Cuando entró en vigencia el actual Código Procesal Civil saludamos como una feliz iniciativa el proceso cautelar, con un marco bastante flexible a fin que el magistrado dicte medidas provisionales de todo tipo, incluso hasta con la facultad de inventarlas.
Lo que nadie previó fue que nuestros magistrados tuviesen tan buena imaginación para decretar medidas cautelares a gusto del cliente. Casos conocidos como la cautelar que otorgaba la administración judicial “temporal” del canal cinco al controvertido gestor de medios Genaro Delgado Parker y, para colmo de la exquisitez jurídica, decretada por un juez de un distrito judicial donde ni por asomo funcionaban las instalaciones de la conocida televisora. Ya no hablemos de aquellas cautelares que posibilitaron (y posibilitan) la importación de vehículos usados, o que operen a vista y paciencia de las autoridades bingos y tragamonedas sin autorización. Es que una medida cautelar sirve para cualquier fin. Y los peruanos, debemos reconocerlo, tenemos mucha imaginación.
Por eso, hace pocas semanas, el Consejo de Ministros ha propuesto un proyecto de ley para modificar dos artículos del Código Procesal Constitucional: el 15 y el 51 (inspirados directamente en nuestro querido Código Procesal Civil). El primero se refiere a la “patente de corso” que tiene el juez para expedir cualquier tipo de medida cautelar que se le ocurra. En cambio, el artículo 51 alude a la famoso competencia judicial, que permite, por ejemplo, a un sujeto domiciliado en Lima interponer una demanda en algún pueblito remoto de, digamos, Puno, donde nadie lo conoce (con el perdón de los puneños).
Supongamos que usted, cauteloso lector, va perdiendo una licitación con el estado. Se busca un juez “amigable” del interior del país, donde no llega nunca la fiscalización de la OCMA, ni se conoce qué significa, y el magistrado sin escuchar siquiera a la otra parte, cual diligente sastre, emite en el término de un suspiro una medida cautelar a su medida y gusto, ordenando paralizar la licitación y que a usted le adjudiquen la buena pro, no faltaba más. Así de sencillo, pero ojo, usted debe tener “billete” en efectivo, contante y sonante, nada de cheques o bonos, que en este negocio las cosas son a la antigua, sin tarjetas de crédito ni internet.
En fin, esperemos que algo se haga al respecto y sobretodo para muchos anónimos litigantes que no son escuchados o se ven de buenas a primeras con un juez que con cautelar en la mano los desaloja de su propia casa, como que ha pasado. Que así está la justicia de cara, oiga usted.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, March 23, 2011
Wednesday, March 16, 2011
LAS INDEPENDENCIAS
Cuál fue la razón por la que jóvenes aristócratas se alzaran en armas contra el Rey de España y luchasen contra viento y marea por la independencia y, consiguientemente, contra sus propios intereses de clase.
Es una de las preguntas que se plantea Hugo Neira en el estimulante libro Las independencias, doce ensayos, publicado bajo el sello de la Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ensayos que abordan no solo la política, sino también la economía y sobretodo la cultura que nos legó la península ibérica; cultura que se mantiene intacta en nuestro modo de ser, con sus aspectos positivos y negativos, como la corrupción, por ejemplo.
No era extraño en la Colonia el recibir dádivas por el favor del poder real. La corrupción no es nueva en nuestro medio, lo que sucede ahora es que se vuelve más visible gracias a la tecnología. Antes no dejaba rastro, ahora una grabación de audio o de video nos informa de algún negociado poco santo.
Tampoco era raro que el ser abogado fuese la forma idónea de movilidad social, a diferencia del estímulo que recibió la ciencia en los países de la reforma luterana. España –eje importantísimo de la contrarreforma- fomentó más la escolástica y su primo hermano, el derecho, como medio de mantener el statu quo. No buscó en la ciencia de Galileo o de Darwin las respuestas a nuestro mundo, menos fomentó un “espíritu capitalista” al estilo de Francia e Inglaterra. Por ello no es raro tampoco que seamos una “república de letrados” y casi nulos en los adelantos en ciencia y tecnología. Esa “tara”, junto con otras, la heredamos de la Colonia.
El libro también nos da luces cómo nace el caudillo en nuestro continente, figura emblemática tanto del mundo militar como del civil. El caudillo reemplazó la falta de instituciones o la debilidad de estas. Sin su visto bueno no se podía comprar ni una caja de lápices. Y lo vemos hasta ahora, cuando en cualquier partido político o en cualquier empresa no se hace nada sin la autorización del “jefe”.
Ese verticalismo y falta de consenso democrático es también parte de la cultura española que nos vino con la conquista (amén que durante el período incaico existió un despotismo despiadado, rasgo cultural que igualmente hemos heredado). Visto en retrospectiva no fue raro que los sueños de los libertadores se estrellaran contra la cruda realidad de elites criollas que no querían cambios, sino solo usufructuar los beneficios que antaño eran monopolio de los españoles. De allí que el indio estuviera segregado, apenas una cara anónima, y su explotación haya sido más salvaje durante la república.
No tuvimos nación, si entendemos por nación a grupos sociales con rasgos homogéneos; apenas estamentos herméticos, sin posibilidades de inclusión y movilidad social. Ello explica porqué los indios no sintieron como propio el proyecto de independencia e incluso lucharon a favor del rey de España. No era “traición a la patria”, sino intuición que las cosas con los criollos no iban a mejorar, sino todo lo contrario.
El siglo XIX fue el siglo de las integraciones nacionales perdidas y de poder constituirnos como una nación orgánica, y en el XX estallaron violentamente los reclamos de las mayorías silenciadas, dando origen a los partidos de representación popular que van a enarbolar las banderas de reivindicación del indio, el campesino y las clases medias que se van formando en las principales ciudades.
Nuestra historia no comienza en 1821, sino mucho antes. Y si bien nosotros somos parte de Occidente, también somos tributarios de un pasado milenario que todavía nos avergüenza por complejo de inferioridad; pero, así no lo queramos reconocer, es parte nuestra.
Uno de los tantos méritos del libro de Hugo Neira reside en la importancia que concede a la cultura como formadora de la –digamos- “conciencia nacional”, para bien o para mal, dejando de lado los análisis meramente económicos que, por reduccionistas, no explican cabalmente ciertos procesos sociales y políticos de nuestra accidentada y contradictoria vida republicana. Neira parece decirnos que no todo fue culpa del “imperio”, gran culpa la hemos tenido nosotros o, mejor dicho, nuestro legado cultural.
A nosotros nos faltó una revolución mexicana que desatara los nudos del pasado. En cierta forma lo fue la revolución de los militares en 1968, inconclusa pero que dio nacimiento al nuevo Perú, arrastrando consigo lastres seculares, pero adquiriendo también nuevos bríos de lo mejor que tiene. Continuamos siendo, como decía Basadre, un país entre promesa y posibilidad. Ese Perú con agenda pendiente para el bicentenario.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Las independencias: Doce Ensayos
Autor: Hugo Neira
Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2010, 237pp.
Es una de las preguntas que se plantea Hugo Neira en el estimulante libro Las independencias, doce ensayos, publicado bajo el sello de la Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ensayos que abordan no solo la política, sino también la economía y sobretodo la cultura que nos legó la península ibérica; cultura que se mantiene intacta en nuestro modo de ser, con sus aspectos positivos y negativos, como la corrupción, por ejemplo.
No era extraño en la Colonia el recibir dádivas por el favor del poder real. La corrupción no es nueva en nuestro medio, lo que sucede ahora es que se vuelve más visible gracias a la tecnología. Antes no dejaba rastro, ahora una grabación de audio o de video nos informa de algún negociado poco santo.
Tampoco era raro que el ser abogado fuese la forma idónea de movilidad social, a diferencia del estímulo que recibió la ciencia en los países de la reforma luterana. España –eje importantísimo de la contrarreforma- fomentó más la escolástica y su primo hermano, el derecho, como medio de mantener el statu quo. No buscó en la ciencia de Galileo o de Darwin las respuestas a nuestro mundo, menos fomentó un “espíritu capitalista” al estilo de Francia e Inglaterra. Por ello no es raro tampoco que seamos una “república de letrados” y casi nulos en los adelantos en ciencia y tecnología. Esa “tara”, junto con otras, la heredamos de la Colonia.
El libro también nos da luces cómo nace el caudillo en nuestro continente, figura emblemática tanto del mundo militar como del civil. El caudillo reemplazó la falta de instituciones o la debilidad de estas. Sin su visto bueno no se podía comprar ni una caja de lápices. Y lo vemos hasta ahora, cuando en cualquier partido político o en cualquier empresa no se hace nada sin la autorización del “jefe”.
Ese verticalismo y falta de consenso democrático es también parte de la cultura española que nos vino con la conquista (amén que durante el período incaico existió un despotismo despiadado, rasgo cultural que igualmente hemos heredado). Visto en retrospectiva no fue raro que los sueños de los libertadores se estrellaran contra la cruda realidad de elites criollas que no querían cambios, sino solo usufructuar los beneficios que antaño eran monopolio de los españoles. De allí que el indio estuviera segregado, apenas una cara anónima, y su explotación haya sido más salvaje durante la república.
No tuvimos nación, si entendemos por nación a grupos sociales con rasgos homogéneos; apenas estamentos herméticos, sin posibilidades de inclusión y movilidad social. Ello explica porqué los indios no sintieron como propio el proyecto de independencia e incluso lucharon a favor del rey de España. No era “traición a la patria”, sino intuición que las cosas con los criollos no iban a mejorar, sino todo lo contrario.
El siglo XIX fue el siglo de las integraciones nacionales perdidas y de poder constituirnos como una nación orgánica, y en el XX estallaron violentamente los reclamos de las mayorías silenciadas, dando origen a los partidos de representación popular que van a enarbolar las banderas de reivindicación del indio, el campesino y las clases medias que se van formando en las principales ciudades.
Nuestra historia no comienza en 1821, sino mucho antes. Y si bien nosotros somos parte de Occidente, también somos tributarios de un pasado milenario que todavía nos avergüenza por complejo de inferioridad; pero, así no lo queramos reconocer, es parte nuestra.
Uno de los tantos méritos del libro de Hugo Neira reside en la importancia que concede a la cultura como formadora de la –digamos- “conciencia nacional”, para bien o para mal, dejando de lado los análisis meramente económicos que, por reduccionistas, no explican cabalmente ciertos procesos sociales y políticos de nuestra accidentada y contradictoria vida republicana. Neira parece decirnos que no todo fue culpa del “imperio”, gran culpa la hemos tenido nosotros o, mejor dicho, nuestro legado cultural.
A nosotros nos faltó una revolución mexicana que desatara los nudos del pasado. En cierta forma lo fue la revolución de los militares en 1968, inconclusa pero que dio nacimiento al nuevo Perú, arrastrando consigo lastres seculares, pero adquiriendo también nuevos bríos de lo mejor que tiene. Continuamos siendo, como decía Basadre, un país entre promesa y posibilidad. Ese Perú con agenda pendiente para el bicentenario.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Las independencias: Doce Ensayos
Autor: Hugo Neira
Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2010, 237pp.
Wednesday, March 09, 2011
EL BESO CONTRA LA HOMOFOBIA
Más allá de la violenta acometida policial contra homosexuales y lesbianas que el 12 de Febrero pasado manifestaron su reclamo por la igualdad de derechos besándose en público, nada menos que a los pies de la Catedral de Lima, está el hecho en si, inimaginable apenas diez años atrás.
Era impensable que a inicios del presente siglo una minoría sexual proteste audazmente frente al símbolo de la institución tutelar (la Iglesia) de la heterosexualidad como medio sacralizado para la reproducción humana y, consiguientemente, en contra del placer y el sexo “contranatura”.
De allí la reacción violenta de “los custodios del orden”. Las minorías gays y lesbianas estaban “atacando” frontalmente el símbolo sagrado mayor de los valores tradicionales y del orden establecido en familia y sexualidad. Complementariamente la Catedral de Lima es –simbólicamente- “la casa” del Cardenal y Arzobispo de la ciudad, Monseñor Cipriani, conocido por sus posiciones harto conservadoras, por lo que un “beso homo” a los pies del atrio es casi una blasfemia y un insulto al propio Monseñor. Distinto hubiese sido de producirse el beso protestante en, digamos, el parque de Miraflores o la Alameda de los Descalzos. Quizás no hubiese causado tanta turbación.
Pero algo está cambiando en esta Lima pacata y conservadora. Estamos como despercudiéndonos de varios lastres generacionales, principalmente entre los jóvenes. La sexualidad se está viendo como algo más natural, incluso aquella entre dos personas del mismo sexo. Síntoma es que a la semana siguiente del incidente los colectivos gays se besaron tranquilamente a los pies de la Catedral y nada pasó; aparte del “cargamontón” contra un conocido locutor deportivo que tuvo la mala ocurrencia de proferir expresiones claramente homofóbicas cuando la tensión por la golpiza se encontraba en su punto más alto.
Fue “el chivo expiatorio” de lo acaecido o, como decimos criollamente los limeños, “el punto”. Se efectuaron “plantones de protesta” delante de la radio donde trabaja, se pidió su renuncia al medio o, por lo menos, que se retracte públicamente de lo dicho, con disculpas incluidas. Cuidado que nos volvamos intolerantes en sentido contrario y el tema se convierta en intocable y “políticamente correcto”. Como diría Kenji: “tampoco, tampoco”.
Otro síntoma de estos “nuevos aires”, es la propuesta legislativa del “patrimonio compartido” del congresista Carlos Bruce (convertido en el principal adalid de las minorías sexuales en el Congreso), indicando que el tema ha dejado las catacumbas para ventilarse como cosa pública, digna de un reconocimiento legal.
Antes las parejas del mismo sexo vivían su sexualidad a escondidas, con vergüenza y culpa, hoy la cantidad de parejas homosexuales que conviven a vista y paciencia de los demás ha aumentado. Ahora es más común tener de vecinos a una “pareja homo” de lo que era en la época de nuestros padres. Y es un hecho no “esnob” ni exclusivo de los segmentos A y B, sino que se manifiesta en todos los estratos sociales.
Creo que todavía falta mucho camino por recorrer para el reconocimiento de derechos plenos a las minorías sexuales, pero el avance es vertiginoso y lo más probable es que, tarde o temprano, deberemos modificar nuestra legislación a fin de permitir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, así como una igualdad en los demás derechos consustanciales a los heterosexuales. Nos guste o no, vaya contra nuestras ideas y creencias o sintonice con estas, tengamos posiciones a favor o en contra.
Pero los derechos, como lo demuestra la historia, se consiguen luchando, arrancándoselos al poder constituido. En ese sentido, las minorías sexuales van por buen camino.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Era impensable que a inicios del presente siglo una minoría sexual proteste audazmente frente al símbolo de la institución tutelar (la Iglesia) de la heterosexualidad como medio sacralizado para la reproducción humana y, consiguientemente, en contra del placer y el sexo “contranatura”.
De allí la reacción violenta de “los custodios del orden”. Las minorías gays y lesbianas estaban “atacando” frontalmente el símbolo sagrado mayor de los valores tradicionales y del orden establecido en familia y sexualidad. Complementariamente la Catedral de Lima es –simbólicamente- “la casa” del Cardenal y Arzobispo de la ciudad, Monseñor Cipriani, conocido por sus posiciones harto conservadoras, por lo que un “beso homo” a los pies del atrio es casi una blasfemia y un insulto al propio Monseñor. Distinto hubiese sido de producirse el beso protestante en, digamos, el parque de Miraflores o la Alameda de los Descalzos. Quizás no hubiese causado tanta turbación.
Pero algo está cambiando en esta Lima pacata y conservadora. Estamos como despercudiéndonos de varios lastres generacionales, principalmente entre los jóvenes. La sexualidad se está viendo como algo más natural, incluso aquella entre dos personas del mismo sexo. Síntoma es que a la semana siguiente del incidente los colectivos gays se besaron tranquilamente a los pies de la Catedral y nada pasó; aparte del “cargamontón” contra un conocido locutor deportivo que tuvo la mala ocurrencia de proferir expresiones claramente homofóbicas cuando la tensión por la golpiza se encontraba en su punto más alto.
Fue “el chivo expiatorio” de lo acaecido o, como decimos criollamente los limeños, “el punto”. Se efectuaron “plantones de protesta” delante de la radio donde trabaja, se pidió su renuncia al medio o, por lo menos, que se retracte públicamente de lo dicho, con disculpas incluidas. Cuidado que nos volvamos intolerantes en sentido contrario y el tema se convierta en intocable y “políticamente correcto”. Como diría Kenji: “tampoco, tampoco”.
Otro síntoma de estos “nuevos aires”, es la propuesta legislativa del “patrimonio compartido” del congresista Carlos Bruce (convertido en el principal adalid de las minorías sexuales en el Congreso), indicando que el tema ha dejado las catacumbas para ventilarse como cosa pública, digna de un reconocimiento legal.
Antes las parejas del mismo sexo vivían su sexualidad a escondidas, con vergüenza y culpa, hoy la cantidad de parejas homosexuales que conviven a vista y paciencia de los demás ha aumentado. Ahora es más común tener de vecinos a una “pareja homo” de lo que era en la época de nuestros padres. Y es un hecho no “esnob” ni exclusivo de los segmentos A y B, sino que se manifiesta en todos los estratos sociales.
Creo que todavía falta mucho camino por recorrer para el reconocimiento de derechos plenos a las minorías sexuales, pero el avance es vertiginoso y lo más probable es que, tarde o temprano, deberemos modificar nuestra legislación a fin de permitir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, así como una igualdad en los demás derechos consustanciales a los heterosexuales. Nos guste o no, vaya contra nuestras ideas y creencias o sintonice con estas, tengamos posiciones a favor o en contra.
Pero los derechos, como lo demuestra la historia, se consiguen luchando, arrancándoselos al poder constituido. En ese sentido, las minorías sexuales van por buen camino.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Thursday, March 03, 2011
DE NUEVO LA CONSTITUCIÓN (A PROPÓSITO DE UN ARTÍCULO DE NICOLÁS LYNCH)
Es uno de los temas recurrentes cada vez que se avecinan elecciones generales. “Cambiar la constitución” como panacea para resolver todos nuestros problemas.
Esta vez le tocó el turno a Nicolás Lynch, respetado sociólogo que candidatea por la lista de Ollanta Humala para el Congreso. Lynch fue ministro de educación en el gobierno de Toledo. Una gestión opaca, aunque se debe reconocer que tuvo la hidalguía de opinar críticamente respecto al Sutep, como uno de los principales lastres de la educación peruana. Pero, como “constitucionalista” deja mucho que desear. Veamos algunos sustentos de su pedido de “cambiar la constitución” publicado en el diario La República el 15 de Febrero de 2011 (Nueva Constitución). Por cierto, y como de todo hay en la viña del Señor, no pertenezco ni remotamente a “las fuerzas de derecha” que alude el profesor Lynch en su artículo (y que, por extensión, moteja así a todos los que no comulguen con su ahora reconvertido credo nacionalista), ni mucho menos soy “un agente de la CIA y del imperialismo yanqui”.
Aclarado el asunto, pasemos a revisar el artículo (lo que está en cursiva pertenece al profesor Lynch):
1. Hay dos tipos de constituciones sobre el planeta, aquellas que son un acuerdo de paz entre los ciudadanos y pueblos de un país y otras que aparecen como una declaratoria de guerra de alguna minoría sobre la inmensa mayoría de la nación. Este último es el caso del documento de 1993 impuesto por la dictadura de Fujimori y Montesinos sobre el pueblo peruano.
Solo en el papel las constituciones son “acuerdos de paz entre los ciudadanos”. Es más bien un idilio que ha sido descrito muy bonito por algunos autores, pero no es algo que exista “químicamente puro” en el mundo real. La célebre tesis del “contrato social” que dará nacimiento a la constitución política como plasmación del pacto entre los ciudadanos, es más una teoría que busca explicar el nacimiento jurídico de las naciones y una justificación ideológica del sistema legal imperante. Todas las constituciones escritas obedecen a un sesgo de clase o de ideología. Sino, profesor Lynch, pregunte por la constitución cubana o la china. Ninguna de las dos nació de “un acuerdo de paz entre los ciudadanos y pueblos”, sino fue todo lo contrario.
2. Esta supuesta Constitución está viciada de origen porque fue producto de un golpe de Estado, elaborada por un régimen autoritario para quedarse y finalmente “aprobada” en un referéndum fraudulento.
Las últimas tres Constituciones que hemos tenido han sido producto de “un golpe de Estado”. La de 1933 cuando salíamos del gobierno de Sanchez Cerro y se cerraban las puertas de la legalidad a los partidos populares como el APRA; la de 1979 que procuraba el tránsito del gobierno militar a la democracia; y, la de 1993 que resolvió el impasse del “autogolpe” de Fujimori del año anterior (1992).
Es que las Constituciones como su apellido las califica son “políticas” y, nos guste o no, muchas veces resuelven situaciones políticas coyunturales. Si lee un poco de historia constitucional profesor Lynch, se dará cuenta que la “abundancia de constituciones” (trece hasta el momento, si no me equivoco) han obedecido a situaciones políticas coyunturales. Es lo que sucedió con nuestras últimas tres cartas políticas, incluyendo “el documento del 93” como despectivamente califica a la carta de aquel año (aunque no es original en la autoría del epíteto).
En cuanto que la Constitución del 93 fue aprobada en un “referéndum fraudulento”, es una tesis bastante manoseada que hasta la fecha no ha sido respaldada con pruebas concretas. En derecho, estimado profesor, quien alega algo tiene que probarlo, no basta con decirlo. Lo cierto es que el gobierno de Fujimori en aquellos años gozaba de una amplia base de popularidad que atravesaba prácticamente todos los estratos sociales, popularidad que la utilizó para aprobar “su” Constitución.
3. Esta Constitución refuerza el poder de la minoría dominante cuando recorta los derechos sociales, especialmente los derechos del trabajo, minimiza el papel del Estado poniéndolo al servicio de los ricos, debilita al Legislativo con el unicameralismo, da lugar al capitalismo salvaje como único modelo posible en la economía y establece un desorden tal en el tema de la descentralización que hace a la misma inviable. Por ello es que da lugar a un orden democrático precario, imposible de consolidar en sus parámetros y obliga a que las mayorías, impedidas de expresarse a plenitud en estas condiciones, recurran a la protesta callejera, ya no solo como excepción sino como norma, para plantear sus demandas. Puesto en la disyuntiva de cambiar la Constitución o reprimir al pueblo, este régimen opta por lo segundo, siguiendo la lógica de la declaratoria de guerra y criminalizando la protesta.
Vamos por partes.
El régimen económico de la Constitución del 93 se inspiró en el neoliberalismo de aquellos años, de todo furor del llamado “consenso de Washington”. Es cierto que en la filosofía que sustenta el apartado económico predominó la iniciativa privada, el “dejar hacer, dejar pasar” de los fisiócratas del XVIII y se minimizó el rol del Estado. Eso es cierto e indiscutible, pero nada garantiza que aumentando los derechos sociales en una nueva carta y ampliando la intervención del Estado consigamos un “estado de bienestar” que nos asegurará un mejor futuro para todos los peruanos.
Por desgracia, estimado profesor Lynch, las constituciones, ni ninguna norma legal, garantizan eso. Solo los factores reales, principalmente los de producción, y una mejor distribución de la riqueza por parte del estado, son los que van a garantizar un mejor nivel de vida para la inmensa mayoría. Y esos dos factores se pueden conseguir muy bien sin cambiar una sola letra de la actual carta política (lo que no quita que debamos reformar ciertos aspectos de la constitución vigente, como lo expongo en la parte final de mi réplica). Podemos tener la ley más bella, lírica y perfecta del mundo pero si no se cumple, la realidad será inmensamente deprimente. Y viceversa. Podemos tener una ley imperfecta, pero con voluntad política podemos mejorar su alcance.
4. Sobre el unicameralismo y que las mayorías no se ven representadas políticamente por lo que deben salir a las calles a expresar su descontento, dado que el régimen (qué malo¡) “no cambia la constitución” (sic). Creo que es un poco exagerado y bastante iluso, estimado profesor Lynch.
En primer lugar, ningún gobierno puede cambiar la constitución a su antojo, salvo que sea el de Chávez o sus comparsas Evo y Correa. Deténgase un poquito a leer “el documento” que en su portada dice Constitución Política. En la parte final encontrará usted el procedimiento que existe para la reforma constitucional. Podrá darse cuenta que los gobiernos (o el poder ejecutivo para ser más preciso) no pueden modificarla, dado que eso es tarea exclusiva del poder legislativo, al cual usted candidatea.
Pasando a los sistemas legislativos, una cosa es el números de cámaras, que puede ser Unicameral, Bicameral o hasta Tricameral (como lo fue en una de nuestras primeras constituciones), y otra muy distinta la falta de representación política y las protestas sociales. Con la Carta del 79 teníamos dos cámaras e igualmente protestas sociales. En aquella época teníamos regiones –bajo otro esquema- y también protestas. Una cosa no tiene que ver con la otra. Podemos tener una sola cámara y representar muy bien políticamente a todos los estratos sociales, o tener dos y no representarlo en absoluto. Creer que si adoptamos el régimen bicameral, cambiamos el modelo de regionalización (que dicho sea de paso hace falta urgentemente) o los principios del régimen económico de la constitución, vamos a solucionar los males sociales es bastante ingenuo, por decirlo elegantemente.
Como ya lo han advertido serios especialistas en el tema, el problema está en la deficiente representatividad política. No solo por el número de congresistas, sino por el tamaño de los distritos electorales. Por ejemplo, en el caso de Lima, tenemos 36 congresistas (que también representan a los votantes en el extranjero); pero así y todo no representan adecuadamente al electorado de dicha circunscripción. El asunto está no tanto en aumentar el número de congresistas o de cámaras legislativas, sino más bien en “achicar” los distritos electorales e implementar el uninominalismo. Que un representante al congreso sea candidato por un pequeño distrito electoral, conocido por sus electores y responda ante ellos. Así va a ser más fácil escoger entre un candidato por cada lista congresal que a 36 de un macro distrito que al final no representan a nadie. Este camino es más viable que aumentar el número de cámaras legislativas.
Por otra parte, las protestas sociales no solo se producen dentro del “capitalismo salvaje”, sino también dentro de un sistema totalitario como el de Cuba o Libia. Sino, profesor Lynch, pregunte por las huelgas de hambre que muchos disidentes cubanos han tenido que hacer para ser escuchados y que incluso a uno de ellos, como fue Orlando Zapata Tamayo, le costó la vida.
5. Es indudable por ello que el debate para lograr una nueva Constitución tiene la mayor importancia, porque esta será una de las piedras angulares para iniciar la gran transformación del país que nos dé [sic] una verdadera democracia.
Con esa exhortación concluye su artículo. Lo malo es que no plantea sus propuestas concretas. “Cambiar la constitución” en abstracto no expresa mucho. Cambiar qué cosas y hacia dónde. Qué opinión tiene usted, por ejemplo, del “modelo chavista” (inspirado en el de Fujimori) de constitución política, con reelecciones indefinidas y vaciamiento de las instituciones. O, por poner otro ejemplo, acerca de las libertades de expresión e información tan pisoteadas en Venezuela o Cuba. ¿Es el modelo que propone? Sería bueno, estimado profesor, que realice un deslinde y no nos venda “gato por liebre”.
Un consejo final: En vez de efectuar planteamientos tan burdos y maniqueos, si su interés, de llegar al Congreso, es una reforma constitucional en serio (lo cual es plausible, dicho sea de paso), debería empezar revisando el trabajo de la Comisión Pease que sobre el tema ya existe, bastante sólido y coherente, amén de otros trabajos que sin caer en su burdo maniqueísmo de “buenos y malos” tienen propuestas alternativas serias de cambios constitucionales. Haga el esfuerzo de informarse mejor, siquiera un poquito.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Esta vez le tocó el turno a Nicolás Lynch, respetado sociólogo que candidatea por la lista de Ollanta Humala para el Congreso. Lynch fue ministro de educación en el gobierno de Toledo. Una gestión opaca, aunque se debe reconocer que tuvo la hidalguía de opinar críticamente respecto al Sutep, como uno de los principales lastres de la educación peruana. Pero, como “constitucionalista” deja mucho que desear. Veamos algunos sustentos de su pedido de “cambiar la constitución” publicado en el diario La República el 15 de Febrero de 2011 (Nueva Constitución). Por cierto, y como de todo hay en la viña del Señor, no pertenezco ni remotamente a “las fuerzas de derecha” que alude el profesor Lynch en su artículo (y que, por extensión, moteja así a todos los que no comulguen con su ahora reconvertido credo nacionalista), ni mucho menos soy “un agente de la CIA y del imperialismo yanqui”.
Aclarado el asunto, pasemos a revisar el artículo (lo que está en cursiva pertenece al profesor Lynch):
1. Hay dos tipos de constituciones sobre el planeta, aquellas que son un acuerdo de paz entre los ciudadanos y pueblos de un país y otras que aparecen como una declaratoria de guerra de alguna minoría sobre la inmensa mayoría de la nación. Este último es el caso del documento de 1993 impuesto por la dictadura de Fujimori y Montesinos sobre el pueblo peruano.
Solo en el papel las constituciones son “acuerdos de paz entre los ciudadanos”. Es más bien un idilio que ha sido descrito muy bonito por algunos autores, pero no es algo que exista “químicamente puro” en el mundo real. La célebre tesis del “contrato social” que dará nacimiento a la constitución política como plasmación del pacto entre los ciudadanos, es más una teoría que busca explicar el nacimiento jurídico de las naciones y una justificación ideológica del sistema legal imperante. Todas las constituciones escritas obedecen a un sesgo de clase o de ideología. Sino, profesor Lynch, pregunte por la constitución cubana o la china. Ninguna de las dos nació de “un acuerdo de paz entre los ciudadanos y pueblos”, sino fue todo lo contrario.
2. Esta supuesta Constitución está viciada de origen porque fue producto de un golpe de Estado, elaborada por un régimen autoritario para quedarse y finalmente “aprobada” en un referéndum fraudulento.
Las últimas tres Constituciones que hemos tenido han sido producto de “un golpe de Estado”. La de 1933 cuando salíamos del gobierno de Sanchez Cerro y se cerraban las puertas de la legalidad a los partidos populares como el APRA; la de 1979 que procuraba el tránsito del gobierno militar a la democracia; y, la de 1993 que resolvió el impasse del “autogolpe” de Fujimori del año anterior (1992).
Es que las Constituciones como su apellido las califica son “políticas” y, nos guste o no, muchas veces resuelven situaciones políticas coyunturales. Si lee un poco de historia constitucional profesor Lynch, se dará cuenta que la “abundancia de constituciones” (trece hasta el momento, si no me equivoco) han obedecido a situaciones políticas coyunturales. Es lo que sucedió con nuestras últimas tres cartas políticas, incluyendo “el documento del 93” como despectivamente califica a la carta de aquel año (aunque no es original en la autoría del epíteto).
En cuanto que la Constitución del 93 fue aprobada en un “referéndum fraudulento”, es una tesis bastante manoseada que hasta la fecha no ha sido respaldada con pruebas concretas. En derecho, estimado profesor, quien alega algo tiene que probarlo, no basta con decirlo. Lo cierto es que el gobierno de Fujimori en aquellos años gozaba de una amplia base de popularidad que atravesaba prácticamente todos los estratos sociales, popularidad que la utilizó para aprobar “su” Constitución.
3. Esta Constitución refuerza el poder de la minoría dominante cuando recorta los derechos sociales, especialmente los derechos del trabajo, minimiza el papel del Estado poniéndolo al servicio de los ricos, debilita al Legislativo con el unicameralismo, da lugar al capitalismo salvaje como único modelo posible en la economía y establece un desorden tal en el tema de la descentralización que hace a la misma inviable. Por ello es que da lugar a un orden democrático precario, imposible de consolidar en sus parámetros y obliga a que las mayorías, impedidas de expresarse a plenitud en estas condiciones, recurran a la protesta callejera, ya no solo como excepción sino como norma, para plantear sus demandas. Puesto en la disyuntiva de cambiar la Constitución o reprimir al pueblo, este régimen opta por lo segundo, siguiendo la lógica de la declaratoria de guerra y criminalizando la protesta.
Vamos por partes.
El régimen económico de la Constitución del 93 se inspiró en el neoliberalismo de aquellos años, de todo furor del llamado “consenso de Washington”. Es cierto que en la filosofía que sustenta el apartado económico predominó la iniciativa privada, el “dejar hacer, dejar pasar” de los fisiócratas del XVIII y se minimizó el rol del Estado. Eso es cierto e indiscutible, pero nada garantiza que aumentando los derechos sociales en una nueva carta y ampliando la intervención del Estado consigamos un “estado de bienestar” que nos asegurará un mejor futuro para todos los peruanos.
Por desgracia, estimado profesor Lynch, las constituciones, ni ninguna norma legal, garantizan eso. Solo los factores reales, principalmente los de producción, y una mejor distribución de la riqueza por parte del estado, son los que van a garantizar un mejor nivel de vida para la inmensa mayoría. Y esos dos factores se pueden conseguir muy bien sin cambiar una sola letra de la actual carta política (lo que no quita que debamos reformar ciertos aspectos de la constitución vigente, como lo expongo en la parte final de mi réplica). Podemos tener la ley más bella, lírica y perfecta del mundo pero si no se cumple, la realidad será inmensamente deprimente. Y viceversa. Podemos tener una ley imperfecta, pero con voluntad política podemos mejorar su alcance.
4. Sobre el unicameralismo y que las mayorías no se ven representadas políticamente por lo que deben salir a las calles a expresar su descontento, dado que el régimen (qué malo¡) “no cambia la constitución” (sic). Creo que es un poco exagerado y bastante iluso, estimado profesor Lynch.
En primer lugar, ningún gobierno puede cambiar la constitución a su antojo, salvo que sea el de Chávez o sus comparsas Evo y Correa. Deténgase un poquito a leer “el documento” que en su portada dice Constitución Política. En la parte final encontrará usted el procedimiento que existe para la reforma constitucional. Podrá darse cuenta que los gobiernos (o el poder ejecutivo para ser más preciso) no pueden modificarla, dado que eso es tarea exclusiva del poder legislativo, al cual usted candidatea.
Pasando a los sistemas legislativos, una cosa es el números de cámaras, que puede ser Unicameral, Bicameral o hasta Tricameral (como lo fue en una de nuestras primeras constituciones), y otra muy distinta la falta de representación política y las protestas sociales. Con la Carta del 79 teníamos dos cámaras e igualmente protestas sociales. En aquella época teníamos regiones –bajo otro esquema- y también protestas. Una cosa no tiene que ver con la otra. Podemos tener una sola cámara y representar muy bien políticamente a todos los estratos sociales, o tener dos y no representarlo en absoluto. Creer que si adoptamos el régimen bicameral, cambiamos el modelo de regionalización (que dicho sea de paso hace falta urgentemente) o los principios del régimen económico de la constitución, vamos a solucionar los males sociales es bastante ingenuo, por decirlo elegantemente.
Como ya lo han advertido serios especialistas en el tema, el problema está en la deficiente representatividad política. No solo por el número de congresistas, sino por el tamaño de los distritos electorales. Por ejemplo, en el caso de Lima, tenemos 36 congresistas (que también representan a los votantes en el extranjero); pero así y todo no representan adecuadamente al electorado de dicha circunscripción. El asunto está no tanto en aumentar el número de congresistas o de cámaras legislativas, sino más bien en “achicar” los distritos electorales e implementar el uninominalismo. Que un representante al congreso sea candidato por un pequeño distrito electoral, conocido por sus electores y responda ante ellos. Así va a ser más fácil escoger entre un candidato por cada lista congresal que a 36 de un macro distrito que al final no representan a nadie. Este camino es más viable que aumentar el número de cámaras legislativas.
Por otra parte, las protestas sociales no solo se producen dentro del “capitalismo salvaje”, sino también dentro de un sistema totalitario como el de Cuba o Libia. Sino, profesor Lynch, pregunte por las huelgas de hambre que muchos disidentes cubanos han tenido que hacer para ser escuchados y que incluso a uno de ellos, como fue Orlando Zapata Tamayo, le costó la vida.
5. Es indudable por ello que el debate para lograr una nueva Constitución tiene la mayor importancia, porque esta será una de las piedras angulares para iniciar la gran transformación del país que nos dé [sic] una verdadera democracia.
Con esa exhortación concluye su artículo. Lo malo es que no plantea sus propuestas concretas. “Cambiar la constitución” en abstracto no expresa mucho. Cambiar qué cosas y hacia dónde. Qué opinión tiene usted, por ejemplo, del “modelo chavista” (inspirado en el de Fujimori) de constitución política, con reelecciones indefinidas y vaciamiento de las instituciones. O, por poner otro ejemplo, acerca de las libertades de expresión e información tan pisoteadas en Venezuela o Cuba. ¿Es el modelo que propone? Sería bueno, estimado profesor, que realice un deslinde y no nos venda “gato por liebre”.
Un consejo final: En vez de efectuar planteamientos tan burdos y maniqueos, si su interés, de llegar al Congreso, es una reforma constitucional en serio (lo cual es plausible, dicho sea de paso), debería empezar revisando el trabajo de la Comisión Pease que sobre el tema ya existe, bastante sólido y coherente, amén de otros trabajos que sin caer en su burdo maniqueísmo de “buenos y malos” tienen propuestas alternativas serias de cambios constitucionales. Haga el esfuerzo de informarse mejor, siquiera un poquito.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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