La larga huelga de los trabajadores del Poder
Judicial duró más de cuarenta días sin importar la paralización de miles de
procesos pendientes de resolución. Su principal pedido era ser excluidos de la
ley de Servicio Civil.
Todo cambio genera resistencias. Lo insólito
sería que los afectados se allanen al cambio. Por eso las resistencias en el
pasado a la Ley
de Carrera Magisterial, hoy a la ley de Servicio Civil, mañana a la inminente
reforma universitaria y a la siempre postergada reforma política.
Es cierto que al momento de la aprobación de
la ley en el Congreso de la
República se cometió el error de exceptuar de los alcances de
la norma, sin existir justificación alguna, entre otros, a los trabajadores del
propio Congreso, de la Sunat
o de la SBS , lo
que motivó que otros trabajadores del estado con gran poder de negociación como
son los judiciales busquen también “salirse” del marco normativo; pero no menos
cierto es que de satisfacer su pedido, se vendría un “efecto cascada” de otras
instituciones del estado que requieren lo mismo, y solo quedarían comprendidos dentro
de la ley los estatales con menos poder de negociación. Por ello sería
recomendable que el Congreso enmiende su propio error y derogue la excepción
que, incluso, es inconstitucional, atendiendo al artículo 103º de nuestra Carta
Política.
No obstante ello, efectuar los trabajadores
judiciales una huelga indefinida por más de cuarenta días paralizando un
servicio esencial del estado para exigir la exclusión del marco de una ley, contando
con el entusiasmo explícito del propio presidente del Poder Judicial, no se ve
en una democracia realmente con estado de derecho. En una democracia
consolidada sería descabellado paralizar el servicio de la administración de
justicia. Miles de miles de procesos de alimentos, de familia, de inquilinos
morosos, de reos en cárcel o de trabajadores que solicitan sus beneficios
sociales quedaron paralizados a lo largo y ancho de todo el país.
Ello ha llamado a cuestionar la poca eficacia
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a darle solución inmediata y efectiva a
la atención básica a los usuarios, que somos todos nosotros. No es posible que
denegasen la declaratoria de emergencia del Poder Judicial a fin de contratar
trabajadores que realicen las labores de los huelguistas.
Si bien la huelga es un derecho reconocido en
la propia Constitución Política, ello no quita que se corte el derecho de
servicio a los ciudadanos o se haya previsto siquiera una atención mínima
(audiencias, recepción de escritos, atención en juicios de alimentos y juicios penales). Imagínese, querido lector,
si los trabajadores de Sedapal deciden realizar una huelga indefinida y
suspender el servicio de agua a toda la ciudad de Lima. Sería impensable porque
también están los derechos de los usuarios a recibir el servicio. Algo similar se
produce con los usuarios del Poder Judicial. A quienes toman las decisiones no
les importó el ciudadano, síntoma que estamos en muchos aspectos en una
sociedad pre-moderna.
Y ya es hora que a los servidores del estado
que hacen huelga se les descuente por los días no trabajados y no reciban su
sueldo sin trabajar, bajo el subterfugio que van a “compensar” las horas
perdidas, horas que jamás se compensan en la práctica. Día trabajado, día
pagado; y si no se labora no existe contraprestación económica, como sucede en
el sector privado.
Y ya es hora también que se modernice ese
poder del estado. No me refiero a las computadoras de última generación, sino a
las decisiones políticas, que las aplicadas son de antiquísima generación. En
pleno siglo XXI al representante de un importante poder del estado, como si
todavía estuviésemos en el medioevo, solo lo elijen “sus pares”, otros jueces
supremos, y no la totalidad de jueces de todo el país, como sucede cuando se
elije al presidente de la
República , cuya decisión recae en todos los ciudadanos, o al
presidente del Congreso, que lo determinan todos los congresistas electos y no
solo los portavoces de cada bancada. Y lo mismo sucede con la designación del
representante máximo en el Ministerio Público. De allí que se producen esos
conciliábulos a media luz, los “toma y daca” de espaldas a la ciudadanía.
Ojalá algún día veamos elegido al presidente
del Poder Judicial por todos los jueces del Perú. Ojalá. Con ello obviamente no
se solucionarán todos sus problemas, pero se avanzaría un gran paso en la
democratización de este importante poder del estado.
El otro tema es “la lucha de poderes” entre
el Consejo Nacional de la
Magistratura y el Tribunal Constitucional. Eso tampoco se ve
muy seguido.
Juego de poderes, es cierto. Intereses
políticos para nombrar a dos fiscales supremos cuestionados, los hay. Lo malo
es que ese “juego de tronos” se llevó de encuentro al estado de derecho. Algo
similar pasó semanas atrás con las movidas para elegir, pese a los
cuestionamientos con los que carga, al primo de la primera dama como el Fiscal
de la Nación.
Esos roces de organismos constitucionales en
gran parte se producen cuando no existe una institucionalidad sólida. Vienen
los forcejeos bastante ásperos.
Es evidente que tanto en el Poder Judicial,
el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el
propio Tribunal Constitucional existen intereses políticos y económicos. Se
produce acá y en otros países. Lo malo es que en países como el nuestro, donde
no tenemos una sólida institucionalidad, quedan las instituciones a merced del
juego político o los intereses económicos, y poco se puede hacer para que no se
lleven de encuentro al maltrecho estado de derecho. De allí que luego nos
enteramos de extrañas resoluciones que exculpan a un político importante o le
archivan el proceso por alguna nulidad formal, amen de esas resoluciones
judiciales que “amparan” a empresas poco escrupulosas a seguir abusando del
erario público y de los consumidores o a saltarse las normas porque “lesionan”
su derecho constitucional. Y por eso algunos que están adentro del Leviatán
prefieren “no comprarse el pleito”, para estar tranquilos en su puesto hasta que
termine su mandato o, vencido el mismo, permanecen en sus cargos por falta de
nombramiento de los sucesores, como sucede con los miembros del TC y su
alambicada resolución, atribuyéndose funciones que no le corresponden.
Creo que es hora también de buscar otras
formas de nombramiento de los integrantes de los órganos constitucionales. El
Congreso, por lo menos el que tenemos, no parece el más apropiado para estos
menesteres.
Y todos estos cambios tienen un nombre y un
apellido: Reforma Política. Tan mal vista en los noventa, pero tan necesaria
ahora.
Eduardo Jiménez J.
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