MAJAZ

Con el “affaire” Fujimori medio que nos olvidamos de Majaz y de otros acontecimientos que, quizás, son más importantes para el desarrollo de nuestro país.

El nerviosismo causado en el gobierno y en ciertos medios de la derecha por la consulta popular originó que la noticia se “levantase” más allá de todo atisbo razonable, beneficiando a los organizadores de la consulta y al hecho mismo de esta, que de otro modo hubiera pasado más o menos desapercibido o en el mejor de los casos como noticia de segundo orden.

En primer lugar, la derecha –tan reacia a las iniciativas populares y portándose para variar en forma prepotente- exacerbó los ánimos innecesariamente a través de ciertos medios de comunicación, lo que contagió al propio Presidente de la República, tan receptivo últimamente a escuchar a los poderosos.

La argumentación esta vez fue legal. La consulta popular tenía visos de ilegalidad al efectuarse salteándose los formalismos que la ley establece, confundiendo así legalidad con legitimidad.

Es un principio reconocido en toda democracia moderna que el poder viene del pueblo. Es el tenedor del poder y por lo tanto puede consultar por cualquier tema que estime necesario e incluso revocar a las autoridades elegidas, incluyendo al propio presidente de la república que solo tiene un mandato concedido por el pueblo (recordemos que democracia, literalmente, es el gobierno del pueblo); y, si bien la consulta no era válida desde el punto de vista vinculante, sí lo era como termómetro de un sector de la población a fin de conocer lo que siente o piensa, al ser su opinión tan legítima como la de cualquier peruano.

Por otra parte, la cuestión de la minería no se puede tratar como un tema netamente técnico, frío, de solo inversión, sin involucrar directamente a los vecinos de la zona. Y ese es el problema de los que actúan como “patrones” en el Perú de hoy. Su comportamiento es el de un gamonal del siglo XIX, más que el de un empresario moderno, comportamiento muy similar al de ciertas autoridades políticas que confunden autoridad con autoritarismo.

Si se va a construir un gran complejo minero que funcionará no unos cuantos años sino décadas enteras (según declaraciones de un experto en medioambiente neutral al asunto, parece que Majaz es un proyecto que no dañará el medioambiente), se debe hacer participar a todos los vecinos directamente involucrados, con proyectos sociales viables y efectivos, donde la propia minera debe participar activamente. No se trata solo de inversión, de poner millones de dólares, sino de hacer entender a los vecinos que esa inversión será provechosa para ellos mismos. Dentro de una economía social de mercado tienen voz y participación todos los actores del proceso económico, incluyendo -en el presente caso- a los directamente implicados con la explotación minera. El diálogo antes que las poses autoritarias es básico.

La demonización de ciertas ONG’s ambientalistas y radios de “curas rojos” como cierta prensa de derecha las tildó no hizo más que exacerbar los ánimos, de por si ya alterados. Es probable que las ONG’s y las radios locales tengan su propio discurso antiglobalización y hasta pro chavista, y “jalen agua para su molino”, pero el lugareño no ha encontrado otro lugar donde ser escuchado. Si no existe un estado eficaz que llegue hasta allá, ni tampoco las mineras ni la Sociedad de Minería se han preocupado de difundir los beneficios de las inversiones, alguien ocupa ese vacío, y ese vacío hace mucho tiempo que lo han ocupado las ONG’s y los “curitas rojos”, por más que le disguste al presidente y a los poderosos.

Pero, lo más importante que trajo el “affaire” Majaz fue la consulta popular. Es un antecedente que puede ser repetido en otros lugares. Una forma de democracia directa que es necesario si queremos que el sistema funcione y se perfeccione. Es bueno debatir, es bueno que se opine y es bueno que se vea el futuro nuestro y de nuestros hijos más allá de los beneficios económicos del presente. En ese sentido Majaz es todo un precedente.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es