ARGENTINA EN DEFAULT

Por: Eduardo Jiménez J.

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El default es un término de la jerga financiera que en buen romance significa “cesación de pagos”. Alude a una imposibilidad de pagos –también a un no querer pagar- por parte del deudor ante una deuda que ya venció total o parcialmente, ingresando este en mora; y otorga al acreedor el derecho a exigir el pago íntegro de lo adeudado y no solo la cuota vencida. El principio pertenece al derecho de obligaciones y se aplica a los particulares e incluso cuando el deudor es un Estado, que es lo sucedido con Argentina en la crisis de “los fondos buitre”.

Hace algunos años atrás, cuando fue la crisis del 2001, sintomáticamente por otro default, el gobierno argentino consiguió que gran parte de los tenedores de bonos aceptaran renegociar el monto de lo adeudado (lo llamaron “canje”), pagarles menos pero respetando estrictamente un cronograma de pagos, lo cual se ha cumplido. Más del noventa por ciento de los acreedores aceptaron; pero, un grupo minoritario vendió sus papeles de deuda a fondos especulativos (llamados despectivamente por el gobierno argentino “fondos buitre”), los que litigaron para que se les pague el monto original de la deuda más los intereses respectivos, logrando lo que era más que evidente: que el órgano judicial norteamericano (en particular el juez de la ciudad de Nueva York, plaza financiera del llamado “canje”) les iba a dar la razón en vista que por decisión unilateral el deudor no puede cambiar las condiciones de pago.

Mientras el proceso estuvo en trámite,  Argentina consiguió una medida cautelar denominada “stay” que consiste en no innovar, en dejar las cosas como estaban hasta que se resuelva el fondo del asunto; lo cual les permitió no pagar a los deudores en litigio hasta que se agote la vía judicial. Pero resuelta la controversia con el pronunciamiento de la propia Corte Suprema norteamericana (que se inhibió de conocer la problemática), el expediente regresó al juez de origen (el juez Thomas Griesa), y la medida cautelar carecía de objeto.

El asunto es que el juez ordenó que Argentina debería pagar por igual a todos los acreedores (pari passu o equidad en el pago), sean estos acreedores que llegaron a un acuerdo (los del “canje”), como aquellos que litigaron por respetar las condiciones originalmente pactadas (los “fondos buitre”).

Como veremos más adelante, puede ser discutible la fórmula usada por el juez Griesa. Quizás se pudo haber usado una mejor técnica, a fin de no soslayar las consecuencias jurídicas de las transacciones ya celebradas por el gobierno argentino con más del noventa por ciento de bonistas del llamado “canje”; pero no menos cierto es que aquí y en cualquier parte del mundo “deuda es deuda” (valga la tautología), y un deudor no puede imponer unilateralmente condiciones de pago al acreedor. A ello se debe sumar “el temor y respeto” casi reverencial que se tiene frente a un juez anglosajón, hecho al cual nosotros, los latinos, no estamos acostumbrados.

En la práctica, las consecuencias del fallo judicial implicaban que la reestructuración pactada con los acreedores canjistas pueda quedar sin efecto, en vista que los acreedores que transaron podrían solicitar por vía judicial igualdad en las condiciones de pago con los acreedores de los “fondos buitre" por una cláusula contractual pactada denominada RUFO (por sus siglas en inglés, Rights Upon Future Offering), que habilita a los acreedores que aceptaron el “canje” a exigir legalmente las mismas condiciones que las otorgadas a un acreedor distinto. Es decir, si Argentina paga más a los acreedores de los “fondos buitre" tendrá, por equidad, que abonar esa misma suma a los acreedores que aceptaron el canje de la deuda.

En pocas semanas al gobierno de Cristina Kirchner se le vino un problema gigantesco: tenía poco tiempo para no caer en default, en cesación de pagos, y, por la parte legal, quedar sin efecto las transacciones suscritas. Primero intentó reactivar la medida cautelar de “stay”, lo cual –como vimos- no consiguió, luego hizo un depósito “de buena fe” en un banco norteamericano pero sin pagar directamente a los acreedores en litigio (depósito que el juez Griesa ordenó su inamovilidad), ha tratado que bancos privados argentinos paguen en su nombre (figura jurídica que se conoce como subrogación) sin mucho éxito (los bancos argentinos, por obvias razones, han pedido mil y una garantías ante la eventualidad de un desconocimiento posterior de la obligación por parte del gobierno argentino) y tenía la lejana esperanza que algún “banco grande” de la ciudad de Nueva York compre la deuda a los “fondos buitre” y luego pueda negociar con ese banco. En el colmo de la desesperación, el gobierno amenazó con acudir a la Corte de la Haya y hasta a las mismísimas Naciones Unidas, olvidando que la Corte de la Haya solo se avoca a controversias entre estados, y la ONU no tiene competencia para este tipo de asuntos.

Políticamente quisieron mejorar su imagen internacional solicitando en la última reunión de los BRICs pertenecer al selecto club, pero la negativa de estos a incorporar a un socio con las precarias credenciales que tiene ahora Argentina le significó una cortés pero rotunda negativa.

Todas estas medidas, así como los insistentes mensajes por parte del gobierno de desconocimiento de la deuda han buscado no pagar, por lo menos en el presente año, a los llamados “fondos buitre”, dado que de hacerlo se activaría la cláusula RUFO y obligaría al estado argentino a pagarles a dichos acreedores lo mismo que a los “fondos buitre”, por lo que el pago ya no sería de 1,500 millones de dólares (suma aproximada a que asciende la deuda a favor de los acreedores judiciales), sino de aproximadamente 30,000 millones de dólares (suma que tendría que abonar a los bonistas del “canje”), casi todas las reservas del país del sur. Ese es el principal “quebradero de cabeza” que tiene la administración de Cristina Kirchner y por ello hemos presenciado en los días posteriores al fallo distintas “poses escénicas” de “deudor ofendido”, más en tono de sainete que de drama propiamente.

La cláusula vence el 31 de Diciembre del presente año, de allí que el gobierno trate de “alargar” el plazo de pago a los “fondos buitre” lo más que pueda o pagarles este año una suma similar a la que desembolsaría a los acreedores del “canje” y al año siguiente, al vencer la cláusula, abonarles el resto.

Según los especialistas, Argentina no caería en la magnitud de la crisis de cesación de pagos de inicios de siglo, quizás al final “la sangre no llegue al río” y se logre, como dice la letra del conocido tango, un acuerdo “a media luz” entre los “fondos buitre” y el gobierno argentino mucho más ventajoso para estos que los acuerdos que suscribió con los acreedores del “canje”.

Técnicamente Argentina ya se encuentra en default, en cesación de pagos, dado que no honró la deuda el 30 de Julio pasado y lo convierte en un sujeto de crédito internacional poco o nada confiable, lo que se reflejará en distintos índices económicos del país (depreciación de la moneda, inflación, recesión, restricción de importaciones, desempleo), ello sin contar los sonados casos de corrupción y malversación de fondos públicos en las altas esferas del gobierno peronista que incluyen hasta a su actual vicepresidente y son vox populi en todo el mundo.

Con reservas bastante bajas, sin acceder –por su calificación crediticia- hace muchos años al mercado de capitales, con precios internacionales de materias primas como la soja que han descendido, sus ingresos principalmente son del comercio directo con China o Rusia, y en menor medida con sus socios del MERCOSUR y los subsidios del petróleo “chavista”. Mientras tanto el gobierno “convivirá” con el default y tratará de obtener réditos políticos de este tanto en la correlación de fuerzas al interior del peronismo como con los opositores.

Lo dramático que podría suceder es si la situación de incertidumbre se agudiza, traería pánico financiero, que los ahorristas retiren masivamente su dinero de los bancos, y el gobierno podría verse obligado a decretar un nuevo “corralito” (congelación de los depósitos), lo cual lo haría francamente impopular y podría ser el inicio del fin del kirchnerismo.

Otro riesgo es que a Argentina, como a cualquier deudor, sus acreedores busquen embargar sus cuentas (algo de eso está intentando uno de los acreedores). Y si bien políticamente la presidenta argentina hace una serie de gestos más para la platea, para el público interno, a fin de mantener su legitimidad y lealtad entre sus partidarios y generar un “enemigo externo” que le permita crear un frente común con la sociedad organizada (empresarios, sindicatos), haciendo votos que la población no se vea contagiada de incertidumbre o, peor aún, de pánico; lo cierto es que frente a una sentencia firme ordenando el pago a los acreedores, más allá de las argumentaciones “ético-filosóficas” de Cristina Kirchner, las posiciones maximalistas de su ministro de economía, las esgrimidas imposibilidades “legalistas” de cumplir con el fallo, los lemas proselitistas tipo “patria o buitres”, o la recientemente oficializada demanda ante la Corte de la Haya contra los Estados Unidos (más un gesto político hacia dentro a fin de “cerrar filas” ante un “enemigo común”), tarde o temprano Argentina tendrá que pagar o llegar a un acuerdo de pago con los “fondos buitre”, no queda otra, como a cualquier deudor.

Cristina Kirchner hace poco cerró un discurso, en alusión a su negativa de llegar a un acuerdo con los “fondos buitre”, diciendo “Me siento con una responsabilidad ante la historia”. Sería una ironía de la propia historia que el gobierno de “la pareja presidencial” de los Kirchner que comenzó su vertiginosa ascensión política a la Casa Rosada gracias a la crisis financiera de años atrás, termine ahora estrepitosamente por una nueva crisis de pagos.