Wednesday, January 18, 2012

SOBRE LA REVOCATORIA: EL CASO SUSANA VILLARÁN

En el procedimiento de revocatoria del mandato de una autoridad elegida, hay que diferenciar distintos elementos y planos que se encuentran entrelazados y a veces impiden apreciar el problema en su conjunto.

En primer lugar, la iniciativa para revocar a una autoridad municipal es perfectamente legal y democrática. Se encuentra establecida en la propia Constitución Política (art. 2º, inc. 17, y art. 31º) y en la ley 26300, ley de derechos de participación y control ciudadanos, uno de cuyos derechos es precisamente la revocatoria de autoridades. Conforme a la mencionada norma, la revocatoria alcanza a los alcaldes, regidores, presidentes regionales y magistrados elegidos por elección popular, debe estar fundamentada (es decir, se debe explicar las razones que la originan), pero no requiere ser probada.

Este último extremo (la no necesidad de probanza) obedece a que la revocatoria es un derecho por medio del cual, en un contrabalance de poderes entre el pueblo y quien detenta un cargo público, el primero “le quita el mandato otorgado” a la autoridad cuestionada. Le retira la confianza que le depositó en las urnas. Puede ser por distintas razones, ello la ley no lo señala (es lo que en derecho se denomina numerus apertus). Hipotéticamente podría ser hasta porque a los ciudadanos no les gusta el color de camisas que usa el revocado. Pero, por lo general los procesos de revocatoria han obedecido a ineficiencia absoluta de la autoridad elegida y/o corrupción extrema.

Una institución distinta es la vacancia, la cual sí se encuentra establecida por causal específica en la ley (numerus clausus) y requiere necesariamente ser probada, teniendo derecho el vacado, como medios de defensa, al uso de recursos impugnatorios y a la doble instancia (que su caso sea revisado por una instancia superior, de serle desfavorable la decisión inicial). Por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades, ley 27972, en el artículo 22º establece las causales de vacancia del cargo de alcalde o regidor, y el artículo 23º el procedimiento, así como los medios de defensa a que tiene derecho el vacado.

Volviendo a la institución de la revocatoria, para la solicitud se requiere de la adherencia del veinticinco por ciento de los electores de la circunscripción electoral en la cual fue elegida la autoridad cuestionada, hasta un máximo de 400,000 firmas. Para conseguir la revocatoria es necesario la mitad más uno (mayoría absoluta) de electores.

Por la infraestructura demandada para conseguir firmas y revocar a la autoridad edil de una ciudad como Lima, no es fácil, dada la complejidad y dimensiones de la capital. Se requiere gran financiamiento económico, contratación de personal ad hoc que recabe firmas, compra del kit para la revocatoria, alquiler de locales, propaganda en los medios, etc. Tampoco es imposible.

Desde el punto de vista de las Ciencias Políticas, la revocatoria y las demás instituciones de la democracia directa son formas efectivas de “democracia subsidiaria”, es decir de apoyo a la democracia representativa. Tengamos presente que el sistema político dominante en el mundo es el de la democracia representativa, históricamente bastante “joven” (tiene algo así como 500 años de vigencia), el cual cuenta con muchas imperfecciones. Una manera de “equilibrar” un poco esas imperfecciones es recurriendo a instituciones de la llamada democracia directa, forma democrática mucho más antigua y que data de la Grecia clásica. Dentro de las instituciones de la democracia directa moderna encontramos, entre otras, al referéndum, la iniciativa para la formación de leyes, la revocatoria y ahora último la consulta previa.

Claro, como en todas las instituciones, sea de la democracia directa o representativa, los operadores políticos la pueden llevar a niveles de distorsión extrema cuando usan y abusan de estas deviniendo, en especial las instituciones de la democracia directa, en lo que se conoce como “democracia plebiscitaria”: el uso recurrente del mandatario de consultas al pueblo a fin de ganar legitimidad y buscar perpetuarse en el poder. En la actualidad es el caso de las “repúblicas chavistas”, donde el mandatario conocedor que ganará la consulta, la promueve (ejemplo: promueve, en un momento que la aprobación ciudadana lo favorece, “la reforma constitucional” para reelegirse en forma indefinida). Es una variante del viejo argumento “la voz del pueblo es la voz de Dios”.

No obstante los excesos que pueden producirse, la eliminación de las instituciones de democracia directa y, en especial, de la revocatoria, no es la solución. Se dice que es usada como “cargamontón político” por los que perdieron la elección contra el alcalde o presidente regional en ejercicio. Otros, creyendo haber descubierto la pólvora, sostienen que es un mecanismo ajeno a la democracia representativa. (Obvio, como que pertenece más bien a la democracia directa). Lo cierto es que los argumentos de quienes sostienen la eliminación de la institución son bastante débiles. Con la misma lógica podríamos argumentar que también se elimine la elección directa para el cargo de presidente de la república y congresistas, en vista que existen manipuladores y demagogos que distorsionan el voto popular y por eso tenemos congresistas y hasta presidentes francamente impresentables. El asunto va más por perfeccionar la revocatoria que eliminarla.

En Perú, el derecho de este ejercicio ciudadano tiene un amplio expertise, sobretodo contra autoridades municipales. No es nuevo; lo que sucede es que por vez primera acontece con el alcalde nada menos que de la capital. Ya no es una lejana provincia con escasos electores, sino la misma ciudad de Lima.

En el caso concreto de Susana Villarán, el argumento esgrimido por quienes promueven su revocatoria es la ineficiencia de la alcaldesa. No dicen que sea corrupta, ni existen indicios serios de corrupción en su entorno. Sus detractores no denuncian que existan casos tipo Comunicore o de la “vía expresa” en la avenida Faucett, como fueron notorios en gobiernos edilicios pasados tanto de Lima metropolitana como de la provincia constitucional del Callao. Se circunscriben más bien a la ineficiencia y para ello exhiben como “pruebas” desde el vano intento de poner orden en el tránsito de Lima y renovar la flota de transporte público, pasando por iniciativas infelices como la “zona rosa”, el nombramiento en un cargo importante del municipio sin contar con méritos propios de la hija de un conocido congresista de izquierda, hasta la arena que se la llevó el mar en la playa La Herradura.

Si efectuamos un juicio desapasionado del primer año de Villarán, su gestión ha sido regular y libre de sonados casos de corrupción (lo que ya es mucho decir en gobiernos peruanos de distinto tipo, color y tamaño). Es cierto que su equipo de trabajo “no ha prendido fuego”. Con experiencia más a nivel de ONGs y consultorías, difícilmente han podido manejar las riendas de un gobierno tan complejo como el limeño. A ello hay que sumar el muy posible “sabotaje” que la oposición a su gestión (y que aspira a reemplazarla en una eventual revocatoria, no seamos ingenuos) esté haciendo al interior del propio municipio.

De atenernos a los cálculos de tiempo que conlleva este proceso, en el mejor de los casos la consulta ciudadana sería para el segundo semestre del año y de ser positiva recién en el subsiguiente (2013) se podría convocar a una nueva elección para alcalde provincial, completando Villarán de esta manera casi tres de los cuatros años de su mandato como alcaldesa; pero con un déficit serio: ya no tendría iniciativa para las acciones de mejoramiento de la ciudad. Sufriría un proceso de desgaste y paralización que le impediría cualquier iniciativa, contentándose apenas con administrar Lima “tal como está”, con perjuicio obviamente para todos los vecinos.

El otro escenario sería que los promotores de la revocatoria no consigan las firmas necesarias o de conseguirlas no ganen la consulta, dado que se requiere mayoría absoluta de toda la población electoral limeña, algo sumamente difícil. Si fuese así, Villarán sería ratificada y saldría fortalecida políticamente. Un tanto maltrecha, pero fortalecida.

Por otra parte, quizás el descontento que con respecto a su gestión se percibe en el ambiente, como lo demuestran los sondeos que se han realizado, obedece a las grandes expectativas que generó su candidatura. No es solamente “cuatro loquitos conspiradores ayudados por la prensa más reaccionaria” los que están detrás (incluyendo, al parecer, a dos ex alcaldes perdedores en las elecciones pasadas y que desean afanosamente regresar a sus cargos ediles). Si fuese así, jamás prosperaría la revocatoria, por más ayuda financiera y mediática que tuviese.

No es solamente una campaña de desprestigio la que explica su baja aceptación edilicia, existe una base social de descontento hacia la gestión de Villarán y creo que esa base se explica por las grandes expectativas generadas y no cumplidas. Se “respiraba” la esperanza que con ella (luego de subir a los primeros puestos en las elecciones municipales pasadas por tacha de uno de los principales candidatos) podía generarse “un gran cambio” en Lima, acompañado de una gestión más trasparente y “sana”. Salvo lo último, eso no sucedió. Más quedó en promesa que en realidad.

A lo que se debe sumar que la alcaldesa “no ha sintonizado” con sus vecinos. La “sintonía” es más intuitiva, obedece al “olfato político” de la autoridad elegida, algo de lo que Villarán al parecer carece. Puede tener buenas intenciones, pero le falta “olfato político”. De allí sus reiteradas “metidas de pata”.

Susana Villarán tenía un gran reto cuando salió elegida: estar a la altura del cargo conferido. No solo porque era la primera mujer elegida como alcaldesa de la capital por elección popular; sino –y más importante- debido a que por segunda vez, luego de más de veinticinco años, la izquierda regresaba al municipio de Lima, desde que en 1983 el desparecido Alfonso Barrantes ganase la alcaldía al frente del conglomerado Izquierda Unida. Era un gran reto que, en honor a la verdad, Villarán no ha sabido estar a la justa medida. Ni ella ni su equipo. Lo más sensato es que termine su periodo edil, que lo termine bien de ser posible, luego haga sus maletas y se vaya.

Tal como están las cosas no creo que piense en la reelección, porque en esa empresa los dioses no la van a acompañar y va a tener muchas fuerzas en contra. Como dijo un analista político, en estos difíciles meses que se le vienen a Villarán, la mejor actitud que puede tener es seguir trabajando como si el proceso de revocatoria no existiese. Y, yo añadiría, ojalá atine mejor en las propuestas que realiza.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

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