No obstante que la negativa de la
mayoría del Congreso a otorgarle el viernes 14 el voto de confianza al recientemente
juramentado “gabinete Nadine” solo interesó seriamente a muy pocos, lo cierto
es que el Parlamento como en escasas oportunidades se puso a la altura de su
majestad, y si bien el lunes 17 le otorgó –quizás muy expeditivamente- la
confianza solicitada, el hecho merece resaltarse por lo siguiente.
La decisión inicial de abstenerse el
Congreso a otorgarle la confianza era una “señal amarilla” de advertencia que
las cosas no van bien en el manejo del Ejecutivo. Concretamente en la cada vez
mayor intromisión de la primera dama en los asuntos del gobierno, dado que ella
no fue elegida por el pueblo como gobernanta, ni ejerce cargo oficial alguno
oficialmente dentro de la administración pública.
Imagínense que en una empresa de
primer nivel, la esposa del Gerente General tiende su oficina al costado de su
marido y comienza a despachar con los demás gerentes, les imparte directivas,
reemplaza a unos por otros, autoriza compras, etc. Todo ello argumentando que
“es la esposa del gerente”. Y, para colmo de colmos, el propio Gerente General
cuando le van a consultar alguna decisión importante replica “si ya hablaron
con su esposa”. Esa empresa sería tomada como no seria o, como decimos los
peruanos, “como una empresa chicha”. Algo de eso está sucediendo dentro del
Ejecutivo y las consecuencias para el país son mucho peores que para la empresa
del ejemplo.
Ninguna democracia se sostiene sin
institucionalidad. Eso lo sabemos por experiencia propia los peruanos por lo
acaecido en los años noventa. E institucionalidad supone respeto a la Constitución
Política
Y si usted es pragmático y no le quita
el sueño estas cuestiones, hágalo por la economía: se ha demostrado que sin
instituciones difícilmente el crecimiento se trasforma en desarrollo sostenido.
Ya lo vivimos también con el guano en el siglo XIX, el caucho en el XX.
Democracia significa también políticas
consensuadas. Y si bien en nuestro país es un poco difícil por el ánimo cainita
que existe; es necesario que en ciertos puntos las fuerzas políticas se pongan
de acuerdo. Temas generales como educación, infraestructura, políticas de
desarrollo son vitales en vista que los frutos se verán pasado el gobierno de
turno.
Las fuerzas políticas que tienden a
“violar las reglas de juego” de vivir en democracia, incluyendo la alternancia
en el poder, son las que menos ejercicio democrático tienen. Fue el caso del fujimorismo en los noventa, en
ese entonces con escasos años en la escena oficial, y del humalismo en el
presente siglo. Saltarse la convivencia en democracia, la institucionalidad o
la alternancia en el poder, a la larga trae más perjuicios que beneficios al
país, y casi siempre quienes la perpetran terminan mal (Leguía en los años
veinte, Fujimori en los noventa).
De allí que es importante “el gesto”
del Parlamento la noche del viernes 14. Lo enaltece y se encuentra dentro de
sus facultades constitucionales. Creo que el Congreso ya aprendió la lección de
los años noventa, cuando no hicieron mucho caso a las bravatas del presidente
Fujimori hasta que este cerró el Legislativo. Se han curado en salud y saben
que de dejar las cosas como están, una mañana se encontrarán sin Congreso
abierto (y sin sueldos y demás gollerías). Siquiera por la quincena estuvieron
esa noche consecuentes con su rol de fiscalizadores.
Por el bien del país, por el bien de
la democracia y por el bien del propio gobierno deben continuar con su rol
constitucional. La historia solo se repite cuando no asimilamos la lección.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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