Por: Eduardo Jiménez J.
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@ejj2107
Los plagios en Perú, así como en otros países de la región, no son mal vistos, ni condenados socialmente. A ello súmenle que para muchos egresados de universidades lo importante es el título profesional o el grado de magíster o doctor, y el escollo que significa obtenerlo, la tesis, una valla a ser saltada usualmente comprando una tesis o recurriendo al copia y pega facilitado por la información que existe en internet. Lo cierto es que no tenemos estudiantes-investigadores, objetivo implícito en la Ley Universitaria.
El problema se ha vuelto recurrente con la fiscalización laxa de las tesis en ciertas universidades públicas o privadas, pese a que ya el turnitín, el software antiplagio, tiene varios años asentado en nuestro país. Algunas casas de estudio (es un decir) están más preocupadas en que el tesista cumpla con formalismos como la “plantilla” de tesis o “el formato Apa” que en el contenido mismo. Las tesis exprés agudizan el problema y el fin que era la generación de conocimientos queda solo en una declaración lírica.
Es verdad que en pocas universidades públicas y privadas sí están más encaminadas en generar nuevos conocimientos que en los formalismos académicos; pero el funcionario público que requiere con urgencia titularse u obtener una maestría o doctorado para ascender no acude a estas sino a las otras. Basta ver en el buscador de Sunedu para saber que muchos de estos funcionarios e incluso profesores de universidades, obtuvieron su título o grado académico en una universidad no licenciada o de baja calidad académica. Incluyo congresistas y ministros de estado.
El problema se complica con la demanda creciente de títulos profesionales, dado que ahora para un trabajo más o menos remunerado la exigencia del diploma es requisito indispensable. Oferta y demanda confluyen. Por ello, el precio (la pensión de enseñanza) es bajo en muchas universidades licenciadas o no. Se sacrifica calidad por cantidad, y es posible pensiones al alcance de los sectores medios y bajos. En la época de la Colonia eran los títulos nobiliarios los que distinguían a una persona, ahora son los títulos profesionales que se han “democratizado”. Basta como botón que en la actualidad el número de agremiados en el Colegio de Abogados de Lima, el más antiguo, bordea los cien mil afiliados, un crecimiento más que geométrico.
La situación se agudiza con aquellos que con pecho inflado vienen con un título obtenido en universidad extranjera, ahora más fácil de conseguir que antaño. Título que muchas veces implica algunas horas del titulado en la casa de estudios foránea (las clases son en línea), una sustentación virtual del tesista y un título de una universidad de dudosa reputación afuera, donde no hay Sunedu o su equivalente, ni control de calidad educativa, pero eso sí, universidad extranjera; y en estas tierras siempre se mira con admiración todo lo foráneo.
El problema aumenta debido a que los títulos “a nombre de la nación” son de por vida. Quien lo obtuvo ya no tiene que demostrar habilidades adquiridas como dicen los educadores. La experiencia no importará mucho, más importa el diploma colgado en la pared. Quizás es hora de ir pensando en dar la licencia que confiere el título por un tiempo limitado y someterla a evaluaciones periódicas. El mercado de tesis perdería clientes y de repente lo ganan las academias de titulación que aparecerían por aquí y por allá; pero no hay soluciones integrales.
Veo difícil que el problema se solucione en corto plazo. El problema más que de leyes es cultural. Una sociedad promiscua con apropiarse de la propiedad intelectual de otros difícilmente tendrá aportes originales al conocimiento. La “cultura de la pendejada” es más fuerte que cualquier ley por más draconiana que fuese, donde un “cartón” es solo un medio para ascender de estatus o mejorar en algo el sueldo diario y se obtiene cueste lo que cueste.
