La condena al ex presidente Alberto Fujimori tiene varias aristas analizables. La principal es el importante antecedente -no solo en Perú- que en democracia y bajo un estado de derecho no existe la impunidad, ni siquiera para los presidentes. No será el fin de los gobiernos autocráticos ni nada parecido (no es una “vacuna” contra futuras dictaduras como piensa MVLL), pero sí un importante precedente tanto en el derecho como en la política.
Precisamente, la otra arista analizable es la política. Es imposible e impensable que el fallo legal no repercuta en la esfera política. En la vida real, ambas, política y justicia, se encuentran íntimamente relacionadas, por lo que se alimentan una a otra. El fallo repercutirá en una inmediata cohesión en el “frente interno” entre los simpatizantes del ex mandatario y una polarización entre fujimoristas y anti-fujimoristas; pero, como estamos en Perú, sin llegar a excesos de violencia política, a lo sumo violencia verbal o periodística bastante encendida. También repercutirá en cohesionar la candidatura de su hija Keiko de cara a las elecciones del 2011 y en un aumento de su caudal electoral y número de congresistas para las próximas elecciones. Paradojas de la política: el odio contra Fujimori de sus antagonistas reforzará al fujimorismo.
Pero el juicio también plantea el dilema ético con respecto a la clásica sentencia atribuida a Maquiavelo de el fin justifica los medios. Los seguidores del ex presidente sostienen los logros del gobierno fujimorista (fin del terrorismo, estabilidad económica, los cimientos del despegue del Perú en la región) tuvieron un costo y que ese costo se tradujo en ciertos “excesos”; sobretodo en la lucha anti-subversiva, pero que en una relación costo-beneficio se encuentran plenamente justificados, al igual que el utilizar métodos vedados y hasta criminales contra los enemigos del régimen, dado que los “políticos tradicionales” no habían hecho nada por el país y este se hundía en un marasmo de anarquía y destrucción a inicios de los noventa. El problema no es solo ético, sino jurídico y sobretodo político.
En el plano estrictamente judicial estamos solo en el primer tiempo. La sentencia es apelable y los criterios que tenga la Sala revisora pueden ser muy distintos de los que tuvo la Sala condenatoria. El derecho no es una ciencia exacta (ni siquiera llega al nivel de ciencia como creen o quieren hacer creer algunos colegas) y es tan opinable como letrados pueden existir (un ejemplo claro es la división de opiniones con respecto a la calificación de delitos imputados, para unos son de lesa humanidad, para otros solo de homicidio agravado).
Personalmente no dudo que el proceso ha concluido en primera instancia con todas las garantías para el acusado. Es más, hasta presenciamos unos alegatos ditirámbicos y bastante tinterillescos de su abogado defensor sin que la Sala lo interrumpa o corte la prolongada intervención (que duró varias sesiones). Podemos discrepar de la dureza del fallo, de las inferencias que utilizó la Sala para llegar a las conclusiones expuestas o de la teoría penal aplicada (la teoría del dominio del hecho), pero no de la falta de un debido proceso ni de una impecable lógica jurídica en la estructura de la sentencia.
Es solo el primer tiempo que hará aumentar el calor político del medio en este otoño de mañanas frías.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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