Como era de esperarse, la dirigencia del SUTEP se negó por todos los medios a someterse a la evaluación de los profesores, originalmente programa para el 20 de Diciembre y postergada para Enero por los problemas presentados, entre ellos el “robo” de una prueba a las pocas horas de ser tomada y exhibida públicamente por la secretaría general del gremio de profesores.
Para nadie es un secreto la enorme deficiencia de la calidad de la educación pública y las pocas ganas que tiene el magisterio de cambiar el estado de las cosas, algo similar a la reacción que tiene la Corte Suprema, cuando se trata de la siempre postergada reforma de la administración de justicia.
El SUTEP nació como un ideal de solidaridad y defensa de los maestros, con miras a un proyecto revolucionario y humanista de dar nacimiento al “nuevo hombre del socialismo”, proyecto al cual entregaron sus vidas Horacio Zevallos y otros maestros que se sacrificaron por un ideal y un magisterio digno. Treinta años después, el SUTEP se ha convertido en un vulgar gremio que como cualquier otro, sólo le interesa defender y ampliar las prebendas para sus agremiados y ya no le importa la calidad ni las innovaciones educativas. Lo que fue revolucionario antaño, se ha convertido en reaccionario ahora. Lo que era un proyecto progresista liberalizador del hombre, hoy va a contracorriente de todo cambio o trasformación.
Es natural que un gremio defienda los intereses de sus agremiados y que incluso quiera ampliarlos; pero, cuando esos intereses gremialistas van en contra de un valor superior como es elevar la calidad educativa de niños y jóvenes que merecen se les imparta una mejor enseñanza, ese valor superior debe estar por encima de cualquier interés gremialista. Es como –para poner un ejemplo de mi gremio- el Colegio de Abogados de Lima decida impulsar un proyecto de ley por el cual todos los abogados que trabajen en instituciones y empresas públicas o privadas deban tener estabilidad laboral absoluta y ser promovidos por antigüedad, sin importar la eficiencia en el desempeño de las funciones o la capacitación que tengan, sin importar tampoco que haya perdido todos los juicios promovidos a nombre de la institución donde labora o que desde que salió de la universidad jamás se capacitó y se quedó con los conocimientos desfasados de su época universitaria. Algo similar pasa en la educación pública. Es el statu quo de la mediocridad que quiere mantener el SUTEP.
Los maestros han tenido como bandera de lucha la elevación de los bajos sueldos. Razón no les falta y deben ser aumentados progresivamente; pero, esa medida aplicada aisladamente no resuelve el problema.
Las medidas economicistas (aumento de sueldos) no corrigen por si solas las deficiencias del magisterio, vale decir aumentar su productividad. Es lo que sucedió con el aumento a los magistrados en el 2001, cuando se les más que duplicó los haberes totales, y no por eso aumentó la eficiencia de los jueces ni bajó los niveles de corrupción en el Poder Judicial.
Es que el planteamiento economicista es netamente gremialista, pero no redunda en un beneficio para el usuario final del servicio, sea el justiciable en el caso de la administración de justicia o el educando. Para lograr el objetivo de mejora de la calidad educativa se requieren una serie de medidas complementarias (acompañadas de una mejora de los sueldos claro está) que van desde la flexibilidad laboral, la capacitación continua del docente, la incorporación de nuevos profesionales (propuesta a la que apunta la congresista Martha Hildebrandt) hasta la necesaria y permanente evaluación de los maestros.
A esa evaluación es a la que se opone la dirigencia del SUTEP, porque sabe que sus agremiados no van a salir bien librados. También se opondrá a otras medidas como la municipalización de la educación, la tercerización de los servicios, la no obligatoriedad de afiliarse al sindicato o de aportar a la Derrama Magisterial, amén del cambio del enfoque educativo. A todo eso y cualquier reforma de la educación que se pretenda ejecutar, se opondrá permanentemente la dirigencia del SUTEP, por lo que -si se quiere realmente elevar la calidad educativa- cualquier reforma educativa necesariamente tendrá un costo político por el enfrentamiento al poderoso gremio de los profesores, que por añadidura es un gremio altamente politizado, feudo exclusivo del grupúsculo de izquierda Patria Roja.
En estos tiempos de globalización y de alta competitividad laboral, sin una buena educación serán pocas las oportunidades que tenga el futuro ciudadano, y una buena educación pública discurre obligatoriamente por una necesaria y urgentísima reforma, que forzosamente devendrá en un enfrentamiento con el gremio de los maestros, si se quiere tener éxito. Tarde o temprano se tendrá que comenzar con la reforma educativa, y más conviene que sea pronto, si se quiere aprovechar el buen momento económico que atravesamos. Pero, la decisión es política. El futuro de una generación de niños se lo merece.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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