UNIÓN CIVIL

Existen proyectos de ley polémicos, sobretodo si afectan áreas sensibles de las creencias de las mayorías o de la ideología, civil o religiosa, dominante en una sociedad. Ya no hablemos de los proyectos de ley que afectan los intereses de los grupos fácticos de poder y que rápidamente son archivados, casi sin discusión.

Algo de eso se percibe en el debate afiebrado que ha traído el proyecto de Unión Civil propuesto por el congresista Carlos Bruce, entrampado en la Comisión de Justicia por las fuerzas evangélicas y católicas que, curiosamente, se han vuelto aliadas de hecho para que no se convierta en ley. A tal punto de difícil se encuentra la situación que el propio congresista Bruce tuvo el coraje de declarar públicamente –posiblemente a un costo personal elevadísimo- su orientación sexual, a fin de usarlo como argumento político de defensa que destrabe el empate.

Estos proyectos polémicos son los que le toman el pulso a las sociedades, los que diagnostican más certeramente el carácter tolerante o no de las mayorías; y, no es secreto, que frente al proyecto la intolerancia viene de todas partes, desde los segmentos más pobres y menos educados hasta los más refinados y elitistas.

Solo una minoría lo apoya, mejor dicho lo apoyamos. Porque acá no se trata de imponer la razón de la mayoría, sino que los derechos se extiendan a todos. Existe un principio jurídico, el de la universalización de los derechos, sin importar los rasgos particulares del beneficiario. Caso contrario, estaríamos segregando a un grupo humano, fundamentando la segregación, en la razón de la mayoría. Ese es el camino más corto y rápido para la intolerancia y la discriminación.

Por eso los derechos no son sometidos a ninguna clase de consulta, porque los beneficiarios, si son un grupo minoritario, se les negaría el reconocimiento. Imagínense si en los Estados Unidos de los años sesenta se hubiera sometido a consulta las leyes de afirmación a favor de un grupo minoritario como eran los negros en ese entonces. Jamás habrían obtenido el reconocimiento efectivo de sus derechos civiles.

Ideológicamente el proyecto es liberal, en el sentido clásico del término, moderno; pero refleja muy bien, por las reacciones suscitadas, lo conservadora y premoderna que todavía puede ser la sociedad peruana. Todavía respira ese aire malsano de la Colonia. Las iras desplegadas al proyecto de Unión Civil tienen un tufo reaccionario tanto en hombres como en mujeres. De intolerancia ante el otro, al que es distinto por el hecho de serlo. E igualmente evidencia el temor y menosprecio que sentimos ante el homosexual.

De cierta forma nos encontramos en un periodo transicional en la sociedad peruana, entre lo viejo que se resiste a morir y lo nuevo que está naciendo. Como todo cambio es conflictivo, a veces anárquico, otras errático. Esta “revolución social” es silenciosa, pero de consecuencias mayúsculas en las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales del país. Afecta a los partidos políticos e, incluso, a la ideología dominante y a los valores que hasta ahora se consideraban incuestionables, como el rol del varón o de la mujer, y lo que entendemos por familia.

Y, de igual manera, refleja también que todavía no hemos separado la razón de Estado de la religión. Y las pruebas las vemos cada vez que ingresamos a una dependencia pública. Por mi trabajo debo ir constantemente a las dependencias del Poder Judicial. No es casual encontrar dentro de sus instalaciones una capilla católica, una gruta de adoración a la Virgen María, para no mencionar los abundantes crucifijos y ejemplares de la Biblia (católica) en los despachos de los magistrados. Como les digo a mis alumnos, se supone que el estado es laico, pero viendo toda esa simbología sacra parece que estamos ante un estado confesional. Por desgracia no tuvimos las guerras religiosas que padecieron los europeos y que los obligó a no meter a Dios en los asuntos de la tierra.

El proyecto de Unión Civil no significa el fin de la familia. La familia, acá y en otras latitudes, se está reestructurando, está cambiando, pero no es su fin. El proyecto aboga básicamente porque esas nuevas familias, que en los hechos ya existen, no queden desamparadas patrimonialmente.

Si el proyecto se aprueba, diría mucho más de la sociedad peruana que tomos de tomos de libros y ensayos, que avanzamos hacia una tolerancia al otro, tolerancia a regañadientes, pero tolerancia al fin y al cabo.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

LUCHAS Y CONTRALUCHAS, HUELGAS JUDICIALES Y JUEGO DE TRONOS EN LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

La larga huelga de los trabajadores del Poder Judicial duró más de cuarenta días sin importar la paralización de miles de procesos pendientes de resolución. Su principal pedido era ser excluidos de la ley de Servicio Civil.

Todo cambio genera resistencias. Lo insólito sería que los afectados se allanen al cambio. Por eso las resistencias en el pasado a la Ley de Carrera Magisterial, hoy a la ley de Servicio Civil, mañana a la inminente reforma universitaria y a la siempre postergada reforma política.

Es cierto que al momento de la aprobación de la ley en el Congreso de la República se cometió el error de exceptuar de los alcances de la norma, sin existir justificación alguna, entre otros, a los trabajadores del propio Congreso, de la Sunat o de la SBS, lo que motivó que otros trabajadores del estado con gran poder de negociación como son los judiciales busquen también “salirse” del marco normativo; pero no menos cierto es que de satisfacer su pedido, se vendría un “efecto cascada” de otras instituciones del estado que requieren lo mismo, y solo quedarían comprendidos dentro de la ley los estatales con menos poder de negociación. Por ello sería recomendable que el Congreso enmiende su propio error y derogue la excepción que, incluso, es inconstitucional, atendiendo al artículo 103º de nuestra Carta Política.

No obstante ello, efectuar los trabajadores judiciales una huelga indefinida por más de cuarenta días paralizando un servicio esencial del estado para exigir la exclusión del marco de una ley, contando con el entusiasmo explícito del propio presidente del Poder Judicial, no se ve en una democracia realmente con estado de derecho. En una democracia consolidada sería descabellado paralizar el servicio de la administración de justicia. Miles de miles de procesos de alimentos, de familia, de inquilinos morosos, de reos en cárcel o de trabajadores que solicitan sus beneficios sociales quedaron paralizados a lo largo y ancho de todo el país.

Ello ha llamado a cuestionar la poca eficacia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a darle solución inmediata y efectiva a la atención básica a los usuarios, que somos todos nosotros. No es posible que denegasen la declaratoria de emergencia del Poder Judicial a fin de contratar trabajadores que realicen las labores de los huelguistas.

Si bien la huelga es un derecho reconocido en la propia Constitución Política, ello no quita que se corte el derecho de servicio a los ciudadanos o se haya previsto siquiera una atención mínima (audiencias, recepción de escritos, atención en juicios de alimentos y  juicios penales). Imagínese, querido lector, si los trabajadores de Sedapal deciden realizar una huelga indefinida y suspender el servicio de agua a toda la ciudad de Lima. Sería impensable porque también están los derechos de los usuarios a recibir el servicio. Algo similar se produce con los usuarios del Poder Judicial. A quienes toman las decisiones no les importó el ciudadano, síntoma que estamos en muchos aspectos en una sociedad pre-moderna.

Y ya es hora que a los servidores del estado que hacen huelga se les descuente por los días no trabajados y no reciban su sueldo sin trabajar, bajo el subterfugio que van a “compensar” las horas perdidas, horas que jamás se compensan en la práctica. Día trabajado, día pagado; y si no se labora no existe contraprestación económica, como sucede en el sector privado.

Y ya es hora también que se modernice ese poder del estado. No me refiero a las computadoras de última generación, sino a las decisiones políticas, que las aplicadas son de antiquísima generación. En pleno siglo XXI al representante de un importante poder del estado, como si todavía estuviésemos en el medioevo, solo lo elijen “sus pares”, otros jueces supremos, y no la totalidad de jueces de todo el país, como sucede cuando se elije al presidente de la República, cuya decisión recae en todos los ciudadanos, o al presidente del Congreso, que lo determinan todos los congresistas electos y no solo los portavoces de cada bancada. Y lo mismo sucede con la designación del representante máximo en el Ministerio Público. De allí que se producen esos conciliábulos a media luz, los “toma y daca” de espaldas a la ciudadanía.

Ojalá algún día veamos elegido al presidente del Poder Judicial por todos los jueces del Perú. Ojalá. Con ello obviamente no se solucionarán todos sus problemas, pero se avanzaría un gran paso en la democratización de este importante poder del estado.

El otro tema es “la lucha de poderes” entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Eso tampoco se ve muy seguido.

Juego de poderes, es cierto. Intereses políticos para nombrar a dos fiscales supremos cuestionados, los hay. Lo malo es que ese “juego de tronos” se llevó de encuentro al estado de derecho. Algo similar pasó semanas atrás con las movidas para elegir, pese a los cuestionamientos con los que carga, al primo de la primera dama como el Fiscal de la Nación.

Esos roces de organismos constitucionales en gran parte se producen cuando no existe una institucionalidad sólida. Vienen los forcejeos bastante ásperos.

Es evidente que tanto en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el propio Tribunal Constitucional existen intereses políticos y económicos. Se produce acá y en otros países. Lo malo es que en países como el nuestro, donde no tenemos una sólida institucionalidad, quedan las instituciones a merced del juego político o los intereses económicos, y poco se puede hacer para que no se lleven de encuentro al maltrecho estado de derecho. De allí que luego nos enteramos de extrañas resoluciones que exculpan a un político importante o le archivan el proceso por alguna nulidad formal, amen de esas resoluciones judiciales que “amparan” a empresas poco escrupulosas a seguir abusando del erario público y de los consumidores o a saltarse las normas porque “lesionan” su derecho constitucional. Y por eso algunos que están adentro del Leviatán prefieren “no comprarse el pleito”, para estar tranquilos en su puesto hasta que termine su mandato o, vencido el mismo, permanecen en sus cargos por falta de nombramiento de los sucesores, como sucede con los miembros del TC y su alambicada resolución, atribuyéndose funciones que no le corresponden.

Creo que es hora también de buscar otras formas de nombramiento de los integrantes de los órganos constitucionales. El Congreso, por lo menos el que tenemos, no parece el más apropiado para estos menesteres.

Y todos estos cambios tienen un nombre y un apellido: Reforma Política. Tan mal vista en los noventa, pero tan necesaria ahora.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

DOS NUEVOS SANTOS EN LA IGLESIA CATÓLICA

El mundo católico ha presenciado y vivido la elevación a estatus de santo a dos papas, hecho inusual y cuya característica común es que fueron los más carismáticos de la Iglesia en los últimos cincuenta años.

Más allá de los posibles “milagros” atribuidos a los ahora dos santos, así como la fe de los creyentes, se encuentra el hecho que una institución milenaria y que a su vez es un estado político haya tenido necesidad de un proceso de santificación tan rápido en el siglo XXI. ¿Por qué?

Creo que frente a los graves problemas que hoy día enfrenta la Iglesia Católica, entre otras estrategias, ha visto necesario contar con dos “héroes contemporáneos” que sirvan de aliento y ejemplo a la feligresía en un mundo bastante escéptico, y mitigar los problemas existentes al interior de la Iglesia (pederastía, corrupción en las altas esferas, escasez de nuevos servidores religiosos, peligro de anacronismo frente a los grandes debates del mundo contemporáneo).

Toda institución, laica o religiosa, necesita héroes, referentes que sean ejemplo que la institución y la ideología que están detrás, siguen vigentes, son “las correctas”, y puedan ser el paradigma a seguir, otorgue un referente de unidad a los militantes y capte nuevos simpatizantes. Los “héroes” cumplen esa función, muchas veces contra sus propios designios personales. Ejemplo del lado “ateo” lo puede ser el Che Guevara en la segunda mitad del siglo XX. Cohesionó después de su muerte a los movimientos comunistas y progresistas, sobretodo del llamado Tercer Mundo. Quizás el Che jamás se propuso ello, pero terminó siendo un icono post mortem y “santo laico”.

Algo similar ha pasado con los dos papas que han subido a los altares. Probablemente jamás se les cruzó por la mente ser santificados algún día; pero sus imágenes y prédicas serán usadas para un propósito subalterno a lo que ellos se propusieron.

Y si bien los dos papas santificados son los más carismáticos de los últimos cincuenta años, las coincidencias terminan allí. Me parece no es casual que uno, Juan XXIII, haya sido el de la apertura de la iglesia al mundo, el del Concilio Vaticano II; mientras el otro, Juan Pablo II, fuera el papa de la reacción, de la vuelta al conservadurismo y a las tradiciones, y el silenciamiento de las voces del denominado cristianismo de izquierda, aquellos seguidores de la Teología de la Liberación.

Creo que la propuesta de ambos papas ha sido producto de un “toma y daca” dentro de las altas esferas del Vaticano. En buen romance: una transacción en la lucha por el poder entre la facción progresista y la facción conservadora. Se eleva a los altares en tiempo record a Juan Pablo II, pero también al “papa bueno”, a Juan XXIII. Y en ambos casos festinando trámites y hasta cantidad de milagros.

Tan graves problemas debe estar atravesando la Iglesia de Pedro, que no sería raro que de aquí a algunos años comience el proceso de santificación del papa Francisco. Se comience a buscar “milagros” que haya hecho después de muerto, se abrevie trámites para subirlo a los altares, se busque testimonios de fe. No sería raro.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es