El viejo dicho “la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también debe parecerlo” cobra actualidad con los últimos nombramientos en el gobierno de Ollanta Humala.
Tan importante como precisar y aclarar qué plan de gobierno utilizará en los próximos cinco años (dado que tiene por lo menos dos totalmente distintos), es determinar los funcionarios y asesores designados para la buena marcha del estado.
Lo ideal es una designación acorde con el puesto a desempeñar: Meritocracia pura. Pero, lo usual es la designación por cercanía, presión, favores o identificación partidaria. Lo malo de esta última forma de elección es que no siempre los mejores ocupan los puestos clave en la administración pública, sino todo lo contrario y varios, incluso, con pasado un tanto tormentoso.
El recién iniciado gobierno del comandante Humala no fue la excepción y acaba de estrenarse con nombramientos bastante extraños, que dejan amplio espacio para las conjeturas. Vamos a mencionar solo “tres perlitas”.
La “primera perla” fue la designación del coronel (r) Adrían Villafuerte como asesor en temas militares del presidente Humala. El hecho es que el coronel Villafuerte fue secretario personal del general César Saucedo, uno de los más conspicuos generales montesinistas en los años 90. Suerte de “eminencia gris” en la sombra, sería “el hombre bisagra” entre el presidente y el ejército, poder fáctico en el cual a todas luces Humala se estaría apoyando para gobernar, como lo demuestra el nombramiento del también coronel (r) Luis Pereyra Briceño como jefe del INDECI, cuyos méritos consistirían en “desaparecer” el legajo personal del presidente en lo referente a las acusaciones por violación de derechos humanos en el caso Madre Mía, hecho que se le atribuye a Pereyra Briceño. A ello se debe sumar el nombramiento como Jefe de Inteligencia de otro ex militar, así como la designación en las carteras de Interior y Defensa de otros dos ex militares, pese a que el por entonces candidato Humala juró, Biblia en mano (en la especie de “misa laica” que se celebró en la Casona de San Marcos), que esas carteras la ocuparían civiles.
Luego tenemos el nombramiento de Ricardo Soberón como jefe de Devida, una suerte de “zar antidrogas”. Lo curioso es que Soberón se opone a la erradicación de los cultivos de hojas de coca, lo que ha manifestado en repetidas oportunidades, habiendo sido también asesor de dirigentes cocaleros como la controvertida ex congresista Nancy Obregón.
Para muestra uno de los encendidos discursos de Soberón antes de ser designado en tan importante cargo, dirigiéndose a los dirigentes cocaleros:
“Si Ollanta me confía un cargo, esperaré la propuesta de los cocaleros, cuya madurez es notable, para sacarlos adelante y para que la Conpaccp [Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú] sea grande. Deseo suerte en la redacción de las propuestas para el Gobierno. Yo los apoyaré desde cualquier campo”.
Evidentemente que una persona con una ideología “pro cocalera” no calza en un organismo que debe luchar precisamente contra la erradicación de la hoja de coca, ni tampoco se condice con la política trazada en este aspecto por Humala en su primer discurso como presidente en ejercicio donde se comprometió a “una guerra frontal” contra las drogas. Trazando una metáfora, es como si se designara en el portafolio de economía a un derrochador nato de recursos, o en salud alguien que por motivos religiosos se opone a las trasfusiones de sangre.
Y la “tercera perlita” de la semana fue la designación del abogado Eduardo Roy Gates nada menos que como asesor jurídico del presidente de la república. Uno se preguntará quién es Roy Gates. Es un joven abogado, penalista para mayores señas, bastante ambicioso, que en su corta trayectoria (tiene pocos años de ejercicio profesional) ha patrocinado a controvertidos personajes como César Cataño por blanqueo de activos, al clan Sánchez Paredes igualmente por blanqueo de activos, y a Miguel Sánchez Alayo también por blanqueo de activos, así como al celebérrimo Rómulo León por el delito de corrupción y, oh sorpresa, patrocinó al presidente Ollanta Humala en el caso Madre Mía.
El abogado Roy Gates fue quien mayormente tuvo en sus manos el caso donde se le imputa a Humala violación de derechos humanos cometidos bajo el seudónimo de “Capitán Carlos”, cediendo la posta hacia el final al abogado Omar Chehade, actual segundo vicepresidente.
Ahora bien, uno trata de no ser suspicaz y dice de repente el abogado Roy Gates tiene otros méritos profesionales que le permitan ocupar encargo de tan alto nivel, donde no se requiere tanto un abogado penalista, por más eficaz que pueda ser en su campo de ejercicio, sino un jurista con trayectoria y conocedor sobretodo del derecho constitucional y administrativo. Sin embargo, la trayectoria profesional del abogado Roy Gates se limita al patrocinio de tan ilustres personajes y, por supuesto, incluyendo en la lista de sus clientes al por entonces candidato Ollanta Humala. No conocemos de él ninguna obra jurídica publicada, ni tampoco ningún aporte sustancial que haya efectuado digamos a, por ejemplo, la reforma del estado o, por lo menos, algún enjundioso estudio de la problemática de la administración pública en el Perú; salvo que sea mérito personal ser hijo de otro abogado penalista, el conocidísimo abogado y maestro universitario Luis Roy Freyre. Pero, más allá de esos hechos su curriculum vitae es bastante pobre para el puesto nombrado, que si bien es de confianza, requiere un profesional con una mayor experiencia jurídica y, por añadidura, de un profesional que, sin perjuicio del derecho a la legítima defensa que todos tenemos, no haya defendido a personajes tan controversiales como los antes mencionados, pasando inmediatamente a defender luego los intereses del estado. Dibujando otra metáfora y sin herir la honra ni la susceptibilidad de nadie, es como si a “la mami” de un burdel se le confía luego la administración de un colegio de núbiles niñas. Como que la “madama” no es la persona apropiada para ese puesto, por más que tenga experiencia en lo otro.
Uno de los lemas de la campaña de Ollanta Humala fue la honestidad y la trasparencia. Es bueno tanto para él como para la gobernabilidad del país que siendo presidente en ejercicio la practique en todo momento y a todo nivel, incluyendo los nombramientos de funcionarios y asesores, más si estos son de confianza absoluta del presidente. Recuerde señor Humala la famosa sentencia latina. Los que votaron a favor de usted y en general todos los peruanos (dado que es el presidente de la república) esperan un comportamiento en ese sentido. Por el bien del país, ojalá no defraude y luego, para justificar los desaguisados cometidos, diga que todo es culpa de la derecha y del imperialismo yanqui y sus lacayos, cuando ustedes son los primeros que se disparan al pie.
P.D.: Cuando este artículo se encontraba listo para ser publicado, nos enteramos que la señorita Tania Quispe ha sido designada nada menos que como Jefa de la SUNAT. El hecho es que la Srta. Quispe es prima de la Sra. Nadine Heredia, la esposa del presidente de la república. Claro, se dirá que no existe incompatibilidad legal dado que la designada no es familiar directo ni cercano del presidente Humala. Pero, sin poner en duda los méritos personales y profesionales de la Srta. Quispe, “colocar familiares” en puestos claves de la administración pública, a pesar que el vínculo familiar es lejano, no es lo más recomendable desde el punto de vista ético. Se argumentará que en estos casos la ética no importa, y parece que es así.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
No comments:
Post a Comment