Por: Eduardo Jiménez J.
ejimenez2107@gmail.com
ejj39@hotmail.com
@ejj2107
Indignación ha causado en el consumidor chileno el conocer
que dos empresas concertaron precios del papel higiénico por largos quince
años. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), conocida como La
papelera -que en estas tierras opera las marcas Noble y Elite-, junto a SCA,
dominan el mercado chileno de la papelería doméstica (papel higiénico,
servilletas, toallas sanitarias, etc.).
Parecía hasta cinematográfica la forma que adquiría el
intercambio de información entre las dos empresas. Uso de cuentas clandestinas
de correo electrónico, móviles prepago desechados al poco tiempo de uso para
evitar rastreos, hasta intercambio de partes matrimoniales para disimular la
información.
El dueño de CMPC, con lágrimas en los ojos, salió en
público a “pedir disculpas” por los lamentables hechos ocasionados por sus subordinados.
Con lo que quiso decir tácitamente que, como dueño, no tuvo nada que ver con el
asunto.
La situación no es nueva para nosotros. La más conocida fue
la concertación del precio de los pollos. Pero se ha producido en otros
sectores de la economía como los medicamentos o las Afp. Y se presentan cuando
por el lado de la oferta se encuentra un oligopolio. Pocas empresas que prestan
el servicio u ofrecen el producto.
Como en Perú, allá la concertación de precios solo tiene
pena de multa, no de prisión efectiva para los directamente responsables. Pagas
la multa luego de muchos años de apelación y de idas y venidas en los recovecos
del Poder Judicial. Para ese entonces, el valor de la multa ya se encontrará
enormemente devaluado.
Con el oligopolio, el mito del mercado se cae
estrepitosamente. No hay competencia efectiva. Es como ponerte de acuerdo con
el equipo rival para “arreglar” el resultado del juego. Claro, los defensores
dirán que los monopolios y oligopolios no están prohibidos, lo cual es cierto;
pero sí deben ser regulados escrupulosamente por el estado. Ejemplo: permitir
la entrada de más administradoras de fondos pensionarios al país ayudaría a
oxigenar una “sana competencia”. No las cuatro o cinco que existen en la
actualidad. Al final se trata de administrar un capital a largo plazo y eso lo
puede hacer cualquier empresa administradora de capitales, no solo las Afp.
De paso deberían regresar las penas privativas de libertad
efectivas para los implicados en casos de colusión económica. Muy al margen de
las multas o reparaciones, la pena privativa efectiva por largos años sería más
disuasiva de cometer estos ilícitos que pagar una multa totalmente
desvalorizada.
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