BREVE BALANCE DEL AÑO CINEMATOGRÁFICO

Lo insólito del 2013 fue el estreno de distintas cintas nacionales, muchas de jóvenes realizadores. Desde estrenos comerciales que “han roto la taquilla” como Asu mare o Cementerio General –y que servirá de incentivo para que otros continúen por el mismo camino- hasta películas más personales y con escaso público, como El limpiador o Chicama, película esta última que es digna representante del llamado “cine regional”.

Quizás lo interesante está en la heterogeneidad. No se puede hablar que sigan una sola tendencia o escuela (como sucedía con la generación de Lombardi, marcadamente realista), sino que sus intereses son diversos, lo cual es bueno. Naturalmente el éxito comercial de Asu mare ha dado pie a aquellos que sostienen que el cine nacional no debe ser subsidiado ni directa ni indirectamente por el Estado; aunque películas más personales como las aludidas El limpiador o Chicama digan lo contrario: hay cierto cine que sí debe ser promovido por el estado bajo ciertos parámetros; y dentro de esa promoción debería incentivarse el corto y una veta que tiene pocos exponentes conocidos en nuestro medio (más allá de Javier Corcuera): el documental.

Si bien una golondrina no hace el verano, un año excepcional no marca una tendencia; aunque hacemos votos para que se mantenga constante.

Aristóteles Picho, In Memoriam: Quizás sus performances cinematográficas eran muy sobreactuadas, como que venía del teatro; pero no cabe duda que era una presencia en los papeles que le cupo, muchos de ellos secundarios. El último fue en El evangelio de la carne, actuando en silla de ruedas –por un problema en la médula-; pero imponiéndole a su personaje una dimensión mefistofélica que quedó grabada en la memoria.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

PORQUÉ HEMOS TENIDO DOCE CONSTITUCIONES POLÍTICAS Y APENAS TRES CÓDIGOS CIVILES

La pregunta puede parecer ociosa o solo para diletantes; pero sin parecerlo, se relaciona con nuestra vida diaria, con nuestro quehacer constante.

Esa pregunta siempre se las formulo a mis alumnos de derecho. Les doy una hipótesis incorrecta en el sentido que posiblemente en nuestra historia jurídica han existido mejores civilistas que constitucionalistas. Algunos comienzan a elucubrar seriamente en esa posibilidad, otros en cambio se dan cuenta de “la trampa” y giran su pensamiento a otro lado.

Doce constituciones más un estatuto provisional suenan a demasiado. Significa que el promedio ha sido una por cada quince años de nuestra vida republicana. No son pocas, aunque tampoco demasiadas en comparación con algunos de nuestros vecinos. En códigos civiles –sin contar el efímero de 1836 de la Confederación peruano boliviana-, cada uno ha tenido en promedio respetables sesenta y tres años. No está mal, aunque hay países que ostentan un solo Código Civil a lo largo de su vida como estado – nación. Es el caso de Francia y su Código Civil de 1804 o Alemania y su cuerpo civil de 1900; o “los históricos” de la región como el argentino o el chileno, ambos de mediados del siglo XIX.

Pero, volvamos a la pregunta inicial: porqué hemos tenido doce constituciones políticas y apenas tres códigos civiles. Creo la respuesta la hayamos más fuera del mundo jurídico, en el campo de lo social y lo político, que es donde se nutren y se aplican las leyes.

Es una verdad de Perogrullo, pero de repente por ello no tan evidente.

Nuestra vida política como república fue bastante tormentosa, agitada, con crisis, “revoluciones”, comienzos adánicos, guerras intestinas violentas. En fin, la política ha sido un aciago campo de batalla que ha obligado más de una vez a resolver una grave crisis o un entrampamiento político con la dación de una constitución política. Sería interesante un estudio de la génesis de cada constitución política y las razones por las que han tenido tan corta vigencia. Tan corta, que sus instituciones no llegan a sedimentar en la sociedad, a tomar cuerpo, que apenas están creciendo y algún afiebrado grupo clama ya por “cambiar la constitución” o, peor aún, “regresar a la anterior”. Y cuando uno pregunta porqué, las respuestas van por el origen “espurio” de la vigente, algo así como renegar de un hijo bastardo que nos trae de regreso el pasado. Otros, con menos materia gris responden “porque la actual constitución ya es muy antigua” (sic). Y son abogados. No se sorprendan porque anda tan mal el mundo del derecho.

La verdad, es infantilismo. Refleja todavía falta de madurez política, de complejo de Adán, de que la historia comienza conmigo.

Socialmente ningún país ha progresado por el cambio prematuro de constituciones. Todo lo contrario, los que mantienen su tradición jurídica son más estables. Sino, pregúnteles a los chilenos si se les ocurrió cambiar “la constitución de Pinochet” terminado el gobierno militar o, peor aún, “regresar a la anterior porque es más democrática”. Lo tomarían, en el mejor de los casos, por un hombre ingenuo pero alunado. (Aunque los chilenos en el último debate electoral han entrado al movido terreno de la reforma de su Constitución).

En cambio, las sociedades no cambian tan vertiginosamente como la vida política de los países. Los cambios sociales son más pausados y, por ende, los códigos civiles -que regulan la vida social o ciertos actos de esta- son más estables en el tiempo. El matrimonio, por ejemplo, como institución se ha mantenido casi igual desde que alguien, miles de años atrás, tuvo la genial idea de crear una unidad económica-social básica que sirviese de apoyo a la naturaleza precaria del ser humano y, de paso, se perpetuase la especie. Y digo “casi” porque, nos guste o no, se nos viene la institucionalización del llamado “matrimonio gay”, del matrimonio entre dos personas de igual sexo (aunque no se alarmen los tradicionalistas, la familia no va a morir; igual se creía cuando se equiparó a la mujer en derechos iguales al hombre dentro del matrimonio).

Algo distinto sucede con las instituciones que regulan, por ejemplo, las obligaciones. Sería exagerado decir que se mantienen inmutables desde el clásico derecho romano, pero como que no han variado mucho. Las clásicas prestaciones de dar, hacer o no hacer mantienen su vigencia permanente, así como los principios que regulan los contratos.

Por eso no prosperó un cambio radical del Código Civil del 84 (ni creo que prospere otro ahora que se vienen sus treinta años); apenas leves retoques. Pero, hablamos de constituciones y ya se escuchan voces exaltadas que claman el cambio. Ya se habla de retornar a la bicameralidad sin una reflexión sensata de los pro y los contra, sin un debate sosegado (en lo personal creo más son los contra que los pro). La pregunta es cuándo cambiaremos, cuando seremos más maduros de aceptar realidades por más que nos duelan. Tiempo al tiempo.

Y dejaremos otra pregunta en el aire: ¿por qué ha permanecido vigente por veinte años “la espuria” constitución de 1993? Sus enemigos no le daban ni un año de vida y ya lleva veinte y quizás, salvo algún hecho traumático futuro en nuestra historia, tiene vida para rato. De nuevo las respuestas no se encuentran en el mundo jurídico, están más allá.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

MANDELA

Hay hombres que remontan sus dificultades y se colocan por encima de las circunstancias y miran el horizonte. A esa raza perteneció Mandela. Fue el político que se convirtió en estadista y pasó a la Historia con mayúsculas. Incendiario de joven, violento; los largos años de privación de la libertad fueron el crisol donde se formó el futuro estadista. Inspirado en Gandhi, su prédica de la no violencia fue una estrategia política para obtener ventajas y posiciones de las flaquezas en la lucha por la igualdad de derechos a las mayorías negras en Sudáfrica. Fue vencer al apartheid con el desarme de la paz, cosa que de esa manera aislaba al monstruo de apoyo internacional y congregaba a su causa, en el frente interno, a los blancos de buen corazón. La prédica gandhiana no fue solo principista, fue lucha política, como la del Mahatma en su momento.

Y si bien el perdón al enemigo blanco una vez en el poder le granjeó enemigos entre sus propios hermanos negros, no menos cierto es que de haber cundido el revanchismo Sudáfrica se hubiese convertido en un escenario virtual de guerra civil o, en el mejor de los casos, en ingobernable. A veces en la historia se debe tender la mano al enemigo, para no perecer junto a él.

Que las cosas no se han solucionado y que las diferencias en su país siguen siendo abismales entre blancos y negros, es verdad. Pero para solucionar problemas difíciles en democracia falta tiempo y esfuerzo de talentos humanos como Mandela. Y, si bien la muerte vuelve íconos a ciertas personas, suerte de santidad laica, falta que se escriba la biografía crítica del gran líder sudafricano. Con sus luces y sombras. Esos contrastes que nos dicen más del hombre que la imagen de estampita que ya empieza a circular.

Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es

UNIVERSIDAD, COSA DE LOCOS

No creo que las protestas de, sobretodo, las universidades públicas con respecto al proyecto de ley universitaria que se debate sea solo principista, más me parece obedece a intereses propios, de un sistema de argollas e intereses creados que se ha anquilosado al amparo de la ley vigente.

Pero tampoco creo que una nueva ley “resuelva el problema”. El proyecto que se debate tiene aspectos interesantes como el voto universal para elegir a las autoridades o la necesaria acreditación de las universidades, pero no va al problema de cómo alcanzar la idónea calidad educativa.

El último movimiento de reforma social de la universidad en América Latina data del “grito de Córdova”, hace casi un siglo, cuando la universidad se democratiza y se abre a los sectores medios de aquel entonces, pero el número de alumnos seguía siendo escaso. La universidad pública comienza a crecer en demanda a partir de los años cincuenta del siglo pasado cuando el proceso de modernización y urbanización atrae a sectores sociales postergados que tienen en la educación un vehículo de ascenso social. Por otra parte, frente a este fenómeno de aumento en la demanda educativa, los sectores dominantes no enfrentan el problema desde el gobierno, sino que deciden alentar la creación de nuevas universidades privadas y llevar a sus hijos a estudiar allá, desinteresándose totalmente de las universidades públicas que antaño cobijaron a la elite dominante. Es así que en los años sesenta se produce la primera gran oleada de universidades privadas, ahora ya consolidadas.

En los ochenta el sistema universitario estatal evidencia la crisis –que ya la jalonaba de años anteriores- por la penetración de Sendero Luminoso en las universidades públicas. Complicidades con el terror más que evidentes en muchos docentes, alumnos y autoridades universitarias, lo que unido a la notable baja de la calidad en la enseñanza, politización demagógica, mediocridad y casi nula investigación, coadyuvó a que muchos estudiantes eligiesen universidades privadas y el descrédito de las públicas se mantuviese como un estigma difícil de soslayar.

Y si bien el presupuesto es magro, algunas públicas  que gozan del canon tampoco han hecho grandes esfuerzos por modernizarse. El problema en las universidades públicas no es solo dinero (que es importante), es también competitividad y calidad educativa. Y eso no se consigue solo con una ley, por más buenas intenciones que tenga.

Terminada la etapa terrorista, el problema de la enseñanza pública no se soluciona, sino que se cubre con la facilitación de creación de nuevas universidades privadas. En los años noventa se produce la segunda gran oleada de universidades privadas. Se debió en gran parte a las facilidades para crear nuevas instituciones educativas al amparo de lo que se conoce como “universidades empresas”, es decir entidades de educación superior reguladas como sociedades anónimas; no solo en Lima, sino también en otras ciudades del país. El dictum, conforme a la prédica neoliberal vigente en aquellos años, era que el mercado podía corregir los problemas educativos por si solo aumentando la oferta de los centros de enseñanza, algo que los hechos demostraron no fue así.

A la fecha estas “universidades empresas” se encuentran igualmente consolidadas y han penetrado incluso el poder político con representantes en el Congreso de la República o fungiendo de autoridades ediles o regionales.

Pero el boom universitario privado trajo un hecho importante: muchos alumnos de los estratos medios y populares pudieron acceder a estudios superiores a un precio razonable, lo que bajó la presión por acceder a la pública como fue hasta la década de los ochenta; aparte que las universidades públicas post sendero no pasaron por la necesaria reforma que era necesaria para adecuarlas a los nuevos tiempos. Falta de presupuesto, malas administraciones, conformismo y mediocridad entorpecieron el cambio.

Pero el problemas de las públicas no es solo presupuesto (muchas gozaron y gozan del canon y no hicieron grandes intentos por elevar la calidad educativa), ni tampoco solo elevar el sueldo a los profesores (que se lo merecen, pero debería revisarse la homologación que la vigente ley universitaria establece); sino creo que va más por criterios de competencia y de mejorar los estándares de calidad, para lo cual se haría necesario que los incentivos a las públicas sean otros y obedezcan más a cumplimiento de metas que a simple “pliego de reclamos” como sucede en la actualidad.

Volviendo al fenómenos del crecimiento en número y cantidad de alumnos de las universidades privadas, si lo trasplantamos a términos de oferta y demanda podemos decir que la mayor oferta educativa permitió satisfacer la creciente demanda de los sectores medios emergentes y niveló los precios (traducidos en derechos de enseñanza), existiendo una serie de productos de distinta calidad y precio. Desde uno barato y de dudosa calidad hasta otros más caros pero mejores (aunque en algunos “caros” bien se aplicaría la máxima no todo lo que brilla es oro). El resultado es que existen universidades locales con calidad muy buena, buena, regular y francamente malas.

Asimismo, esta mercantilización hizo cambiar de estatus a alumnos y docentes. Los primeros son vistos como “clientes” por los propietarios de las “universidades-empresa”, dejando de lado el concepto de alumno o, mejor aún, discípulo que debería ser el paradigma en la enseñanza. Mientras los profesores son vistos como simples operarios educativos, “costos reemplazables”, limitando notablemente la libertad de cátedra del maestro. El resultado, grosso modo, ha sido que muchas universidades nuevas sean en el fondo solo colegios o núcleos escolarizados, más no centro de debate de ideas o de investigación.

Que esa gran oferta educativa variopinta deba ser regulada, es necesario. Y acá no valen coartadas apelando a la bendita “autonomía universitaria”. Existen muchas universidades que solo lucran tanto en las universidades empresas como en las “sin fines de lucro”, es cierto; pero también existen las buenas, aquellas que buscan conseguir excelencia académica e investigación.

Un medio de poner orden en la calidad educativa es con la acreditación, pero me temo que como está planteada sea más un formalismo que un sello de calidad. De repente es hora de dar otro paso audaz como en los años noventa, pero esta vez de liberar la oferta educativa universitaria nacional y permitir el ingreso de universidades extranjeras con estándares de calidad. La tecnología ya lo permite para ciertas carreras y es posible ampliarlas. Lamentablemente en ese aspecto las universidades nacionales (públicas o privadas, tipo empresas o sin fines de lucro) se muestran reticentes. La respuesta es obvia: ninguna de nuestras universidades (ni públicas o privadas, ni las empresas o las sin fines de lucro) se encuentra dentro de las quinientas mejores del mundo. Ninguna.

Un poco de competencia haría bien a nuestras viejas y no tan viejas universidades; aunque de repente de aprobar medida tan audaz veamos otras marchas como las vistas anteriormente, apelar de nuevo a la sacrosanta “autonomía universitaria” o hacer lobby a algunos congresistas con fuertes vínculos en el negocio educativo a fin que dicha norma no se apruebe. No sería extraño.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

FAMILIA Y MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de declarar inconstitucional la ley que exceptuaba de beneficios legales y tributarios a los matrimonios entre personas del mismo sexo otorga un gran impulso a la legalización del llamado matrimonio igualitario.

Ello a su vez permitirá que, tarde o temprano, en distintas legislaciones del mundo se posibilite el matrimonio hasta ahora reservado a los heterosexuales, incluyendo a nosotros (ya se han presentado distintos proyectos de ley en lo tocante a los efectos patrimoniales); culminando así un proceso de reivindicación de derechos por parte de las minorías sexuales que por lo menos lleva cincuenta años desde la revolución contracultural de los años sesenta.

En los años sesenta era impensable que se reclamase “el matrimonio gay”, dado que hubiese significado una aberración al ambiente de libertad sexual respirado en aquellos años. La reivindicación del matrimonio entre personas del mismo sexo vendrá mucho después y en cierta manera representa la institucionalización de un grito de libertad o si se quiere “el ingreso a sociedad” de las minorías que antaño reclamaban su libertad sexual.

Precisamente la reivindicación de distintas opciones sexuales nace en contraposición a lo establecido, es decir el matrimonio y la familia tradicional. La opción de libertad sexual en sus inicios busca minar y cuestionar las formas tradicionales que adquirió el matrimonio y la familia a través de milenios y que encontró en el cristianismo quizás la forma sacrosanta de legitimación más sólida desde el punto de vista ideológico (la reproducción de la especie bendecida por la Iglesia), lo cual pervivió más allá de la etapa liberal de laicización del estado.

Desde ese punto de vista ni la familia ni el matrimonio han muerto, más bien producto de una serie de factores sociales y económicos se han adaptado instituciones diseñadas con otra finalidad y para personas de géneros distintos; asumiendo las minorías excluidas derechos y deberes propios de las mayorías.

Podemos decir que es la historia que se repite como en otros reclamos ahora ya consolidados. Fue el caso de las sufragistas de inicios del siglo XX que pedían derechos políticos para la mujer o el reclamo por los derechos civiles de las minorías negras y latinas a mediados del siglo pasado. Son procesos históricos por los que grupos marginados van accediendo a los derechos de los que antaño se encontraban excluidos y que solo los detentaba un grupo social, étnico o religioso.

Por eso ni la familia ni el matrimonio como instituciones “han muerto” como sostienen los que se oponen al matrimonio igualitario. Lo que debemos acostumbrarnos en los próximos años y décadas es a tener por vecinos a una pareja del mismo sexo que lleva a sus hijos a la escuela, que discute, que se pone de acuerdo, que vuelve a discutir, que se es infiel mutuamente, que se divorcia o logra salvar su matrimonio. En fin, ni más ni menos como cualquier otro ser humano.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

DISCRIMINACIÓN POLÍTICAMENTE INCORRECTA

La multa de S/. 370,000 nuevos soles impuesta por Indecopi a la Discoteca Gótica por discriminación es quizás una de las más elevadas e indica que “lo políticamente correcto” ha sentado definitivamente sus reales en el Perú (o en parte de él).

 Es cierto que en un país como el nuestro el Estado debe tener políticas claras y draconianas contra todo signo de discriminación, sea discriminación racial, de género, étnica, de opción sexual, religiosa, económica, social o de cualquier otra índole. No basta con las declaraciones líricas, sino hechos ejemplarizadores concretos como el de la multa a la Discoteca Gótica; sanciones que emitan “señales” que esos actos se encuentran vedados y permitir materializar cada vez más la entelequia o ficción legal que “todos somos iguales ante la ley”.

 Sin ir muy lejos, hace poco estuve en una diligencia en una institución del propio estado (el Ministerio Público) y pude constatar que a un ciudadano que se notaba de origen humilde, rasgos andinos y de castellano poco fluido, casi no lo dejan entrar (tenía también una diligencia). Ni el vigilante ni los funcionarios de la Fiscalía se mostraron solícitos con el recién llegado sino todo lo contrario, y le pidieron mil y un documentos, terminando la funcionaria pública a cargo de la inspección con un lacónico y despectivo “que espere”. Así estamos en el Perú de hoy.

 Pero mi reflexión apunta hacia otro lado. ¿No estaremos perennizando una “verdad única” y “discriminando” cualquier idea diferente? Es decir, en aras de lo “políticamente correcto” ¿no estaremos virando hacia el otro extremo y segregando cualquier diferencia incómoda? O, en otras palabras, ¿no estaremos exagerando con respecto a esa verdad unívoca?

 Algo de ello sostenía Umberto Eco en un artículo con respecto a Estados Unidos, donde si un profesor blanco desaprueba a un alumno negro puede ser tildado de racista. Philip Roth tiene una novela al respecto, La mancha humana, sobre estas cosas que ocurren en el país del norte, donde un respetado profesor universitario sufre todo un calvario y la expulsión de su centro de enseñanza, supuestamente por haber dirigido un comentario racista a unos estudiantes negros. Incluso por allá no se puede aludir al color de piel como “negro”, sino con el eufemismo “de color”.

 Creo que esa moda de lo políticamente correcto está cimentándose en nuestro país. No solo por la fuerte multa (que se la merecía la discoteca de marras), sino por la suerte de “confesión de culpa” que debe hacer pública. Algo así como cuando en épocas pasadas el inculpado abjuraba de un credo religioso inspirado por Satán para abrazar “el verdadero”; o cuando en las purgas estalinianas “el traidor” abjuraba de desviacionismo ideológico inspirado por “el diablo de Trotsky” para abrazar el credo “verdadero” de Stalin. Es que la resolución contra la discoteca la obliga a un mea culpa en toda la regla:

 "Gothic Entertainment S.A. informa al público en general que en la discoteca "Gótica" se encuentran prohibidas todas las prácticas discriminatorias a consumidores por cualquier motivo, incluyendo distinciones injustificadas por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, opción sexual o cualquier otro motivo".

 Me arrepiento de mis pecados, abjuro de estos y a partir de la fecha “me voy a portar bien” y abrazar la “verdad oficial”. Algo de eso se percibe en el citado anuncio que debe colocar la discoteca sancionada en su página web y a la entrada de su local. Como que la intolerancia está virando hacia el otro extremo, y todo extremo es peligroso.

 ¿Qué pasaría si un establecimiento es discriminatorio explícitamente? Ejemplo: una discoteca exclusiva para gays, lesbianas o transexuales que expresamente no admite heterosexuales. ¿Estará obligada a aceptar un heterosexual que quiera ingresar? O un restaurante-bar exclusivo para mujeres. ¿Deberá aceptar hombres bajo pena de discriminación? O vayamos a un ejemplo menos extremo: una universidad de confesión católica, ¿deberá estar obligada a permitir el ingreso de un alumno de religión evangélica o tomar los servicios de un profesor ateo o por lo menos agnóstico, bajo pena de ser discriminadora? Yo soy agnóstico y docente universitario por añadidura, y si una universidad no me contrata porque exige profesores de una determinada confesión, que vayan a misa todos los domingos, se confiesen y comulguen regularmente, sus padres hayan contraído matrimonio religioso y tenga pedigrí ciento por ciento católico, no me sentiría discriminado. Es más, no postularía jamás a una universidad así, aunque entienda su postura confesional. 

Dejo al lector estas inquietudes. Si bien luchar contra la discriminación es bueno y se debe hacer en todos los niveles de la sociedad y del estado, caer en los excesos no es prudente. Todo exceso es malo y no vaya a ser que terminemos como el recordado personaje de la novela de Philip Roth. 

Eduardo Jiménez J. 
 ejjlaw@yahoo.es

GRADUADOS EN DERECHO DEMANDAN A SUS UNIVERSIDADES POR NO ENCONTRAR TRABAJO

La noticia la encontré en internet hace algún tiempo. La verdad pensaba que se trataba de una noticia local. De repente alumnos que se habían sentido estafados luego de estudiar cinco o seis años en alguna universidad nueva, de esas que tanto existen ahora; eso sí, con permiso de la asamblea nacional de rectores y con todas las de la ley; y que ahora se rasgan las vestiduras para exigir la “autonomía universitaria”.

Pero no. La noticia procedía nada menos que de los propios Estados Unidos. Como que en todas partes se cuecen habas.

El asunto va más por engaño al consumidor. Es decir que al ingresar les hicieron el cuento que conseguirían empleo rápido y fácil, y al final la cosa no fue tan color de rosa. Algunos de los graduandos debieron aceptar cualquier trabajo no tan bien pagado o dedicarse a labores secundarias para sobrevivir, como trabajar en tiendas por departamentos. Si acá tenemos a los taxistas más ilustrados, allá tienen a los vendedores mejor letrados. En fin, cuestión de óptica.

Con esto de la crisis, ciertas universidades norteamericanas no tuvieron mejor idea que maquillar las cifras de empleabilidad de su alma máter en el mercado, con lo que persuadían a incautos para matricularse en su escuela de leyes. Algo parecido a lo que sucede por estos lares, donde a muchos chicos se les engaña con el cuento de la empleabilidad inmediata o los modernos laboratorios de cómputo. Bonita fachada, pero poco contenido.

Por lo visto en Estados Unidos también existen las “universidades chicha”. Curiosamente cuando un nacional con gran esfuerzo va a ser un post grado en una de estas universidades de tercera del país del norte, al regreso casi tiene contratación inmediata. No importa donde haya estudiado, con tal que haya sido en Estados Unidos. Colonialismo mental que le dicen.

Quizás la demanda de estos chicos no prospere, pero por lo menos han sentado su protesta. Tampoco se puede explotar impunemente la credulidad de la gente. A fin de cuentas, no están en el Perú.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

CHILE, 11-S

Hace exactamente cuarenta años se produjo una de las más brutales dictaduras en América Latina, una de las últimas al viejo estilo, cuando “al imperio” no le gustaba algún gobierno de corte izquierdista.

Salvando distancias, el gobierno de Pinochet es un parteaguas de la sociedad chilena, como el gobierno de Francisco Franco lo fue en España: Uno puede estar a favor o en contra, pero difícilmente se puede ser neutral. Ello sucede en Chile y fuera de Chile.

Curiosamente las huellas del “estilo Pinochet” van más allá de su existencia física: el modo de vida consumista de la sociedad chilena, la apertura liberal en economía, la privatización de muchos servicios, y en un plano jurídico-político, la Constitución que aprobó, la que, con leves retoques, se mantiene hasta el presente.

La privatización en la educación ha dado lugar a múltiples protestas de los estudiantes; a pesar de ello se mantiene intocable, aunque la candidata Bachelet promete revisar el asunto, lo que no hizo cuando fue presidenta. Igual sucede con el espinoso tema de la Constitución Política. Los chilenos están en un debate similar al que tuvimos nosotros tras la caída de Fujimori. “Refundar la república”, “un nuevo pacto social”.

Pero más allá de nuestros gustos o antipatías lo cierto es que la desigualdad entre ricos y pobres es grande en Chile y ningún gobierno ha querido comprarse el pleito de una reforma que pasa necesariamente por la forma de tributar de los que más tienen.

Otro problema social que enfrentan los chilenos es la reforma del sistema previsional, modelo que nosotros “importamos” del sur. Ya se cuestiona un poco el modelo que sirvió de alternativa al sistema público, como que requiere ajustes y, quien sabe, de repente hasta comenzar a debatir el reforzamiento del sistema público solidario, sobretodo a la luz de un hecho que ensombrece Europa: los viejos viven más y no hay muchos jóvenes que reemplacen a los que dejan la actividad laboral. El sistema previsional privado por si no resuelve ese problema, ni lo puede resolver, por lo que requiere de algo que no gusta mucho a los neoliberales: mayor Estado.

Sería interesante que también se revise otro mito chileno: el del “despegue al desarrollo”, el del inminente “salto” al primer mundo. Con cifras tan abismales de desigualdad difícilmente un país puede considerarse del primer mundo, menos estando en democracia.

Chile cuarenta años después del golpe es un espejo donde podemos mirarnos, valdría la pena no ser tan entusiastamente optimista y ver los graves defectos que tiene la sociedad chilena post Pinochet. Los propios chilenos ya lo están haciendo.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

EGIPTO EN LLAMAS, LA DEMOCRACIA TUTELADA, LOS HERMANOS MUSULMANES

El gobierno nacionalista de Nasser en los años cincuenta supone una modernización “en autocracia” de las estructuras políticas de Egipto y una apertura más amplia a las costumbres occidentales, respetando la cultura islamista propia de la sociedad egipcia. Obviamente no implicó poner los cimientos de la democracia representativa, ni muchos menos, situación que no se encontraba ni remotamente en los planes nacionalistas de los entonces jóvenes militares que depusieron al rey Faruk. Son gobiernos militares que le van a dar al país “estabilidad en autocracia”, estabilidad que concluye tras la primavera árabe. En paralelo, por aquella época, los Hermanos Musulmanes, grupo religioso fundamentalista, tiene una marcada oposición al gobierno de Nasser, tras una breve convivencia política. Derrocado Mubarak luego de la primavera árabe, asume la presidencia Mohamed Mursi, líder de los Hermanos Musulmanes.

El año de Mursi en el gobierno fue de tensión con la cúpula militar, quienes no soltaron el poder real más allá de las formalidades y ritos democráticos. Con una economía marcadamente estatista, fueron el poder detrás del trono. Como sucedió con muchos gobiernos civiles en la América Latina de los años ochenta, el de Mursi fue una “democracia tutelada”. Por más que quiso “teocratizar” la sociedad y la política, difícilmente podía ejecutar sus planes. Esa tensión llegó a su clímax con el golpe de estado en Julio pasado.

La secuela de virtual guerra civil evidencia la fortaleza en por lo menos parte de la sociedad egipcia de los Hermanos Musulmanes. Entrenados en la clandestinidad por largas décadas, difícilmente la propuesta de ilegalizar el movimiento les hará mella, probablemente les fortalezca, y agudizará las contradicciones políticas.

Lo ocurrido en Egipto, donde en elecciones libres gana una organización teocrática, hace pensar dos veces en la secuela que puede tener la primavera árabe en el Medio Oriente. En un contexto más religioso que secular, los que cosecharán los dividendos de la apertura son los grupos islamistas extremos, no muy afectos a las libertades de la persona al estilo occidental; trayendo una paradoja: de una dictadura se pasa a otra.

Ello también trae un dilema principista y que no tiene respuesta única: ¿un gobierno elegido libre y democráticamente debe ser respetado su mandato o puede ser revocado de facto?

Los principistas señalarán que debe ser respetado su mandato; pero habría que recordarles que el gobierno de Hitler subió al poder por elecciones libres y ya conocemos ampliamente lo que sucedió después. Es un problema cuya solución es compleja y no pasa por el simple “deber ser”.

A nivel geopolítico Estados Unidos preferiría mantener a las antiguas dictaduras a modo de la política de apoyo a los gobiernos tiranos en América Latina durante las décadas pasadas, antes de arriesgar abrir más “la caja de Pandora” en que se ha convertido la primavera liberal del Medio Oriente. Aunque tampoco se puede permitir “el lujo” de dejar que Egipto se desangre en una virtual guerra civil, dado que es uno de los pivotes de estabilidad política en la zona.

Lo sucedido también hace reflexionar si los países del Medio Oriente se encuentran preparados para vivir en democracia. Algo similar se pensaba con respecto a nosotros años atrás. Creo que merecen apostar por afrontar los riegos del cambio. Es cierto que los riegos son bastante elevados, más en el contexto teocrático que se respira en la zona; pero la única manera que una sociedad madure es en el ensayo-error. De repente la democracia, como la entendemos nosotros y que nació y se desarrolló en Occidente, debe ser adaptada a sus formas culturales, distintas a las nuestras. De repente.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es