Tuesday, July 23, 2013

LA REPARTIJA

Existen ciertos hechos que marcan una línea divisoria, un parteaguas. La repartija del miércoles 17 es uno de ellos, donde la mayoría de Gana Perú, en alianza con los fujimoristas, Perú Posible y como furgón de cola el PPC se repartieron diez importantes cargos públicos. Sintomático de lo bajo que ha caído la política peruana y que puede seguir cayendo más.

Y si bien los partidos políticos involucrados sea activa o pasivamente, dieron marcha atrás, con mea culpa incluido; existen varias lecciones que extraer de ese aciago 17 de Julio. La primera que el partido de Ollanta Humala oficialmente se estrena como un “partido tradicional más”. No solo porque entró de lleno a los vicios más usuales de los partidos que tanto denostó de candidato; sino debido a que en la noche de ese 17 de Julio reprimió con dureza toda oposición beligerante al contubernio producido en el hemiciclo horas antes, comportándose como un partido en el gobierno autocrático y represor. Del discurso incendiario y ruidoso del nacionalista de hace apenas cinco años atrás, apenas quedan cenizas. De la promesa de la gran trasformación no queda ni la hoja de ruta. Con una carencia programática absoluta, ambigüedad y grisura partidaria, y factores externos poco propicios, es muy difícil así que pueda ya no ganar las elecciones del 2016, sino siquiera culminar decentemente los tres años que todavía le restan a su gobierno y tener una mayoría que le permita “blindar” al presidente y no termine acusado en una megacomisión como su colega García. Evidentemente que el partido nacionalista no es el partido revolucionario y trasformador que muchos creyeron y por el que votaron ilusionadamente millones de peruanos en el 2006 y el 2011. Quizás con la repartija buscaron copar puestos claves en el Tribunal Constitucional a fin de allanar el camino a la presidencia de la primera dama (y de paso liberar, solapa nomás, al hermanísimo Antauro). Lo malo es que Humala está perdiendo legitimidad a ritmo impresionante y alejándose vertiginosamente de una continuidad hacia el 2016; salvo que practique las triquiñuelas legales a las que era afecto Alberto Fujimori, las que se hacen vía el TC o el JNE; triquiñuelas que la ciudadanía ya no está dispuesta a aceptar, como lo están demostrando las continuas manifestaciones de estos días.

En cuanto a los fujimoristas, existen dos reacciones contrarias. Las que suscita de rechazo su candidato al TC, Rolando Sousa; y la actitud de Keiko Fujimori, con reflejos rápidos para posicionarse en la escena con una crítica hacia todo el proceso de elección y sintonizar así con el sentir de la ciudadanía, cuando su partido horas antes había avalado la repartija.

Los apristas no se quedaron atrás gracias a los reflejos rápidos de Alan García, que si bien no lo libran de la posible inhabilitación política, más que seguro su partido obtendrá el 2016 una cantidad mayor a los cuatro congresistas de este quinquenio. Curiosamente si García es inhabilitado políticamente, sale ganando Keiko, así que los nacionalistas al final no saben para quien trabajan (y de repente, al paso que van, son ellos los que el 2016 apenas van a obtener cuatro congresistas).

En cuanto a Perú Posible y el PPC se comportaron como lo que son: “furgón de cola” de una mayoría, deseosos de tener siquiera un cargo que les permita contar con presencia política y puestos públicos para los militantes. Con esas actitudes uno va camino a la extinción y el otro a ser lo que siempre fue: un partido netamente limeño.

Pero, nombrar  impresentables como un abogado defensor de narcotraficantes y corruptos; una abogada expulsada de la administración pública por incompetente y saqueadora contumaz de una Fundación a su cargo, con propiedades misteriosamente adquiridas en los últimos años por más de medio millón de dólares; amén de otro abogado (a jurista no llega), ayer profesor mediocre de derecho constitucional en una universidad católica -según confesión de sus propios ex alumnos de la maestría donde enseñaba- y hoy embajador político y entusiasta defensor de la candidatura presidencial de la primera dama; aparte de otros candidatos de trayectoria gris, cuyas únicas cualidades son tener carné de algún partido político metido en la repartija y descartar candidaturas más decentes e idóneas, demuestra no solo lo mal que se encuentra el sistema de partidos, sino las consecuencias de no haber hecho estos la reforma (o auto reforma) una vez recobrada la democracia en el 2001. Ningún partido político de ese entonces se atrevió a tanto, un poco por intereses externos y otro poco por intereses personales. Ahora vemos las consecuencias.

Otra lección que podemos extraer de la minicrisis de la repartija es que, previa reforma constitucional, ciertos nombramientos importantes como los directores del Banco Central de Reserva, los magistrados del TC o el Defensor del Pueblo es preferible que los vea un órgano autónomo, técnico y sin tanta presión política. Pienso en el Consejo Nacional de la Magistratura, vía ampliación de competencias, pero puede ser otro; incluso –no seamos pacatos- alguna consultoría seria y de probada reputación. Lo importante es que estos nombramientos importantes no tengan una naturaleza política, sino más técnica y académica; sino luego de un tiempo vamos a presenciar de nuevo otra repartija como la del aciago 17 de Julio.

Mención aparte merecen los jóvenes que, gracias a las tecnologías modernas, convocaron rápidamente una manifestación contra el cuoteo que desvergonzadamente el Congreso había perpetrado horas antes. La dignidad tuvo rostro de juventud en ese momento, lo cual es positivo. Fueron nuestros indignados.
Eduardo Jiménez J.

Monday, July 01, 2013

DE BUENAS INTENCIONES SE ENCUENTRA EMPEDRADO EL CAMINO AL INFIERNO

No estoy en contra de la regulación por el estado de la salud pública, ni que intervenga en ciertas áreas sensibles; el asunto más está en el cómo lo hace.

Viene a colación por la recientemente promulgada Ley de la comida chatarra, como se le denomina a la Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, Ley 30021. No cabe duda las buenas intenciones, tomando en cuenta el evidente incremento de sobrepeso en los niños y adolescentes debido principalmente al consumo masivo de comida rica en grasas, sal y dulces que no nutre sino engorda (“comida chatarra”). Corregir ello es tarea del estado, no del sector privado, dado que se trata de una política de salud pública necesaria y urgente; sino pregúntenle al alcalde de Nueva York que hace poco ha tomado medidas limitantes para el consumo de gaseosas en establecimientos públicos.

La idea de los kioskos saludables en los colegios no es mala; pero la controversia está sobretodo en cómo fiscalizar a nivel nacional a fin que cumplan con la norma miles y miles de colegios entre públicos y privados. Encargar esa tarea al Indecopi, Ministerio de Salud, de Educación, o gobiernos regionales y locales, más es un saludo a la bandera que una eficiente fiscalización; aparte que no se dice nada sobre la venta de comida nada saludable en los alrededores de los colegios. Basta darse una vuelta a la salida de cualquier centro educativo para constatar la venta de fritangas, dulces de todo tipo y “sánguches de a sol” con su abundante mayonesa, ketchup y papas fritas.

Más efectiva es la educación del menor desde los inicios, desde la familia. Inculcar sanos hábitos alimenticios en el hogar, base de formación esencial de todo ser humano. Claro que si los padres son habituales consumidores de “comida chatarra” difícilmente podrán trasmitir buenos hábitos alimenticios a sus retoños.

La educación en los hábitos alimenticios, por ejemplo, vía spots televisivos y campañas permanentes creo que sería una promoción más efectiva por parte del estado que la dación de una ley que se quedará en el papel, como tantas otras de nuestro sistema jurídico.


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La otra “buena intención” de los legisladores es un proyecto de ley que favorece a los deudores insolventes de deudas contraídas con las entidades del sistema financiero (proyecto de ley de insolvencia familiar), cuya autoría también pertenece al congresista Jaime Delgado, ex presidente de la Asociación de Consumidores –Aspec- y actual congresista del oficialismo.

El proyecto de ley busca que en casos imprevistos donde el deudor no pueda enfrentar los pagos de alguna deuda ante el sistema financiero se someta a un procedimiento administrativo especial (de “insolvencia familiar”). En estos supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, el deudor insolvente podrá someterse a un proceso que permita refinanciar su obligación o en defecto la autoridad administrativa resolver el asunto. Hasta allí todo parece razonable, el punto objetable son las causales de insolvencia (el proyecto en su artículo 6º incorrectamente las establece como causales de sobreendeudamiento):

a) Pérdida de empleo por despido directo y/o indirecto;

b) Precariedad de empleo o empleo no registrado;

c) Incapacidad temporal o permanente;

d) Enfermedad grave o crónica que implique un gasto excesivo en tratamientos y/o medicamentos;

e) Separación personal, divorcio vincular o disolución de la sociedad conyugal;

f) Fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino;

g) Asunción de gastos imprevistos producto de coyunturas especiales.


Puede entenderse que la pérdida de empleo o el enfrentar una enfermedad grave sean causales atendibles; pero la separación o divorcio de la pareja o la asunción de “gastos imprevistos” puede dar lugar a que la causal sea mal usada o que la interpretación sea tan laxa que permita su mal uso. Yo me puedo divorciar de mi cónyuge a fin de eludir pagar un crédito o asumir supuestos “gastos imprevistos” e ingresar a un procedimiento de insolvencia. Acá no estamos en Suiza y la costumbre del “cabeceo” todavía es parte de la cultura peruana.

Creo que al legislador Delgado ahí se le pasó la mano, aparte de olvidar que el marco del Derecho de Obligaciones bien puede resolver esos casos imprevistos de insolvencia a que alude su proyecto.

De repente más coherente con su conocida defensa del consumidor, y ahora furibundo nacionalismo, hubiese sido presentar un proyecto de ley modificatorio del artículo 9 de la ley del sistema financiero que permite a los bancos cobrar las tasas de interés, comisiones y gastos que les da la gana, como quieran y cuando quieran, escapándose de los parámetros que hasta la dación de dicha ley los sujetaba a las tasas máximas establecidas en el Código Civil. Esa iniciativa sí hubiera sido “revolucionaria” digna de la desaparecida gran trasformación o siquiera de la hoja de ruta.
Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es