Desde Lima vemos muy pero muy distante lo que sucede en la Selva, continente ignoto que conocemos y comprendemos casi nada. Siempre fue así. Desde la Colonia y en la República misma. Era una tierra sin riquezas mineras que extraer y recién a inicios del siglo XX con el caucho, la avidez y la rapiña de algunos hizo volver los ojos al oriente peruano, sustituidos ahora esos depredadores del pasado por las empresas del narcotráfico, con una peligrosa combinación de drogas, dinero, corrupción y armas.
Lo acaecido en Bagua el viernes 5 parece extraído de la novela La guerra del fin del mundo. Fuerzas retrógradas que se resisten a la modernidad, a la “occidentalización de la selva”. Y hasta tendrían su “Consejero” como en la novela de Mario Vargas Llosa, alentando a los nativos a luchar contra el gobierno y todo lo que representa, siendo el mismo poco menos que la personificación del diablo. Arcos y flechas contra fusiles. Arcaísmo versus modernidad. Pero, ¿es así de simple o el asunto es más complejo?
Lo sucedido no pasaría de una comedia de equívocos donde las partes hablan lenguajes distintos, sino fuera por los peruanos muertos a ambos lados. La cifra exacta aún no se conoce y cuando se conozca quizás se sumen a las responsabilidades políticas que el humalismo y el gobierno se achacan mutuamente, las penales. No solo la de dos ministros cuya cabeza se está exigiendo, sino la de los autores mediatos e inmediatos, materiales e intelectuales. Lo que si queda claro es que no podemos ver la tragedia con sectarismo. No hay “malos” absolutos, ni “buenos” que subir a un altar.
Calificar a posteriori los sangrientos sucesos con un “se pudo evitar” suena a chiste de mal gusto. A posteriori, todos, sin excepción, somos estrategas brillantes de batallas ya realizadas. Han existido intereses del gobierno y su bancada congresal en no derogar los decretos cuestionados por el tema del TLC; pero, también ha existido intransigencia por parte de los representantes de los nativos venidos a “dialogar” a Lima. Fue un diálogo de sordos con una cuota de cálculo político por parte del grupo político de Ollanta Humala que quiso pescar a “río revuelto” (y parece que digitado desde Caracas y La Paz). A ello se han sumado ONG’s radicales y medios de comunicación de la región exacerbando el ánimo de los nativos y llamando a una “violencia defensiva” contra la policía y contra la “apropiación” de sus tierras y el agua. Es que cuando se hace un trabajo de “lavado de cabeza” diciéndoles a personas que viven en contacto con su tierra, en una relación casi sagrada, que por los decretos en cuestión se las van a quitar, es como si a usted le dijeran que por una ley del congreso le quitaran su casa de inmediato y sin darle un centavo a cambio. ¿Cómo reaccionaría?
Esto trae a colación una constante en nuestra vida republicana. Las normas legales de todo orden y jerarquía son promulgadas sin consenso de los ciudadanos y sobretodo de los implicados con el efecto que esa norma tendrá en sus vidas. Las leyes se dictan desde Lima sin tomar en consideración la opinión de los afectados.
Una pregunta sencilla: ¿los nativos habrían creído que les iban a quitar sus tierras y privatizar el agua si se hubiera hecho docencia directa con ellos, explicándoles claramente el alcance de esas normas legales? ¿Se buscó, por ejemplo, la participación de antropólogos que conozcan la cultura y costumbres de la zona y sobretodo de clérigos católicos y evangélicos que gozan de gran respeto y credibilidad entre los lugareños de la amazonía? Cuando el gobierno se sentó a dialogar con una cúpula politizada, con agenda propia, fue demasiado tarde y los casi dos meses de bloqueo de las carreteras en el Oriente y la campaña de desinformación de cierta oposición que buscó ganar con el conflicto, terminó en un baño de sangre.
Un poco más de democracia horizontal y no creer que por ser nativo o “chuncho” como despectivamente les decimos los citadinos, no se merecen explicaciones de leyes que directamente les va a afectar su modo de vida. El principio de autoridad no es todo en un gobierno democrático. Es importante, sí; pero importa también evaluar el efecto que una norma legal tendrá en la realidad directa de una comunidad, más cuando se trata de una comunidad con costumbres y cultura totalmente distinta a la nuestra.
Es momento oportuno de “tender la mano” al adversario y un gesto del gobierno y su bancada sería derogando los decretos cuestionados, sin perjuicio de nuestra legislación interna de cara a los tratados comerciales. No importa si son o no son constitucionales. La formalidad legal no es tan importante en estos momentos, sino el mensaje que se de al adversario. La soberbia del vencedor no es buen consejero en política, menos escudarse en resquicios legales, y eso el presidente de la república en persona lo sabe muy bien. Derogar esos decretos sería un gesto de buena voluntad.
También se debe revisar el canon que beneficia más a las ciudades de la selva que a las comunidades nativas. Las comunidades son las más perjudicadas cuando se busca o extrae petróleo o gas en la selva. Se ve perjudicada su caza, que huye despavorida cuando siente la llegada de las máquinas del “hombre blanco”, y se ven perjudicados sus ríos que se envenenan con los residuos tóxicos. Por eso, se debe revisar el canon y que los principales beneficiados sean los que viven en la selva misma, no los citadinos. En otros países ya se ha aplicado ese sistema con buenos resultados, así que no se está inventando nada nuevo.
Y, es hora que los actores políticos maduren. No solo por parte del gobierno (sabemos que Yehude Simon hizo todo lo posible para solucionar el problema, pero no encontró eco en la bancada oficialista), también por parte de la oposición, especialmente de los humalistas. Se requiere madurez y serenidad, no cálculo político de cara al 2011.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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