Por: Eduardo Jiménez J.
@ejj2107
Así las calificó el Secretario General
de la OEA y, chauvinismos nacionalistas aparte, tiene razón. Por lo menos son
atípicas o irregulares, si queremos suavizar los adjetivos.
Todo comienza con la promulgación de la
norma que reforma varios artículos de la ley de los partidos políticos cuando
la convocatoria a elecciones generales ya se había producido. Recordemos que
este cambio de reglas fue a insistencia de los propios congresistas de la
República, los que –literalmente- se hicieron el harakiri, sea por el tema de
las dádivas o del porcentaje mínimo para pasar la valla electoral. Dos partidos
perdieron a sus candidatos, un tercero a su vicepresidente, y varias
agrupaciones políticas no tienen ninguna opción. Todo gracias a la ley que
ellos mismos promulgaron.
El otro responsable fue el JNE y el JEE
de Lima Centro, los que tuvieron criterios interpretativos, primero excluyentes
de candidatos (Guzmán y Acuña), y luego exculpatorios con otros (Keiko, PPK y
Alan). Esas marchas y contramarchas fueron bastante extrañas.
Y el tercero responsable fueron los
propios partidos políticos que incentivaron las exclusiones contra candidatos,
en el supuesto que los iba a beneficiar. Quisieron ganar en mesa y el tiro les
salió al revés.
Algunos abogados y muchos periodistas
creyeron encontrar el nirvana jurídico
en la tautología “la ley es la ley”; obviando que existen una serie de
criterios de aplicación de la norma jurídica, comenzando con el de jerarquía.
No se puede dejar de lado los derechos fundamentales reconocidos en la propia
Constitución Política y tratados internacionales que el Perú ha suscrito sobre
los derechos políticos, sobretodo el de elegir y ser elegido. No se puede
privilegiar “el sellito en el acta” antes que el derecho a participar en la
competencia, y excluir así a un candidato; o, peor aún, castigar con la
exclusión a otro por ofrecer una dádiva económica, cuando el artículo que
impone la sanción es a todas luces desproporcionado e irracional. Precisamente
allí entra a tallar la labor de los magistrados que no son solo “la boca de la
ley”, sino tienen un margen de discrecionalidad para poder resolver. Pero, el
temor a chocar con los poderosos, la obsecuencia de otros o la visión
cortoplacista de la quincena antes que de la historia como decía Javier Valle
Riestra, los hizo actuar de manera errática y timorata.
Las exclusiones de candidatos o
limitaciones para poder participar en una contienda electoral se producen
sobretodo en países con gobiernos autoritarios (caso Venezuela en la región,
Fujimori en los noventa acá) o dictatoriales. En un país con un mediano sistema
democrático no se produce exclusión de candidatos. Por ello la calificación de
elecciones semidemocráticas aludidas por el secretario general de la OEA. Si
nos dejamos de mirar el ombligo, en la región ha causado sorpresa y
consternación el proceder del órgano electoral.
Terminado el proceso se va a tener que
deslindar responsabilidades. Empezando por el pleno del JNE y del JEE de Lima
Centro por el zafarrancho ocasionado del que, con verdadero entusiasmo, han
sido copartícipes. En un gobierno plenamente democrático, con instituciones
sólidas, ya deberían estar poniendo sus cartas de renuncia sobre el escritorio.
Ambos tienen responsabilidades y no se pueden parapetar en que solo “cumplían
con la ley”.
Lo que trae a su vez el rediseño de la
conformación del JNE. Vía reforma constitucional se debe cambiar los criterios
de conformación del JNE. Debe estar conformado por gente especialista en temas
electorales previo concurso público de selección. Carece de sentido que esté
presidido por el representante del Poder Judicial, cuya única experiencia
electoral es saber que en el distrito donde sufraga se implementó el voto electrónico.
Por otra parte, el nuevo Congreso de la
República debe aprobar el proyecto de Código Electoral que por intereses
subalternos quedó encarpetado. Igualmente, las elecciones internas deben estar
supervisadas por la ONPE. Para nadie es un secreto que actualmente el requisito
de la democracia interna lo salvan los partidos con actas que son meros
formalismos. Igualmente se debe ampliar los plazos. No es posible que faltando
pocos días para el sufragio se estén viendo tachas y exclusiones de candidaturas.
Y derogar el dichoso artículo sobre las
dádivas económicas. Hay investigaciones serias que demuestran una casi nula
relación entre dádiva y voto, sobretodo en las elecciones generales. En todo
caso debe graduarse la sanción: multas progresivas solidarias entre el
infractor y el partido político, capacidad coercitiva para el cobro de las
multas y solo las faltas muy graves deben ser sancionadas con la exclusión del
candidato.
El sistema de partidos tal como está no
avanza a ningún lado, mas bien retrocede. Después no nos quejemos de la
aparición de outsiders, de “vientres de alquiler” o que de fuera nos endilguen
calificativos como poco democráticos.
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