Por: Eduardo Jiménez J.
@ejj2107
Quizás a corto plazo el proyecto de
explotación minera Tía María tendrá
que archivarse, hasta mejores tiempos; pero ello no quita algunas reflexiones
que sobre la oposición a la ejecución del proyecto minero pueda suscitarse
desde diferentes ángulos.
Vamos con el político primero. Tierra y
Libertad y la dirigencia de la oposición.
Si bien moralmente la dirigencia que encabezó
las protestas de Tía María se
encuentra descalificada a raíz del audio donde el principal organizador
antiminero de la protesta literalmente se vendía por “un plato de lentejas”, lo
que de por si descalifica a cierta dirigencia de izquierda que mira sobretodo
su interés particular y es síntoma evidente de la descomposición moral de gran
parte del país, sea de derecha o de izquierda; me interesa más la organización
política que se encuentra detrás del paro minero, Tierra y Libertad, del ex
sacerdote Marco Arana, con inscripción oficial en el Jurado Nacional de
Elecciones y aspiraciones presidenciales.
¿Hasta qué punto la prédica antiminera y
proambientalista puede acumular votos y voluntades para ganar una elección
nacional?
Evidentemente que muy poco y creo que Arana y
asociados lo saben bien. La prédica antiminera y proambientalista no es viable
para ganar una elección nacional, y por lo sucedido en la propia Cajamarca
(cuna del movimiento), ni siquiera a nivel regional se gana una elección con
una prédica radical.
La pregunta es ¿porqué continúan con una
prédica de esa naturaleza si saben que así no se gana elecciones? Me parece
sobretodo se están haciendo conocidos a nivel nacional. Me explico: tienen una
prédica radical para ganar adherentes, especialmente en las zonas mineras y
potenciales electores para una justa electoral. Más o menos es el camino del
primer Ollanta Humala, el Humala de verbo incendiario, de posiciones
maximalistas.
En el caso hipotético que pasen a una segunda
vuelta en una elección general (hecho que por el momento parece bastante
improbable) no creo que sigan manteniendo esa posición, quizás la cambiarían
por una “hoja de ruta” más light. Se
quitarían el polo rojo, para colocarse uno blanco.
Tierra
y Libertad
está siguiendo el mismo camino que el primer Ollanta Humala, solo que con un
discurso más ecologista y marcadamente antiminero.
Por el lado del rechazo de los pobladores no
les quita cierta razón. Las prácticas de la gran minería no han sido del todo limpias en nuestro país y hemos tenido
un estado que ha hecho poco para fiscalizarlas adecuadamente. Pero no menos
cierto es que las prácticas de la pequeña minería y de la minería informal son
peores. La contaminación es mayor y trae secuelas como prostitución infantil,
situaciones de semi esclavitud, daños irreparables al medio ambiente, evasión
tributaria; lacras que en sus “análisis” la izquierda prefiere obviar.
Pero, la gran empresa minera tampoco se queda
atrás. Empresas trasnacionales con alcance directo al poder político, por lo
general miran de soslayo el problema de repercusión que significará la
explotación. Algunas de ellas cuentan en las zonas de explotación con un
historial bastante negativo que se refleja en el rechazo a su presencia. En
cierta manera, grandes empresas mineras se comportan como los encomenderos
coloniales.
Hay que ser realistas. Somos un país minero y
debemos aprovechar nuestros recursos para desarrollar el país y dar mejor
calidad de vida sobretodo a los peruanos de menores privilegios sociales y
económicos. La receta no es nueva y les ha ido muy bien a otros países mineros
aplicándola. Canadá, Australia, el propio Chile pueden dar fe que la
explotación minera bajo márgenes de calidad puede favorecer a toda la nación.
El asunto se encuentra en cómo “convencer” a
los lugareños allende a la explotación minera de esos beneficios, gente que se
dedica sobretodo a la agricultura y tiene justificado temor que su fuente de
ingresos se vea perjudicada.
Convencerlos con promesas será inútil. No se
trata de gente extremadamente ideologizada o que se les ha “lavado el cerebro”
con el discurso antiminero. Son personas que tienen temores fundados.
En principio necesitamos un estado más
presencial en esas zonas, cosa que ahora no existe. Casi siempre el estado se
presenta al final, cuando la situación ya es inviable y con la idea de contener
las protestas. No hay prevención ni menos negociación efectiva, a pesar que la
presidencia del consejo de ministros tiene una oficina que mide el pulso a las
protestas en el país. Podemos decir que detrás de cada protesta visible tenemos
una crónica de una muerte anunciada.
Pero no solo necesitamos un estado con
mayores reflejos y mayor autoridad legitimada. Requerimos también cambiar las
reglas de juego. La propuesta liberal esgrimida en el medio es audaz y puede
dar resultado. Se ha ejercido en otras partes del mundo con buenos resultados
cuando ha habido oposición de los lugareños de la zona minera.
La propuesta es sencilla, pero requiere
consenso político para cambiar la legislación: que una parte del canon y las
regalías (y porqué no, también de las utilidades de la empresa minera) vaya
directamente al bolsillo de los afectados. Ya no esperemos que el gobierno
nacional o regional “hagan las obras”, que nunca las hacen; pero que un
porcentaje de las ganancias vaya directo a los potencialmente afectados. Ello
sin descuidar la labor fiscalizadora del estado.
Claro, no es una “solución mágica”, pero abre
las perspectivas de resolución a otro nivel; y si bien algunos moralistas
(curiosamente de la propia izquierda) han argumentado que el dinero pervertirá
a los lugareños (“en trago y en mujeres”), ello será responsabilidad de cada
uno. Personalmente creo que con una campaña adecuada, ese efecto negativo se
podría reducir, aparte que otro porcentaje de las utilidades vaya directo a los
municipios afectados exclusivamente para obras de infraestructura y calidad de
servicios como educación y salud (a lo cual la empresa minera que explota los
recursos podría coadyuvar con contratación de buenos profesores y médicos,
programa de becas universitarias para los mayores de 18 años, servicios de
análisis y medicamentos, programas de desarrollo para la zona, etc.).
La única manera de mitigar una oposición a
los conflictos de la gran minería es con cambios radicales, no con palabras o
con actas de conciliación que luego el estado no cumple; sino de acá a un
tiempo tendremos otros conflictos sin resolver y menos ingresos y menos
desarrollo para el país.
Mi profesor de Derecho de Familia nos decía
que los únicos matrimonios que duran son los matrimonios por interés. Suena
cínico, pero por la práctica profesional constaté que era cierto; a lo cual
añadiría y confianza mutua. Esa confianza es la base y tanto el estado, como la
empresa minera y los lugareños la deben desarrollar. O como diría el
desparecido Alfonso Grados Bertorini, será necesaria instalar una tripartita, donde estén al mismo nivel
el estado, la empresa minera y los vecinos de la zona afectada. No nace de un
momento a otro, es un proceso largo de construcción, pero bien llevado, puede
dar lugar a un matrimonio duradero. Y
cambiando las reglas de juego puede generar el clima y el espacio adecuados
para esa confianza mutua. Ojalá la clase política y la empresarial se
encuentren a la altura de los cambios que se necesitan.
