Tuesday, November 24, 2015

UN PAPEL HIGIÉNICO QUE HUELE FEO: LA CONCERTACIÓN DE PRECIOS DE PAPEL HIGIÉNICO EN CHILE

Por: Eduardo Jiménez J.
        ejimenez2107@gmail.com
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Indignación ha causado en el consumidor chileno el conocer que dos empresas concertaron precios del papel higiénico por largos quince años. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), conocida como La papelera -que en estas tierras opera las marcas Noble y Elite-, junto a SCA, dominan el mercado chileno de la papelería doméstica (papel higiénico, servilletas, toallas sanitarias, etc.).

Parecía hasta cinematográfica la forma que adquiría el intercambio de información entre las dos empresas. Uso de cuentas clandestinas de correo electrónico, móviles prepago desechados al poco tiempo de uso para evitar rastreos, hasta intercambio de partes matrimoniales para disimular la información.

El dueño de CMPC, con lágrimas en los ojos, salió en público a “pedir disculpas” por los lamentables hechos ocasionados por sus subordinados. Con lo que quiso decir tácitamente que, como dueño, no tuvo nada que ver con el asunto.

La situación no es nueva para nosotros. La más conocida fue la concertación del precio de los pollos. Pero se ha producido en otros sectores de la economía como los medicamentos o las Afp. Y se presentan cuando por el lado de la oferta se encuentra un oligopolio. Pocas empresas que prestan el servicio u ofrecen el producto.

Como en Perú, allá la concertación de precios solo tiene pena de multa, no de prisión efectiva para los directamente responsables. Pagas la multa luego de muchos años de apelación y de idas y venidas en los recovecos del Poder Judicial. Para ese entonces, el valor de la multa ya se encontrará enormemente devaluado.

Con el oligopolio, el mito del mercado se cae estrepitosamente. No hay competencia efectiva. Es como ponerte de acuerdo con el equipo rival para “arreglar” el resultado del juego. Claro, los defensores dirán que los monopolios y oligopolios no están prohibidos, lo cual es cierto; pero sí deben ser regulados escrupulosamente por el estado. Ejemplo: permitir la entrada de más administradoras de fondos pensionarios al país ayudaría a oxigenar una “sana competencia”. No las cuatro o cinco que existen en la actualidad. Al final se trata de administrar un capital a largo plazo y eso lo puede hacer cualquier empresa administradora de capitales, no solo las Afp.


De paso deberían regresar las penas privativas de libertad efectivas para los implicados en casos de colusión económica. Muy al margen de las multas o reparaciones, la pena privativa efectiva por largos años sería más disuasiva de cometer estos ilícitos que pagar una multa totalmente desvalorizada.

Friday, November 13, 2015

¿CONSTITUCIÓN O POLÍTICA?: LA CATALUÑA EN DEBATE

Por: Eduardo Jiménez J.
        ejimenez2107@gmail.com
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Si bien parece se encuentran separadas, constitución y política cuentan con vasos comunicantes que les permite interactuar más allá de los tecnicismos legales.

Una constitución política, al final de cuentas, es el límite que se pone al poder y fijar unas reglas de juego en el actuar de las instituciones. Que a veces funciona y a veces no, es cierto también. Que muchas veces el poder fáctico se ha llevado de encuentro  a la ley de leyes, con derechos e instuciones incluidas, igualmente lo es.

Una constitución es una suerte de cristalización en el tiempo de una coyuntura determinada. Así, se buscaría “perpetuar” un hacer político más allá del calor en que nació. Todo constituyente y toda constitución aspira a la eternidad, ilusiòn que apunta a la prolongación en el tiempo del momento en que se promulgó.

El problema está cuando esa coyuntura cambia y los actores sociales son otros, que ni por asomo se sienten identificados con lo que establecía la carta en su momento auroral.

¿Qué debe prevalecer, la constitución o los nuevos hechos políticos?

El tema surge a colación del deseo de parte del pueblo catalán de querer independizarse de España. Los unionistas han recurrido al Tribunal Constitucional español, invocando la carta del 78 para cualquier intento de reforma, así como la no tan velada amenaza de la Comunidad Europea de no reconocerlos como nuevo estado.

En fin, el asunto por el lado de los unionistas va por la “leguleyeda” (valga la expresión), por los recursos judiciales que van a contrapelo de la autonomía. Como que un juicio pueda frenar los deseos de soberanía de un pueblo.

Olvidan que el pueblo es el soberano más allá de lo que se dijo o no se dijo en una ley cuarenta años atrás; y nadie, ni las personas, ni los pueblos, pueden estar unidos contra su voluntad.

Una constitución es apenas la foto de un momento dado. Los que apuestan por los escritos legales y otrosís digo olvidan que la realidad prima sobre la foto, quizás ya un tanto descolorida luego de muchos años y tanto ajetreo.  

Algo de eso está pasando en el debate español sobre la cataluña.

Los evasivos catalanes quieren irse de la unión ibérica y ningún texto legal o amenaza de exclusión los va a persuadir.

Quizás la mejor forma es que ellos decidan limpiamente en un referéndum, en una consulta ciudadana, como ya se hizo en otras democracias avanzadas. Allí está el caso de Escocia y el de Canadá, y para sorpresa de los unionistas, más bien ganó el “no”, la mayoría decidió quedarse en el viejo y criticado estado.


Es la forma más civilizada para que un pueblo elija su propio destino. Si gana el “sí” buen viaje y mejor destino, si gana el “no” bienvenido de vuelta a la unión; porque eso de que “te demando en el fuero para que te quedes” como que suena hasta medio ridículo. Que se sepa, ningún pueblo se ha quedado atado a otro por una acción judicial. Mejor déjenlos consultar libremente y nos atenemos a los resultados.