Por: Eduardo Jiménez J.
@ejj2107
Muchas veces el ruido (político) nos impide observar
lo importante.
Algo de eso está sucediendo con el acuerdo
secretísimo que se viene preparando con el TPP (Acuerdo de Asociación
Traspacífico), donde nosotros estamos como parte y, al parecer, en calidad de
convidados de piedra.
En principio no me opongo a los tratados
internacionales, incluyendo los comerciales. Pero, lo que sí me preocupa es el
secretismo. Al decir del tango “todo a media luz”, como se vienen desarrollando
las negociaciones del TPP.
Un acuerdo que va a afectar a millones de personas
no puede ser negociado, acordado y suscrito de esa manera. En otras épocas, por
cosas menores, cayeron gobiernos. El gobierno que firme un tratado de esa
forma, literalmente se pone la soga al cuello. Por lo menos debe haber un
debate franco, abierto. Y la excusa que el tratado es demasiado “técnico” o que
“los perros del hortelano” se opondrán no debe ser óbice para que el pueblo,
como depositario de la voluntad nacional, se entere y de su opinión.
A tal punto el acuerdo es tan oscuro, que en
los propios Estados Unidos, el Congreso se ha opuesto a un fast track, una aprobación rápida, sin discusión alguna en el
legislativo. Es que hay cosas muy raras que están sucediendo dentro de las
negociaciones.
Otro hecho que es preocupante y que esperamos
sea suprimido de la redacción final del tratado, estriba en la indemnización
que podrían recibir las trasnacionales de parte de los estados por “ganancias
frustradas” o lucro cesante como
decimos los abogados, originado en alguna medida de política nacional que
afecte sus expectativas de ganancias. El ejemplo clásico es el de los
cigarrillos, fabricados por empresas multinacionales. Supongamos que un estado
miembro decide prohibir o restringir drásticamente la venta de cigarrillos (o
de “comida chatarra”) a fin de cautelar la salud de la población. La empresa
afectada podría solicitar una compensación económica al estado nacional por la
expectativa trunca de ganancias.
Algo similar sucede con el alargamiento temporal
de los derechos de patentes farmacéuticas.
Las empresas farmacéuticas que inventan un
nuevo medicamento tienen derecho a explotarlo por un tiempo determinado
(generalmente un promedio de 20 años). Vencido el plazo, el medicamento pasa a
ser fabricado por cualquier empresa sin necedidad del pago de patente. Son los
medicamentos genéricos, aquellos que ya no requieren pago de derechos para su
fabricación, y por ello son baratos.
De alargarse el período de explotación
comercial del laboratorio, los costos del medicamento serían inaccesibles para
muchas personas de escasos recursos. Y, por efecto del mercado, muchos
medicamentes subirían de precio al no haber genéricos que los sustituyan. Igual
sucede si el estado miembro debiera informar a las farmacéuticas de las
políticas en salud que implementará y si estas afectan o no a los bolsillos de
la industria (de nuevo el lucro cesante
que alegarían las trasnacionales).
Como estado nos encontraríamos atados a la
decisión de las grandes empresas. Ello afecta la soberanía nacional, el
mejoramiento de los indicadores de salud de la población y la propia economía
del país.
Hay cosas muy grises y hasta oscuras en este
tratado que no se quieren esclarecer. Debemos estar alertas.
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