La decisión de Frecuencia Latina de “expectorar” a Beto Ortiz no habría tenido como “mano negra” a Jaime Bayly, sino la censura de un reportaje sobre las luces y sombras de la venta de la deuda de canal 4 a los grupos “El Comercio” y “La República”, una vez que José Enrique Crousillat huye luego del derrumbe del fujimorismo en el 2000; dado que Baruch Ivcher tiene un problema similar con sus socios, los hermanos Winter, quienes judicialmente han conseguido en primera instancia el reconocimiento de la ampliación del capital social, cuando detentaban la administración, lo que les permitió hacerse del canal de la avenida San Felipe. Asimismo, el intento de José Enrique Crousillat de querer regresar a canal 4 luego de ser indultado (intento bastante burdo) sería parte de un plan de regreso de los viejos aliados del fujimorismo a controlar los medios de comunicación de cara a las elecciones del 2011.
En el canal 5 (el otrora “canalazo”) ya el hijo de Schütz maneja las riendas de la televisora desde el 2009. Falta ver el desenlace que tendría “la toma” de los canales 2 y 4, con lo que las principales emisoras de señal abierta estarían bajo el control de aliados del fujimorismo que desean volver a los tiempos en que usufructuaban del dinero y del poder.
La estrategia es más o menos similar: se interpone una demanda, casi siempre acogida por un juez “benévolo”, se consigue una resolución judicial, por lo general bajo la forma de una medida cautelar que “adelante” la ejecución de la decisión final, consiguiendo el “beneficiado” con la decisión judicial el ingreso por la puerta grande de la televisora. Todo sazonado con “apoyo” político, económico y mediático, o los tres en el mejor de los casos, como muy probablemente fue con el “indulto humanitario” a José Enrique Crousillat (y que, por la oleada de críticas, motivó que el gobierno lo “deje sin efecto”, trasformándolo en orden de captura al sentirse el presidente de la república “un poco burlado” [sic]).
Precisamente, los indicios apuntan a una “ayuda” del gobierno aprista a los operadores fujimoristas a fin de “ganar a río revuelto” en el 2011. Recordemos que similar “ayuda” ejerció AGP en 1990, a los pocos meses de dejar Palacio, apoyando la candidatura de Alberto Fujimori a fin de neutralizar a su poderoso rival, el Fredemo.
Todos estos líos judiciales-políticos nacen de la débil decisión de Alejandro Toledo cuando asume la presidencia: en vez de cancelar las licencias de los canales envueltos en la corrupción y licitarlos públicamente, prefiere concederlos a amigos cercanos que le deban favores como Genaro Delgado Parker (a través de una sospechosa medida cautelar, ejemplo que quiso seguir Crousillat) o a los grupos El Comercio y La República (que consiguen la administración del canal por medio de la compra de la deuda que ante Indecopi tenía el 4). Lo que sumado al abandono de la lucha anti-corrupción (primero por Toledo y luego por García), propició que muchos prófugos de antaño salgan de sus madrigueras e, incluso, reclamen derechos como José Enrique Crousillat.
En fin, todo apunta a un “resurgimiento” de los operadores fujimoristas a nivel político, judicial y mediático, donde existen fuertes intereses en que el estado de las cosas (y las prebendas que ello conlleva) regresen como era en los años 90. ¿Lo conseguirán?
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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