Wednesday, November 23, 2011

ELECCIONES EN EL CAL

Se viene dentro de poco nuevas elecciones en el muy ilustre e histórico Colegio de Abogados de Lima. Compiten doce postulantes para un cargo que es ad honorem. Entre ellos se encuentra un querido maestro que ha comprometido mi voto.

No diré como Alfredo Bullard que no iré a votar. Tengo que ir, no solo por mi querido maestro, sino porque, como la gran mayoría de mis colegas, de no sufragar nos imponen una multa. El voto sigue siendo obligatorio en la institución emblemática del derecho. Quizás Bullard se puede dar “el lujo” de pagarla, pero yo no. Sin embargo, más allá de lo anecdótico, estas elecciones se presentan en una coyuntura especial: el CAL ha perdido la fuerza de antaño, si alguna vez la tuvo, y conserva solo el prestigio que su nombradía reconoce como institución bicentenaria. Es decir, conserva el oropel y poco más.

En los últimos años mi colegio profesional se ha limitado a repartir medallitas y condecoraciones a colegas ilustres y no tan ilustres: una suerte de premiación recíproca. “Yo te premio y tú me premias” o me contratas en la universidad donde eres decano, que la parte crematística también entra a tallar, seamos sinceros. Ceremonias, la verdad, pomposas, huecas y aburridas; y gastos en una impresionante burocracia para un colegio profesional que en los últimos tiempos solo se ha dedicado a repartir medallitas.

El CAL se ha convertido en una “agencia de empleos” para colegas que no han encontrado otra ocupación en el mercado profesional y no tuvieron mejor oportunidad que “hacerle la campaña” al decano que salió electo, quien, obviamente, debe pagar los favores. Mismo ministerio. Así tenemos hasta ujieres con el grado de doctor trabajando en la tradicional institución. Obvio que la impresionante burocracia consigue mermar los recursos del Colegio y este tiene que buscar ingresos gracias a los diplomados, incorporaciones, cursos de ética profesional para los futuros colegas y otros “recurseos” similares. Felizmente –para el CAL- la carrera de derecho sigue siendo una de las más buscadas y una de las más pauperizadas. (Extraoficialmente me informaron que a mediados de año el CAL sufrió una severa crisis de liquidez que dejó impagos a sus trabajadores, por lo que, a fin de conseguir recursos frescos, ofertó los tradicionales descuentos por pago anual adelantado de las cuotas, “oferta” que usualmente solo la participa a inicios de año. Sea como fuese, sería bueno que la nueva junta electa realice una auditoria externa a fin de determinar cómo anda la parte financiera del Colegio).

Tenemos también a un decano saliente que de la verborrea indigesta no ha pasado. Un decano que postuló sin éxito a la presidencia de la república y a cuanto cargo público ha tenido oportunidad de presentarse gracias a ostentar la designación de decano de una institución bicentenaria. Reconozco que voté por él en la última elección y reconozco que me equivoqué. Por lo menos debí votar en blanco (o viciado). Y también se presenta en esta contienda un ex decano que, “por amor al CAL”, y luego de haber postulado igualmente sin éxito a sendos cargos públicos, tienta la re-reelección, que no faltaba más, la institución lo necesita y él está dispuesto “a sacrificarse”.

Todas estas reflexiones me llevan (y acá sí coincido con Bullard) a la pregunta de si no es hora que termine la obligatoriedad de colegiarse, no solo en el CAL, sino en cualquier colegio profesional. Si no es hora que la colegiación se convierta en facultativa, que no sea obligatorio estar afiliado a un colegio profesional para ejercer la profesión, como que la libertad de asociación es un derecho y no una obligación. Y los derechos, como nos enseñan en el primer año de la carrera, se ejercen a voluntad del individuo, no se imponen (lo que no se puede hacer es conculcarlos o violarlos, pero eso es otra cosa). Yo puedo ejercer mi derecho a la libertad de opinión y expresión, como lo ejerzo con este artículo, pero si quiero no lo hago. La democracia y el estado de derecho que le dicen.

Hace pocos meses estuve de miembro en un tribunal de ética del CAL (no sería raro que acabe de compareciente luego de escribir esta nota) y me tocó ver el caso de un colega denunciado por “portarse malcriado” con un juez. Es cierto que el temperamento del colega daba la impresión de ser “colérico” (al tenor de la tradicional clasificación) como lo demostró cuando frente al Tribunal de Ética manifestó que el solo venía al CAL “una vez al año” para pagar sus cuotas y nada más.

Claro, el colega daba a entender que no le debía nada al Colegio, que solo venía para pagar sus cuotas y poder litigar, y allí se terminaba la relación; pero, uno de los miembros del tribunal lo entendió de otra manera y le llamó severamente la atención. Si hubiéramos estado en la época de la inquisición es probable que mi denunciado colega hubiese terminado en el potro de los tormentos hasta arrancarle una confesión de culpabilidad y perdón a todos, al juez que gritó, que las autoridades se respetan, al tribunal de ética, a la integrante del tribunal en particular que se sintió ofendida y hasta al portero de la entrada del Colegio.

En fin, no creo que las cosas cambien en esta nueva elección. Ningún candidato propone una reforma profunda del histórico Colegio y el que honestamente alguna vez la proponga nunca ganaría una elección en el CAL.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Saturday, November 19, 2011

PAROS ANTIMINEROS

Los recientes paros contra la gran minería formal mueven a reflexión sobre los resortes que impulsan las protestas. ¿Es deseo mayoritario de la población “que se vaya la gran minería” o solo de pequeños grupos refugiados al amparo del discurso ambientalista?, ¿es solo manifestación política de grupos radicalizados y ciertas ONG o el tema del medio ambiente y la distribución del canon también se encuentran en juego?, ¿únicamente es responsabilidad del gobierno central o les quepa también responsabilidad a los gobiernos regionales? Y, por último, ¿el Perú puede “darse el lujo” de vivir sin los ingresos de la explotación minera?

Es cierto que la historia del Perú tiene “un lado oscuro” en los execrables abusos de la gran minería, ampliamente documentados y que son la justificación histórica de la oposición a las inversiones en este sector. Desde la época colonial existe una “maldición” de las condiciones mineras; pero, también es cierto que en la actualidad las grandes empresas en minería mayormente se comprometen a cuidar el medio ambiente –salvo excepciones, claro-, siendo más bien la pequeña minería informal la que depreda la naturaleza, volviendo yermos otrora bosques florecientes y envenenando ríos donde antes existía vida.

Pero, la focalización del problema se encuentra sobretodo en la gran minería, en cambio la pequeña e informal pasa desapercibida: contamina, no tributa ni es fiscalizada. Curiosamente uno de sus representantes, conocido con el alias de “Comeoro” y tenedor de vastas concesiones mineras, es nada menos que representante ante el Congreso por el partido de gobierno. Un “padre de la patria”.

Paradójicamente, el “discurso antiminero” es desarrollado por los mismos actores que reclaman del estado la concreción de derechos sociales y económicos que implican gastos, obviando el aspecto fundamental de cómo se financian los derechos reclamados si se oponen con tenacidad a las inversiones que generarían ingresos. Los derechos se encuentran presentes en la agenda de reclamos, pero las obligaciones brillan por su ausencia.

Y, para completar el panorama, por esas ironías de la historia, a los funcionarios del estado en el presente gobierno que les corresponde directamente solucionar los conflictos mineros son las mismas personas que apenas pocos meses atrás se encontraban “al otro lado del mostrador”, oponiéndose como ONG a las grandes inversiones mineras. Ahora deben ya no “azuzar el conflicto”, sino solucionarlo. De “incendiarios pasan a bomberos” y tendrán que demostrar que se encuentran a la altura de los problemas que deben resolver como representantes del estado.

Pero, ¿nos podemos dar “el lujo” de vivir sin los ingresos de la explotación minera? La respuesta obvia es no. Los ingresos de la explotación minera le pertenecen a todos los peruanos; pero, detrás del tema en debate existe toda una problemática que no solo está relacionada con la contaminación, sino también con el proyecto de desarrollo que queremos, la distribución más equitativa de los ingresos y la labor del estado en este aspecto.

Dentro del discurso antiminero de los grupos que se oponen a las grandes inversiones se encuentra la oposición al desarrollo “primario-exportador”, a la mera extracción de los recursos naturales, lo cual, por si solo, no genera desarrollo, ni beneficia a los lugareños que siguen siendo tan pobres como al momento que comenzó la explotación minera en sus tierras. Lo cual es cierto; pero, precisamente allí entra a tallar la labor del estado, no solo atrayendo las inversiones o buscando la fórmula para que los porcentajes de ingreso por canon y regalías sean los más beneficiosos para el país, sino también distribuyendo equitativamente esa riqueza y procurando que los recursos naturales sean “el primer piso” de un modelo de desarrollo sostenible. Es posible, otros países lo han hecho, pero tampoco se consigue de la noche a la mañana, ni en un solo gobierno. Esa es justamente la labor del estado.

Una primera fisura del problema se encuentra en la gestión de los gobiernos regionales. No son buenos administradores de los recursos. Dinero hay, pero no proyectos viables de inversión a favor de los pobladores, salvo alguna que otra honrosa excepción. Y es lógico que si los lugareños ven que nada de esa riqueza “se queda para ellos” fácilmente encaminen su cólera contra las grandes empresas mineras; dándose perfecta cuenta los grupos políticos regionales que el discurso antiminero “vende”, concede réditos políticos para llegar al poder regional en la siguiente elección o “vacar” al que se encuentra como presidente regional (a quien, muchas veces, no le queda más alternativa que ponerse al frente de la oposición minera a fin de salvar su cargo). Es relativamente fácil encolerizar a la gente y buscar “un chivo expiatorio” de todos los males. Parte de eso también existe en la problemática minera.

Además falta diálogo y falta prevención de conflictos. Mayor horizontalidad, con la participación de todos los actores en conflicto. No solo abandonar la tesis “del perro del hortelano”, como de hecho ya ocurrió, sino una participación más activa y práctica en la solución de los conflictos. Por lo general el gobierno central interviene cuando el conflicto estalló y las carreteras fueron tomadas. El libreto casi siempre es el mismo: el gobierno central cede a las demandas de los actores en conflicto, luego que estos realizan medidas de fuerza, se firma un acta de acuerdos, al poco tiempo se incumple el acta y el conflicto se repite, quizás con más fuerza por “las mecidas” del gobierno, entonces se vuelve a firmar otra acta, y así.

Frente a ello una salida audaz pero necesaria, previa reforma legal, es darle a cada poblador un porcentaje en efectivo de los ingresos mineros por canon. “Un cheque” por las ganancias mineras. A mayor ganancia de la minera que opera en la zona, mayor será su porcentaje de participación. Algo así como una especie de accionista de empresa. Si la empresa tiene utilidades, el accionista también.

No es “la solución última, ni definitiva”, pero ayudaría a paliar los conflictos. Claro, los que se oponen interesadamente a cualquier solución dirán que “se están comprando conciencias”, que eso no beneficia a la comunidad en su conjunto o, más paternalistamente, que ese dinero será dilapidado por los lugareños en juergas, sexo y alcohol. Lo cual puede ser cierto; pero, ¿dónde está la responsabilidad que cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos sobre nuestro destino?

La idea no es nueva. En otros países ha funcionado con éxito y nada fundamenta que acá sea lo contrario. Los agitadores de siempre se opondrán, las ONG ambientalistas también. “Se les quita la chamba” de la cual viven. Usarán algunos de los argumentos que hemos mencionado y otros más; pero, frente a los problemas que se presentan y a la ineficacia del gobierno central y de los gobiernos regionales “mineros” permite una solución oportuna.

El gobierno de Humala se ha dado perfecta cuenta que sin inversión el Perú no desarrolla. El candidato Humala era profundamente antiminero, el ahora presidente busca desesperadamente inversiones. Sabe que la inclusión social requiere recursos y estos no caen solos del cielo. Si es pragmático, como parece ser, tiene que buscar salidas efectivas, por más que vayan contra sus antiguos aliados. Tiene que ver los intereses del país en su conjunto y no sólo de pequeños grupúsculos de interés. Lo que haga o deje de hacer su administración en los próximos años, en lo que a inversiones se refiere, estará marcado por el cómo soluciona los conflictos mineros.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

Saturday, November 05, 2011

LOS CIEN DÍAS DE HUMALA

Los balances de los cien primeros días implican una evaluación preliminar de cómo anda la nueva administración. Obviamente no es definitivo, pero indica “el perfil” de hacia dónde va. Para la evaluación se puede tomar como parámetros de referencia lo que prometió en campaña o lo declarado en el plan de gobierno, a fin de contrastar lo dicho con lo que está haciendo, lo que falta por hacer o los necesarios cambios en el camino.

El primer inconveniente es qué plan de gobierno contrastamos, si “la gran trasformación”, furibundamente estatista, o la más flexible “hoja de ruta”, aparecida cuando el candidato Humala pasa a la segunda vuelta. Evidentemente que es la hoja de ruta el instrumento eje que delimita actualmente la política del gobierno.

Pero, ¿ello significaría que estamos ante un “aggiornamento nacionalista” y aquellos que no votamos por Humala en ninguna de las dos vueltas podemos respirar aliviados?

Creo que no. Las cosas no son tan diáfanas como algunos sostienen. No todo es blanco o negro en la administración humalista, más imperan las ambigüedades o los tenues grises.

Si bien existe un continuismo de la política económica, dado que cambiarla significaría trastocar todo un sistema que se ha ido decantando en los últimos veinte años, ello no implica que no existan al interior del gobierno tendencias radicales que exigen la ejecución del programa de “la gran trasformación” y no hacer tantas “concesiones” a la derecha.

Son las mismas tendencias que tratan de limitar la libertad de expresión y de prensa con leyes draconianas, ejecutar una política económica intervencionista, crear el clima necesario para “el retorno” a la Constitución de 1979 o negarse a una política no tan dialogante, sino más bien impositiva, en representación, según ellos, de “los sectores populares”. Son los que claman por una mayor radicalización del gobierno nacionalista, “más a lo Chávez que a lo Lula”.

Entre esas dos tendencias, los “moderados” y los “radicales”, se mueve el gobierno de Humala. Por el momento son los moderados los que priman, pero todo dependerá cómo marche la correlación de fuerzas y los factores externos (como la recesión internacional que nos podría afectar) para que cambie el panorama.

Puede parecer “burgués” o poco importante; pero, los derechos políticos son consustanciales al ciudadano y piedra angular de los derechos sociales y económicos. Por ello es que “no se puede bajar la guardia” ante cualquier indicio, por más leve que sea, de esas “pulsiones totalitarias” que alberga el humalismo en su seno, así se diga que es “histerismo de derecha”.

LA INCLUSIÓN SOCIAL

Es una definición que por su constante uso va perdiendo sentido e inclusión social puede significar desde otorgar subsidios directos hasta cambiar las estructuras sociales. La pregunta no es tanto si se está de acuerdo o no, sino qué se entiende por esta y cómo se pueden implementar las políticas necesarias para favorecerla.

Para que sea permanente la inclusión social (entendida como que todos los peruanos seamos iguales ante la ley –igualdad formal- y tengamos oportunidades similares de ascenso social, así como de tener una vida digna –igualdad material-) requiere de cambios profundos y estructurales, principalmente en sectores como salud, educación y calidad de empleo, igual que en las condiciones para generar riqueza y distribuirla adecuadamente. No se produce de la noche a la mañana, ni en un solo gobierno. Requiere de políticas públicas a largo plazo y en concertación con el sector privado. Por ejemplo, cómo hacemos para mejorar la educación inicial, a fin que los niños de los colegios estatales terminen primaria manejando con suficiencia las operaciones matemáticas elementales y comprendiendo lo que leen, aparte de conocer el inglés y manejar las tecnologías de la información. Solo para llegar a ese objetivo requeriría años de esfuerzo e incluso que el gobierno colisione con la dirigencia del Sutep, uno de sus principales aliados. ¿Lo hará? Todos sabemos que no.

O, cómo hacemos para corregir las desigualdades sociales en, por ejemplo, Puno. Aplicar políticas correctivas en la región del altiplano significaría “colisionar” con aliados del gobierno como los cocaleros o luchar frontalmente contra el contrabando. ¿Lo hará? Igualmente sabemos que no. Ya no hablemos de políticas redistributivas o de generación de riqueza que implicarían un “choque frontal” con “aliados naturales” del humalismo que lo ayudaron a llegar a la presidencia de la república.

Precisamente esas enormes expectativas que generó su candidatura como sinónimo de “gran cambio” o justicia para los más pobres, así como las alianzas que estableció con sectores sociales disímiles, se pueden trasformar en una enorme desilusión de no cumplir mínimamente lo ofrecido. De quedarse en “el discurso revolucionario” disociado de la realidad. O también puede suceder lo contrario: que para cumplir sus promesas electorales desequilibre el presupuesto público en un contexto de coyuntura internacional bastante delicada. Lo primero sería un drama, lo segundo una tragedia.

Humala se alió “con Dios y con el Diablo” para llegar al poder, con sectores sociales, políticos y económicos contradictorios entre si, por lo que tiene un límite para la ejecución de su programa, límite impuesto por los mismos sectores que lo apoyaron, bajo pena que en caso de “una traición” del presidente hacia ellos, le hagan la vida difícil; como a su vecino Evo en Bolivia.

Mas bien el gobierno de Humala ha elegido el camino fácil del asistencialismo, sea en dinero o en bienes, pero cuyos frutos a largo plazo no se traducen en una mejora significativa de calidad de vida, sino en dádivas que vuelven dependientes a los beneficiados (similar en esencia a “la caridad” que la derecha ejercía con los más pobres), lo cual los convierte en un bolsón político de votos, así como en “portátiles” útiles para las movilizaciones a favor del “caudillo”. Es lo que siempre ha sido, por ejemplo, el Pronaa, y una de las razones de la resistencia a la renuncia de la cuestionada ministra de la mujer, es el manejo político del programa.

LA CORRUPCIÓN

A cien días de gobierno, la administración Humala muestra casos de presunta corrupción que afecta hasta a su segundo vicepresidente, acusado de tráfico de influencias a favor de un conocido grupo económico (y, hasta hace poco, integrante de la “megacomisión” que investigará al APRA por el quinquenio anterior).

Para un gobierno que recién comienza, estos casos afectan seriamente la credibilidad y legitimidad del régimen. El asunto es cómo va a enfrentar los casos de corrupción en sus propias filas y, en particular, el delicado caso de tráfico de influencias en que se encuentra implicado su segundo vicepresidente. ¿El gobierno será trasparente y actuará conforme a su credo en campaña (lucha frontal contra la corrupción) o “montará un show mediático” para la platea y al final todo quedará en nada?

De no manejar adecuadamente los casos de corrupción dentro de sus propias filas, puede ser su talón de Aquiles y sería irónico que el gobierno, una de cuyas banderas durante la campaña electoral fue la lucha contra la corrupción y la inmoralidad, termine sumido en variopintos casos de corrupción.

¿REELECCIÓN DEL HUMALISMO EL 2016?

Todavía es prematuro afirmar si Ollanta Humala buscará la reelección inmediata o la sucesión a través de su esposa. Ganas no les faltan y con partidos políticos débiles en la oposición, es un manjar delicioso relativamente fácil de disponer; pero dependerá mucho de la correlación de fuerzas que aludíamos en la primera parte de este artículo. Es evidente que Humala, a falta de un partido orgánico y con muestras de notoria indisciplina en el suyo en apenas cien días de gobierno, se está asentando sobre el ejército como poder fáctico, algo similar a lo que hizo Fujimori en los noventa. Pero, el otro poder sobre el que se asentó el fujimorismo fue el gran empresariado. Teniendo contento a los grandes empresarios y a la cúpula militar, Fujimori marcó un derrotero populista que le otorgó “oxígeno” al proyecto autoritario por diez largos años. ¿Humala podrá hacer lo mismo?

Creo que de hecho ya está “coqueteando” con los grandes empresarios, imitando más a Fujimori que a Chávez, en una suerte de “populismo de izquierda”, pero sin afectar la propiedad de los poderosos (debemos recordar que a la derecha nunca le importó la democracia ni los derechos humanos, con tal que la dejen hacer sus grandes negociados). Dudo que veamos nacionalizaciones masivas o controles de precios.

Sería una genial “boutade” de la historia (estoy pensando en la célebre frase de Marx que sobre la historia decía que se repite como comedia lo que otrora fue drama) termine su quinquenio no “al ritmo del chino”, sino “al ritmo del cholo”.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es