrente, pero una reforma sin consenso político y de los actores sociales es poco lo que duraría el nuevo texto y de aquí a algunos años otra vez estaríamos hablando de una nueva reforma. Es necesario reformar la carta del 93 o actualizar la del 79, cualquiera de los dos caminos es válido, pero sin una seria discusión sobre las instituciones constitucionales solo nos llevaría a la retórica de siempre, y si es así, es mejor quedarnos con la vigente carta.

El presidente García puede aprovechar muy bien el año iniciando las reformas de segunda generación que quedaron pendientes desde hace muchos años y que Fujimori por su afán reeleccionario dejó en stand by: educación, salud, empleo, administración de justicia, sistema previsional, sistema financiero, AFP’s, etc. Esas reformas van a demandar un elevado costo político, la pregunta es: ¿lo querrá hacer el Presidente? No quiero ser escéptico, pero todo indica que no. Dudo que se atreva a encarar alguna medida que signifique un alto costo político (de allí que prefiera solo las medidas efectistas que dan un alto rating inmediato o aquellas donde el costo es bastante bajo). Quizás el efecto traumático que le significó en lo personal su primer gobierno le impide “romper huevos”, pero un viejo adagio dice que para hacer tortillas hay que romperlos. Si realmente quiere pasar como el Nicolás de Piérola del siglo XXI (figura emblemática que admira) deberá comenzar desde ahora. Sólo de él depende si pasa a la historia como un buen presidente que será recordado por las generaciones futuras o será uno más del montón, olvidable de aquí a unos años.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Wednesday, December 27, 2006

PROFESORES NO QUIEREN QUE LOS EBALUEN

Como era de esperarse, la dirigencia del SUTEP se negó por todos los medios a someterse a la evaluación de los profesores, originalmente programa para el 20 de Diciembre y postergada para Enero por los problemas presentados, entre ellos el “robo” de una prueba a las pocas horas de ser tomada y exhibida públicamente por la secretaría general del gremio de profesores.

Para nadie es un secreto la enorme deficiencia de la calidad de la educación pública y las pocas ganas que tiene el magisterio de cambiar el estado de las cosas, algo similar a la reacción que tiene la Corte Suprema, cuando se trata de la siempre postergada reforma de la administración de justicia.

El SUTEP nació como un ideal de solidaridad y defensa de los maestros, con miras a un proyecto revolucionario y humanista de dar nacimiento al “nuevo hombre del socialismo”, proyecto al cual entregaron sus vidas Horacio Zevallos y otros maestros que se sacrificaron por un ideal y un magisterio digno. Treinta años después, el SUTEP se ha convertido en un vulgar gremio que como cualquier otro, sólo le interesa defender y ampliar las prebendas para sus agremiados y ya no le importa la calidad ni las innovaciones educativas. Lo que fue revolucionario antaño, se ha convertido en reaccionario ahora. Lo que era un proyecto progresista liberalizador del hombre, hoy va a contracorriente de todo cambio o trasformación.

Es natural que un gremio defienda los intereses de sus agremiados y que incluso quiera ampliarlos; pero, cuando esos intereses gremialistas van en contra de un valor superior como es elevar la calidad educativa de niños y jóvenes que merecen se les imparta una mejor enseñanza, ese valor superior debe estar por encima de cualquier interés gremialista. Es como –para poner un ejemplo de mi gremio- el Colegio de Abogados de Lima decida impulsar un proyecto de ley por el cual todos los abogados que trabajen en instituciones y empresas públicas o privadas deban tener estabilidad laboral absoluta y ser promovidos por antigüedad, sin importar la eficiencia en el desempeño de las funciones o la capacitación que tengan, sin importar tampoco que haya perdido todos los juicios promovidos a nombre de la institución donde labora o que desde que salió de la universidad jamás se capacitó y se quedó con los conocimientos desfasados de su época universitaria. Algo similar pasa en la educación pública. Es el statu quo de la mediocridad que quiere mantener el SUTEP.

Los maestros han tenido como bandera de lucha la elevación de los bajos sueldos. Razón no les falta y deben ser aumentados progresivamente; pero, esa medida aplicada aisladamente no resuelve el problema.
Las medidas economicistas (aumento de sueldos) no corrigen por si solas las deficiencias del magisterio, vale decir aumentar su productividad. Es lo que sucedió con el aumento a los magistrados en el 2001, cuando se les más que duplicó los haberes totales, y no por eso aumentó la eficiencia de los jueces ni bajó los niveles de corrupción en el Poder Judicial.

Es que el planteamiento economicista es netamente gremialista, pero no redunda en un beneficio para el usuario final del servicio, sea el justiciable en el caso de la administración de justicia o el educando. Para lograr el objetivo de mejora de la calidad educativa se requieren una serie de medidas complementarias (acompañadas de una mejora de los sueldos claro está) que van desde la flexibilidad laboral, la capacitación continua del docente, la incorporación de nuevos profesionales (propuesta a la que apunta la congresista Martha Hildebrandt) hasta la necesaria y permanente evaluación de los maestros.

A esa evaluación es a la que se opone la dirigencia del SUTEP, porque sabe que sus agremiados no van a salir bien librados. También se opondrá a otras medidas como la municipalización de la educación, la tercerización de los servicios, la no obligatoriedad de afiliarse al sindicato o de aportar a la Derrama Magisterial, amén del cambio del enfoque educativo. A todo eso y cualquier reforma de la educación que se pretenda ejecutar, se opondrá permanentemente la dirigencia del SUTEP, por lo que -si se quiere realmente elevar la calidad educativa- cualquier reforma educativa necesariamente tendrá un costo político por el enfrentamiento al poderoso gremio de los profesores, que por añadidura es un gremio altamente politizado, feudo exclusivo del grupúsculo de izquierda Patria Roja.

En estos tiempos de globalización y de alta competitividad laboral, sin una buena educación serán pocas las oportunidades que tenga el futuro ciudadano, y una buena educación pública discurre obligatoriamente por una necesaria y urgentísima reforma, que forzosamente devendrá en un enfrentamiento con el gremio de los maestros, si se quiere tener éxito. Tarde o temprano se tendrá que comenzar con la reforma educativa, y más conviene que sea pronto, si se quiere aprovechar el buen momento económico que atravesamos. Pero, la decisión es política. El futuro de una generación de niños se lo merece.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Monday, December 18, 2006

PINOCHET

Las reseñas sobre la muerte de Augusto Pinochet han estado teñidas con el cristal ideológico de quien perpetra la nota necrológica. Los detractores del general pusieron énfasis en los tres mil desaparecidos y la dictadura sangrienta que impuso sobre Chile, aplicando a la fuerza un modelo económico con un equipo de tecnócratas conocidos como los Chicago boys. Los simpatizantes del régimen se han centrado sobretodo en el “milagro económico chileno”, gracias al cual el país del sur se encuentra en el umbral de la modernidad y a leguas de distancia de sus vecinos de la región; siendo más bien ejemplo para sus coetáneos, por lo que un sacrificio de las libertades políticas era justificable en un momento en que Chile estaba cayendo “en las garras del comunismo”.
Ambas posiciones se han visto reflejadas también en el pueblo chileno con motivos de las exequias del general. Mientras un sector de la población salía a las calles en manifestaciones más o menos violentas y a regocijarse por la muerte del dictador; otros hacían largas colas para darle el último adiós.

Lo cierto es que ambas posiciones distan de la objetividad en el análisis y de una ecuanimidad racional para interpretar los hechos.
Si bien la dictadura de Pinochet se inscribió en las dictaduras sangrientas de la década del 70, que fueron alentadas por los Estados Unidos a fin de detener la “izquierdización” de los países de Sur América en el marco de la guerra fría, lo evidente es que existió una institucionalidad militar que gobernó el país con un proyecto político-económico a largo plazo, muy similar –salvando los matices claro está- al proyecto institucional de las fuerzas armadas en el Perú de 1968-80 y el Brasil de 1964-79, razón por la cual el tránsito hacia la democracia fue ordenado en Chile cuando los militares perdieron el plebiscito. Eso -como lo señala bien Fernando Rospigliosi en un artículo- es imposible en un gobierno militar personalista donde impera como eje central el personalismo del caudillo o en un gobierno autocrático donde todo vale para la reelección del candidato como en los casos de Fujimori en Perú y Chávez en Venezuela; y, caído el caudillo en desgracia todo el régimen se desmorona precipitadamente junto a él. Ese desmoronamiento masivo no ocurrió en Chile, donde los militares se retiraron ordenadamente y mantuvieron cuotas de poder hasta bien entrada la democracia.
Por eso, si se quiere hacer un análisis comparativo, el régimen pinochetista se acerca más a la institucionalidad del gobierno militar del docenio en el Perú, donde los militares también se retiraron ordenadamente a los cuarteles y también conservaron cuotas de poder dentro de la democracia; y al Brasil de los sesentas (donde igualmente se eliminó a líderes izquierdistas), que también tuvo un modelo económico de desarrollo que impusieron con mano férrea los militares, si bien con distintos matices (Perú y Brasil apostaron por el modelo de sustitución de importaciones, mientas que Chile por el de apertura económica que incluía la liberalización de los mercados y privatización de empresas públicas). A ello hay que agregar una política exterior bastante agresiva –si bien la chilena fue opaca en aquella época por las circunstancias del régimen- que en cierto momento hizo competir a las cancillerías de Torre Tagle e Itamaratí en Sur América. La geopolítica llevada a la exquisitez de la diplomacia.

En cuanto al “milagro económico chileno” (por el cual muchos pinochetistas locales justifican la autocracia fujimorista) hay que tomarlo en su contexto real. La evidencia histórica de los últimos países que han mejorado sus niveles de desarrollo y han alcanzado estándares de calidad, ha demostrado que la sola liberalización de los mercados o el “laissez faire” puro no garantiza el crecimiento económico ni menos la distribución de la riqueza para todos. Para ello es necesario que existan instituciones sólidas y la presencia de un Estado que las respalde. Esas instituciones existían en Chile antes de la dictadura de Pinochet. Chile fue quizás el único país de la región que en el siglo XIX, cuando sus vecinos se desangraban en luchas intestinas entre caciques locales, que ya contaba con un Estado e instituciones sólidas y sobretodo con un proyecto nacional de expansión para desarrollar su potencial (que por desgracia nos miraba a nosotros como su natural hábitat de crecimiento). Así que el “milagro económico chileno” no es ciento por ciento producto del gobierno de Pinochet, sino que existieron bases previas para lograrlo (de allí también que la receta no haya funcionado a cabalidad cuando Fujimori la quiso implementar en los años noventa, faltaba un Estado e instituciones sólidas, de lo cual carecemos nosotros).

De ahora en adelante Chile se libera de un fantasma viviente o de una sombra del pasado para ser más preciso. No creo que pase por el trauma exorcístico que le ocurrió a España una vez muerto Franco, aunque sí se producirán novelas o películas que en ficción permitan una liberación catártica de aquellos aciagos años, como lo fue la hermosa película chilena Machuca, y así cada vez será más un recuerdo lejano el dictador, hasta que su recuerdo sea más vago y sólo parte de la historia oscura de Chile.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Monday, December 11, 2006

SEXO CENSURADO

En el Congreso peruano cada cierto tiempo y a veces por las personas menos pensadas surge lo que los franceses llaman una boutade, una de esas ocurrencias “geniales” que lindan con lo cómico. Esta vez ha sido la de prohibir en los medios de comunicación los anuncios de servicios sexuales (los anuncios conocidos eufemísticamente como relax). El autor del proyecto de ley es el congresista Daniel Robles, de las filas del APRA, quien sustenta su proyecto en que dichos avisos van contra “las buenas costumbres”.

En principio, hay que ver que se entiende por buenas costumbres.
Cuando converso con mis alumnos del tema les pongo un ejemplo: si una chica decide hacer un topless en una playa de Río de Janeiro probablemente no llamaría la atención de ningún circunstante, a lo sumo la de un mirón ocasional que se quede sorprendido, dependiendo de la proporción de los pechos de la toplista; pero, si esa misma chica decide hacer topless en una playa limeña es probable que algún bañista llame al serenazgo y la pobre muchacha termine en la Comisaría por atentar contra “las buenas costumbres”.
Como vemos, lo que se entiende por buenas costumbres es bastante relativo. Varía de un lugar a otro, también de una época a otra (pongamos el caso del bikini, prohibido hace cincuenta años atrás y hoy ampliamente admitido), e incluso de una región a otra en un mismo país (en la selva que una adolescente de 14 años se inicie en la vida sexual no llama la atención a nadie, si fuese en la ciudad llamaría a escándalo y podría incluso ser considerado hasta delito). Las “buenas costumbres” están relacionadas también con el criterio estándar que tengan de estas un grupo social, religioso o étnico determinado (las buenas costumbres, por ejemplo, no serán lo mismo para un católico que para un testigo de Jehová); por lo que no existe un solo patrón de buenas costumbres sino muchos y no podríamos decir que uno sea superior al otro, o peor aún que sea “el verdadero” debido a que caeríamos en el riesgo de la intolerancia.

Vayamos ahora al efecto práctico en la sociedad que podría tener una norma así de ser promulgada. La pregunta es si una norma prohibitiva conseguirá efectivamente disminuir la afluencia de los consumidores a los servicios sexuales. Complementariamente también se podría preguntar si las damas y caballeros que se dedican a este oficio se dedicarían a alguna otra actividad. Si la charapita potoncita y ojiclaro se dedicará a las pasarelas, o si el moreno chinchano zapatón que atiende sin discriminación tanto a damas como a caballeros modernos se dedicará a vender zapatos en su nativa Chincha.
Evidentemente que no. La eficacia de una norma así es nula en la sociedad. Buscarán otras formas de promocionarse, una de ellas el Internet, el cual es imposible de censurar en su contenido.

Ahora pasemos a analizar las razones legales. ¿El proyecto de ley es anticonstitucional o no?
Aparte del derecho de contratación que tienen estas personas para promocionar sus servicios mediante avisos en los medios de comunicación (sus principales receptores son el decano de la prensa nacional -cuyos avisos de la sección relax ocupan páginas enteras en su suplemento dominical de avisaje-, así como los periódicos chicha que prácticamente viven de esos anuncios), existe también el derecho a la información que tienen los consumidores o usuarios de saber los precios y lugares donde se ofrecen estos servicios (casi en toda Lima), a fin de elegir el más adecuado a su bolsillo y a la distancia del lugar en que se encuentre (recordemos que el ejercicio de la prostitución –es decir el ofrecer los servicios sexuales a cambio de una contraprestación económica- no es delito en el Perú). De prohibirse estos avisos, el precio de los servicios sexuales subiría al tornarse semiclandestino y por tanto el costo subiría en proporción al riesgo, por lo que el precio final al cliente también. En otras palabras, el servicio se encarecería, aparte que el consumidor no podría elegir entre la diversidad de ofertas que se le presentan.

Como pasa siempre con este tipo de normas, al final resultan inocuas y son letra muerta. Por lo común es más fácil buscar la represión de un hecho social que regularlo inteligentemente. Una forma de regularlo es ofreciendo estos avisos en separata aparte debidamente embolsados y sólo a personas adultas. La idea me la sugirió uno de mis alumnos (imagino que lector asiduo de estos avisos), y razón no le falta. Es una manera de regularlos y que el público infantil no se regodee sobretodo con las fotos bastante explícitas que aparecen en algunos de estos avisos. Lo que trae a su vez otro problema regulatorio: la necesidad de una -o mejor dicho de varias- zonas rosas en la ciudad, con eso se conseguiría incluso bajar la tasa de enfermedades infecto-contagiosas, incluyendo al temible SIDA, y porqué no, hasta que paguen impuestos las personas que se dedican a este oficio. Pero, como siempre, se busca lo más fácil, y lo más fácil es “prohibir”.

El proyecto del congresista Robles no será el último intento de reprimir el sexo, habrá otros en el futuro, que duda cabe, que como el proyecto comentado pasarán al desván de los olvidos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Monday, December 04, 2006

CHÁVEZ GANÓ LA REELECCIÓN

Estaba escuchando por la radio opiniones del público sobre el personaje del año y muchos peruanos votaban por Hugo Chávez, personaje que produce sentimientos polarizados.

Es difícil mantenerse neutro ante la forma de hacer política de Chávez. Su estilo provocativo no deja lugar a las medias tintas: para unos es un payaso, para otros un “líder continental”. Y es que Chávez ha encarnado ese descontento, ese malestar que en Latinoamérica se produce contra el llamado “Consenso de Washington”. Su retórica va contra el sistema, lo que le produce adhesiones multitudinarias y muchos lo ven como el “heredero natural” de Fidel Castro, el que tomará la posta en la lucha antiimperialista.

Si bien su discurso propone el socialismo, en Venezuela no ha existido un proceso de estatización masivo de los medios de producción, natural en un proceso de cambio revolucionario, menos estos han pasado a propiedad de los trabajadores en “Comités Obreros”. Conviven –y muy bien- la empresa privada con la pública, y la libertad de opinión y expresión no ha sido borrada del mapa totalmente como pasó en la Cuba de los 60.

Es por ello, que más que una apuesta al socialismo, lo que existe en Venezuela es un “cesarismo democrático”, la figura del caudillo que es reelecto en sucesivas elecciones más o menos limpias y usando los recursos humanos y tangibles que ofrece el aparato del Estado; pero manteniendo las estructuras sociales y económicas capitalistas sin alterar. (Nadie puede decir en Venezuela que ya no existan clases sociales ni que la economía esté en manos de la clase oprimida).

El gobierno de Chávez sigue vendiendo el petróleo a los Estados Unidos de Bush, del que tanto despotrica. Estamos más ante el caudillo militar autoritario que se apropia del Estado y sus instituciones para sus propios fines, con un programa asistencialista y clientelista, que ante un líder socialista (por eso los niveles de pobreza y delincuencia han aumentado alarmantemente en Caracas, “males capitalistas” típicos). Es el estilo peronista de hacer política, puesto al día gracias a los ingentes recursos del petróleo, financiando su presencia en la política internacional con generosas ayudas a los “países hermanos” y auspiciando candidaturas en distintos países (hasta ahora sólo ha conseguido colocar en la presidencia a candidatos de países “pequeños” como Bolivia, Ecuador o Nicaragua) y haciendo de Bush el blanco favorito de sus ataques, sin dejar de lado a los presidentes de la región que le caen “antipáticos”.

Quizás al terminar Chávez su período presidencial o salir a la fuerza del poder (probablemente con algunos cientos de millones de dólares en cuentas del extranjero), Venezuela habrá despertado de su sueño de opio petrolero y se dará cuenta que es más pobre y más subdesarrollada que sus pares de la región, y que los discursos incendiarios de su –entonces- ex presidente Chávez habrán quedado en el olvido, y los problemas sociales y económicos quedarán desnudos en toda su miseria.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es