Tuesday, September 25, 2007

FUJIMORI EXTRADITADO

La extradición del ex presidente Fujimori conlleva consecuencias que las podemos clasificar en dos niveles: las judiciales y las extrajudiciales, y ambos niveles se cruzarán por más que los actores anti-Fujimori quieran circunscribirlo a lo netamente judicial, ya que los fujimoristas basarán su estrategia precisamente en el juego contrario. (Ver al respecto nuestro artículo ¿Fujimori extraditable?).

En primer lugar, será imposible que la variable política no “contamine” a la judicial, el proceso devendrá en juicio político por más que no se quiera. Será parte de la estrategia de la defensa de Fujimori y de convencer a la mayoría que el juicio es una venganza de los “políticos tradicionales”.

El escenario del “affaire” no solo será Palacio de Justicia, sino también el Congreso, las calles, la prensa, la radio, la televisión y hasta el Internet. Fujimori sabe manejar muy bien los medios de comunicación a fin de mandar, cuando el momento sea oportuno, mensajes a sus partidarios o a las mayorías de a pie. No será casual la difusión de un video o un audio cuando la situación lo amerite. Será usual también ver a sus seguidores en mítines, marchas, protestas, y si le damos incluso un toque dramático, hasta huelgas de hambre. Todo vale. La estrategia de la defensa incluirá lo emotivo (Fujimori delicado de salud, Fujimori maltratado, Fujimori sin asistencia médica, Fujimori aislado, etcétera, etcétera), lo comparativo (en la época de Fujimori no subían tanto las cosas), los “méritos” de su gobierno (acabó con el terrorismo y la hiperinflación), y los “deméritos” de los gobiernos democráticos que lo sucedieron (Paniagua y Toledo liberaron a terroristas que ahora hacen de las suyas y con Alan García todo ha vuelto a subir). Por eso, el escenario netamente judicial, con sus reglas de procedimiento, será el menos interesante pero el más importante; mientras que el escenario extrajudicial será el que acapare más interés de los medios y querrá influir directa o indirectamente, sutil o abiertamente en la decisión judicial.

Otro reto es para el Poder Judicial. ¿Estará a la altura de las circunstancias a fin de llevar a cabo un juicio justo e imparcial con todas las garantías de un debido proceso?
A pesar que los magistrados que juzgarán a Fujimori son lo mejor que tiene el Poder Judicial en materia penal, a veces tengo mis dudas. No se si será capaz como institución de asumir tremendo reto no solo ante el país sino ante los ojos del mundo.

Alguien que trabaja dentro del Poder Judicial me decía que el cincuenta por ciento de jueces y fiscales seguían siendo fujimoristas. No se si la cifra es exacta, quizás un poco exagerada, pero de lo que sí estoy seguro es que no todos los magistrados salieron con las grandes purgas de los años posteriores a la caída del régimen fujimorista. Muchos quedaron y algunos han regresado por la puerta grande y hasta por la ventana. Nuestro Poder Judicial se ha caracterizado por ser muy dependiente del poder político. En nuestro país no se dieron las condiciones históricas para una sana independencia judicial.

En cuanto a la alianza tácita entre apristas y fujimoristas todo dependerá de cómo se comporten los primeros con el líder de los segundos. Es probable que el “entendimiento” bajo la mesa continúe con alguna promesa de pena benigna o trato preferencial para Fujimori. Tengamos presente que el APRA también controla a buena parte de magistrados del Poder Judicial; así que la mutua necesidad es posible que permita una continuación de esta alianza tácita entre ambos grupos. Se necesitan y los dos son tan maquiavélicos y carentes de escrúpulos que no cabe principio ético o democrático que se oponga a sus fines.

Por otra parte, la defensa de Fujimori muy posiblemente se valga de todos los recursos legales imaginables a fin de dilatar el proceso. Recusación de jueces, apelaciones de resoluciones, pedidos de nulidad, defensas previas y excepciones, conforman un abanico de posibilidades de la defensa. Incluso, no me cabe duda, que serían capaces de ir hasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que tanto satanizaron cuando fueron gobierno como “nido de terroristas”. El objetivo será demorar la resolución del proceso lo más cercano al año 2011, víspera de las elecciones generales, y levantar de esta manera la imagen de un Fujimori víctima de odios y venganzas políticas y así ganarse la voluntad de la ciudadanía. Recordemos que para el ciudadano común y corriente Fujimori “hizo obra”, terminó con el terrorismo y la hiperinflación, y la violación de los derechos humanos y robos perpetrados por el dictador no le quitan el sueño a la mayoría de los peruanos. El Perú no es Suiza como algunos comentaristas suponen, escribiendo más con su corazoncito (caviar, rosadito o como quieran llamarlo) que con objetividad.

Por ello, me llamó mucho la atención que un procurador anti-corrupción sentenciase, apenas venido Fujimori, que los juicios serían resueltos en tres o cuatro meses. Caray, me dije, ni que estuviésemos en Suiza. Como han sostenido expertos en procesalística penal, solo hay un proceso –el del allanamiento ilegal al domicilio de la esposa de Vladimiro Montesinos- que será sentenciado en cuatro meses al ser proceso sumario, el resto, al ser procesos ordinarios, son más largos y complejos, y van a demorar entre uno y dos años en ser resueltos (yo soy más pesimista, creo que serán tres años), vale decir los procesos terminarán cercanos al año 2010. Y, en cuanto a la acumulación, han sostenido los expertos que por la diferencia en el estado en que se encuentran y la complejidad de las materias es imposible una acumulación de los procesos, criterio que al parecer comparten los magistrados que lo juzgarán.

La judicialización tendrá un efecto político, por más que no se quiera. Los fallos contra Fujimori, en el mejor de los casos, estarán cercanos a las siguientes elecciones generales y será usado por su grupo para fines políticos: propiciar la candidatura a la presidencia de un miembro cercano al fujimorismo (probablemente su hija Keiko Fujimori) o por lo menos que su “aura” de perseguido permita obtener un número importante de congresistas para su bancada, muchos más de los trece que ahora tienen. No quiero imaginar que pasaría de obtener los fujimoristas mayoría en un eventual Congreso del 2011, pero de ser así, una ley de amnistía o un indulto presidencial estarían dentro de posibilidades bastante concretas.

Por tales razones, la judicialización del caso Fujimori no es tan sencilla. Solo se ha cerrado un episodio y se abre otro capítulo más complicado y que puede arrastrar para bien o para mal a muchos actores de la escena política.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

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