Creo que ha todos nos gustan las cosas gratis, también es cierto que existen ciertos derechos sociales que se han conseguido a lo largo del tiempo, entre ellos la gratuidad de la educación; pero más allá de los derechos “conquistados” o del gusto que se tiene por lo que no cuesta nada (vean las “colas” que se forman hasta para conseguir gratis una galletita con mermelada), preguntémonos un momento si es posible una buena educación pública superior cien por cien gratuita.
Sería lo ideal, pero la respuesta salta a la vista. Es imposible.
De allí que el proyecto de la congresista Martha Hildebrandt* haya causado tanto revuelo y sobretodo porqué va contra lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto en este caso es desgarrarse las vestiduras en público y vociferar a voz en cuello que eso es una salvajada, una herejía, que es atentar contra los más pobres, que el Estado debe de poner más dinero en las universidades públicas, que vamos hacia su privatización y otros argumentos más de carácter retórico. Es alinearse con aquellos que quieren mantener el statu quo, dejar las cosas como están, con los grupos de interés de por medio, a pesar que la educación pública universitaria es deficiente y en muchos casos mediocre (aunque la privada, salvo contadísimas excepciones, no escapa tampoco a esas características).
Todo depende del cristal con que se mire. Para un estatista, cualquier reforma educativa es solo sinónimo de más rentas. Para un neoliberal, significa solo privatizar lo público y mantener una costra de privilegios. Sin embargo, la realidad es más compleja.
Se ha dicho que el proyecto de la congresista Hildebrandt es anticonstitucional.
Argumento persuasivo a fin de conseguir adeptos a una posición (se ha convertido en un cliché abogadil cuando se quiere opinar en contra de algo) que real. Veamos porqué.
La carta de 1993 no universaliza la educación superior gratuita, sino que la condiciona a dos presupuestos básicos: estado socio-económico del estudiante y rendimiento académico (art. 17º, primer párrafo, de la Constitución Política). Ambos presupuestos son copulativos. Vale decir que si se aplicara la carta vigente estrictamente muchos de los incluso estudiantes de pregrado actuales (los de posgrado de las universidades públicas pagan sus derechos de enseñanza como en cualquier universidad privada) deberían pagar por sus estudios. Se estima que la cifra de estudiantes que provienen de un colegio privado y que ingresan a una universidad pública oscila entre el treinta y el cincuenta por ciento, dependiendo de la universidad a la que ingresen.
Por lo tanto, el proyecto de la congresista Hildebrandt no sería inconstitucional, se está ciñendo estrictamente a la carta vigente.
Ahora veamos la parte fáctica o real. El quid del asunto son las rentas y como administrarlas. Es cierto que las rentas de las universidades públicas siempre son escasas, pero como sucede con la educación escolar pública, la solución es más compleja que el simple aumento salarial a los profesores o implementar una mejor infraestructura, cosas importantes pero no las únicas.
Tan importante como las rentas es el saber administrarlas, y en este aspecto algunas universidades públicas se han caracterizado por no ser muy racionales en la utilización de sus recursos, mientras otras sí. Igual sucede con la generación de recursos propios. Existen universidades públicas que se las han ingeniado para generar sus propios recursos. Uno de los filones son los posgrados, que si bien son pagados, cuestan un poco menos que en una universidad privada, igual sucede con los diplomados, los cursos libres, seminarios y demás que imparten abiertos a todo el público.
Y, si queremos ir un poco más lejos, un cambio sustancial pasa también por algo desagradable para la mayoría de docentes, pero necesario: la evaluación periódica y la posibilidad de expulsar de sus filas a los malos profesores, y abrir las puertas al ingreso de docentes de otras universidades. Es sabido que en ciertas universidades públicas no admiten profesores de otras universidades, por más que tengan méritos académicos, prefiriendo a un profesor mediocre que sale de sus claustros y que simpatiza o tiene un carné partidario con el grupo político que detenta el poder en esa universidad, que a otro mejor preparado pero que proviene de una universidad distinta. Es la típica concepción del feudo medieval. Es mi “propiedad” y nadie ingresa.
También se hace necesaria y urgente una nueva ley universitaria acorde con los nuevos tiempos, debido a que la vigente hace tiempo que quedó desfasada. Esperemos que en el Congreso se pongan a trabajar seriamente un proyecto que sea sólido, coherente y realista.
Estamos seguros que el proyecto de la congresista Hildebrandt dormirá el sueño de los justos en alguna Comisión legislativa, políticamente no conviene, a pesar que la realidad y los hechos incontrovertibles digan lo contrario.
* Proyecto de ley Nº 939/2006-CR
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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