La alarma que
significa el crecimiento del Movadef, sobretodo entre jóvenes universitarios,
ha aparejado una reacción contraria: cerrarle los resquicios de la legalidad y
la inclusión política a los post senderos o acuerdistas de 1992 (de la línea
que demanda una solución política para los problemas derivados de la guerra).
Dentro del paquete de medidas estaría el proyecto de ley del negacionismo
propuesto por el ejecutivo, la amenaza del Fiscal de la Nación de declarar ilegal
al movimiento, la recientemente ley aprobada que reprime duramente el
financiamiento de actos terroristas o la separación de los claustros
universitarios de profesores y alumnos simpatizantes, amén de un sinfín de
denuncias y expresiones de rechazo de distintas organizaciones y personas, sean
de derecha o de izquierda.
La pregunta es si el
Movadef pone en riesgo la democracia o, de no ser así, si sería posible
permitirle el ingreso a la vida política oficial.
Personalmente me
inclino por la segunda opción, a la inclusión del movimiento en la vida
política oficial. No es que tenga plena certeza de su sinceramiento democrático
(estoy de acuerdo en que sus activistas sean seguidos por inteligencia), pero
tampoco es un grupito de lunáticos que buscan reiniciar “la lucha arnada”; o,
por lo menos, la opción radical no es la única dentro del Movadef. Están los
otros, los que quieren participar en política, sea en las próximas elecciones
regionales y municipales, como en las generales del 2016.
La forma más
inteligente que dejen las armas o que sean una minoría inocua los que la
propugnen, es incluyéndolos en la vida política oficial. Negándoles el acceso,
la opción radical podría tener preeminencia en el Movadef, con una organización
clandestina o semiclandestina sólida y “cuadros duros”, dispuestos, cuando las
circunstancias lo permitan, a reiniciar “la guerra popular”. Incluyéndolos, ese
peligro disminuye.
Se que es difícil
para un gobierno tomar una decisión así, sin ser acusado de “tonto útil” o algo
peor y, de tomar una decisión inclusiva, el costo político sería elevado, con
consecuencias dramáticas para los actores involucrados, sean del gobierno o de
la oposición, por lo que prefieren optar por lo “políticamente correcto” que es
proscribir al Movadef, en una posición intransigente y sin matices.
Pero la historia
demuestra que las opciones inclusivas son las más idóneas a largo plazo, como sucedió
por ejemplo con el APRA, que de ser un partido que buscaba llegar al poder por
las armas en los años treinta pasó a ser un partido democrático años después; o
la izquierda legalizada hacia fines del gobierno militar y que del discurso
radical pasó a sostener el sistema. Ya no hablemos de las experiencias en el
continente o fuera de él de partidos políticos con procedimientos violentos que
pasaron luego a integrar y renovar el sistema político. Aunque resulte
paradójico, la inclusión del Movadef oxigenaría nuestro raído sistema de
partidos políticos (lo cual no quiere decir que se atienda su pedido de
“amnistía” para Abimael Guzmán y los principales mandos senderistas).
Lo bueno que tenemos
como sociedad es que estamos “vacunados” contra dos nefastas “enfermedades” que
azolaron al Perú de los ochenta: la hiperinflación y el terrorismo. Muy difícil
que la historia se repita. Así como colocamos una serie de candados y trancas
constitucionales y legales para impedir el desborde demagógico en economía; así
también nos inmunizamos contra el terror adquiriendo reflejos de reacción
inmediata como lo demostró la marcha por la paz y la democracia.
Incluyendo en la
escena oficial al Movadef estará más a la vista, con los reflectores encima se
podrá debatir con sus representantes y se podrá extraer conclusiones de su
proceder que simplemente negándolos. Cortando esa posibilidad pasaría al reino
de las sombras con pronóstico incierto para el país y la democracia.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
