No voy a repetir la cacareada (aunque cierta) mención que se respetó el estado de derecho y se hizo cumplir la ley con rigor. Cierta prensa ha saturado el ambiente con el mismo argumento, sin enfocar otros ángulos del caso (el leit motiv repetitivo ha sido le gustaría que invadan su casa y quedarse tranquilo, con lo cual cortan toda posibilidad de analizar el problema desde otros ángulos).
Tampoco voy a colocar un velo ideologizado sobre los desalojados invasores, cubriéndolos de un aura romántica.
Es cierto que salió ganando la justicia y que no podía continuar manteniéndose en el tiempo una situación anómala que duró más de cinco años. Pero, debemos recordar que el nuevo Perú está hecho de informalidad, de “saltarse a la garrocha” los principios legales que estuvieron vigentes en un momento histórico determinado. Los que invadieron hace cincuenta años lo que hoy son los distritos de San Martín de Porres, Comas, Los Olivos o Villa El Salvador igual fueron contra la legalidad de ese entonces y con el tiempo fueron legitimados y formalizados.
Lo que sucede es que en el caso del mercado de Santa Anita, de permitirse la continuación de la posesión por parte de los invasores se daba una mala señal a la sociedad de permisibilidad por parte de los órganos del estado ante una situación anómala y ejemplo para otras posibles invasiones de la magnitud de Santa Anita.
No solo era el derecho a la propiedad lo que estaba en juego (argumento en que se queda cierta prensa de derecha), sino la seguridad jurídica necesaria para garantizar una vida pacífica y que en la sociedad nadie sea despojado de lo suyo.
Por otra parte, el “costo social” no eran los comerciantes que estaban en el interior del mercado como quisieron hacer creer los invasores y muchos de sus adláteres, sino toda la ciudad. Eran siete millones de habitantes que merecen contar con un mercado mayorista moderno -y no el que tenemos ahora dentro del distrito de La Victoria- contra unos cientos de comerciantes que ingresaron ilegalmente. El “costo social” tenía que ser el más beneficioso o rentable para la mayor cantidad de ciudadanos, no solo para unos cuantos.
Es que subsiste una visión romántica e ideologizada de los invasores. Se les considera como los “sin tierra” de los años 50 y 60, los “homeless” del mundo anglosajón. Quizás esa visión correspondía al invasor de hace cuarenta o cincuenta años. Recuerdo que cuando se produjo la invasión, una de las invasoras era una cómoda comerciante del mercado mayorista de frutas de San Luis, que cuenta con flota propia de camiones para traer la fruta desde la ceja de selva. Conozco personalmente a sus primos y sabía por ellos que había “comprado” un puesto en el mercado de Santa Anita a la banda de Herminio Porras y colocado a su empleado para que lo “cuide”. Como ella, había otros más que de pobres no tenían ni la solemnidad.
Cuando conversábamos del tema, les decía a sus primos que tarde o temprano iban a ser desalojados los invasores porqué no eran propietarios ni estaban con título legítimo en esa propiedad; aunque ellos se mostraban escépticos y como un hecho poco probable de suceder. Su confianza nacía en los vínculos con el poder que existían entre los autores intelectuales de la invasión y varios políticos. Se hablaba de fujimoristas con contactos en el Congreso y también de apristas que podían apoyar la legalización de la invasión con una ley del Legislativo.
Efectivamente, los políticos (no todos) siempre han apoyado subrepticiamente las invasiones debido a que representan votos para ellos y su partido. Un reciente reportaje ha dado a conocer los lazos existentes entre un conocido y prontuariado promotor de invasiones y conspicuos dirigentes apristas. No creo que sean los únicos, es muy probable que en otras bancadas también existan quienes apoyan las invasiones con fines políticos.
Es que la rentabilidad para un político es alta: mediante una ley legaliza la invasión, se paga al verdadero propietario un justiprecio que no sale de su bolsillo sino del de todos nosotros, se les concede créditos para construir viviendas (también de nuestros bolsillos) que es muy posible que no se paguen y sean declarados en moratoria, se sanean los títulos de propiedad y a continuación viene el programa “Agua para todos” y se tiene asegurado un número de votos para la siguiente elección. El negocio para el político sale redondo y sobretodo no le cuesta un centavo.
Y usando la imagen del invasor paupérrimo se consigue sensibilizar a la población, a lo que se añade el subterfugio del “costo social”.
Ojalá que el ejemplo de Santa Anita de cumplir la ley se repita en casos similares. El efecto réplica es muy importante. No solo conllevaría el respeto a la propiedad privada y hacer cumplir los mandatos judiciales (y por supuesto contando con jueces probos al momento de impartir justicia), sino que se sancionaría a los “vivos” que trafican con las ilusiones de la gente. Cuando el efecto de réplica del mercado de Santa Anita repercuta y veamos que la propiedad tiene seguridad jurídica, así como que se cumplen las normas de mandato imperativo, podremos decir que el Perú está saliendo de su (larga) adolescencia y está entrando a una madurez bastante promisoria.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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