Hablar o escribir acerca de la reforma del estado implica establecer una posición ideológica previa de quien habla o escribe sobre el tema, salvo que se quiera pasar desapercibido, asépticamente puro, como ha sucedido con algunos que han opinado sobre el tema. Es así que para los neoliberales, la reforma del estado solo pasa por una mejor eficiencia de la administración pública (uso de la informática, simplificación administrativa, mejor atención al usuario) y una sensible reducción del personal (despidos); mientras que para los estatistas, una reforma no necesariamente pasa por un estado más elástico y con reacciones más prontas, sino por la creación de empresas públicas o de más ministerios a fin de atender las demandas sociales.
Sin embargo, la reforma del estado pasa necesariamente por saber qué tipo de estado queremos. Y allí es donde surgen las divergencias abismales.
Ya Fujimori había planteado una reforma del aparato estatal en los años iniciales de su primer gobierno que significó una disminución de la planilla burocrática y una reducción de ministerios, así como la creación de “islotes de eficiencia” dentro del aparato burocrático: oficinas descentralizadas funcionales, personal técnico muy calificado e infraestructura moderna (Indecopi, Sunat, Sunarp). Lamentablemente la búsqueda de la re-reelección dejó “congelado” el proyecto donde intervinieron jóvenes tecnócratas neoliberales (una de ellas fue la conocida periodista y abogada Rosa María Palacios).
Pero, una reforma más amplia y profunda abarca temas como la reforma institucional, el acceso a un estado más democrático, inclusivo y moderno, que satisfaga las demandas sociales de la sociedad, de un estado más ágil y flexible, y, pasa también por una necesaria reconversión de las fuerzas armadas y fuerzas policiales; en fin, de un estado más hacia el siglo XXI y hacia un país más moderno. Una reforma del estado igualmente implica una reforma judicial profunda y un sistema que permita la redistribución de los beneficios a todos (“el chorreo”). Y para todo eso es necesario tener objetivos previos claros y bien definidos. Se trata de un proyecto a largo plazo y que demora más de un gobierno, por lo que requiere continuidad institucional.
Pero, considerando que el ejecutivo prefiere no arriesgar demasiado en cada paso que da (costo político bajo), lo más probable es que una “reforma del estado” pase por un camino más modesto que será lanzado con bombos y platillos en el más optimista de los panoramas para después caer en el olvido cuando el tema haya perdido su encanto mediático. No esperemos más.
Post scriptum: Luego de la crisis ministerial y desafección de Pilar Mazzetti en el Ministerio del Interior, ha asumido funciones Luis Alva Castro, el mismo que fue gran responsable de la hiperinflación de 1988-90, al permitir en los años previos de su premierato y mando en el MEF, durante el primer gobierno de Alan García, la emisión inorgánica de papel moneda. Ahora no está en esa sensible cartera (felizmente), pero es de temer que el Mininter se cope de “compañeros” y que la moralización quede en un bonito anuncio inaugural. Ojalá me equivoqué, pero no le veo condiciones de asumir un liderazgo de reforma en un ministerio donde salta la pus apenas se aprieta un poco.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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