El proyecto de ley que permite el divorcio por mutuo acuerdo –separación convencional- a través de los municipios y las notarías ha traído –como era de prever- bastante polvareda, a pesar que no se trata de un divorcio express como el que sí existe en España (impropiamente el periodismo no especializado de estas tierras le motejó un calificativo que no le corresponde). El proyecto apenas amplía la competencia de los divorcios por separación convencional a que pueda ser visto también en la administración pública (las municipalidades) o bajo la competencia de un notario, y siempre y cuando los cónyuges se encuentren de acuerdo con la tenencia de los hijos menores, el régimen de alimentos y de visitas, y la liquidación de la sociedad de gananciales. Esa modalidad de divorcio administrativo se da en otros países debido a que los cónyuges que desean divorciarse están de acuerdo en todo, así que no existe controversia, por lo que el proceso puede llevarse en sede administrativa.
Sin embargo, las voces de ciertos sectores de la Iglesia y hasta del propio decano del Colegio de Abogados de Lima se han opuesto. Comprendo la posición de mi decano, debido a que tiene que defender a su gremio (los abogados) y la puesta en ejecución del divorcio administrativo nos quitaría clientes, lo cual es cierto. Es una actitud gremialista y comprensible desde ese punto de vista. Eso sí, el costo será mayor que en el Poder Judicial, por lo menos en el caso de los notarios. Será más rápido, libre de huelgas, pero para quien pueda pagar. En cuanto a los Municipios, si bien no existe personal capacitado –salvo uno que otro municipio- se podría entrenar a abogados con experiencia en derecho familiar; pero también se debe resolver cuánto cobrarán los gobiernos locales en “derechos de trámite”. Se les puede pasar la mano. Los Municipios siempre están a la caza de ingresos y esté podría ser un filón muy importante. Sería bueno que en la propia ley se señale que el costo en los Municipios no podrá ser mayor al costo regular en la vía judicial, sino la ley apenas beneficiaría a los que posean mayores ingresos.
En cuanto a la oposición de la Iglesia es tradicional. Se opone secularmente a todo lo que signifique la disolución del vínculo matrimonial y por ende de lo que conocemos como familia tradicional, no tomando en cuenta que cuando una familia está fracturada seriamente no existe solución posible. Peor es que los hijos vean las peleas constantes de los padres o que uno le saca la vuelta al otro (y a veces los dos al mismo tiempo). Espectáculo deprimente para un menor y que repercute en toda su vida.
Es cierto que las facilidades (bastante relativas en nuestra legislación) para divorciarse ha permitido que crezca la tasa de divorcios en comparación a otras épocas cuando la institución del divorcio no existía o estaba sumamente restringida o condenada socialmente; pero oponiéndose a la medida del divorcio administrativo nada se consigue, salvo que la tasa de separaciones de hecho y hogares irregulares (convivencias de todo tipo) siga en aumento. Se confunde las causas con los efectos. La culpa de la crisis de la familia no es de la legislación divorcista sino de la misma institución familiar. Es crisis de instituciones no de legislación.
La crisis de la familia y la institución legal que le ha dado soporte por largos siglos es inoperativa en esta época. La culpa no la tienen las leyes, estas apenas tratan de dar salidas a las parejas frente a la crisis.
La crisis es más seria, más profunda y está dando lugar poco a poco a una nueva forma de entender a la familia, nueva forma que el derecho debe encauzar como las 'Living apart together' (que parece producir buenos resultados), las familias con parejas del mismo sexo, las familias reconstituidas y el divorcio express, el cual es más radical que esta tímida medida de divorcio administrativo, pero saludable en cuanto avance en nuestra anquilosada legislación en materia familiar. Esperemos que los legisladores y el presidente de la república estén a la altura de las circunstancias y no se dejen presionar por los sectores más retrógrados de nuestra todavía en algunos aspectos conservadora y pacata sociedad.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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