El artículo de Paul Krugman que sigue a continuación ilustra muy bien cómo funciona el “capitalismo de casino y timba” en que se ha convertido Wall Street y que fue causante directo de la crisis financiera del año 2008.
EJJ
SAQUEADORES BIEN VESTIDOS Paul Krugman
Recuerdo que en octubre pasado vi una caricatura de Mike Peters en la que un profesor le pide a un alumno que forme una oración con el verbo “sack” (que significa saquear, es decir, cometer pillaje) y el alumno responde, “Goldman Sachs”.
Es cierto, la semana pasada la Securities and Exchange Commission (SEC) acusó a los muchachos bien vestidos de Goldman Sachs de haber incurrido en lo que resultó ser un saqueo con saco y corbata.
Estoy usando el termino “saqueo” en el sentido definido por los economistas George Akerlof y paul Romer en un articulo de 1993 titulado “Saqueo: el submundo económico de entrar en bancarrota para ganar dinero”. Ese articulo, escrito en las postrimerías de la crisis de ahorros y prestamos de los años Reagan, argumentó que muchas de las perdidas de dicha crisis fueron el resultado de fraudes deliberados.
Rol del fraude
¿Ocurrió lo mismo con la actual crisis financiera?
La mayor parte de la discusión en torno al rol del fraude en esta crisis se ha enfocado en dos formas de engaño: el crédito predatorio y las fallas en la representación de los riesgos. Claramente, algunos deudores fueron convencidos de tomar prestamos complejos y caros cuyos términos y condiciones no comprendían –un proceso que fue facilitado por los reguladores federales de la era Bush, quienes fracasaron en detener el crédito abusivo y en evitar que los estados tomen acciones por su cuenta. Y en su mayoría, los bancos que otorgaron las hipotecas subprime no mantuvieron esas acreencias sino que las vendieron a inversionistas, en algunos casos sabiendo que el potencial de perdidas futuras era superior de que lo que pensaba la gente que las adquirió (o los valores que las respaldaban).
Lo que estamos presenciando ahora son acusaciones de una tercera forma de fraude. Ya sabemos que Goldman Sachs y otras compañías mercadearon las hipotecas respaldadas por valores negociables incluso buscando hacer ganancias al dejar que las cotizaciones de tales valores se desplomasen. No obstante y pese a que esta practica era reprensible, no era ilegal. Pero ahora la SEC está acusando a Goldman Sachs de haber creado y mercadeado valores que deliberadamente fueron diseñados para fracasar de modo tal que algún cliente importante pudiera hacer dinero con esas operaciones. Yo llamaría a eso saqueo.
Y Goldman Sachs no es la única entidad financiera acusada de hacerlo. De acuerdo con el sitio web de periodismo de investigación Prepublica, ganador del premio Pulitzer, un número de bancos ayudaron a mercadear esas inversiones diseñadas para fracasar a nombre del fondo de inversión Magnetar, el cual estaba apostando a que dichas caídas sucedieran.
Entonces, ¿Qué rol jugó el fraude en la crisis financiera? Ni el crédito predatorio ni la venta de hipotecas la causaron. Pero de hecho la empeoraron puesto que ayudaron a inflar la burbuja inmobiliaria y crearon un conjunto de activos que se convirtieron en desperdicios tóxicos cuando la burbuja estalló.
Inversiones para fracasar
En cuanto a la presunta creación de inversiones diseñadas para fracasar, estas deben haber magnificado las perdidas de los bancos que estaban en el lado acreedor de estas operaciones, profundizando la crisis bancaria, que luego transformó la burbuja inmobiliaria en una catástrofe económica.
La pregunta es obvia es saber si una reforma financiera, del tipo que actualmente esta siendo considerada en el Congreso estadounidense, hubiera evitado algo o todo el fraude que parece haber florecido durante la década pasada. Y la respuesta es afirmativa.
En primer lugar, un buró independiente para la protección al consumidor pudo haber ayudado a limitar el crédito predatorio. Otra provisión en el proyecto de ley del Senado, que obliga a los prestadores a retener el 5% del valor de los préstamos que otorgan, hubiese limitado la práctica de otorgar préstamos malos y venderlos rápidamente a inversionistas desprevenidos.
Con respecto a la reforma de los instrumentos derivados –que en general incluye la exigencia de que los swaps sobre créditos vencidos sean negociados de forma abierta y transparente, tal como ocurre con las acciones y los bonos- es menor claro que hubiera evitado los presuntos abusos de Goldman Sachs (aunque probablemente hubiese evitado que la aseguradora AIG se descontrolase y requiriese del rescate del Gobierno). Lo que se puede señalar es que lo mejor hubiese sido que el borrador final de la reforma financiera incluyera medidas que evitasen este tipo de saqueo. En particular, debería bloquear la creación de los instrumentos llamados “CDO sintéticos”, que son una mezcla de swaps de créditos vencidos que permiten a los inversionistas apostar a grandes ganancias sobre activos sin que estos les pertenezcan.
La principal moraleja que se debería sacar de los cargos en contra del Goldman Sachs, empero, no incluye la “letra pequeña” de la reforma sino la urgente necesidad de cambiar Wall Street. Al escuchar a los lobbystas del sector financiero y a los políticos del partido Republicano que forman parte de su corrillo, uno pensaría que todo estará bien siempre y cuando el Gobierno prometa que no hará más rescates. Pero eso es completamente falso y no solo porque tal promesa no seria creíble.
“La semana pasada la Securities and Exchange Commission (SEC) acusó a los muchachos bien vestidos de Goldman Sachs de haber incurrido en lo que resultó ser un saqueo con saco y corbata”.
El hecho es que mucho del sistema financiero se ha convertido en un juego en el que un puñado de gente recibe sueldos esplendidos por engañar y explotar a consumidores e inversionistas. Y si no reducimos el boom de estas practicas, ese juego continuará.
Fuente: Diario Gestión (21/04/10)
Tuesday, June 29, 2010
Tuesday, June 22, 2010
LAS UNIVERSIDADES BASURA (Y LAS FACULTADES BASURA): A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE CERRAR LAS FACULTADES DE DERECHO
A raíz del descubrimiento de los vínculos políticos y judiciales de una conocida universidad que opera en todo el país, ha suscitado se cuestione en general a todas las universidades creadas recientemente, y en especial a las facultades de derecho, consideradas como “fábricas” de malos profesionales en la abogacía. Incluso un colega, jacobino por naturaleza, exhortó iracundo por ahí, cual arenga de guerra, “a parar las fábricas de derecho”, y hasta el presidente de la república terció en el debate proponiendo un proyecto de ley destinado a la no creación de más universidades hasta que las existentes sean debidamente acreditadas. Por otra parte circula entre los padres de la patria un proyecto para “prohibir” más facultades de derecho. Pero, ¿esa es la solución al problema?
Antes que nada debemos ver si la demanda de educación se encuentra cubierta por el total de oferta universitaria existente y, de ser positivo, si “prohibirse” la creación de más universidades y, por extensión, facultades de derecho sería lo más adecuado.
Veamos.
Para nadie es un secreto que la cantidad de universidades en el Perú obedece a la facilidad permitida por el decreto legislativo 882, posibilitando la creación indiscriminada de variopintos centros de enseñanza tanto en Lima como en distintas provincias. Pero el hoy satanizado decreto permitió en su momento aumentar la oferta educativa, rompiendo en su momento un “tabú”: el lucro perseguido por los promotores de centros educativos. Creer que antes de la dación del D.L. 882 los promotores actuaban altruistamente, buscando únicamente satisfacer el ansia de educación de miles de jóvenes que egresan de la secundaria, es no querer ver una realidad o, peor aún, tapar el sol con un dedo. La ley fue buena en su momento, pero no existieron los controles adecuados para que el estado regule la calidad educativa, sea de universidades públicas o privadas, “antiguas” o “modernas”. Se les dejó nacer y crecer sin que los organismos encargados de supervisar ese desarrollo cumplieran su función.
Naturalmente, “la mano invisible del mercado” no arregló las cosas y luego vinieron los problemas que hoy lamentamos.
También hay un detalle que escapa a los análisis efectuados y es más económico y social que legal: la creciente oferta de nuevas universidades nace de una demanda insatisfecha de jóvenes que no pueden acceder a las universidades “antiguas” o de “prestigio” sea por la lejanía de sus centros de enseñanza o por cuestión de costos y elitización de los ingresantes, segregando de esa manera a miles de estudiantes que terminan la secundaria y quieren acceder a la educación superior (término asociado a “universidad” y este a “prestigio” y “movilidad social”). De no existir esa demanda insatisfecha difícilmente tendríamos tantas universidades funcionando hoy en nuestro país, algunas precisamente en los conos de Lima, donde se gesta la nueva clase media.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿la prohibición de nuevas universidades o de facultades de derecho solucionará el problema? El sentido común me dice que no. De prohibirse nuevas universidades, las ya existentes tendrían un mercado cautivo y subirían sus precios frente a una creciente demanda insatisfecha (que las nacionales no podrían satisfacer por limitaciones en su capacidad operativa), siendo el remedio peor que la enfermedad. Quienes ganarían serían estas universidades y las autoridades que las administran. Se generaría una situación de “mercantilismo”, de “mercado cautivo”, donde el consumidor (el estudiante) no tendría mucho de donde escoger.
El asunto va más por la debida acreditación de las universidades, tanto “nuevas” como “antiguas”, así como de las facultades, incluyendo las de derecho. Es decir si cuentan con la infraestructura y adecuada plana docente para operar. Para ello no se necesita una nueva ley, ya que existe la misma, sino voluntad política de los obligados a llevar a cabo la acreditación. Y acá viene el problema. La institución que debería acreditar depende de la Asamblea Nacional de Rectores, vale decir depende de las mismas universidades que deberían ser fiscalizadas, convirtiéndose el órgano encargado en juez y parte. Por eso “la desidia” en llevar a cabo el control de calidad, muchas de las universidades existentes quedarían mal paradas. Ninguna universidad peruana está entre las cien mejores del mundo, ni la decana de América ni la misma PUCP, esta última pese al nivel académico que posee; y, valgan verdades aunque duelan, ningún profesor de ninguna universidad “antigua” o de “prestigio” se ha destacado por publicaciones que vayan más allá de sus recintos académicos, menos por tener algún aporte nuevo a la ciencia y tecnología. Así estamos.
Por otra parte, se debería ser más riguroso en la admisión de alumnos, en la selectividad de los ingresantes. Generalmente en las universidades privadas por cuestiones de lucro ingresan “casi todos”, lo que origina que muchos alumnos no se encuentren preparados emocional, sicológica, mental o racionalmente para seguir una determinada carrera profesional. Como dice el viejo dicho “lo que natura no da, Salamanca no lo presta”. Esto trae también problemas en la enseñanza, por el “apiñamiento” en una sola aula de setenta u ochenta alumnos de dispar capacidad (aunque en las universidades nacionales, al revés de las privadas, el “apiñamiento” obedece a cuestiones de presupuesto), lo cual es antipedagógico desde cualquier punto de vista.
También debería existir información más trasparente de las universidades, no solo de los costos de enseñanza, sino de su propia calidad intrínseca: plana docente, infraestructura, malla curricular, forma de obtener el título profesional (en algunas solo “se pasa por caja” para obtener el título) y, por supuesto, metodología de enseñanza y laboratorios. Trasparencia e información para que el estudiante pueda tomar una decisión más razonable.
Dentro de la práctica profesional he podido conocer a abogados muy buenos que procedían de universidades “humildes”, sin mucho relumbrón, y abogados mediocres de universidades de “prestigio”, cumpliéndose el viejo refrán que dice “el hábito no hace al monje”. Ya no hablemos de la calidad ética del profesional, la integridad moral que debe tener, algo que interesadamente o no se olvida en este debate.
En el caso particular de derecho, la calidad educativa también se vería contrastada con un examen tipo para todos los que quieran optar por la titulación o la colegiatura. Allí se vería quiénes son buenos. Y debería, de paso, eliminarse el bachillerato, etapa actualmente inútil en todo sentido. Claro está que este examen lo debería tomar alguna institución neutral, libre de cualquier interés (y no pienso ni siquiera en mi colegio profesional, el Colegio de Abogados de Lima, que muchas veces exhibe la tentación del más puro mercantilismo).
Asimismo, los propios profesionales del derecho deberían someterse a evaluaciones periódicas para ver como andan en derecho (o si están medio torcidos), aparte que cada colegio profesional debería publicar en su página web el currículo del agremiado, medida que daría transparencia de las bondades o defectos del letrado que se contrata y no pasar gato por liebre como sucede actualmente.
Lo sensato sería que el órgano encargado de la acreditación no dependa de las propias universidades, sino sea un órgano autónomo y privado de preferencia a fin de evitar las interferencias políticas. Siendo estrictos en la creación de nuevas universidades, acreditando en regla a las ya existentes, con información trasparente y seleccionando mejor a los ingresantes, permitirá que mejore la calidad educativa y evitaremos presenciar casos como universidades operando en un garaje, profesores con títulos de dudosa procedencia o alumnos que a mitad de carrera no distinguen términos tan simples como demanda y reconvención. ¿Se hará ese cambio?
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Antes que nada debemos ver si la demanda de educación se encuentra cubierta por el total de oferta universitaria existente y, de ser positivo, si “prohibirse” la creación de más universidades y, por extensión, facultades de derecho sería lo más adecuado.
Veamos.
Para nadie es un secreto que la cantidad de universidades en el Perú obedece a la facilidad permitida por el decreto legislativo 882, posibilitando la creación indiscriminada de variopintos centros de enseñanza tanto en Lima como en distintas provincias. Pero el hoy satanizado decreto permitió en su momento aumentar la oferta educativa, rompiendo en su momento un “tabú”: el lucro perseguido por los promotores de centros educativos. Creer que antes de la dación del D.L. 882 los promotores actuaban altruistamente, buscando únicamente satisfacer el ansia de educación de miles de jóvenes que egresan de la secundaria, es no querer ver una realidad o, peor aún, tapar el sol con un dedo. La ley fue buena en su momento, pero no existieron los controles adecuados para que el estado regule la calidad educativa, sea de universidades públicas o privadas, “antiguas” o “modernas”. Se les dejó nacer y crecer sin que los organismos encargados de supervisar ese desarrollo cumplieran su función.
Naturalmente, “la mano invisible del mercado” no arregló las cosas y luego vinieron los problemas que hoy lamentamos.
También hay un detalle que escapa a los análisis efectuados y es más económico y social que legal: la creciente oferta de nuevas universidades nace de una demanda insatisfecha de jóvenes que no pueden acceder a las universidades “antiguas” o de “prestigio” sea por la lejanía de sus centros de enseñanza o por cuestión de costos y elitización de los ingresantes, segregando de esa manera a miles de estudiantes que terminan la secundaria y quieren acceder a la educación superior (término asociado a “universidad” y este a “prestigio” y “movilidad social”). De no existir esa demanda insatisfecha difícilmente tendríamos tantas universidades funcionando hoy en nuestro país, algunas precisamente en los conos de Lima, donde se gesta la nueva clase media.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿la prohibición de nuevas universidades o de facultades de derecho solucionará el problema? El sentido común me dice que no. De prohibirse nuevas universidades, las ya existentes tendrían un mercado cautivo y subirían sus precios frente a una creciente demanda insatisfecha (que las nacionales no podrían satisfacer por limitaciones en su capacidad operativa), siendo el remedio peor que la enfermedad. Quienes ganarían serían estas universidades y las autoridades que las administran. Se generaría una situación de “mercantilismo”, de “mercado cautivo”, donde el consumidor (el estudiante) no tendría mucho de donde escoger.
El asunto va más por la debida acreditación de las universidades, tanto “nuevas” como “antiguas”, así como de las facultades, incluyendo las de derecho. Es decir si cuentan con la infraestructura y adecuada plana docente para operar. Para ello no se necesita una nueva ley, ya que existe la misma, sino voluntad política de los obligados a llevar a cabo la acreditación. Y acá viene el problema. La institución que debería acreditar depende de la Asamblea Nacional de Rectores, vale decir depende de las mismas universidades que deberían ser fiscalizadas, convirtiéndose el órgano encargado en juez y parte. Por eso “la desidia” en llevar a cabo el control de calidad, muchas de las universidades existentes quedarían mal paradas. Ninguna universidad peruana está entre las cien mejores del mundo, ni la decana de América ni la misma PUCP, esta última pese al nivel académico que posee; y, valgan verdades aunque duelan, ningún profesor de ninguna universidad “antigua” o de “prestigio” se ha destacado por publicaciones que vayan más allá de sus recintos académicos, menos por tener algún aporte nuevo a la ciencia y tecnología. Así estamos.
Por otra parte, se debería ser más riguroso en la admisión de alumnos, en la selectividad de los ingresantes. Generalmente en las universidades privadas por cuestiones de lucro ingresan “casi todos”, lo que origina que muchos alumnos no se encuentren preparados emocional, sicológica, mental o racionalmente para seguir una determinada carrera profesional. Como dice el viejo dicho “lo que natura no da, Salamanca no lo presta”. Esto trae también problemas en la enseñanza, por el “apiñamiento” en una sola aula de setenta u ochenta alumnos de dispar capacidad (aunque en las universidades nacionales, al revés de las privadas, el “apiñamiento” obedece a cuestiones de presupuesto), lo cual es antipedagógico desde cualquier punto de vista.
También debería existir información más trasparente de las universidades, no solo de los costos de enseñanza, sino de su propia calidad intrínseca: plana docente, infraestructura, malla curricular, forma de obtener el título profesional (en algunas solo “se pasa por caja” para obtener el título) y, por supuesto, metodología de enseñanza y laboratorios. Trasparencia e información para que el estudiante pueda tomar una decisión más razonable.
Dentro de la práctica profesional he podido conocer a abogados muy buenos que procedían de universidades “humildes”, sin mucho relumbrón, y abogados mediocres de universidades de “prestigio”, cumpliéndose el viejo refrán que dice “el hábito no hace al monje”. Ya no hablemos de la calidad ética del profesional, la integridad moral que debe tener, algo que interesadamente o no se olvida en este debate.
En el caso particular de derecho, la calidad educativa también se vería contrastada con un examen tipo para todos los que quieran optar por la titulación o la colegiatura. Allí se vería quiénes son buenos. Y debería, de paso, eliminarse el bachillerato, etapa actualmente inútil en todo sentido. Claro está que este examen lo debería tomar alguna institución neutral, libre de cualquier interés (y no pienso ni siquiera en mi colegio profesional, el Colegio de Abogados de Lima, que muchas veces exhibe la tentación del más puro mercantilismo).
Asimismo, los propios profesionales del derecho deberían someterse a evaluaciones periódicas para ver como andan en derecho (o si están medio torcidos), aparte que cada colegio profesional debería publicar en su página web el currículo del agremiado, medida que daría transparencia de las bondades o defectos del letrado que se contrata y no pasar gato por liebre como sucede actualmente.
Lo sensato sería que el órgano encargado de la acreditación no dependa de las propias universidades, sino sea un órgano autónomo y privado de preferencia a fin de evitar las interferencias políticas. Siendo estrictos en la creación de nuevas universidades, acreditando en regla a las ya existentes, con información trasparente y seleccionando mejor a los ingresantes, permitirá que mejore la calidad educativa y evitaremos presenciar casos como universidades operando en un garaje, profesores con títulos de dudosa procedencia o alumnos que a mitad de carrera no distinguen términos tan simples como demanda y reconvención. ¿Se hará ese cambio?
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, June 15, 2010
EL OBSERVADOR QUERELLADO
Nunca pensé que este humilde blog podría causar las iras de algún grupo de poder o de ciertas personas con espíritu poco democrático.
El jueves 10 de Junio llegó a mi domicilio particular una notificación en la cual daban cuenta de una querella interpuesta por los señores Miguel Fort Barcelli, Percy Valdivia Herrera y Michel Fort Valdez contra mi persona y contra el administrador del portal de Perublog (53º Juzgado Penal de Lima, Exp. Nº 14157-2010-0-1801-JR-PE-53) por el presunto delito contra el honor – Injuria y Difamación agravada.
El juez de la causa decidió no admitir a trámite la demanda de difamación por un hecho evidente y que los propios querellantes admiten: jamás ni el suscrito ni el administrador del portal los difamaron ni a ellos ni a la institución que representan, la Sociedad Francesa de Beneficencia, ni el centro médico que administra, la famosa red hospitalaria Maison de Santé.
Todo empezó cuando un autodenominado grupo de trabajadores de la clínica Maison de Santé procede a remitir denuncias al blog El Observador –concretamente al artículo La Sunat comienza a cobrar. http://elobservador.perublog.net/2009/09/29/la-sunat-comienza-a-cobrar#comments- sobre graves irregularidades de varios directivos de la aludida clínica. Considerando el derecho constitucional a la libertad de expresión y de información se dio cabida a las denuncias haciendo la salvedad que la clínica o sus representantes tenían todo el derecho para efectuar los descargos correspondientes. Sin embargo, más allá de la sana voluntad de ejercer el derecho a la réplica por parte de los representantes de la clínica Maison de Santé o de quien se considere afectado, optaron más bien por exigir, primero cortésmente y luego de manera manifiestamente prepotente e intimidatoria, a este servidor y al administrador del blog a fin que eliminemos los post remitidos sobre las denuncias acerca de supuestos malos manejos en la Maison de Santé. El administrador del portal en un primer momento “arrugó” y eliminó algunos comentarios –joven al fin en estos menesteres-, pero como yo me negué y los volví a reponer vino la presente querella a fin que un juez “ordene” su eliminación y “sancione” a este servidor y a los involucrados. La justicia usada como instrumento de coerción personal.
En otras palabras, quisieron censurarnos.
Creo que cualquiera hubiera aprovechado la oportunidad que se dio a los querellantes para usar su derecho a la réplica. No lo hicieron, sino que optaron por la imposición vertical, la prepotencia y la intimidación. “Te callas o te callo”, lo cual no dice nada bien de la existencia de un espíritu democrático y tolerante, sino todo lo contrario. Lo razonable en este tipo de denuncias es aclararlas, “bajar al llano”, explicar su punto de vista, no exigir la censura o el silenciamiento de la denuncia, lo cual hasta puede ser motivo de suspicacia, dadas las circunstancias del caso. No se qué pensarán los directivos de la Sociedad de Beneficencia Francesa sobre la actitud de amedrentamiento de los querellantes, considerando que Francia fue la cuna de la libertad y los derechos del ciudadano en el mundo moderno.
Soy de los pocos blogueros que firman con su nombre real los artículos que sube a la red. Es parte de la transparencia que debe existir, y lo seguiremos haciendo a pesar de las futuras denuncias que se puedan presentar en nuestra contra. En fin, en este blog tendrá tribuna cualquiera que quiera expresar su punto de vista, sin censuras, incluyendo a los querellantes cuando lo estimen conveniente. Estamos en un estado democrático de derecho y, por propia definición y naturaleza, en este tipo de estado no caben las censuras ni las intimidaciones, menos los recortes a la libertad de expresión e información.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
El jueves 10 de Junio llegó a mi domicilio particular una notificación en la cual daban cuenta de una querella interpuesta por los señores Miguel Fort Barcelli, Percy Valdivia Herrera y Michel Fort Valdez contra mi persona y contra el administrador del portal de Perublog (53º Juzgado Penal de Lima, Exp. Nº 14157-2010-0-1801-JR-PE-53) por el presunto delito contra el honor – Injuria y Difamación agravada.
El juez de la causa decidió no admitir a trámite la demanda de difamación por un hecho evidente y que los propios querellantes admiten: jamás ni el suscrito ni el administrador del portal los difamaron ni a ellos ni a la institución que representan, la Sociedad Francesa de Beneficencia, ni el centro médico que administra, la famosa red hospitalaria Maison de Santé.
Todo empezó cuando un autodenominado grupo de trabajadores de la clínica Maison de Santé procede a remitir denuncias al blog El Observador –concretamente al artículo La Sunat comienza a cobrar. http://elobservador.perublog.net/2009/09/29/la-sunat-comienza-a-cobrar#comments- sobre graves irregularidades de varios directivos de la aludida clínica. Considerando el derecho constitucional a la libertad de expresión y de información se dio cabida a las denuncias haciendo la salvedad que la clínica o sus representantes tenían todo el derecho para efectuar los descargos correspondientes. Sin embargo, más allá de la sana voluntad de ejercer el derecho a la réplica por parte de los representantes de la clínica Maison de Santé o de quien se considere afectado, optaron más bien por exigir, primero cortésmente y luego de manera manifiestamente prepotente e intimidatoria, a este servidor y al administrador del blog a fin que eliminemos los post remitidos sobre las denuncias acerca de supuestos malos manejos en la Maison de Santé. El administrador del portal en un primer momento “arrugó” y eliminó algunos comentarios –joven al fin en estos menesteres-, pero como yo me negué y los volví a reponer vino la presente querella a fin que un juez “ordene” su eliminación y “sancione” a este servidor y a los involucrados. La justicia usada como instrumento de coerción personal.
En otras palabras, quisieron censurarnos.
Creo que cualquiera hubiera aprovechado la oportunidad que se dio a los querellantes para usar su derecho a la réplica. No lo hicieron, sino que optaron por la imposición vertical, la prepotencia y la intimidación. “Te callas o te callo”, lo cual no dice nada bien de la existencia de un espíritu democrático y tolerante, sino todo lo contrario. Lo razonable en este tipo de denuncias es aclararlas, “bajar al llano”, explicar su punto de vista, no exigir la censura o el silenciamiento de la denuncia, lo cual hasta puede ser motivo de suspicacia, dadas las circunstancias del caso. No se qué pensarán los directivos de la Sociedad de Beneficencia Francesa sobre la actitud de amedrentamiento de los querellantes, considerando que Francia fue la cuna de la libertad y los derechos del ciudadano en el mundo moderno.
Soy de los pocos blogueros que firman con su nombre real los artículos que sube a la red. Es parte de la transparencia que debe existir, y lo seguiremos haciendo a pesar de las futuras denuncias que se puedan presentar en nuestra contra. En fin, en este blog tendrá tribuna cualquiera que quiera expresar su punto de vista, sin censuras, incluyendo a los querellantes cuando lo estimen conveniente. Estamos en un estado democrático de derecho y, por propia definición y naturaleza, en este tipo de estado no caben las censuras ni las intimidaciones, menos los recortes a la libertad de expresión e información.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, June 08, 2010
DERECHOS DE PROPIEDAD A LOS NATIVOS: A UN AÑO DE BAGUA
La propuesta de Hernando de Soto de conceder derechos de propiedad a los nativos amazónicos aplica las ideas de El otro sendero y El misterio del capital, es decir individualizar la propiedad y hacer a cada uno responsable por la misma. Para ello, naturalmente, se requiere que el Estado otorgue los títulos respectivos a fin que los nativos amazónicos tengan todos los derechos consustanciales a la propiedad, incluyendo la enajenación (venta) y pactar libremente acuerdos contractuales con terceros.
Evidentemente la propuesta busca insertarlos en la economía de mercado, “occidentalizarlos”, a contrapelo de la visión idílica del “buen salvaje”, de suerte de “paraíso natural” de inspiración roussoniana que sobre los nativos tienen todavía ciertas ONG y algunas personas de buena fe, buscando “no se contaminen” con el “occidente capitalista”.
Pero, el asunto es si la sola “privatización” de los recursos naturales a favor de los nativos resuelve el problema de “futuros Baguas”. Creo que no, creo que la idea es bastante simplista, como la propuesta de convertir a los clubes deportivos en sociedades anónimas para acabar con las barras bravas.
Si bien es necesario que los nativos cuenten con un título de propiedad sobre los recursos naturales, con lo cual podrían disponer de estos libremente, tenemos también que recordar que los recursos naturales del subsuelo (gas, petróleo, minerales) en teoría pertenecen a todos los peruanos y, guste o no, el estado debería intervenir en los acuerdos a que arriben nativos y potenciales empresas interesadas en la explotación.
Más allá de las figuras contractuales, la idea es que en lo económico parte de esos recursos generados por la explotación vayan directamente a las comunidades, sin intermediarios de ninguna especie, sea gobierno central, regional o local, a fin que los propios pobladores reciban el beneficio económico y lo puedan invertir en lo que consideren más adecuado a su comunidad, ello unido a otorgarles en el plano político una autonomía que les permita administrar sus propios recursos.
Lo que conlleva la necesaria consulta a los propios naturales sobre la decisión de explotar recursos no renovables dentro de su hábitat. Aunque en esta época de voraz capitalismo, formal o informal, y con un estado que no cumple ni siquiera medianamente sus funciones, quizás a los nativos no les quede más remedio que “occidentalizarse” en el sentido de aprovechar esa “corriente” pro amazonía que existe, o quedar fuera del juego y resignarse a deambular en la pobreza más extrema.
El punto no es tanto dejarlos en esa especie de “comunismo primitivo” como todavía son vistos, ni verlos como seres subnormales o desvalidos, muchos menos “privatizar” totalmente los recursos naturales que usufructúan, sino un régimen mixto que, cuidando el ecosistema, beneficie a todos: propiedad privada sí, pero acompañada de una regulación activa del estado (para lo cual se requerirá un “paquete” de modificatorias a distintas leyes, incluyendo el Código Civil), cuidando y preservando el medio ambiente y, en el medio, una adecuada administración del dinero que genere ese nuevo “contrato social”.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Evidentemente la propuesta busca insertarlos en la economía de mercado, “occidentalizarlos”, a contrapelo de la visión idílica del “buen salvaje”, de suerte de “paraíso natural” de inspiración roussoniana que sobre los nativos tienen todavía ciertas ONG y algunas personas de buena fe, buscando “no se contaminen” con el “occidente capitalista”.
Pero, el asunto es si la sola “privatización” de los recursos naturales a favor de los nativos resuelve el problema de “futuros Baguas”. Creo que no, creo que la idea es bastante simplista, como la propuesta de convertir a los clubes deportivos en sociedades anónimas para acabar con las barras bravas.
Si bien es necesario que los nativos cuenten con un título de propiedad sobre los recursos naturales, con lo cual podrían disponer de estos libremente, tenemos también que recordar que los recursos naturales del subsuelo (gas, petróleo, minerales) en teoría pertenecen a todos los peruanos y, guste o no, el estado debería intervenir en los acuerdos a que arriben nativos y potenciales empresas interesadas en la explotación.
Más allá de las figuras contractuales, la idea es que en lo económico parte de esos recursos generados por la explotación vayan directamente a las comunidades, sin intermediarios de ninguna especie, sea gobierno central, regional o local, a fin que los propios pobladores reciban el beneficio económico y lo puedan invertir en lo que consideren más adecuado a su comunidad, ello unido a otorgarles en el plano político una autonomía que les permita administrar sus propios recursos.
Lo que conlleva la necesaria consulta a los propios naturales sobre la decisión de explotar recursos no renovables dentro de su hábitat. Aunque en esta época de voraz capitalismo, formal o informal, y con un estado que no cumple ni siquiera medianamente sus funciones, quizás a los nativos no les quede más remedio que “occidentalizarse” en el sentido de aprovechar esa “corriente” pro amazonía que existe, o quedar fuera del juego y resignarse a deambular en la pobreza más extrema.
El punto no es tanto dejarlos en esa especie de “comunismo primitivo” como todavía son vistos, ni verlos como seres subnormales o desvalidos, muchos menos “privatizar” totalmente los recursos naturales que usufructúan, sino un régimen mixto que, cuidando el ecosistema, beneficie a todos: propiedad privada sí, pero acompañada de una regulación activa del estado (para lo cual se requerirá un “paquete” de modificatorias a distintas leyes, incluyendo el Código Civil), cuidando y preservando el medio ambiente y, en el medio, una adecuada administración del dinero que genere ese nuevo “contrato social”.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, June 01, 2010
LORI LIBERADA
La polémica seguida tras la excarcelación de la terrorista Lori Berenson iba a repercutir no solo en el mundo político –con los intereses en pro o en contra de usar el pretexto de la liberación- sino en la propia sociedad, por la reminiscencia que trae la controvertida activista del MRTA.
Si bien desde el punto de vista judicial la excarcelación se ha producido conforme a una legislación del gobierno anterior mucho más benévola con los sentenciados a terrorismo, fruto de las recomendaciones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, es en el plano social donde su liberación causa malestar. No solo por el distrito elegido como lugar de residencia (Miraflores), que recuerda el sangriento atentado en Tarata, sino por el natural rechazo de los vecinos, muchos de la generación que tiene grabada en la memoria los asesinatos selectivos y secuestros del grupo al que perteneció la Berenson.
Por tanto ese sentimiento de rechazo de los vecinos a su permanencia no es tanto a ella, sino a lo que representa, a los años de terror y odio desatados por SL y el MRTA. Es un efecto de la propia prédica y accionar de ambos grupos terroristas.
Nadie niega el derecho a rehacer su vida. Todos, absolutamente todos, tenemos ese derecho, una suerte de segunda oportunidad en nuestra existencia. Es muy difícil que luego de quince años de reclusión Lori Berenson mantenga su credo como el día de la captura. Basta ver los videos de aquellos años donde se aprecia a una Lori desafiante, hasta un tanto despectiva y arrogante, con los de ahora, donde parece más la madre de aquella muchacha que la propia activista del MRTA. Kilos de menos, arrugas de más y unos anteojos que no ocultan un vía crucis interno que suponemos debe lamentar. Es que la cárcel cambia al más pintado.
Obviamente que esa segunda oportunidad que tanto la sociedad como el estado conceden a un recluso por terrorismo, no significa caer en la ingenuidad de no hacer nada, de mantenerse inactivo el estado, sino todo lo contrario, significa labor de seguimiento a los liberados, labor de inteligencia, gracias a la cual se pudo derrotar al terror.
Quizás lo mejor en su caso (recordemos que se trata de una ciudadana extranjera) sea la conmutación del resto de su pena y expulsarla del país por indeseable, algo que al parecer se habría acordado entre el gobierno y la sentenciada.
Políticamente su liberación puede ser usada por los fujimoristas como “caballito de guerra” teniendo de norte las próximas elecciones presidenciales, dado que fue bajo el gobierno de Fujimori que se produjo su captura, así como de los principales mandos de SL y el MRTA. Ese “cuco” puede ser bien aprovechado por Keiko y sus seguidores, con mayor razón si se vienen más excarcelaciones de terroristas. Conciente o inconcientemente les han dado un precioso regalo a los seguidores del color naranja.
No obstante debemos tener en cuenta que en los próximos años muchos sentenciados por terrorismo saldrán libres por el cumplimiento de sus condenas. Uno de ellos es Maritza Garrido Lecca, que el 2012 saldrá en libertad sin beneficios. Osman Morote y otros líderes más de SL y el MRTA le seguirán los pasos.
Justamente el problema son los demás casos que muy pronto vamos a presenciar, unos por cumplimiento de condenas y otros por beneficios penitenciarios, utilizando los mecanismos legales del sistema “burgués” que tanto despreciaron en su praxis, por lo que el estado de derecho deberá tomar las medidas necesarias con cautela y firmeza.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Si bien desde el punto de vista judicial la excarcelación se ha producido conforme a una legislación del gobierno anterior mucho más benévola con los sentenciados a terrorismo, fruto de las recomendaciones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, es en el plano social donde su liberación causa malestar. No solo por el distrito elegido como lugar de residencia (Miraflores), que recuerda el sangriento atentado en Tarata, sino por el natural rechazo de los vecinos, muchos de la generación que tiene grabada en la memoria los asesinatos selectivos y secuestros del grupo al que perteneció la Berenson.
Por tanto ese sentimiento de rechazo de los vecinos a su permanencia no es tanto a ella, sino a lo que representa, a los años de terror y odio desatados por SL y el MRTA. Es un efecto de la propia prédica y accionar de ambos grupos terroristas.
Nadie niega el derecho a rehacer su vida. Todos, absolutamente todos, tenemos ese derecho, una suerte de segunda oportunidad en nuestra existencia. Es muy difícil que luego de quince años de reclusión Lori Berenson mantenga su credo como el día de la captura. Basta ver los videos de aquellos años donde se aprecia a una Lori desafiante, hasta un tanto despectiva y arrogante, con los de ahora, donde parece más la madre de aquella muchacha que la propia activista del MRTA. Kilos de menos, arrugas de más y unos anteojos que no ocultan un vía crucis interno que suponemos debe lamentar. Es que la cárcel cambia al más pintado.
Obviamente que esa segunda oportunidad que tanto la sociedad como el estado conceden a un recluso por terrorismo, no significa caer en la ingenuidad de no hacer nada, de mantenerse inactivo el estado, sino todo lo contrario, significa labor de seguimiento a los liberados, labor de inteligencia, gracias a la cual se pudo derrotar al terror.
Quizás lo mejor en su caso (recordemos que se trata de una ciudadana extranjera) sea la conmutación del resto de su pena y expulsarla del país por indeseable, algo que al parecer se habría acordado entre el gobierno y la sentenciada.
Políticamente su liberación puede ser usada por los fujimoristas como “caballito de guerra” teniendo de norte las próximas elecciones presidenciales, dado que fue bajo el gobierno de Fujimori que se produjo su captura, así como de los principales mandos de SL y el MRTA. Ese “cuco” puede ser bien aprovechado por Keiko y sus seguidores, con mayor razón si se vienen más excarcelaciones de terroristas. Conciente o inconcientemente les han dado un precioso regalo a los seguidores del color naranja.
No obstante debemos tener en cuenta que en los próximos años muchos sentenciados por terrorismo saldrán libres por el cumplimiento de sus condenas. Uno de ellos es Maritza Garrido Lecca, que el 2012 saldrá en libertad sin beneficios. Osman Morote y otros líderes más de SL y el MRTA le seguirán los pasos.
Justamente el problema son los demás casos que muy pronto vamos a presenciar, unos por cumplimiento de condenas y otros por beneficios penitenciarios, utilizando los mecanismos legales del sistema “burgués” que tanto despreciaron en su praxis, por lo que el estado de derecho deberá tomar las medidas necesarias con cautela y firmeza.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Subscribe to:
Posts (Atom)