La extradición del ex presidente Fujimori conlleva consecuencias que las podemos clasificar en dos niveles: las judiciales y las extrajudiciales, y ambos niveles se cruzarán por más que los actores anti-Fujimori quieran circunscribirlo a lo netamente judicial, ya que los fujimoristas basarán su estrategia precisamente en el juego contrario. (Ver al respecto nuestro artículo ¿Fujimori extraditable?).
En primer lugar, será imposible que la variable política no “contamine” a la judicial, el proceso devendrá en juicio político por más que no se quiera. Será parte de la estrategia de la defensa de Fujimori y de convencer a la mayoría que el juicio es una venganza de los “políticos tradicionales”.
El escenario del “affaire” no solo será Palacio de Justicia, sino también el Congreso, las calles, la prensa, la radio, la televisión y hasta el Internet. Fujimori sabe manejar muy bien los medios de comunicación a fin de mandar, cuando el momento sea oportuno, mensajes a sus partidarios o a las mayorías de a pie. No será casual la difusión de un video o un audio cuando la situación lo amerite. Será usual también ver a sus seguidores en mítines, marchas, protestas, y si le damos incluso un toque dramático, hasta huelgas de hambre. Todo vale. La estrategia de la defensa incluirá lo emotivo (Fujimori delicado de salud, Fujimori maltratado, Fujimori sin asistencia médica, Fujimori aislado, etcétera, etcétera), lo comparativo (en la época de Fujimori no subían tanto las cosas), los “méritos” de su gobierno (acabó con el terrorismo y la hiperinflación), y los “deméritos” de los gobiernos democráticos que lo sucedieron (Paniagua y Toledo liberaron a terroristas que ahora hacen de las suyas y con Alan García todo ha vuelto a subir). Por eso, el escenario netamente judicial, con sus reglas de procedimiento, será el menos interesante pero el más importante; mientras que el escenario extrajudicial será el que acapare más interés de los medios y querrá influir directa o indirectamente, sutil o abiertamente en la decisión judicial.
Otro reto es para el Poder Judicial. ¿Estará a la altura de las circunstancias a fin de llevar a cabo un juicio justo e imparcial con todas las garantías de un debido proceso?
A pesar que los magistrados que juzgarán a Fujimori son lo mejor que tiene el Poder Judicial en materia penal, a veces tengo mis dudas. No se si será capaz como institución de asumir tremendo reto no solo ante el país sino ante los ojos del mundo.
Alguien que trabaja dentro del Poder Judicial me decía que el cincuenta por ciento de jueces y fiscales seguían siendo fujimoristas. No se si la cifra es exacta, quizás un poco exagerada, pero de lo que sí estoy seguro es que no todos los magistrados salieron con las grandes purgas de los años posteriores a la caída del régimen fujimorista. Muchos quedaron y algunos han regresado por la puerta grande y hasta por la ventana. Nuestro Poder Judicial se ha caracterizado por ser muy dependiente del poder político. En nuestro país no se dieron las condiciones históricas para una sana independencia judicial.
En cuanto a la alianza tácita entre apristas y fujimoristas todo dependerá de cómo se comporten los primeros con el líder de los segundos. Es probable que el “entendimiento” bajo la mesa continúe con alguna promesa de pena benigna o trato preferencial para Fujimori. Tengamos presente que el APRA también controla a buena parte de magistrados del Poder Judicial; así que la mutua necesidad es posible que permita una continuación de esta alianza tácita entre ambos grupos. Se necesitan y los dos son tan maquiavélicos y carentes de escrúpulos que no cabe principio ético o democrático que se oponga a sus fines.
Por otra parte, la defensa de Fujimori muy posiblemente se valga de todos los recursos legales imaginables a fin de dilatar el proceso. Recusación de jueces, apelaciones de resoluciones, pedidos de nulidad, defensas previas y excepciones, conforman un abanico de posibilidades de la defensa. Incluso, no me cabe duda, que serían capaces de ir hasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que tanto satanizaron cuando fueron gobierno como “nido de terroristas”. El objetivo será demorar la resolución del proceso lo más cercano al año 2011, víspera de las elecciones generales, y levantar de esta manera la imagen de un Fujimori víctima de odios y venganzas políticas y así ganarse la voluntad de la ciudadanía. Recordemos que para el ciudadano común y corriente Fujimori “hizo obra”, terminó con el terrorismo y la hiperinflación, y la violación de los derechos humanos y robos perpetrados por el dictador no le quitan el sueño a la mayoría de los peruanos. El Perú no es Suiza como algunos comentaristas suponen, escribiendo más con su corazoncito (caviar, rosadito o como quieran llamarlo) que con objetividad.
Por ello, me llamó mucho la atención que un procurador anti-corrupción sentenciase, apenas venido Fujimori, que los juicios serían resueltos en tres o cuatro meses. Caray, me dije, ni que estuviésemos en Suiza. Como han sostenido expertos en procesalística penal, solo hay un proceso –el del allanamiento ilegal al domicilio de la esposa de Vladimiro Montesinos- que será sentenciado en cuatro meses al ser proceso sumario, el resto, al ser procesos ordinarios, son más largos y complejos, y van a demorar entre uno y dos años en ser resueltos (yo soy más pesimista, creo que serán tres años), vale decir los procesos terminarán cercanos al año 2010. Y, en cuanto a la acumulación, han sostenido los expertos que por la diferencia en el estado en que se encuentran y la complejidad de las materias es imposible una acumulación de los procesos, criterio que al parecer comparten los magistrados que lo juzgarán.
La judicialización tendrá un efecto político, por más que no se quiera. Los fallos contra Fujimori, en el mejor de los casos, estarán cercanos a las siguientes elecciones generales y será usado por su grupo para fines políticos: propiciar la candidatura a la presidencia de un miembro cercano al fujimorismo (probablemente su hija Keiko Fujimori) o por lo menos que su “aura” de perseguido permita obtener un número importante de congresistas para su bancada, muchos más de los trece que ahora tienen. No quiero imaginar que pasaría de obtener los fujimoristas mayoría en un eventual Congreso del 2011, pero de ser así, una ley de amnistía o un indulto presidencial estarían dentro de posibilidades bastante concretas.
Por tales razones, la judicialización del caso Fujimori no es tan sencilla. Solo se ha cerrado un episodio y se abre otro capítulo más complicado y que puede arrastrar para bien o para mal a muchos actores de la escena política.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, September 25, 2007
Monday, September 17, 2007
DE CÓMO EL DERECHO CAMBIA EN EL TIEMPO: A PROPÓSITO DEL FILME AMISTAD
El filme Amistad de Steven Spielberg pertenece a la vertiente “adulta” o de “compromiso” del realizador , caracterizada por tratar temas de problemática social, sean los horrores de la guerra, la esclavitud, el exterminio nazi o el terrorismo, pero conservando los elementos de entretenimiento y acción propios de su cine, cuyas obras más logradas por el momento son La lista de Schindler (1993), pero sobretodo Munich (2005) .
El filme trata sobre el hecho verídico, acaecido en el año de 1839, del amotinamiento de los esclavos en el buque negrero de bandera española “Amistad”, que circunstancialmente arribará a costas norteamericanas.
El hecho traerá consecuencias jurídicas que las podemos clasificar de tres maneras:
1) Las internacionales, en cuanto a las relaciones entre dos estados, el español y el norteamericano, que contaban con un tratado vigente y por tanto de cumplimiento obligatorio.
2) Las fundadas en el derecho privado, en cuanto reclamación de un bien por parte de sus propietarios, consistente en los esclavos y el navío incautados, fundamentación que se sustenta en el tratado.
3) Los derechos de los esclavos, en cuanto personas y no cosas.
Hay un hecho que es importante a fin de delimitar la competencia jurisdiccional: el lugar donde ocurren los hechos. Los hechos –el amotinamiento de los esclavos- ocurren en aguas internacionales, pero el buque arriba a costas norteamericanas y el “juez natural” debe ser el juez competente del lugar donde atraca el navío. De aplicarse el tratado suscrito entre las dos naciones, el asunto se habría resuelto sin más trámite que lo estipulado en el mismo (devolución de un bien), por lo que el actuar del “juez natural” estaría bastante limitado. Sin embargo, como veremos más adelante, y ateniéndonos a que en el derecho anglosajón el juez no es solo “la boca de la ley” como en el sistema latino, el magistrado crea derecho sentando precedente sobre el caso que se le exponga; así la decisión que tomará el magistrado estará muy distante a la de un simple ejecutor del tratado.
LAS PARTES RECLAMANTES
En la esfera reivindicatoria patrimonial , el primer reclamo es el de los propietarios de los esclavos, para lo cual adjuntan como medios probatorios los documentos que acreditan su tenencia y como fundamentación jurídica el tratado de 1795. A éste se suma el pedido de recompensa de los oficiales del guardacosta norteamericano que intercepta al “Amistad”, sustentando su petición en el derecho de pedir una recompensa al propietario por encontrar un bien perdido . Luego están los representantes del gobierno federal que piden la aplicación del tratado y por tanto los esclavos sean entregados a sus propietarios reclamantes. En cuarto lugar están los abolicionistas, los que abogan por la libertad de los esclavos, al considerarlos personas y no cosas. Y, en el medio, como protagonistas centrales de la historia, sin saber muy bien lo que está sucediendo, los esclavos que fueron traídos desde el África.
Hay un detalle que es importante anotar: en 1839 Norteamérica sigue tolerando la esclavitud, aunque hay estados de la Unión que ya la han abolido (los estados del norte), mientras que los del sur tienen todavía el esclavismo como base de su modo de producción económica (grandes plantaciones con necesidad de abundante mano de obra). En medio de esa tensión dramática entre abolicionistas y esclavistas que hace presagiar la guerra civil que vendrá algunos años después, está un presidente que busca ansiosamente la reelección y por tanto estar bien con todos, pero sobretodo con los esclavistas, debido a que significaban votos vitales para su campaña reeleccionista; y, en el otro extremo, John Quincy Adams, abolicionista, ex presidente de la Unión, hijo de uno de los fundadores de la nación Norteamérica (John Adams), representante por el estado de Massachussets cuando sucede el “caso Amistad”.
Ese telón de fondo de carácter político y económico marcará el devenir de los sucesos y el tratamiento jurídico y judicial que se le otorgue al asunto, convirtiendo un simple caso de reivindicación de propiedad en base a un tratado (devolución de los esclavos y el navío a sus propietarios) en una lucha de sectores antagónicos en pugna dentro de la sociedad norteamericana (abolicionistas y esclavistas) y un pronunciarse a favor o en contra de los principales actores. No caben las medias tintas, e incluso algunos actuarán muy a su pesar, como el caso del ya anciano representante y semi retirado de la vida pública John Quincy Adams.
EL PROBLEMA JURÍDICO DURANTE EL JUICIO
El problema durante el juicio es del tratamiento legal que merecen los esclavos: de tratarlos como cosas, si su condición “natural” es la esclavitud; o como personas, de ser considerados hombres libres. Si es lo primero, se les aplica las reglas de los derechos reales, como bienes deben ser devueltos a sus propietarios; pero, de ser considerados como personas, el derecho que les corresponde es el derecho natural, uno de cuyos principios es precisamente la libertad del ser humano y que esta no puede ser disminuida bajo ningún concepto. Dios nos hizo libres y esa condición es inalienable .
Pero, al entender común de la época, los esclavos eran considerados como “cosas”, de allí que en un primer acto, durante el proceso, el abogado de la defensa base su estrategia del caso como un problema de propiedad: los esclavos no pertenecen a nadie debido a que fueron obtenidos ilegalmente en el África, reduciendo hombres libres a la condición de esclavitud, y no ser hijos de esclavos como sostenían los propietarios que reclamaban el bien. Por tanto, al no ser de nadie y no ser su condición “natural” el ser esclavos, debían ser puestos en libertad.
En un segundo momento, al volver el juicio a “fojas cero” por cambio de juez y sin presencia de jurado (en una intervención descarada del ejecutivo a fin de zanjar el asunto y no tenga más repercusiones políticas que afecten su candidatura), la estrategia cambia y la defensa se sustenta en los derechos humanos de los esclavos. Es cierto que para la época es muy temprano definir los ddhh tal como los entendemos ahora; pero, el concepto de libertad de la persona ha calado hondo entre los fundadores de la república y las repercusiones de la Revolución Francesa han marcado con su impronta el sello de los nacientes EEUU y la idea del ser humano libre.
La pregunta que subyace en este segundo momento es: ¿un país que nació a la vida independiente teniendo como uno de sus pilares fundamentales la libertad debe tolerar la esclavitud, o por cumplir un tratado internacional debe entregar a personas reducidas a esa condición a otro estado que sí avala la servidumbre humana?
La respuesta que es expresión del sentir entre los sectores progresistas de la época la dará el Juez que emite el fallo (y que supuestamente era el juez “complaciente” que había colocado el ejecutivo). Tiene una mixtura de doctrinas: deniega la devolución de los esclavos a los propietarios que planteaban la reivindicación no por condenar la esclavitud (ni menos desconocer el Tratado de 1795), sino porque fueron obtenidos de manera ilícita, al ser hombres libres reducidos a la condición de esclavos en el África y no hijos de esclavos en las plantaciones como alegaban los demandantes (sería como entregar a un ladrón el bien que ha robado). Pero va un poco más allá y ordena que no solo no sean devueltos, sino que dentro del plazo más corto posible y bajo costo del gobierno norteamericano sean repatriados a su lugar de origen, con lo que se aleja del derecho de las cosas, al no considerarlos meros bienes, y los trata como personas y por tanto con derechos inalienables a esta, lo que ahora comúnmente conocemos como derechos humanos (entre otros, el derecho a no ser desarraigado del lugar donde se vive).
Pero faltaría, para redondear la historia, la apelación por parte del gobierno federal del fallo ante la Corte Suprema. El presidente Van Buren, ante las consecuencias que un fallo así significaba para su reelección , apela, por intermedio de su fiscal, la decisión de ponerlos en libertad y el caso es elevado a la Corte Suprema.
La Corte Suprema compuesta por 9 magistrados, 7 son de origen sureño y dueños de esclavos, por lo que se teme un fallo adverso; sin embargo, en sentencia que es precedente para la época, decide confirmar la resolución del juez de primera instancia, utilizando sus mismos argumentos: no son esclavos sino hombres libres reducidos a esa condición, por lo que no es aplicable al caso el derecho de las cosas (y por tanto el tratado suscrito con España es inaplicable), sino el derecho de las personas, abonando incluso a favor de la insurrección cuando hombres libres son reducidos a la esclavitud.
*****
La moraleja es que nada es inmutable ni absoluto, ni el derecho como sistema es cerrado ni “puro” y perfecto, libre de las contaminaciones del mundo real, así como tampoco se puede interpretar por si solo, sino que está expuesto a múltiples influencias sociales, políticas, económicas o ideológicas, por lo que es necesario situarlo en su época para entenderlo. Lo que ahora es condenable (la esclavitud) antaño era social y jurídicamente aceptable y visto como algo natural. O, para decirlo de otra manera, lo que antaño era considerado justo y natural, ahora ya no lo es.
Al tratarse de un caso judicial en un contexto determinado, no debemos olvidar que las leyes y en general el sistema jurídico es un producto imperfecto de la cultura y que siempre debe ser entendido en su contexto. Por ello la sentencia absolutoria de los esclavos del buque Amistad tuvo una mixtura de criterios, acorde con la época en que se desarrolló el proceso, época de cambios en la sociedad norteamericana, pero que todavía no estaban definidos totalmente. No niega el esclavismo ni tampoco lo condena, pero le da al caso una solución como personas (derecho natural) y no como cosas (derechos reales). Ya no son bienes muebles, propiedad de alguien, sino personas con derechos inalienables.
Otro aspecto importante, y que es resaltado en el filme, es la independencia del Poder Judicial norteamericano desde sus orígenes. El Juez que resuelve en primera instancia, nombrado por el propio entorno del presidente Van Buren, falla en contra a los intereses políticos de este. Igual sucede en la Corte Suprema, pese a contar con una mayoría de miembros provenientes de la aristocracia sureña, falla en contra de los intereses de su clase social y a favor de los esclavos. Esa independencia del Poder Judicial fue garantía y contrapeso del Poder Ejecutivo desde el mismo nacimiento de los Estados Unidos, y en general es la aspiración de todo estado democrático debido a que garantiza una auténtica separación de poderes, necesaria para que no exista el avasallamiento de uno sobre otro, algo que nosotros conocemos muy bien de cerca.
Y, también debemos tener presente que el derecho no es algo estático sino en permanente ebullición, mientras la sociedad y el mundo esté vivo seguirá cambiando. El derecho no es puro ni perfecto como creían los positivistas, ni proviene del cielo como pensaban los naturalistas. El derecho es algo vivo, producto de las tensiones y luchas que se viven todos los días en este mundo, y por tanto, susceptible de cambios y modificaciones, con sus avances y retrocesos, pero humano al fin y al cabo. El filme Amistad es un ejemplo de ello.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
El filme trata sobre el hecho verídico, acaecido en el año de 1839, del amotinamiento de los esclavos en el buque negrero de bandera española “Amistad”, que circunstancialmente arribará a costas norteamericanas.
El hecho traerá consecuencias jurídicas que las podemos clasificar de tres maneras:
1) Las internacionales, en cuanto a las relaciones entre dos estados, el español y el norteamericano, que contaban con un tratado vigente y por tanto de cumplimiento obligatorio.
2) Las fundadas en el derecho privado, en cuanto reclamación de un bien por parte de sus propietarios, consistente en los esclavos y el navío incautados, fundamentación que se sustenta en el tratado.
3) Los derechos de los esclavos, en cuanto personas y no cosas.
Hay un hecho que es importante a fin de delimitar la competencia jurisdiccional: el lugar donde ocurren los hechos. Los hechos –el amotinamiento de los esclavos- ocurren en aguas internacionales, pero el buque arriba a costas norteamericanas y el “juez natural” debe ser el juez competente del lugar donde atraca el navío. De aplicarse el tratado suscrito entre las dos naciones, el asunto se habría resuelto sin más trámite que lo estipulado en el mismo (devolución de un bien), por lo que el actuar del “juez natural” estaría bastante limitado. Sin embargo, como veremos más adelante, y ateniéndonos a que en el derecho anglosajón el juez no es solo “la boca de la ley” como en el sistema latino, el magistrado crea derecho sentando precedente sobre el caso que se le exponga; así la decisión que tomará el magistrado estará muy distante a la de un simple ejecutor del tratado.
LAS PARTES RECLAMANTES
En la esfera reivindicatoria patrimonial , el primer reclamo es el de los propietarios de los esclavos, para lo cual adjuntan como medios probatorios los documentos que acreditan su tenencia y como fundamentación jurídica el tratado de 1795. A éste se suma el pedido de recompensa de los oficiales del guardacosta norteamericano que intercepta al “Amistad”, sustentando su petición en el derecho de pedir una recompensa al propietario por encontrar un bien perdido . Luego están los representantes del gobierno federal que piden la aplicación del tratado y por tanto los esclavos sean entregados a sus propietarios reclamantes. En cuarto lugar están los abolicionistas, los que abogan por la libertad de los esclavos, al considerarlos personas y no cosas. Y, en el medio, como protagonistas centrales de la historia, sin saber muy bien lo que está sucediendo, los esclavos que fueron traídos desde el África.
Hay un detalle que es importante anotar: en 1839 Norteamérica sigue tolerando la esclavitud, aunque hay estados de la Unión que ya la han abolido (los estados del norte), mientras que los del sur tienen todavía el esclavismo como base de su modo de producción económica (grandes plantaciones con necesidad de abundante mano de obra). En medio de esa tensión dramática entre abolicionistas y esclavistas que hace presagiar la guerra civil que vendrá algunos años después, está un presidente que busca ansiosamente la reelección y por tanto estar bien con todos, pero sobretodo con los esclavistas, debido a que significaban votos vitales para su campaña reeleccionista; y, en el otro extremo, John Quincy Adams, abolicionista, ex presidente de la Unión, hijo de uno de los fundadores de la nación Norteamérica (John Adams), representante por el estado de Massachussets cuando sucede el “caso Amistad”.
Ese telón de fondo de carácter político y económico marcará el devenir de los sucesos y el tratamiento jurídico y judicial que se le otorgue al asunto, convirtiendo un simple caso de reivindicación de propiedad en base a un tratado (devolución de los esclavos y el navío a sus propietarios) en una lucha de sectores antagónicos en pugna dentro de la sociedad norteamericana (abolicionistas y esclavistas) y un pronunciarse a favor o en contra de los principales actores. No caben las medias tintas, e incluso algunos actuarán muy a su pesar, como el caso del ya anciano representante y semi retirado de la vida pública John Quincy Adams.
EL PROBLEMA JURÍDICO DURANTE EL JUICIO
El problema durante el juicio es del tratamiento legal que merecen los esclavos: de tratarlos como cosas, si su condición “natural” es la esclavitud; o como personas, de ser considerados hombres libres. Si es lo primero, se les aplica las reglas de los derechos reales, como bienes deben ser devueltos a sus propietarios; pero, de ser considerados como personas, el derecho que les corresponde es el derecho natural, uno de cuyos principios es precisamente la libertad del ser humano y que esta no puede ser disminuida bajo ningún concepto. Dios nos hizo libres y esa condición es inalienable .
Pero, al entender común de la época, los esclavos eran considerados como “cosas”, de allí que en un primer acto, durante el proceso, el abogado de la defensa base su estrategia del caso como un problema de propiedad: los esclavos no pertenecen a nadie debido a que fueron obtenidos ilegalmente en el África, reduciendo hombres libres a la condición de esclavitud, y no ser hijos de esclavos como sostenían los propietarios que reclamaban el bien. Por tanto, al no ser de nadie y no ser su condición “natural” el ser esclavos, debían ser puestos en libertad.
En un segundo momento, al volver el juicio a “fojas cero” por cambio de juez y sin presencia de jurado (en una intervención descarada del ejecutivo a fin de zanjar el asunto y no tenga más repercusiones políticas que afecten su candidatura), la estrategia cambia y la defensa se sustenta en los derechos humanos de los esclavos. Es cierto que para la época es muy temprano definir los ddhh tal como los entendemos ahora; pero, el concepto de libertad de la persona ha calado hondo entre los fundadores de la república y las repercusiones de la Revolución Francesa han marcado con su impronta el sello de los nacientes EEUU y la idea del ser humano libre.
La pregunta que subyace en este segundo momento es: ¿un país que nació a la vida independiente teniendo como uno de sus pilares fundamentales la libertad debe tolerar la esclavitud, o por cumplir un tratado internacional debe entregar a personas reducidas a esa condición a otro estado que sí avala la servidumbre humana?
La respuesta que es expresión del sentir entre los sectores progresistas de la época la dará el Juez que emite el fallo (y que supuestamente era el juez “complaciente” que había colocado el ejecutivo). Tiene una mixtura de doctrinas: deniega la devolución de los esclavos a los propietarios que planteaban la reivindicación no por condenar la esclavitud (ni menos desconocer el Tratado de 1795), sino porque fueron obtenidos de manera ilícita, al ser hombres libres reducidos a la condición de esclavos en el África y no hijos de esclavos en las plantaciones como alegaban los demandantes (sería como entregar a un ladrón el bien que ha robado). Pero va un poco más allá y ordena que no solo no sean devueltos, sino que dentro del plazo más corto posible y bajo costo del gobierno norteamericano sean repatriados a su lugar de origen, con lo que se aleja del derecho de las cosas, al no considerarlos meros bienes, y los trata como personas y por tanto con derechos inalienables a esta, lo que ahora comúnmente conocemos como derechos humanos (entre otros, el derecho a no ser desarraigado del lugar donde se vive).
Pero faltaría, para redondear la historia, la apelación por parte del gobierno federal del fallo ante la Corte Suprema. El presidente Van Buren, ante las consecuencias que un fallo así significaba para su reelección , apela, por intermedio de su fiscal, la decisión de ponerlos en libertad y el caso es elevado a la Corte Suprema.
La Corte Suprema compuesta por 9 magistrados, 7 son de origen sureño y dueños de esclavos, por lo que se teme un fallo adverso; sin embargo, en sentencia que es precedente para la época, decide confirmar la resolución del juez de primera instancia, utilizando sus mismos argumentos: no son esclavos sino hombres libres reducidos a esa condición, por lo que no es aplicable al caso el derecho de las cosas (y por tanto el tratado suscrito con España es inaplicable), sino el derecho de las personas, abonando incluso a favor de la insurrección cuando hombres libres son reducidos a la esclavitud.
*****
La moraleja es que nada es inmutable ni absoluto, ni el derecho como sistema es cerrado ni “puro” y perfecto, libre de las contaminaciones del mundo real, así como tampoco se puede interpretar por si solo, sino que está expuesto a múltiples influencias sociales, políticas, económicas o ideológicas, por lo que es necesario situarlo en su época para entenderlo. Lo que ahora es condenable (la esclavitud) antaño era social y jurídicamente aceptable y visto como algo natural. O, para decirlo de otra manera, lo que antaño era considerado justo y natural, ahora ya no lo es.
Al tratarse de un caso judicial en un contexto determinado, no debemos olvidar que las leyes y en general el sistema jurídico es un producto imperfecto de la cultura y que siempre debe ser entendido en su contexto. Por ello la sentencia absolutoria de los esclavos del buque Amistad tuvo una mixtura de criterios, acorde con la época en que se desarrolló el proceso, época de cambios en la sociedad norteamericana, pero que todavía no estaban definidos totalmente. No niega el esclavismo ni tampoco lo condena, pero le da al caso una solución como personas (derecho natural) y no como cosas (derechos reales). Ya no son bienes muebles, propiedad de alguien, sino personas con derechos inalienables.
Otro aspecto importante, y que es resaltado en el filme, es la independencia del Poder Judicial norteamericano desde sus orígenes. El Juez que resuelve en primera instancia, nombrado por el propio entorno del presidente Van Buren, falla en contra a los intereses políticos de este. Igual sucede en la Corte Suprema, pese a contar con una mayoría de miembros provenientes de la aristocracia sureña, falla en contra de los intereses de su clase social y a favor de los esclavos. Esa independencia del Poder Judicial fue garantía y contrapeso del Poder Ejecutivo desde el mismo nacimiento de los Estados Unidos, y en general es la aspiración de todo estado democrático debido a que garantiza una auténtica separación de poderes, necesaria para que no exista el avasallamiento de uno sobre otro, algo que nosotros conocemos muy bien de cerca.
Y, también debemos tener presente que el derecho no es algo estático sino en permanente ebullición, mientras la sociedad y el mundo esté vivo seguirá cambiando. El derecho no es puro ni perfecto como creían los positivistas, ni proviene del cielo como pensaban los naturalistas. El derecho es algo vivo, producto de las tensiones y luchas que se viven todos los días en este mundo, y por tanto, susceptible de cambios y modificaciones, con sus avances y retrocesos, pero humano al fin y al cabo. El filme Amistad es un ejemplo de ello.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, September 12, 2007
A CUATRO AÑOS DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y EL PERÚ DE HOY
Lo que significó en su momento el Informe Final de la CVR, suerte de catarsis colectiva y buenas intenciones, parece hoy caer en el olvido y el marasmo, cuyo recuerdo a los cuatro años de la entrega del informe (y quince de la captura de Abimael Guzmán) han pasado más o menos desapercibidos por el grueso de la población, que parece no importarle. Es más, la reciente denuncia de un diario contra el empresario Julio Favre de pertenecer o por lo menos apoyar a grupos de aniquilamiento antiterrorista parece también no importarle a muchos, salvo la oposición humalo izquierdista que quiere ganar réditos políticos con el asunto (el propio Humala no se ha pronunciado personalmente al respecto debido a que también tiene antecedentes de ejecuciones sumarias durante su etapa como militar en actividad). A nadie más parece interesar el tema.
No creo que la explicación sea solo por la campaña de desprestigio a la Comisión que, desde su instalación, la derecha mediática se esmeró en prodigar (“terroristas disfrazados”, “caviares”, etc, etc). Atribuirle a ella el mérito sería creer que tiene influencia ideológica en todos los sectores sociales (lo que supondría pensar que es poseedora de una concepción ideológica e inteligencia que trasvasa todos los niveles sociales, algo que dista mucho de nuestra casi siempre torpe derecha). Sería como creer que a la oposición la mueve solo los grupos humalistas. Es atribuirle demasiados méritos.
Creo que las causas están más en la indiferencia o el querer olvidar hechos tan trágicos para quienes los vivimos. En principio, el contexto es otro. No estamos ni ante una arremetida de la subversión que haga peligrar al Estado y a la Sociedad, como tampoco ante una grave crisis que signifique solo sobrevivir el día a día como lo fue hacia 1988-90, cuando se amalgamó el desgobierno, la hiperinflación, la corrupción, la carestía de bienes esenciales, los atentados terroristas y los apagones, en lo que parecía la desaparición de un país.
Esa etapa ya no se vive. Por otro lado, quienes la vivieron prefieren dedicarse a otros menesteres y no recordarlas. El olvido es un mecanismo saludable de la psique y habría que ser muy masoquista para estar recordando situaciones dolorosas. Por otra parte, muchos de los que vivieron aquellos terribles años creen que estuvo bien que el Estado o algunos grupos de la sociedad usen las mismas armas que los terroristas para acabar con ellos. “Ojo por ojo”. Tú matas, igual te mato yo. Por eso la campaña de un diario (La Primera) contra el presidente de Fonsur, Julio Favre, no ha tenido la repercusión que esperaban más allá de los reducidos sectores que han hecho eco de la noticia. Muchos avalaron y avalan aún hoy las ejecuciones extrajudiciales que sucedieron bajo el gobierno de Fujimori. “Estuvo bien” es el locuaz y contundente comentario. Y, los que están de acuerdo no son fujimoristas recalcitrantes, sino ciudadanos de a pie que estaban hartos de la situación anterior, así como de la ineptitud de los partidos políticos.
Tenemos también a toda una generación de jóvenes que no vivieron la época del terrorismo porque no habían nacido o eran muy pequeños. Para ellos todo esto es historia y es muy difícil que les importe recordar a los muertos en la época del terror. Estos jóvenes son pragmáticos y totalmente desideologizados, no han experimentado ningún “ismo” de la política.
¿Qué hacer? Creo que recordar fechas importantes está bien. Se debe continuar recordando esa etapa de la historia para que no se vuelva a repetir; pero, no se puede forzar a que toda una generación o un grupo de peruanos se pliegue al dolor o este sea manejado con fines políticos. Más allá de las exageraciones en el número de muertos (la estadística aplicada por la CVR no fue la más idónea), fue importante históricamente hacer el “exorcismo” colectivo a través del informe, exorcismo que ha tenido buenos resultados debido a que la sociedad se ha liberado de una gran carga para seguir adelante y mirar el futuro. Más allá de eso siempre debemos tener presente lo que sucedió en aquella aciaga etapa, y que los fanatismos de cualquier signo son lo peor que puede pasarle a una sociedad, sea el fanatismo de creer en la “ideología correcta” como Sendero Luminoso, en el fanatismo religioso como algunos grupos musulmanes o el fanatismo económico de los que creen que el mercado es el gran solucionador de todos los problemas. Sea cual sea el tinte del fanatismo, al final se convierte en intolerancia y en destrucción del que piensa distinto, sintiéndose el fanático dueño de la “única verdad”. De esa percepción absoluta e incuestionable estamos a un paso del genocidio y de una de las mayores estupideces que puede propiciar la especie humana.
En ese sentido es bueno recordar estos aniversarios, así como que existen reparaciones civiles pendientes por parte del Estado y que debe cumplirlas, y que la construcción de una mejor sociedad depende de todos nosotros, sin exclusiones ni dictados de grupos iluminados, como aquel que se hacía llamar irónicamente Sendero Luminoso.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
No creo que la explicación sea solo por la campaña de desprestigio a la Comisión que, desde su instalación, la derecha mediática se esmeró en prodigar (“terroristas disfrazados”, “caviares”, etc, etc). Atribuirle a ella el mérito sería creer que tiene influencia ideológica en todos los sectores sociales (lo que supondría pensar que es poseedora de una concepción ideológica e inteligencia que trasvasa todos los niveles sociales, algo que dista mucho de nuestra casi siempre torpe derecha). Sería como creer que a la oposición la mueve solo los grupos humalistas. Es atribuirle demasiados méritos.
Creo que las causas están más en la indiferencia o el querer olvidar hechos tan trágicos para quienes los vivimos. En principio, el contexto es otro. No estamos ni ante una arremetida de la subversión que haga peligrar al Estado y a la Sociedad, como tampoco ante una grave crisis que signifique solo sobrevivir el día a día como lo fue hacia 1988-90, cuando se amalgamó el desgobierno, la hiperinflación, la corrupción, la carestía de bienes esenciales, los atentados terroristas y los apagones, en lo que parecía la desaparición de un país.
Esa etapa ya no se vive. Por otro lado, quienes la vivieron prefieren dedicarse a otros menesteres y no recordarlas. El olvido es un mecanismo saludable de la psique y habría que ser muy masoquista para estar recordando situaciones dolorosas. Por otra parte, muchos de los que vivieron aquellos terribles años creen que estuvo bien que el Estado o algunos grupos de la sociedad usen las mismas armas que los terroristas para acabar con ellos. “Ojo por ojo”. Tú matas, igual te mato yo. Por eso la campaña de un diario (La Primera) contra el presidente de Fonsur, Julio Favre, no ha tenido la repercusión que esperaban más allá de los reducidos sectores que han hecho eco de la noticia. Muchos avalaron y avalan aún hoy las ejecuciones extrajudiciales que sucedieron bajo el gobierno de Fujimori. “Estuvo bien” es el locuaz y contundente comentario. Y, los que están de acuerdo no son fujimoristas recalcitrantes, sino ciudadanos de a pie que estaban hartos de la situación anterior, así como de la ineptitud de los partidos políticos.
Tenemos también a toda una generación de jóvenes que no vivieron la época del terrorismo porque no habían nacido o eran muy pequeños. Para ellos todo esto es historia y es muy difícil que les importe recordar a los muertos en la época del terror. Estos jóvenes son pragmáticos y totalmente desideologizados, no han experimentado ningún “ismo” de la política.
¿Qué hacer? Creo que recordar fechas importantes está bien. Se debe continuar recordando esa etapa de la historia para que no se vuelva a repetir; pero, no se puede forzar a que toda una generación o un grupo de peruanos se pliegue al dolor o este sea manejado con fines políticos. Más allá de las exageraciones en el número de muertos (la estadística aplicada por la CVR no fue la más idónea), fue importante históricamente hacer el “exorcismo” colectivo a través del informe, exorcismo que ha tenido buenos resultados debido a que la sociedad se ha liberado de una gran carga para seguir adelante y mirar el futuro. Más allá de eso siempre debemos tener presente lo que sucedió en aquella aciaga etapa, y que los fanatismos de cualquier signo son lo peor que puede pasarle a una sociedad, sea el fanatismo de creer en la “ideología correcta” como Sendero Luminoso, en el fanatismo religioso como algunos grupos musulmanes o el fanatismo económico de los que creen que el mercado es el gran solucionador de todos los problemas. Sea cual sea el tinte del fanatismo, al final se convierte en intolerancia y en destrucción del que piensa distinto, sintiéndose el fanático dueño de la “única verdad”. De esa percepción absoluta e incuestionable estamos a un paso del genocidio y de una de las mayores estupideces que puede propiciar la especie humana.
En ese sentido es bueno recordar estos aniversarios, así como que existen reparaciones civiles pendientes por parte del Estado y que debe cumplirlas, y que la construcción de una mejor sociedad depende de todos nosotros, sin exclusiones ni dictados de grupos iluminados, como aquel que se hacía llamar irónicamente Sendero Luminoso.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Thursday, September 06, 2007
CUANDO LA PACIENCIA SE AGOTA: LAS MANIFESTACIONES EN EL CHILE SOCIALISTA
A Michelle Bachelet le ha tocado lidiar con el pasivo de la concertación luego de más de quince años de tranquilidad y paz en Chile. Aparentemente estábamos ya ante el modelo redistributivo más exitoso de la región, hasta que asomó primero las protestas de los escolares, luego las que vinieron por el Trasantiago que no funcionaba bien, y ahora una protesta de varias centrales y federaciones sindicales, entre ellas la todopoderosa CUT (suerte de CGTP mapocha).
La protesta obedece a la distribución de la riqueza. Desde que en Chile se cimentó el modelo de economía de mercado, las desigualdades entre ricos y pobres comenzaron a ser cada vez mayores, lo que ha traído como consecuencia la insatisfacción natural de los de abajo. Cuando el modelo trae desigualdades, como es el aplicado en Chile, el Estado debe encargarse de corregirlas, y eso solo se logra vía tributos (aplicando más impuestos al que más gana) y distribuyendo ese dinero en sectores claves como educación, salud y fomentando el empleo. Y, si bien la salud y la educación se encuentran en mejor posición que las nuestras, sin embargo el campanazo de las protestas últimas se traduce en que es necesario mayor profundización de las políticas redistributivas, mejor calidad de vida y mejores sueldos para los trabajadores.
No hay fórmula mágica. Dentro del esquema económico actual (que el Perú también lo sigue) la distribución le compete al Estado, el mercado por su propia naturaleza no es distribuidor, así que el primero debe tener una política más agresiva para llegar a los que menos tienen.
Ojalá que las protestas contra el gobierno de la concertación no sea el fin de esta. Resultaría una paradoja que el siguiente gobierno fuese de derecha y que las fuerzas organizadas del trabajo hayan contribuido a su final. Sería una ironía de la historia. Por el momento, parece que las protestas solo buscan llamar la atención para una mejor y más amplia redistribución. El gobierno socialista chileno deberá satisfacer las demandas, caso contrario podría estar cavando su propio final, y si fracasa, no sería el fracaso en un solo país, sino en el hemisferio, en esa lucha (no declarada expresamente) con las fuerzas de la reacción que encarna Hugo Chávez y sus seguidores. Sería darles la excusa de que el “modelo” de ellos “sí funciona” y que “el socialismo del siglo XXI” es la panacea de todos los males y no lo que es en verdad: una versión pasada de nacionalismo indigesto y trasnochado, con toques de “socialismo cubano”. Ese es el reto que tiene la concertación chilena y de todos aquellos que no creemos ni en la dictadura chavista ni en la dictadura del mercado.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
La protesta obedece a la distribución de la riqueza. Desde que en Chile se cimentó el modelo de economía de mercado, las desigualdades entre ricos y pobres comenzaron a ser cada vez mayores, lo que ha traído como consecuencia la insatisfacción natural de los de abajo. Cuando el modelo trae desigualdades, como es el aplicado en Chile, el Estado debe encargarse de corregirlas, y eso solo se logra vía tributos (aplicando más impuestos al que más gana) y distribuyendo ese dinero en sectores claves como educación, salud y fomentando el empleo. Y, si bien la salud y la educación se encuentran en mejor posición que las nuestras, sin embargo el campanazo de las protestas últimas se traduce en que es necesario mayor profundización de las políticas redistributivas, mejor calidad de vida y mejores sueldos para los trabajadores.
No hay fórmula mágica. Dentro del esquema económico actual (que el Perú también lo sigue) la distribución le compete al Estado, el mercado por su propia naturaleza no es distribuidor, así que el primero debe tener una política más agresiva para llegar a los que menos tienen.
Ojalá que las protestas contra el gobierno de la concertación no sea el fin de esta. Resultaría una paradoja que el siguiente gobierno fuese de derecha y que las fuerzas organizadas del trabajo hayan contribuido a su final. Sería una ironía de la historia. Por el momento, parece que las protestas solo buscan llamar la atención para una mejor y más amplia redistribución. El gobierno socialista chileno deberá satisfacer las demandas, caso contrario podría estar cavando su propio final, y si fracasa, no sería el fracaso en un solo país, sino en el hemisferio, en esa lucha (no declarada expresamente) con las fuerzas de la reacción que encarna Hugo Chávez y sus seguidores. Sería darles la excusa de que el “modelo” de ellos “sí funciona” y que “el socialismo del siglo XXI” es la panacea de todos los males y no lo que es en verdad: una versión pasada de nacionalismo indigesto y trasnochado, con toques de “socialismo cubano”. Ese es el reto que tiene la concertación chilena y de todos aquellos que no creemos ni en la dictadura chavista ni en la dictadura del mercado.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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