Monday, January 21, 2008

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Si bien los gremios tienen un origen medieval, jugaron un papel importante en la articulación de la sociedad urbana y contribuyeron a dotar de una especial fisonomía a la vida de las ciudades. Fueron un ente aglutinador por oficios importantísimo en las futuras urbes, conforme estas cobraron mayor importancia en el desarrollo del capitalismo.

En esta evolución de las asociaciones por oficios, comienzan a cobrar relevancia los gremios de abogados conforme adquieren notoriedad, sea en un estado burgués como fue en los países que siguieron la reforma luterana, o en uno de rasgos coloniales e índole feudal como la España imperial de la contrarreforma. Así, los abogados agremiados irían consolidándose y ganando participación en la sociedad donde se encontraban insertados, teniendo como finalidad inicial el apoyo solidario mediante una caja de auxilios mutuos para casos de enfermedad o muerte; la defensa cautiva de la profesión (de no estar agremiado no se puede ejercer la abogacía); y, establecimiento de un “tarifario” por los servicios prestados a fin de evitar “competencias desleales” entre los miembros de la Orden.

En particular, el Colegio de Abogados de Lima –CAL-, ha tenido una participación destacada en la sociedad peruana. Fundado en 1804, es el colegio profesional más antiguo del país. Estuvo a la vanguardia de la constitucionalidad y el estado de derecho en los momentos difíciles, cuando la autocracia de Fujimori, en los noventa, quiso acallar toda opinión contraria a sus intentos reeleccionistas. Nos hostilizaron y cerraron muchas puertas –incluso, literalmente, hasta llegaron a tapiar la puerta de acceso a la sede del CAL en Palacio de Justicia, signo de la intolerancia que se respiraba en la época-, a varios colegas opositores se les hizo un seguimiento –“reglaje”- o interceptaban sus llamadas telefónicas; pero el Colegio jamás se “fujimorizó”, a pesar de los intentos de un grupo de colegas de darle un sesgo adulador hacia el autócrata y su asesor, hasta hace poco miembro de la Orden, Vladimiro Montesinos.

Sin embargo, da la impresión que el brillo y la prosapia de antaño son parte de un lustre ido y que, como esas viejas familias de rancio abolengo, más bien atraviesa un período de decadencia que quizás sea irrevocable. Tiene prestigio, pero su participación activa en la sociedad es casi nula. Se parece a esas universidades que viven de la época en que eran el faro de la intelectualidad y paradigma de la educación, siendo apenas pálido resplandor de tiempos mejores.

Uno de los problemas que atraviesa el Colegio es su excesiva cantidad de agremiados. En estos momentos estamos cerca a los cincuenta mil inscritos, ya no nos conocemos y solo nos congregamos cuando tenemos elecciones. El “boom” de agremiados ha obedecido a la sobredemanda de aspirantes a letrados existente en nuestro país y su subsecuente sobreoferta de escuelas de derecho. Para nadie es un secreto la alta rentabilidad de una universidad si cuenta con una escuela que “fabrique” abogados: no requiere demasiada inversión –como, por ejemplo, la carrera de ingeniería de sistemas- y genera ganancias inmediatas. Son esas carreras conocidas como “de tiza y saliva”. Es así que el crecimiento del CAL debido a esta sobredemanda de abogados necesitados de colegiarse no corresponde a la estructura orgánica actual, ni a los fines primigenios, previstos cuando el número de inscritos era mucho menor, las escuelas de derecho se contaban con los dedos de una mano y cuando todos, prácticamente, se conocían entre si, como en la Lima de los años cincuenta.

Asimismo, la percepción que la sociedad tiene hacia nosotros es negativa. Los abogados y jueces somos vistos como personas poco confiables: taimados, deshonestos, y que a la menor oportunidad traicionaremos a nuestro patrocinado de ser litigantes o le extraeremos de su bolsillo alguna “coima” si somos magistrados. Debemos ser sinceros: en la sociedad no nos quieren.

Tampoco todos los agremiados son iguales u homogéneos, sino todo lo contrario. Provenimos de distintas generaciones, de diferentes universidades, nuestra formación académica es bastante dispareja entre unos y otros, nuestro origen social es igualmente disímil, así como el ejercicio de la profesión: tenemos desde los “abogados exitosos”, asesores de grandes empresas trasnacionales, casi siempre de universidades privadas exclusivas, hasta aquellos que apenas tienen para sobrevivir, los llamados “abogados ambulantes” que ofrecen sus servicios en los pasillos del Palacio de Justicia, por no mencionar a los desempleados, aquellos dedicados a otros menesteres, menos el de su profesión.

Es lamentable y dramático ese panorama, y la verdad las sucesivas juntas directivas del Colegio no han hecho nada, absolutamente nada, para remediar la penosa situación en que se encuentran sumidos muchos colegas. Han preferido ver hacia otro lado o hacia sus intereses personales, antes que el de los agremiados.

También está el hecho que el Colegio no ha sabido imbricarse con la sociedad. Estamos totalmente desfasados de esta. El Perú, y Lima, han cambiado radicalmente en cincuenta años, sin embargo el CAL sigue siendo una institución conservadora, sin pensamiento crítico, rodeado de ritualismos decimonónicos, como en la época que el Perú era gobernado por unas cuantas familias. No se ha modernizado, ni ha sabido entender a la sociedad donde se encuentra inmerso, convirtiéndose en un islote que nadie comprende ni ha nadie le interesa.

Otro aspecto digno de resaltar es porqué llegar a ser Decano o siquiera pertenecer a una Junta Directiva del Colegio causa tanta aprehensión entre ciertos colegas que realizan campañas ostentosas y caras a fin de acceder al sillón principal del CAL.
Como cualidades personales, el aspirante a decano debe ser un abogado preferentemente con méritos académicos o intelectuales reconocidos, es decir, un tipo versado en materia jurídica, que ha escrito libros, ha ejercido la docencia universitaria o ha sido un juez honesto y probo (difícil de encontrar en estos días, según la apreciación generalizada). Un jurisconsulto respetado en el medio. Por ello, antaño las campañas eran generalmente austeras, entre nosotros, contando con la colaboración de los alumnos del candidato repartiendo volantes en las puertas del Palacio de Justicia o de las dependencias judiciales; pero ahora apreciamos campañas por los medios masivos de comunicación, usando la radio, los periódicos, llamando a la casa u oficina del abogado para pedir su voto, invitando a agasajos de “cierre de campaña” (en lo personal, en la última, me invitaron a uno de los candidatos, que no asistí), haciendo promesas que saben muy bien no podrán cumplir, regalando libros, llaveros, lapiceros, calendarios, etcétera, etcétera. Más parece la campaña de un candidato a presidente o congresista que a un gremio profesional.
Dicho sea de paso, sería bueno que como aquellos, los candidatos al decanato también rindan cuentas de los gastos de campaña y el origen de su financiamiento: Somos abogados, debemos ser los primeros en dar el ejemplo de transparencia.

La pregunta que emerge, sin necesidad de mucha malicia, es de dónde proviene tanto dinero para dichos gastos, y porqué el interés en ser decano si el cargo es ad honorem.

Y, en ello, cabe el prestigio del CAL. El CAL será una institución decimonónica y con olor a naftalina pero, como esas viejas familias de apellido compuesto y escasa fortuna, todavía conserva un aura de cierta gloria pasada. Quien acceda al decanato consolida sus ambiciones profesionales (bastante legítimas) ampliando su cartera de clientes o el poder dentro de la universidad donde se desempeña, teniendo la posibilidad de contactarse con personajes políticos que le permitan ingresar a la vida pública o la oportunidad de acceder a algún cargo “de importancia”; además de conceder puestos de confianza remunerados dentro de la institución a quienes lo apoyaron en las elecciones. Como denunció un ex decano, el CAL se ha convertido en una “fábrica de empleos”, obedeciendo el decano entrante más a los intereses de quienes le ayudaron en la campaña que a los agremiados propiamente, de quienes casi siempre se olvida una vez finalizada la justa electoral. En eso se parece mucho a los candidatos al Congreso que llegan a ocupar una curul en la Plaza de la Inquisición.

Con honestidad y pena debemos reconocer que el CAL dejó de ser la gran institución que fue en el pasado. Es un gremio más y punto, que tiene su sustento en la defensa cautiva requerida por los abogados para ejercer su oficio. Sugiero que se vaya trabajando la propuesta de no existir la obligatoriedad de inscribirse en un colegio profesional, en cualquier colegio profesional, para ejercer una carrera liberal. El sentido de la obligatoriedad se comprendía en los gremios medievales que así defendían los intereses de sus agremiados frente a la “competencia”, pero en esta época de globalización, internacionalización de los servicios y aperturas de mercados, carece de sentido y solo debería ser voluntaria la inscripción en un gremio profesional. De reunir los requisitos establecidos en la ley, el ejercicio de la profesión debe ser enteramente libre. Daríamos un cambio revolucionario a la tónica de los colegios y estoy seguro que más de uno se desanimaría a candidatear al ansiado sillón de decano.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

No comments: