Monday, May 06, 2013

¿VA EL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA HACIA LA GRAN TRASFORMACIÓN?


Es difícil afirmar o negar si el gobierno de Ollanta Humala, por los últimos hechos ocurridos, ha iniciado un viraje hacia el estatista programa de gobierno inicial llamado “La gran trasformación”, documento de fuerte raigambre velasquista.

No me parece que el tema vaya por cuestiones programáticas (retomar la gran trasformación), ideológicas (recuperar el nacionalismo velasquista) o principistas (resurgimiento del “corazoncito chavista” del presidente), sino creo va por el lado pragmático.

Es cierto que el contexto en que se anunció la compra de los activos de Repsol no podía ser menos afortunado: el aval que Perú otorgó a las controvertidas últimas elecciones en Venezuela, la presencia del propio Ollanta Humala en la asunción a la presidencia de Nicolás Maduro, así como la sempiterna ambigüedad de la reelección conyugal. Síntomas que el gobierno de Humala abandonaba la hoja de ruta para abrazar la gran trasformación e iniciar un viraje a la autocracia al estilo venezolano.

Creo más bien que el anuncio de la posible y luego negada compra de los activos de Repsol son “globos de ensayo” a fin de pulsear cómo tomaría la sociedad propuestas que son francamente discutibles (la herramienta legal ya estaba lista con la publicación de un controvertido decreto supremo que facilitaba la operación). En cierta forma es poner una agenda en debate público y determinar el grado de apoyo o rechazo que propicia. En este caso fue más lo segundo que lo primero; por lo que, como sucedió con otros intentos polémicos de la pareja presidencial, retrocedió en su intención, como lo dejó entrever la primera dama y días después fue ratificado por los funcionarios de Petroperú. Y retroceden porque más importante que poner en debate una política de estado (su rol empresarial) es el intento de reelección encubierta, el cual a ningún costo debe sufrir un desgaste de capital político, y la pareja presidencial se dio perfecta cuenta que el tema de la compra de los activos de Repsol era un tema que tendría un alto costo político, así como puntos en la aceptación ciudadana. Por eso retrocedieron en el intento de comprar la refinería La Pampilla y los grifos.

Pero, ¿era viable una compra de los activos de Repsol y volver al rol empresarial del estado?

Personalmente no me opongo al rol empresarial del estado, incluso me pareció un grave error el privatizar los activos de Petroperú en los años noventa y no repontenciar o ampliar la empresa a través de asociaciones público-privadas y, de paso, regular el precio final de la gasolina, uno de los más caros de la región. El rol empresarial del estado, bien hecho, es positivo, como sucede en distintos países capitalistas. Lamentablemente en Perú la historia de las empresas públicas fue nefasta por el uso político de los gobiernos de turno (“caja chica” del gobierno central y fuente de empleo para los incondicionales del régimen) y el correlato poco técnico propició que gran parte de la deuda pública fuese causada por las empresas del estado deficitarias, generando la hiperinflación que conocimos a fines de los ochenta y déficit público (las cuentas del estado “en rojo”).

El manejo poco técnico de las empresas públicas obedece a la escasa institucionalidad del estado peruano, a diferencia de países como Chile o Colombia. La poca institucionalidad propicia que el gobierno de turno use las empresas estatales para fines políticos. Por eso fueron creados “los candados” que la propia Constitución Política establece en su régimen económico (subsidiario rol empresarial del estado y solo por ley expresa). No fue únicamente por el ambiente neoliberal que se vivió en el momento de la promulgación de la carta del 93, sino por la pésima experiencia empresarial del propio estado en los años setenta y ochenta.

Si no existe institucionalidad y prima la voluntad del gobernante de turno, siendo un poco mal pensado, es fácil deducir que se quiere o se quiso tener un manejo político de un bien con volatilidad política como es el petróleo. Comprando la refinería de La Pampilla y teniendo grifos a disposición, el estado iba a tener un control casi absoluto del precio final de la gasolina y el GLP. Y teniendo un precio final de la gasolina y el GLP este se puede subsidiar (cumplir, por ejemplo, con la promesa de la campaña humalista en primera vuelta del balón de gas a doce soles), teniendo satisfechos a todos: los ciudadanos, aumentando así la simpatía electoral para una posible candidatura de la primera dama; los propietarios de Repsol que se llevan cuatrocientos millones de dólares sin invertir un sol en la modernización de La Pampilla a la que estaban obligados; y las AFP que son accionistas minoritarios y podrán respirar tranquilos al tener cerca a “papá Estado” para que se haga cargo de los pasivos de la empresa. Es lo que en jerga política se conoce como “socialización de las pérdidas”: el estado es “bueno” e interviene para hacerse cargo de las pérdidas de las empresas privadas a costa de todos los contribuyentes.

Justo existe un aspecto donde no se ha puesto demasiado énfasis, el de los accionistas minoritarios como son las AFP que poseen cerca del 21% del paquete accionario. El asunto es que han invertido en una empresa deficitaria dinero de los aportantes, de todos los cotizantes a las AFP, y si la empresa no marcha bien quienes van a sufrir el castigo son los trabajadores al tener una pensión mucho menor al momento de jubilarse (el sistema privado se sustenta en un portafolio que obtiene dividendos o pérdidas, dependiendo cómo se invierta el dinero de los trabajadores). Las AFP han tenido un silencio cómplice hasta el momento, como esperando que el estado intervenga para reflotar la empresa y verse librados de tener que aportar para la modernización de la planta.

Asimismo Repsol estaba obligada a la modernización de La Pampilla el 2006, obligación que no satisfizo, incumpliendo el contrato suscrito con el estado y, peor aún, el estado vía sus organismos competentes no apercibió a Repsol para cumplir con la modernización de la planta, inversión cercana a los mil millones de dólares. Consiguientemente, y para variar, el propio estado también se encontraba en falta. Pero, según datos confiables, Repsol es una empresa que se encuentra en pérdida, cercana esta a los setecientos millones de dólares, por lo que la compra sería no solo de sus activos sino también de los pasivos, costándonos la transacción humalista a todos los contribuyentes unos dos mil millones de dólares, cinco veces más que los cuatrocientos inicialmente anunciados.

Comprando La Pampilla el estado habría “ayudado” a Repsol, al comprar una empresa deficitaria y que por añadidura incumplió sus compromisos contractuales de modernización de la refinería, ayudaría a las AFP que tampoco cumplieron con guardar parte de los dividendos ganados para la modernización de la planta y tendría el control del precio final de la gasolina y el GLP para fines políticos de cara al 2016. Todos felices, todos contentos, pero a costa de todos los peruanos.

Ollanta Humala y su esposa no van hacia la gran trasformación, mucho menos se están alineando con la órbita chavista (habría que ser ciego político para hacerlo en estos momentos), su fin es más prosaico, más pedestre: perdurar políticamente más allá del 2016, hecho que no creo lo logren para bien de la democracia peruana.


P.D.: Réquiem para Javier.-
Como todo hombre cometió errores, de los políticos y de los otros; pero su integridad como persona y entereza para la denuncia al costo que fuese posibilitó que el Parlamento cumpla con una de sus funciones esenciales: la fiscalización. Los últimos meses fue víctima de una poco oculta venganza política que le valió una suspensión que una jueza determinó que había violado el debido proceso. En fin, ya no pudo regresar al escenario de tantos apetitos y trifulcas. Se está yendo la gente de valor, la que todavía creía en los ideales como Armando y Javier, y quedan los otros. Signo de los tiempos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

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