Pasó medio desapercibido el Foro Liberal de Marzo pasado celebrado en la Universidad de Lima, ello a pesar de la nutrida presencia de “ex presidentes constitucionales”.
Es cierto que el número de ex presidentes cuyo mandato fue por elección popular es bastante amplio y de todo tipo en América Latina. En treinta años y con elecciones limpias o más o menos limpias en la región, la lista de ex presidentes constitucionales pasados al retiro temporal o definitivo tiende a engrosar. De todo tipo o sesgo político, casi siempre tienen como ocupación el escribir artículos (las más de las veces políticamente correctos y bastante “aburridos”) en distintos periódicos de habla hispana y sobretodo el dictar conferencias invitados aquí y allá. Es una forma bastante elegante y cómoda de “mantenerse vigente” y al mismo tiempo ganarse la vida mientras se espera la reelección (en los casos que las leyes de sus países lo permitan) o en otros de ser su definitivo pane lucrando.
La verdad, el cónclave liberal mereció mayor difusión de los medios. Si no fuese por algunos comentarios bastante hostiles a la reunión que, sin querer queriendo, le hicieron un poco de publicidad, este pasaba totalmente inadvertido; pese al anuncio, semanas previas al evento, a página entera en el decano de la prensa nacional. Ni la presencia de Mario Vargas Llosa atrajo la atención mediática necesaria.
Tampoco estuvieron los que debieron estar, y hubo otros cuya presencia hizo recordar algunos actos de su gobierno poco democráticos, limpios o legales. Como que la representación liberal no estuvo bien seleccionada y más parecían émulos de la tristemente célebre DBA local (derecha bruta y achorada). Hasta alguien comentó, no sin razón, que en esa mesa estaría muy cómodo un conocido director de un diario de derecha local, sino fuese porque está peleado con el hijo de don Mario y por eso no lo invitaron.
Pero, ¿por qué no prende la ideología y prédica liberal en países como Perú?
Más allá del intento del propio MVLL en el FREDEMO, no se ha vuelto a reeditar con el ímpetu necesario una renovación política y programática del liberalismo en el Perú. Es un hecho que “sus recetas” fueron asimiladas por todos los gobiernos peruanos sin excepción desde los 90 en adelante. Igual sucedió en otros países del continente. Curiosamente las recetas fueron aplicadas con mayor fruición por aquellos que siendo candidatos se reclamaban en una posición de izquierda, marcadamente estatista e intervencionista, terminando por asumir el programa liberal de privatizaciones, reducción del estado, déficit cero, entre otros puntos de la agenda que causaban tanto recelo hace apenas veinte años atrás. Fujimori, Toledo, García y ahora último Humala, todos sin excepción, siguen el modelo económico liberal, pese a que en su momento se autoproclamaron de izquierda o centro izquierda y lo repudiaron abiertamente.
Quizás a los liberales criollos les ha sucedido lo mismo que a los apristas: su programa inicial fue asumido por sus más férreos opositores. Al APRA le pasó con los militares, bajo el gobierno de Velasco, que se inspiró en el programa contenido en el auroral El antiimperialismo y el APRA como fuente doctrinaria y política de las nacionalizaciones de aquellos años y su prédica antiimperialista. A los liberales les ha ocurrido algo similar. Otros, llegados al poder y que no causaban tanta resistencia en el electorado, han aplicado su programa.
Admítase o no el país está creciendo con el modelo (lo cual dista obviamente de creer ciegamente en él). Pero ese reconocimiento ideológico no se ha trasformado en rédito político a favor de la causa liberal. Quizás la razón esté en que “la receta” ha pasado a ser parte del sentido común político, aplicada indistintamente por partidos y personalidades de tendencias bastante disímiles. Por otra parte no ha existido un movimiento político auténticamente liberal que le de sustento fáctico a la ideología. Como anotamos líneas arriba, el último intento serio fue el Movimiento Libertad y ya sabemos cómo terminó luego de la derrota electoral de 1990: algunos de sus principales cuadros, sin rubor en la cara, pasaron a servir al gobierno de Fujimori post golpe de estado y otros prefirieron la discreta autoexclusión de la praxis política, incluyendo al líder natural del movimiento, MVLL.
Sería bueno para la política local que exista un partido explícitamente liberal. Falta mayor debate y presencia de los liberales en el Perú, así como la “salida del closet” de algunos que habiendo sido entusiastas colaboradores primero del Movimiento Libertad y luego del fujimorismo en los años noventa, hoy actúan en forma encubierta bajo la fachada de “caviares de derecha”, mientras su corazoncito late por el liberalismo. Y una cosa más importante: que ese partido liberal “huela a cholo”. Que sea un partido de masas, no de cuatro grandes empresarios jugando a la política. Esa fue una de las razones por las que fracasó el FREDEMO: olía mucho a Club Nacional y a perfumes caros de Paris. Sino pregúntenle al APRA por qué caló tanto en el peruano del siglo XX, así como los fujimoristas (nos guste o no) en el presente siglo. Y, otro detalle no menos importante: no confundan el engendro del neoliberalismo con el noble liberalismo. Este último es mucho más grande y generoso que el otro.
Está bien criticar los monopolios del estado o el populismo manirroto que deja más pobre al país; pero no se olviden también de criticar los “acuerdos” entre empresas privadas a fin de concertar precios o que gran culpa por esta última crisis se debe a la irresponsabilidad de los grandes bancos y al “populismo” del estado por salvarlos de la bancarrota asumiendo sus pasivos y sacrificando el estado de bienestar de la mayoría de sus ciudadanos.
En países como el nuestro no es que exista demasiado estado, sino que el existente es ineficiente (salvo honrosas excepciones) y no llega a todos los ciudadanos, sobretodo si pertenecen a los sectores sociales con menos poder económico o político. Por eso para los poderes fácticos es fácil cooptarlo y seguir manteniendo el statu quo; aspecto en el cual no reparan los neoliberales criollos al momento de efectuar sus duras críticas contra el estado.
No podemos decir, parafraseando de nuevo al viejo partido de Alfonso Ugarte, que “solo el liberalismo salvará al Perú”, pero sí oxigenaría la política con un debate estimulante, más allá de las aguas estancadas de la actualidad.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, June 19, 2012
Friday, June 01, 2012
PAROS ANTIMINEROS, DE NUEVO
Los paros antimineros ya no son la excepción, son la regla, a tal punto que en el reciente, en la provincia de Espinar, el gobierno ha decretado el estado de emergencia, con la suspensión de ciertas garantías constitucionales, síntoma evidente que la situación era inmanejable para el estado.
Es cierto que en los organizadores de los paros –y de la mano de ciertas ONGs ambientalistas- subyace una ideología decididamente contraria a la gran minería, de un no rotundo, así se demuestre que no produce daño significativo al medio ambiente. El caso emblemático es Conga. Haya o no haya estudio de impacto ambiental Conga no iba a ejecutarse. Y no se trata solamente de simple cálculo político de los actores en escena, algunos actuando de buena fe, los más burdamente (con intenciones muy evidentes) y otros demostrando mejor “habilidad escénica”. No es solamente ello, sino la ideología que subyace al “no a la gran minería”.
En este aspecto los grupos de izquierda detrás de la oposición a los grandes proyectos mineros apuestan por una suerte de Edén sustentado en la agricultura, el turismo ecológico y “los grupos primitivos” como base de un “desarrollo equilibrado”. La vuelta a un supuesto pasado idealizado, antes de la llegada de los primeros occidentales a América. El “mito fundacional” exacerbado por creencias no fundamentadas que ese pasado fue más justo y equitativo que el actual presente; consiguientemente la gran minería que ha sido la fuente de todas nuestras desgracias debe ser erradicada del país “por siempre y para siempre”.
Hemos regresado al arquetipo idílico de los utopistas del XIX. Si Marx los viera, se mataría de la risa.
Por eso, estos grupos de izquierda no hacen mención para nada a la explotación de la pequeña minería, informal, artesanal y muchas veces ilegal. Para estos grupos son “pobrecitos”, suerte de lumpen proletariado o proletariado informal que no encuentra otra forma de supervivencia. Su visión y justificación se encuentra arraigada en algunas lecturas de manuales marxistas de los años 30, combinado con una mala aplicación de ciertas doctrinas sociales de la Iglesia Católica que apuestan por los más pobres y desposeídos. Por ello nunca escucharemos o leeremos alguna crítica de estos grupos contra la depredación del ambiente que realizan los mineros informales, la evasión tributaria, la explotación sexual de menores y la comercialización de drogas que se practica en este perverso circuito minero.
El otro lado del problema se encuentra en el gobierno y el estado. Todos los gobiernos, incluyendo el de Humala, han apoyado la gran minería por razones prácticas: la renta minera permite solventar ampliamente los gastos del estado, incluyendo los gastos sociales de la presente administración (Beca 18, pensión 65, Cuna más, etc.); pero sin contar hasta la fecha con un proyecto de desarrollo nacional sustentable a largo plazo en la renta minera, lo cual implicaría una reforma política, legal, administrativa y económica que ningún gobierno hasta el momento ha querido encarar seriamente.
Además, los sucesivos gobiernos se apoyan en la gran minería porque es fácil de monitorear y fiscalizar ya que se trata de unas cuantas empresas fácilmente ubicables, formales; y, por lo general, cuidan más del ambiente y practican lo que se denomina “responsabilidad social”. Grados más, grados menos (siempre hay una “oveja negra” por allí) prefieren ser bien vistas por la comunidad y tratar de arreglar las diferencias que se presentan. La magnitud de las inversiones que realizan les impide oponerse ciegamente a los petitorios humanos y ambientales que las comunidades aledañas o el estado les exigen… siempre y cuando estos sean racionalmente “manejables”.
Es cierto que a veces en las negociaciones algunas mineras “patean el tablero” o demuestran “insensibilidad social” hacia la comunidad, generándose rechazo de los lugareños y los subsecuentes “paros antimineros”. En otras ocasiones, la población es azuzada por demagogos que buscan posicionarse en su región o a nivel nacional, y así obtener un provecho político o económico; donde toda posición intermedia conciliadora es engullida por los extremos radicales. Entre representantes mineros con escasa perspectiva, dirigencias antimineras demagógicas e ideologizadas y un estado ausente, es fácil presumir como el conflicto va creciendo hasta el estruendoso estallido.
Desconozco si el estado cuente con una oficina permanente y equipos de negociación efectivos con amplias facultades para resolver los conflictos antes que estallen, resolverlos cuando todavía son embrión y las cosas no se han salido de contexto (de nuevo Espinar, de nuevo Conga). No se trata solo que vaya un ministro a firmar un acta (que luego será incumplida) cuando la pradera ya se incendió, sino de tener voluntad política para actuar antes que los hechos salgan de control. Caso contrario, van a servir políticamente en “bandeja de plata” a los grupos de izquierda que buscan “regresar al Edén agrícola pre colonial”. (De nuevo, Marx de enterarse, se reiría a mandíbula abierta de ellos, no sin antes lanzarles uno de sus típicos sarcasmos).
Si estos grupos de oposición tomaran conciencia como otros países han logrado desarrollar y crecer utilizando la renta minera, sabrían que es posible desarrollo, cuidado del ambiente y explotación minera, algo que al parecer ha entendido el presidente Humala, en contraposición al incendiario candidato Humala.
Asimismo, parte de los beneficios que reporta la renta minera deben ir directamente a los vecinos aledaños a la mina. No los podemos tratar como infantes incapaces. Incluso si el estado quiere tener la conciencia tranquila y ser responsable con el dinero que entregue directamente, esa entrega puede estar condicionada a ciertos requisitos previos como escolaridad de los menores, cuidado de la mujer y el anciano, programas de empleabilidad inmediata, etc.
El problema es complejo por los intereses contrapuestos que existen en torno a la gran minería y los bolsones de pobreza existentes alrededor de las minas a explotar. Por parte de los grupos antimineros existe el objetivo de “tirar la cuerda” hasta que esta se rompa, acompañado de un estado ausente y poco eficaz para resolver los conflictos. Lo ideal sería que comunidad, empresa minera y estado negocien y cedan en algo para que todos ganen. Es la forma madura de enfrentar los problemas. Lamentablemente esa actitud se percibe bastante lejana y más bien priman los berrinches infantiles, actitud con la que todos pierden; incluso esos pobres que dicen defender los que se oponen a los grandes proyectos mineros.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Es cierto que en los organizadores de los paros –y de la mano de ciertas ONGs ambientalistas- subyace una ideología decididamente contraria a la gran minería, de un no rotundo, así se demuestre que no produce daño significativo al medio ambiente. El caso emblemático es Conga. Haya o no haya estudio de impacto ambiental Conga no iba a ejecutarse. Y no se trata solamente de simple cálculo político de los actores en escena, algunos actuando de buena fe, los más burdamente (con intenciones muy evidentes) y otros demostrando mejor “habilidad escénica”. No es solamente ello, sino la ideología que subyace al “no a la gran minería”.
En este aspecto los grupos de izquierda detrás de la oposición a los grandes proyectos mineros apuestan por una suerte de Edén sustentado en la agricultura, el turismo ecológico y “los grupos primitivos” como base de un “desarrollo equilibrado”. La vuelta a un supuesto pasado idealizado, antes de la llegada de los primeros occidentales a América. El “mito fundacional” exacerbado por creencias no fundamentadas que ese pasado fue más justo y equitativo que el actual presente; consiguientemente la gran minería que ha sido la fuente de todas nuestras desgracias debe ser erradicada del país “por siempre y para siempre”.
Hemos regresado al arquetipo idílico de los utopistas del XIX. Si Marx los viera, se mataría de la risa.
Por eso, estos grupos de izquierda no hacen mención para nada a la explotación de la pequeña minería, informal, artesanal y muchas veces ilegal. Para estos grupos son “pobrecitos”, suerte de lumpen proletariado o proletariado informal que no encuentra otra forma de supervivencia. Su visión y justificación se encuentra arraigada en algunas lecturas de manuales marxistas de los años 30, combinado con una mala aplicación de ciertas doctrinas sociales de la Iglesia Católica que apuestan por los más pobres y desposeídos. Por ello nunca escucharemos o leeremos alguna crítica de estos grupos contra la depredación del ambiente que realizan los mineros informales, la evasión tributaria, la explotación sexual de menores y la comercialización de drogas que se practica en este perverso circuito minero.
El otro lado del problema se encuentra en el gobierno y el estado. Todos los gobiernos, incluyendo el de Humala, han apoyado la gran minería por razones prácticas: la renta minera permite solventar ampliamente los gastos del estado, incluyendo los gastos sociales de la presente administración (Beca 18, pensión 65, Cuna más, etc.); pero sin contar hasta la fecha con un proyecto de desarrollo nacional sustentable a largo plazo en la renta minera, lo cual implicaría una reforma política, legal, administrativa y económica que ningún gobierno hasta el momento ha querido encarar seriamente.
Además, los sucesivos gobiernos se apoyan en la gran minería porque es fácil de monitorear y fiscalizar ya que se trata de unas cuantas empresas fácilmente ubicables, formales; y, por lo general, cuidan más del ambiente y practican lo que se denomina “responsabilidad social”. Grados más, grados menos (siempre hay una “oveja negra” por allí) prefieren ser bien vistas por la comunidad y tratar de arreglar las diferencias que se presentan. La magnitud de las inversiones que realizan les impide oponerse ciegamente a los petitorios humanos y ambientales que las comunidades aledañas o el estado les exigen… siempre y cuando estos sean racionalmente “manejables”.
Es cierto que a veces en las negociaciones algunas mineras “patean el tablero” o demuestran “insensibilidad social” hacia la comunidad, generándose rechazo de los lugareños y los subsecuentes “paros antimineros”. En otras ocasiones, la población es azuzada por demagogos que buscan posicionarse en su región o a nivel nacional, y así obtener un provecho político o económico; donde toda posición intermedia conciliadora es engullida por los extremos radicales. Entre representantes mineros con escasa perspectiva, dirigencias antimineras demagógicas e ideologizadas y un estado ausente, es fácil presumir como el conflicto va creciendo hasta el estruendoso estallido.
Desconozco si el estado cuente con una oficina permanente y equipos de negociación efectivos con amplias facultades para resolver los conflictos antes que estallen, resolverlos cuando todavía son embrión y las cosas no se han salido de contexto (de nuevo Espinar, de nuevo Conga). No se trata solo que vaya un ministro a firmar un acta (que luego será incumplida) cuando la pradera ya se incendió, sino de tener voluntad política para actuar antes que los hechos salgan de control. Caso contrario, van a servir políticamente en “bandeja de plata” a los grupos de izquierda que buscan “regresar al Edén agrícola pre colonial”. (De nuevo, Marx de enterarse, se reiría a mandíbula abierta de ellos, no sin antes lanzarles uno de sus típicos sarcasmos).
Si estos grupos de oposición tomaran conciencia como otros países han logrado desarrollar y crecer utilizando la renta minera, sabrían que es posible desarrollo, cuidado del ambiente y explotación minera, algo que al parecer ha entendido el presidente Humala, en contraposición al incendiario candidato Humala.
Asimismo, parte de los beneficios que reporta la renta minera deben ir directamente a los vecinos aledaños a la mina. No los podemos tratar como infantes incapaces. Incluso si el estado quiere tener la conciencia tranquila y ser responsable con el dinero que entregue directamente, esa entrega puede estar condicionada a ciertos requisitos previos como escolaridad de los menores, cuidado de la mujer y el anciano, programas de empleabilidad inmediata, etc.
El problema es complejo por los intereses contrapuestos que existen en torno a la gran minería y los bolsones de pobreza existentes alrededor de las minas a explotar. Por parte de los grupos antimineros existe el objetivo de “tirar la cuerda” hasta que esta se rompa, acompañado de un estado ausente y poco eficaz para resolver los conflictos. Lo ideal sería que comunidad, empresa minera y estado negocien y cedan en algo para que todos ganen. Es la forma madura de enfrentar los problemas. Lamentablemente esa actitud se percibe bastante lejana y más bien priman los berrinches infantiles, actitud con la que todos pierden; incluso esos pobres que dicen defender los que se oponen a los grandes proyectos mineros.
Eduardo Jiménez J.
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