Existen proyectos de ley polémicos,
sobretodo si afectan áreas sensibles de las creencias de las mayorías o de la ideología,
civil o religiosa, dominante en una sociedad. Ya no hablemos de los proyectos
de ley que afectan los intereses de los grupos fácticos de poder y que
rápidamente son archivados, casi sin discusión.
Algo de eso se percibe en el debate
afiebrado que ha traído el proyecto de Unión Civil propuesto por el congresista
Carlos Bruce, entrampado en la
Comisión de Justicia por las fuerzas evangélicas y católicas
que, curiosamente, se han vuelto aliadas de hecho para que no se convierta en
ley. A tal punto de difícil se encuentra la situación que el propio congresista
Bruce tuvo el coraje de declarar públicamente –posiblemente a un costo personal
elevadísimo- su orientación sexual, a fin de usarlo como argumento político de
defensa que destrabe el empate.
Estos proyectos polémicos son los que
le toman el pulso a las sociedades, los que diagnostican más certeramente el
carácter tolerante o no de las mayorías; y, no es secreto, que frente al
proyecto la intolerancia viene de todas partes, desde los segmentos más pobres
y menos educados hasta los más refinados y elitistas.
Solo una minoría lo apoya, mejor dicho
lo apoyamos. Porque acá no se trata de imponer la razón de la mayoría, sino que
los derechos se extiendan a todos. Existe un principio jurídico, el de la
universalización de los derechos, sin importar los rasgos particulares del
beneficiario. Caso contrario, estaríamos segregando a un grupo humano,
fundamentando la segregación, en la razón de la mayoría. Ese es el camino más
corto y rápido para la intolerancia y la discriminación.
Por eso los derechos no son sometidos
a ninguna clase de consulta, porque los beneficiarios, si son un grupo
minoritario, se les negaría el reconocimiento. Imagínense si en los Estados
Unidos de los años sesenta se hubiera sometido a consulta las leyes de
afirmación a favor de un grupo minoritario como eran los negros en ese
entonces. Jamás habrían obtenido el reconocimiento efectivo de sus derechos
civiles.
Ideológicamente el proyecto es
liberal, en el sentido clásico del término, moderno; pero refleja muy bien, por
las reacciones suscitadas, lo conservadora y premoderna que todavía puede ser
la sociedad peruana. Todavía respira ese aire malsano de la Colonia. Las iras desplegadas
al proyecto de Unión Civil tienen un tufo reaccionario tanto en hombres como en
mujeres. De intolerancia ante el otro, al que es distinto por el hecho de
serlo. E igualmente evidencia el temor y menosprecio que sentimos ante el
homosexual.
De cierta forma nos encontramos en un
periodo transicional en la sociedad peruana, entre lo viejo que se resiste a
morir y lo nuevo que está naciendo. Como todo cambio es conflictivo, a veces
anárquico, otras errático. Esta “revolución social” es silenciosa, pero de
consecuencias mayúsculas en las estructuras sociales, políticas, económicas y
culturales del país. Afecta a los partidos políticos e, incluso, a la ideología
dominante y a los valores que hasta ahora se consideraban incuestionables, como
el rol del varón o de la mujer, y lo que entendemos por familia.
Y, de igual manera, refleja también que
todavía no hemos separado la razón de Estado de la religión. Y las pruebas las
vemos cada vez que ingresamos a una dependencia pública. Por mi trabajo debo ir
constantemente a las dependencias del Poder Judicial. No es casual encontrar
dentro de sus instalaciones una capilla católica, una gruta de adoración a la Virgen María , para no
mencionar los abundantes crucifijos y ejemplares de la Biblia (católica) en los despachos
de los magistrados. Como les digo a mis alumnos, se supone que el estado es
laico, pero viendo toda esa simbología sacra parece que estamos ante un estado
confesional. Por desgracia no tuvimos las guerras religiosas que padecieron los
europeos y que los obligó a no meter a Dios en los asuntos de la tierra.
El proyecto de Unión Civil no
significa el fin de la familia. La familia, acá y en otras latitudes, se está
reestructurando, está cambiando, pero no es su fin. El proyecto aboga básicamente
porque esas nuevas familias, que en los hechos ya existen, no queden
desamparadas patrimonialmente.
Si el proyecto se aprueba, diría mucho
más de la sociedad peruana que tomos de tomos de libros y ensayos, que
avanzamos hacia una tolerancia al otro, tolerancia a regañadientes, pero
tolerancia al fin y al cabo.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es