Los paros antimineros ya no son la excepción, son la regla, a tal punto que en el reciente, en la provincia de Espinar, el gobierno ha decretado el estado de emergencia, con la suspensión de ciertas garantías constitucionales, síntoma evidente que la situación era inmanejable para el estado.
Es cierto que en los organizadores de los paros –y de la mano de ciertas ONGs ambientalistas- subyace una ideología decididamente contraria a la gran minería, de un no rotundo, así se demuestre que no produce daño significativo al medio ambiente. El caso emblemático es Conga. Haya o no haya estudio de impacto ambiental Conga no iba a ejecutarse. Y no se trata solamente de simple cálculo político de los actores en escena, algunos actuando de buena fe, los más burdamente (con intenciones muy evidentes) y otros demostrando mejor “habilidad escénica”. No es solamente ello, sino la ideología que subyace al “no a la gran minería”.
En este aspecto los grupos de izquierda detrás de la oposición a los grandes proyectos mineros apuestan por una suerte de Edén sustentado en la agricultura, el turismo ecológico y “los grupos primitivos” como base de un “desarrollo equilibrado”. La vuelta a un supuesto pasado idealizado, antes de la llegada de los primeros occidentales a América. El “mito fundacional” exacerbado por creencias no fundamentadas que ese pasado fue más justo y equitativo que el actual presente; consiguientemente la gran minería que ha sido la fuente de todas nuestras desgracias debe ser erradicada del país “por siempre y para siempre”.
Hemos regresado al arquetipo idílico de los utopistas del XIX. Si Marx los viera, se mataría de la risa.
Por eso, estos grupos de izquierda no hacen mención para nada a la explotación de la pequeña minería, informal, artesanal y muchas veces ilegal. Para estos grupos son “pobrecitos”, suerte de lumpen proletariado o proletariado informal que no encuentra otra forma de supervivencia. Su visión y justificación se encuentra arraigada en algunas lecturas de manuales marxistas de los años 30, combinado con una mala aplicación de ciertas doctrinas sociales de la Iglesia Católica que apuestan por los más pobres y desposeídos. Por ello nunca escucharemos o leeremos alguna crítica de estos grupos contra la depredación del ambiente que realizan los mineros informales, la evasión tributaria, la explotación sexual de menores y la comercialización de drogas que se practica en este perverso circuito minero.
El otro lado del problema se encuentra en el gobierno y el estado. Todos los gobiernos, incluyendo el de Humala, han apoyado la gran minería por razones prácticas: la renta minera permite solventar ampliamente los gastos del estado, incluyendo los gastos sociales de la presente administración (Beca 18, pensión 65, Cuna más, etc.); pero sin contar hasta la fecha con un proyecto de desarrollo nacional sustentable a largo plazo en la renta minera, lo cual implicaría una reforma política, legal, administrativa y económica que ningún gobierno hasta el momento ha querido encarar seriamente.
Además, los sucesivos gobiernos se apoyan en la gran minería porque es fácil de monitorear y fiscalizar ya que se trata de unas cuantas empresas fácilmente ubicables, formales; y, por lo general, cuidan más del ambiente y practican lo que se denomina “responsabilidad social”. Grados más, grados menos (siempre hay una “oveja negra” por allí) prefieren ser bien vistas por la comunidad y tratar de arreglar las diferencias que se presentan. La magnitud de las inversiones que realizan les impide oponerse ciegamente a los petitorios humanos y ambientales que las comunidades aledañas o el estado les exigen… siempre y cuando estos sean racionalmente “manejables”.
Es cierto que a veces en las negociaciones algunas mineras “patean el tablero” o demuestran “insensibilidad social” hacia la comunidad, generándose rechazo de los lugareños y los subsecuentes “paros antimineros”. En otras ocasiones, la población es azuzada por demagogos que buscan posicionarse en su región o a nivel nacional, y así obtener un provecho político o económico; donde toda posición intermedia conciliadora es engullida por los extremos radicales. Entre representantes mineros con escasa perspectiva, dirigencias antimineras demagógicas e ideologizadas y un estado ausente, es fácil presumir como el conflicto va creciendo hasta el estruendoso estallido.
Desconozco si el estado cuente con una oficina permanente y equipos de negociación efectivos con amplias facultades para resolver los conflictos antes que estallen, resolverlos cuando todavía son embrión y las cosas no se han salido de contexto (de nuevo Espinar, de nuevo Conga). No se trata solo que vaya un ministro a firmar un acta (que luego será incumplida) cuando la pradera ya se incendió, sino de tener voluntad política para actuar antes que los hechos salgan de control. Caso contrario, van a servir políticamente en “bandeja de plata” a los grupos de izquierda que buscan “regresar al Edén agrícola pre colonial”. (De nuevo, Marx de enterarse, se reiría a mandíbula abierta de ellos, no sin antes lanzarles uno de sus típicos sarcasmos).
Si estos grupos de oposición tomaran conciencia como otros países han logrado desarrollar y crecer utilizando la renta minera, sabrían que es posible desarrollo, cuidado del ambiente y explotación minera, algo que al parecer ha entendido el presidente Humala, en contraposición al incendiario candidato Humala.
Asimismo, parte de los beneficios que reporta la renta minera deben ir directamente a los vecinos aledaños a la mina. No los podemos tratar como infantes incapaces. Incluso si el estado quiere tener la conciencia tranquila y ser responsable con el dinero que entregue directamente, esa entrega puede estar condicionada a ciertos requisitos previos como escolaridad de los menores, cuidado de la mujer y el anciano, programas de empleabilidad inmediata, etc.
El problema es complejo por los intereses contrapuestos que existen en torno a la gran minería y los bolsones de pobreza existentes alrededor de las minas a explotar. Por parte de los grupos antimineros existe el objetivo de “tirar la cuerda” hasta que esta se rompa, acompañado de un estado ausente y poco eficaz para resolver los conflictos. Lo ideal sería que comunidad, empresa minera y estado negocien y cedan en algo para que todos ganen. Es la forma madura de enfrentar los problemas. Lamentablemente esa actitud se percibe bastante lejana y más bien priman los berrinches infantiles, actitud con la que todos pierden; incluso esos pobres que dicen defender los que se oponen a los grandes proyectos mineros.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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