LA PUCP

Voy a meterme en “un lío de blancos”, donde no tengo ni vela ni entierro; pero el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú trasciende a las partes en conflicto y puede ser enfocado desde distintos ángulos. Para analizarlo, lo he separado en cinco partes. Haré un apretado resumen de cada una de ellas, tomando en cuenta sobretodo el derecho y la razón, más allá de los argumentos retóricos de las partes en disputa que, en más de una ocasión, solo sirven para impresionar “a la platea”:
1) Su nacimiento,
2) La cuestión eclesiástica,
3) La voluntad de José de la Riva Agüero de donar sus bienes a la PUCP y la sentencia del Tribunal Constitucional,
4) Los grupos en pugna,
5) El futuro de la PUCP.

1) SU NACIMIENTO:

Es evidente que el nacimiento de la universidad se debe a instancias de la jerarquía católica limeña de aquel entonces (1917) en consonancia con laicos confesionales, preocupados por el desinterés que la juventud mostraba por la religión frente al ambiente positivista y de “progreso” que se respiraba en aquellos años, a tal punto que es el arzobispo de Lima quien aprueba sus primeros estatutos y el primer rector fue un sacerdote, el padre Jorge Dintilhac.

2) LA CUESTIÓN ECLESIÁSTICA:

Al ser una universidad nacida al amparo de la Iglesia Católica, es más que natural los fuertes vínculos con esta, principalmente con su jerarquía. Existe un hecho que quisiera subrayar y conste que, por mi agnosticismo, no me anima ninguna voluntad religiosa o subalterna: cuando la Iglesia funda una universidad o le autoriza el nombre de “Católica” y le concede el título de “Pontificia”, es obvio que estará sujeta a los mandatos imperativos de la Iglesia, principalmente en la “orientación católica” y en la designación de sus autoridades y docentes que profesen esa fe. Es como, supongamos, una iglesia evangélica o un grupo de evangélicos en acuerdo con sus autoridades religiosas, crea una universidad y, “al calor de la reforma luterana”, deciden difundir sus valores. Sus principales autoridades tendrán que “hacer profesión de fe evangélica”, al igual que los profesores. Pero, sigamos suponiendo: digamos que a futuro esa universidad se convierte en laica o, peor aún, en atea, argumentando sus autoridades y docentes que en dicha universidad existe plena libertad de pensamiento y palabra conforme lo establece la constitución política y las leyes nacionales, y más allá de los dogmas protestantes fundacionales. Evidentemente que a los fundadores de dicha universidad no les va a gustar “el cambio ideológico” sufrido, y encima que la universidad en cuestión siga llevando el nombre de “evangélica”, aduciendo sus autoridades que se encuentra inscrito en INDECOPI.

Algo similar sucede con la PUCP. Más si tenemos en cuenta que la Iglesia Católica es jerárquica por naturaleza, sustentada en un derecho, el derecho canónico, donde la última palabra la tiene Roma. Por eso los obispos peruanos, por más que no comulguen con monseñor Cipriani, han respaldado a su Cardenal en el diferendo con las autoridades de la PUCP, como el representante de Roma en el Perú.

3) LA VOLUNTAD DE JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO DE DONAR SUS BIENES A LA PUCP Y LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

Es historia conocida que la Universidad Católica crece patrimonialmente cuando José de la Riva Agüero (de joven anti-clerical, católico militante al morir) dona sus cuantiosos bienes a dicha universidad, entre los cuales se encuentra lo que ahora es Plaza San Miguel, el famoso “Fundo Pando”, donde la universidad alberga su campus. Actualmente existen procesos judiciales entre las autoridades de la PUCP y el Arzobispado referentes a la interpretación de los testamentos.

Pero, existe otro hecho importante: el tribunal constitucional ya se pronunció al respecto indicando que la voluntad del testador (Riva Agüero) era dejar a perpetuidad una junta de administración conformada por el Rector de la PUCP y un representante del arzobispado, a fin que se encargase de la correcta disposición de los bienes legados por el testador.

El Tribunal Constitucional mediante sentencia le dio la razón al arzobispo, en el sentido que debería existir la Junta encargada de administrar los bienes donados por José de la Riva Agüero.
Los que apoyan a las actuales autoridades de la PUCP señalan que es “una sentencia irregular”, dado que el TC “se excedió en el fallo” al ir más allá de lo peticionado (que era un amparo presentado por las propios autoridades de la PUCP contra el arzobispo).

Ese argumento no tiene sustento, por una razón. A diferencia del derecho civil, donde el magistrado no puede pronunciarse más allá de lo peticionado por el demandante (“ultra petita”); en derecho procesal constitucional sí es posible que “el guardián de la constitucionalidad” (como se autotitula el TC) pueda pronunciarse más allá de lo peticionado por el accionante. Es lo que sucedió en este caso. El TC estaba facultado para ello.

4) LOS GRUPOS EN PUGNA:

Existen claramente dos grupos en pugna: el de las actuales autoridades de la PUCP y el liderado por el arzobispo. Esta pugna se produce en distintos niveles: judicial, político, eclesiástico y por los medios de comunicación. Ambos grupos buscan sumar fuerzas, sea al interior de la propia PUCP, en el gobierno, en las instituciones, los poderes fácticos o en la opinión pública. En esta pugna no hay buenos ni malos, no existen diablos ni menos ángeles, solo dos grupos que defienden sus intereses. El de las autoridades de la PUCP, perpetuarse en el poder, gozando de los privilegios inherentes al mismo; el del Cardenal, por someter a su fuero una importante universidad que nació como Católica y tiene el título de Pontificia.

5) EL FUTURO DE LA PUCP:

Es cierto que antes del arzobispado de Monseñor Cipriani, sus antecesores no hicieron “cuestión de estado” con respecto a la conducción de la PUCP. Más o menos que se manejó como una institución laica, creciendo consiguientemente en su interior el poder de los llamados “caviares”, siendo reconocida la Católica como su “fortín”. Es en ese momento que se produce la colisión con Monseñor Cipriani, quien se encuentra en las antípodas de las concepciones ideológicas de las actuales autoridades y sectores dominantes de la universidad, y los subsecuentes líos judiciales y extrajudiciales que existen.

En lo personal –repito, sin tener parte ni interés en este pleito- creo que le asiste la razón y el derecho al arzobispo, tanto desde el derecho nacional como del eclesiástico. La PUCP al ser una universidad católica se encuentra sujeta a los mandatos de Roma, nos guste o no. Por eso se llama católica y es pontificia. Y seamos realistas. Tampoco es necesario ser muy zahorí para darse cuenta que bajo la égida de Monseñor Cipriani como “Gran Canciller”, con plenas facultades sobre la PUCP, mucho del ambiente liberal de la universidad desaparecerá.

Creo que el actual rector de la Universidad, Marcial Rubio, es un hombre decente. Personalmente no lo conozco, pero me da esa impresión. Le ha tocado el rectorado en un momento difícil, tenso, con -de repente- muchos intereses subalternos a su alrededor, donde quizás él mismo no se encuentra cómodo ni contento en el cargo y me parece que si cree que el prestigio y el futuro de la PUCP peligran en esta pugna con el arzobispo no dudará en renunciar. Con la frente en alto como es propio de la gente decente. Muchas veces un desprendimiento enaltece más que aferrarse tontamente a un cargo, lo que, me parece, Marcial no hará.

Esta pugna entre el arzobispo y las actuales autoridades de la PUCP todavía tiene para algunos capítulos más.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es