Antes de desarrollar la idea debo aclarar, como otros que también han escrito sobre el tema, que no tengo el mínimo interés en defender a ningún candidato tachado por la causal de falta de domicilio. Es más, no pensaba votar por ninguno de ellos.
El requisito del domicilio era y es un requisito previsto en razón a dos supuestos: un vecino debería conocer –por lo menos en teoría- mucho mejor la realidad y necesidades de la circunscripción a la que postula que un no vecino. El segundo supuesto es que ese vecino-candidato debe ser conocido también por los vecinos-electores: su trayectoria profesional o de servicio, lo que hizo o no hizo por el distrito o la región, y hasta su vida personal (si es adicto a las drogas, si reconoció y cumple con los alimentos para sus hijos, si es un ebrio habitual, si tiene antecedentes penales, si tiene deudas, etc., etc.).
Visto así, parece tener sentido. Pero, como toda tesis, merece ser contrastada con la realidad. Veamos.
El domicilio parecía ser un formalismo que muchos candidatos en elecciones pasadas lo solucionaban designando uno ficticio en la circunscripción donde postulaban, así no conociesen el lugar “ni en pelea de perros”. Y, de haber alguna tacha contra el temerario candidato, inmediatamente se le tapaba la boca al “tachante” con el argumento del domicilio múltiple contemplado en el artículo 35 del Código Civil. Dura lex, sed lex.
Así, por ejemplo, gracias a la norma en mención cualquier persona puede tener un domicilio de residencia o morada (lugar donde habitualmente vive); otro laboral (su centro de trabajo); uno fiscal (donde tributa); de ser profesional independiente, uno donde atiende a sus clientes; y, de “yapa”, hasta un domicilio de enseñanza, si la persona ejerce también la docencia.
Como vemos, la propia ley permite la posibilidad de acreditar cualquier domicilio a fin de probar la residencia donde habitualmente se realiza alguna actividad u ocupación.
El actual colegiado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en vez de tener un criterio laxo con el requisito del domicilio, como sucedió en el pasado, ha tenido un criterio riguroso por lo que entiende como “domicilio efectivo”, es decir donde se ha ejercido realmente alguna actividad u ocupación habitual en, por lo menos, los dos últimos años como ordena la ley electoral.
Es debido al actual criterio del JNE que surgió “el problema” para muchos candidatos que de repente en el pasado no habrían tenido tantos contratiempos a fin de acreditar el domicilio. El colegiado del JNE aplicó una interpretación restrictiva a lo ordenado por la ley, y no meramente formal como sucedió en procesos electorales anteriores.
Personalmente creo que “se ajusta a derecho” el criterio del JNE. Es polémico, pero ha rescatado el espíritu de la norma.
Sin embargo, me parece que en vez de preguntarse si hacemos o no más exigente el requisito de obligatoriedad del domicilio, valdría la pena preguntarse si ese requisito sigue siendo útil.
Por ejemplo: ¿es viable que en un distrito tan populoso como San Juan de Lurigancho que sobrepasa holgadamente el millón de habitantes, todos los vecinos conozcan la trayectoria o lo que hizo o no hizo el vecino-candidato por su distrito?; o, peor aún, ¿el vecino-candidato conocerá mucho mejor las necesidades y realidad de su distrito por el solo hecho de residir en él? Obvio que no.
Invirtiendo la figura también podemos conjeturar lo siguiente: ¿un ciudadano no residente en un distrito, por ese solo hecho, estaría descalificado de conocer la realidad y las necesidades de una circunscripción distinta a la suya? La respuesta de nuevo es: no. Un “foráneo” puede conocer mucho mejor las necesidades de una zona determinada que un residente.
El hecho de domiciliar en un lugar no implica un conocimiento cabal de este, ni tampoco que todos los vecinos conocerán al candidato por la sola constatación de residir allí. Quizás fue cierto cuando las ciudades y regiones eran pequeñas, donde prácticamente todos los vecinos sabían la vida del otro, y la mayoría trabajaba y moría en su lugar de origen; pero ahora, con alta densidad demográfica, migración constante y sobredimensionamiento de las urbes, ese requisito legal quedó anacrónico.
Vayamos ahora al aspecto competitivo de la elección. Una elección, como su nombre lo dice, significa escoger entre dos o más candidatos o listas. La pregunta que cae por su propio peso es ¿no sería mayor el abanico de candidatos al permitir la competencia sin importar que vengan de otras circunscripciones? ¿Al final de cuentas no debería ser el propio pueblo quien debe elegir? No olvidemos que las elecciones tienen un apellido: “populares”, algo que muchas veces olvidamos enredados en tecnicismos jurídicos.
En esta época de información virtual, de grupos humanos trashumantes y complejas urbes, la idea del domicilio obligatorio es tan medioeval como la obligación de colegiarse los profesionales a fin de ejercer su actividad.1
En fin, esperemos que en un futuro próximo la obligatoriedad del domicilio sea derogada y dar paso así a un mayor espectro de candidatos, sin importar mucho dónde se encuentra ubicada su “residencia habitual”. Incluso, más allá de los usuales chauvinismos, se debería derogar también la obligación constitucional del origen de la nacionalidad (“ser peruano de nacimiento”) para el cargo de presidente de la república o congresista. Claro, eso ya es “herejía pura” que colisiona con el sentido tradicional del derecho como producto del Estado-Nación del siglo XIX. Contentémonos por el momento con ir derogando la “habitualidad del domicilio” para los cargos de alcalde o presidente regional que, de repente, un “no residente” hace mejor papel que un vecino local. No estaría demás ensayarlo.
1. Incluso, la idea de Alfredo Bullard en el sentido que los candidatos a alcaldes sean personas jurídicas no es tan descabellada como parece (posteriormente ha ampliado la tesis a la propia presidencia de la república). Se basaría en un compromiso de derechos y obligaciones tanto de la empresa que se haga cargo de la ciudad o de un distrito, como de los electores y, en caso de incumplimiento, la revocatoria sería una rescisión del contrato.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, August 31, 2010
Tuesday, August 24, 2010
CRISIS DEL DERECHO PENAL
A veces les hago una broma a mis alumnos de derecho, que algunos la toman como es, una broma, mientras otros –muy pocos en realidad- se la toman a pecho. Les digo que los alumnos inteligentes tienden a estudiar y a especializarse en el derecho civil, rama más compleja y que requiere de una serie de instrumentos y métodos para abordar los casos que se presentan; mientras los alumnos más obtusos –por no decir “brutos”- se “especializan” en el derecho penal que tiende a ser más literal y “codiguero” y, por ende, más fácil de abordar que la frondosa rama civil. Basta que consulten su Código Penal para encontrar la respuesta al caso entre manos. Incluso el letrado podrá pasar como “autoridad en la materia” –y se le reputará como un abogado versado en el tema- si repite de memoria, sin titubear, los artículos del Código Penal.
Así, para un futuro penalista bastará conocer si el hecho cometido por su cliente se encuentra tipificado como delito o no. Si es lo segundo, no hay problema. Pedirá su inmediata excarcelación y cobrará sus honorarios sin mucho esfuerzo. Pero, si es delito, y cumple con todos los requisitos para serlo, el trabajo del abogado penalista consistirá en enervar el valor de los medios probatorios que se presenten contra su patrocinado. A veces usando la ley rectamente, a veces de un modo no “muy santo”. Y, en el caso de ser condenado el pobre cliente –que a veces no es tan fatal para los intereses del letrado-, podrá solicitar, trascurrido un lapso de tiempo, los beneficios penitenciarios a su favor, beneficios que le permitirán purgar un mínimo de la pena impuesta, con mayor razón si el inculpado sobrepasa los setenta años –aunque delinca como uno de veinte-. En este caso, el letrado penalista –con un poco más de esfuerzo, valgan verdades- podrá cobrar honorarios más altos que por una simple diligencia, aparte de los cobros extras por “gastos del proceso”.
Precisamente uno de los aspectos más polémicos del derecho penal son los “beneficios penitenciarios”.
El fin es loable. De inspiración rousonniana, trata sobre la reeducación del sentenciado, mediante el trabajo o el estudio, a fin de reinsertarlo en la sociedad como “hombre bueno” luego de haber sido “corrompido” por la propia sociedad. Bajo esta inspiración idealista los centros penitenciarios serían una gran escuela de reeducación integral del ser humano. Se parte del supuesto que el hombre es bueno por naturaleza, solo que la sociedad lo corrompe; por tanto, la sociedad, bajo ciertas instituciones y condiciones, debería “redimirlo”. Pero, una pregunta básica sería si realmente las prisiones “reeducan” al condenado o no. No es necesario ser muy agudo en la observación para darse cuenta que las cárceles no cumplen esa función ni jamás la cumplieron.
Que yo sepa tampoco existen estudios empíricos que demuestren la “resocialización” del recluso una vez libre. No existen estadísticas sobre cómo le fue al ex recluso “resocializado” fuera de prisión. Pero, en este extremo, tampoco es necesario ser muy perspicaz para saber que a la mínima oportunidad volverá a sus antiguos hábitos. Supongo que los casos positivos deben ser poquísimos.
Otra pregunta que debe responderse sinceramente más allá de los buenos deseos o de lo “políticamente correcto” es si la “reeducación” permite el cambio de las personas. Existen sicólogos que ponen en duda esa afirmación. La verdad es bien difícil que el ser humano cambie, esté dentro o fuera de una cárcel. Se necesita una gran fuerza de voluntad, perseverancia y auténtico deseo interno de cambiar para lograr un resultado positivo. Aparte que las propias condiciones externas (por ejemplo, falta de oportunidades de trabajo para un ex recluso) juegan en contra de una resocialización como manda la ley. Por esas consideraciones, son muy pocos los que consiguen reinsertarse en la comunidad como “buenos ciudadanos”.
Sería necesario replantear ese modelo y subsumirlo al concepto de seguridad de la sociedad. Tan importante o más importante que “resocializar” a un sentenciado -y ya hemos visto como los trámites para aprovechar los beneficios penitenciarios son una mera formalidad- es la seguridad de la comunidad como un todo, algo que se tiende a olvidar en este debate. Debería debatirse seriamente la necesidad de aumentar las penas y eliminar los beneficios al mínimo, incluyendo el polémico tema de la pena de muerte, más allá de si es o no “constitucional”, o de las frases clichés que tienden a utilizarse para zanjar rápidamente un incómodo asunto.1 Debate que por cierto no debe ser monopolio exclusivo de abogados –casi siempre reducido a formalismos legales bastante manoseados - sino que debe ser de toda la sociedad y en especial de sicólogos, siquiatras, médicos, sociólogos, antropólogos, economistas y, a pesar de mi agnosticismo, hasta de eclesiásticos.
Algo similar sucede con la reparación civil que dictan los jueces, más simbólica que real, saludo a la bandera y síntoma que al estado –o por lo menos al órgano jurisdiccional- le importa poco el destino de la víctima. Ya no hablemos de las faltas, delitos menores que casi nunca son sancionados adecuadamente y son los que más abundan.
Creo que el nuevo Código Procesal Penal permite una acumulación de penas en caso de concurso de delitos. Ojalá, porque el actual sistema tiende a condenar el más grave y dejar de lado los otros. Sumen a eso los “beneficios penitenciarios” –conseguidos por lo general gracias a la contratación de un abogado que “mueva los papeles”- y se darán cuenta porqué los condenados por los delitos más horrendos o las estafas más famosas salen a los pocos años.
En fin, no es casualidad que tengamos un derecho penal “que da pena” y que hace mucho tiempo se encuentre en una crisis bastante profunda.2
1. Las sociedades ahora consideradas modelos del debido proceso y del garantismo integral a favor del reo, fueron las que aplicaron con mayor rigor las penas extremas –incluyendo la pena de muerte- a fin de detener la alta tasa de criminalidad y falta de ley que existía. Las penas draconianas obedecieron a la urgencia de castigar y sobretodo disuadir a otros de cometer similar delito. Fue muy posterior la creación del modelo de garantismo y de obediencia al debido proceso, modelo que nosotros hemos calcado al pie de la letra sin tomar en cuenta nuestra realidad.
2. Claro que la finalidad última de bajar la alta tasa de criminalidad no se remedia con solo penas draconianas. Las penas son solo parte de un “paquete” de reformas mucho mayor y complejo.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Así, para un futuro penalista bastará conocer si el hecho cometido por su cliente se encuentra tipificado como delito o no. Si es lo segundo, no hay problema. Pedirá su inmediata excarcelación y cobrará sus honorarios sin mucho esfuerzo. Pero, si es delito, y cumple con todos los requisitos para serlo, el trabajo del abogado penalista consistirá en enervar el valor de los medios probatorios que se presenten contra su patrocinado. A veces usando la ley rectamente, a veces de un modo no “muy santo”. Y, en el caso de ser condenado el pobre cliente –que a veces no es tan fatal para los intereses del letrado-, podrá solicitar, trascurrido un lapso de tiempo, los beneficios penitenciarios a su favor, beneficios que le permitirán purgar un mínimo de la pena impuesta, con mayor razón si el inculpado sobrepasa los setenta años –aunque delinca como uno de veinte-. En este caso, el letrado penalista –con un poco más de esfuerzo, valgan verdades- podrá cobrar honorarios más altos que por una simple diligencia, aparte de los cobros extras por “gastos del proceso”.
Precisamente uno de los aspectos más polémicos del derecho penal son los “beneficios penitenciarios”.
El fin es loable. De inspiración rousonniana, trata sobre la reeducación del sentenciado, mediante el trabajo o el estudio, a fin de reinsertarlo en la sociedad como “hombre bueno” luego de haber sido “corrompido” por la propia sociedad. Bajo esta inspiración idealista los centros penitenciarios serían una gran escuela de reeducación integral del ser humano. Se parte del supuesto que el hombre es bueno por naturaleza, solo que la sociedad lo corrompe; por tanto, la sociedad, bajo ciertas instituciones y condiciones, debería “redimirlo”. Pero, una pregunta básica sería si realmente las prisiones “reeducan” al condenado o no. No es necesario ser muy agudo en la observación para darse cuenta que las cárceles no cumplen esa función ni jamás la cumplieron.
Que yo sepa tampoco existen estudios empíricos que demuestren la “resocialización” del recluso una vez libre. No existen estadísticas sobre cómo le fue al ex recluso “resocializado” fuera de prisión. Pero, en este extremo, tampoco es necesario ser muy perspicaz para saber que a la mínima oportunidad volverá a sus antiguos hábitos. Supongo que los casos positivos deben ser poquísimos.
Otra pregunta que debe responderse sinceramente más allá de los buenos deseos o de lo “políticamente correcto” es si la “reeducación” permite el cambio de las personas. Existen sicólogos que ponen en duda esa afirmación. La verdad es bien difícil que el ser humano cambie, esté dentro o fuera de una cárcel. Se necesita una gran fuerza de voluntad, perseverancia y auténtico deseo interno de cambiar para lograr un resultado positivo. Aparte que las propias condiciones externas (por ejemplo, falta de oportunidades de trabajo para un ex recluso) juegan en contra de una resocialización como manda la ley. Por esas consideraciones, son muy pocos los que consiguen reinsertarse en la comunidad como “buenos ciudadanos”.
Sería necesario replantear ese modelo y subsumirlo al concepto de seguridad de la sociedad. Tan importante o más importante que “resocializar” a un sentenciado -y ya hemos visto como los trámites para aprovechar los beneficios penitenciarios son una mera formalidad- es la seguridad de la comunidad como un todo, algo que se tiende a olvidar en este debate. Debería debatirse seriamente la necesidad de aumentar las penas y eliminar los beneficios al mínimo, incluyendo el polémico tema de la pena de muerte, más allá de si es o no “constitucional”, o de las frases clichés que tienden a utilizarse para zanjar rápidamente un incómodo asunto.1 Debate que por cierto no debe ser monopolio exclusivo de abogados –casi siempre reducido a formalismos legales bastante manoseados - sino que debe ser de toda la sociedad y en especial de sicólogos, siquiatras, médicos, sociólogos, antropólogos, economistas y, a pesar de mi agnosticismo, hasta de eclesiásticos.
Algo similar sucede con la reparación civil que dictan los jueces, más simbólica que real, saludo a la bandera y síntoma que al estado –o por lo menos al órgano jurisdiccional- le importa poco el destino de la víctima. Ya no hablemos de las faltas, delitos menores que casi nunca son sancionados adecuadamente y son los que más abundan.
Creo que el nuevo Código Procesal Penal permite una acumulación de penas en caso de concurso de delitos. Ojalá, porque el actual sistema tiende a condenar el más grave y dejar de lado los otros. Sumen a eso los “beneficios penitenciarios” –conseguidos por lo general gracias a la contratación de un abogado que “mueva los papeles”- y se darán cuenta porqué los condenados por los delitos más horrendos o las estafas más famosas salen a los pocos años.
En fin, no es casualidad que tengamos un derecho penal “que da pena” y que hace mucho tiempo se encuentre en una crisis bastante profunda.2
1. Las sociedades ahora consideradas modelos del debido proceso y del garantismo integral a favor del reo, fueron las que aplicaron con mayor rigor las penas extremas –incluyendo la pena de muerte- a fin de detener la alta tasa de criminalidad y falta de ley que existía. Las penas draconianas obedecieron a la urgencia de castigar y sobretodo disuadir a otros de cometer similar delito. Fue muy posterior la creación del modelo de garantismo y de obediencia al debido proceso, modelo que nosotros hemos calcado al pie de la letra sin tomar en cuenta nuestra realidad.
2. Claro que la finalidad última de bajar la alta tasa de criminalidad no se remedia con solo penas draconianas. Las penas son solo parte de un “paquete” de reformas mucho mayor y complejo.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, August 17, 2010
A VEINTE AÑOS DEL FUJISHOCK
El 8 de Agosto de 1990 comenzó el proceso de cambio del modelo económico peruano, tan celebrado ahora, con el shock económico (conocido como “el fujishock”) a fin de detener la hiperinflación originada en el primer gobierno de Alan García. ¿Qué había pasado?
El primer gobierno de García se caracterizó, aparte de la desatada corrupción y desgobierno, en ser el peor administrador en el manejo económico: controló y subsidió precios, “congeló” el tipo de cambio y las tasas de interés, incautó los ahorros en moneda extranjera para subvencionar el tristemente célebre “dólar MUC” (medida que recientemente ha copiado Chávez), regaló créditos a tasas de interés cero y, lo peor de todo, para financiar la labor del estado y el pago de planillas (bastaba tener un carné del partido aprista para entrar al aparato del estado por lo que este engrosó sus filas desmesuradamente) ordenó emitir moneda inorgánica, sin el respaldo debido. Esa emisión de papel moneda inorgánico fue la marea que comenzó a hacer subir los precios1. En los primeros dos años es cierto que se vivió un falso bienestar, como el bienestar del drogo dependiente, que luego necesita más dosis de la droga para sentirse bien.
Un hecho crucial marcó el inicio del fin: el 28 de Julio de 1987 AGP pretende estatizar el sistema financiero. El mensaje presidencial de ese año anunció “la pelea” con los bancos que no apostaron por el país como él creía2. La estatización trajo una tenaz oposición de la derecha con el célebre escritor Mario Vargas Llosa a la cabeza, conformándose a nivel local el cimiento del pensamiento neoliberal y una “inteligencia” (bueno, es un decir) que tendría tanta presencia y poder en el Perú de los años noventa3.
Pero vayamos a los hechos de aquella época. La “pelea” con los bancos de Alan García trajo la necesidad de buscar mayor financiamiento en la emisión inorgánica4. Ya habíamos “roto palitos” con el satanizado Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De los pocos que nos ayudaban en la banca extranjera estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido por el uruguayo Enrique Iglesias, uno de los poquísimos que nos tendió la mano en aquellos cruciales años, cuando el Perú era considerado “un paria” internacional y nadie, absolutamente nadie, apostaba ni un sol por nosotros. Sin embargo no era suficiente, por lo que se requería mayor emisión inorgánica. De allí estábamos a un paso de la hiperinflación.
De 30% o 40%, niveles aunque peligrosos todavía “manejables”, pasamos a más de 100% y luego superamos largamente los cuatro dígitos. La inflación acumulada de aquella época pasó el millón por ciento. Ya habíamos ingresado al “selecto club” de los países con hiperinflación. El precio de un producto valía en la tarde más que en la mañana, las empleadas de los supermercados se pasaban la jornada de trabajo reetiquetando precios, los productos básicos se conseguían solo en el mercado negro, los servicios públicos no funcionaban (es cierta la anécdota que cuentan muchos que en aquella época se abría el grifo de agua y salía … excremento), el tipo de cambio subía minuto a minuto, nadie ahorraba en moneda nacional, todos preferían los dólares por lo que los intis que se tenían eran cambiados de inmediato al billete verde que era atesorado “debajo del colchón” (de allí comenzó el proceso de dolarización que duró cerca de veinte años), confirmando la famosa ley de Gresham: el dinero malo expulsa al bueno. Y como efecto colateral vimos desaparecer y aparecer tres monedas sucesivamente: el sol de oro, el inti, el inti millón y el nuevo sol.
Hacia los finales del primer gobierno de García daba la impresión que el país se desbarrancaba entre la hiperinflación, el terrorismo, la corrupción y el desgobierno. Muchos peruanos migraron al extranjero porque acá no había futuro. Tres millones de peruanos que viven fuera son testigos de ello. Por eso en el Perú de 1990 no había otro camino que detener “en seco” la hiperinflación, y para ello era necesario un “shock” económico, es decir subir drásticamente los precios de los productos básicos, dejar de subsidiarlos, “sincerar” los precios.
Dentro del plan de gobierno del Fredemo, liderado por Mario Vargas Llosa, estaba contemplado el “shock económico”5 a fin de detener la hiperinflación, decisión honesta y valiente pero que “asustó” a los electores (así como su medida de reducir el estado, recordemos que la gran mayoría vivía a expensas de este), que optaron por sufragar a favor del otro candidato: Alberto Fujimori6. El “chinito”, como ya se le decía, había prometido bajar la hiperinflación gradualmente, así que ante una promesa de bajarla en forma “suave” y otra de manera radical, los votantes optaron por la primera. Que haya sido solo una mentira más (característica de Fujimori como se demostraría en su gobierno) o no, lo cierto es que llegado al poder se dio cuenta que era imposible ese gradualismo y tomó la receta del Fredemo: el shock7.
El ajuste fue brutal. Fue una operación sin anestesia. El entonces primer ministro de aquellos años, Juan Carlos Hurtado Miller, terminó su discurso de disciplina fiscal con la célebre frase “que Dios nos ayude”.
Al día siguiente la gente estaba desorientada, como si hubiese recibido un mazazo en la cabeza y no pudiesen reaccionar adecuadamente. Los propios minoristas ya no sabían cuánto cobrar por una pasta de dientes o una bolsa de pan. Lo cierto es que la inflación bajó drásticamente. Estabilizados los precios relativos comenzó el proceso de reconversión económica: privatización de las empresas públicas, labor subsidiaria del estado, flexibilización laboral, rol preponderante del sector privado y de las fuerzas del mercado8.
Todo comenzó hace veinte años atrás y el mérito de los sucesivos gobiernos ha sido no cambiar las vigas maestras del modelo (con sus cosas buenas y sus cosas malas, ese es otro tema). El resto es historia conocida.
1. La irresponsabilidad demostrada en su primer gobierno y las secuelas nefastas vividas fueron causantes del gran rechazo que generó AGP en los años noventa y parte del 2000; y si ganó las elecciones del 2006 fue por ser considerado “el mal menor” frente a Ollanta Humala. No es casual tampoco que luego del desastre en el manejo económico de su primer mandato con el abuso de políticas heterodoxas, desenfreno en el gasto público y emisión inorgánica de papel moneda, haya experimentado una “conversión” al credo neoliberal, practicado con fruición en su segundo gobierno. Es la fe de los conversos.
2. La verdad que nunca apostaron por el país. No solo la banca nacional, como hemos sido testigos en la crisis financiera de 2008, en el propio Estados Unidos los bancos –causantes de la crisis- solo vieron y ven por el interés de sus dueños y gerentes.
3. Tras el fin del socialismo real, el “consenso de Washington” de finales de la década del ochenta fue la punta de lanza para la expansión del pensamiento neoliberal en América Latina. Sin embargo, tomó características propias en cada país. En el Perú el “detonante” para la expansión de las ideas sobre liberalismo económico fue el intento de expropiación de la banca por parte del gobierno aprista de ese entonces y el descalabro económico del primer gobierno de AGP. El desastre en que dejó al país –se dice que no había dinero ni para el pago de planillas, por lo que el presidente electo debió pedir un préstamo de emergencia a la banca extranjera solo para el pago de personal- facilitó la introducción de las reformas neoliberales a inicios de los noventa. Luego, con “el autogolpe” de 1992 cambió la correlación de fuerzas políticas y posibilitó la radicalización de estas reformas.
4. A lo cual ayudó un Congreso con mayoría aprista complaciente, un Ministerio de Economía -jefaturado por Luis Alva Castro- benévolo con los requerimientos del ejecutivo, y un Banco Central que no cuidó su autonomía y se dejó avasallar por los requerimientos del presidente.
5. La verdad que los economistas del Fredemo tenían razón en detener la hiperinflación “en seco”, no sólo porque no había recursos para seguir financiando los subsidios, sino también porque existía un componente sicológico que hacía imposible un gradualismo moderado: las expectativas de las personas siempre iban a estar por delante de cualquier intento de freno moderado al alza de precios.
6. Aquella campaña política conoció, quizás por primera vez en la historia reciente del Perú, lo que se conocería como “guerra sucia”: mentiras, engaños, tergiversaciones y difamaciones de todo calibre.
7. A poco de asumir el cargo de presidente, Fujimori hizo un periplo internacional, sobretodo para acercarse a la banca extranjera –en especial el FMI- dado que necesitaba recursos financieros de emergencia y el Perú se encontraba aislado y en malas relaciones con el sistema financiero internacional. Al parecer fue allí donde cambió de decisión a fin de detener la hiperinflación con un shock económico.
8. Faltó la “segunda ola” de reformas consistentes en la reforma del estado, paralizadas por el intento re-reeleccionista de Alberto Fujimori. Esa ambición desmesurada por el poder fue su tumba política.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
El primer gobierno de García se caracterizó, aparte de la desatada corrupción y desgobierno, en ser el peor administrador en el manejo económico: controló y subsidió precios, “congeló” el tipo de cambio y las tasas de interés, incautó los ahorros en moneda extranjera para subvencionar el tristemente célebre “dólar MUC” (medida que recientemente ha copiado Chávez), regaló créditos a tasas de interés cero y, lo peor de todo, para financiar la labor del estado y el pago de planillas (bastaba tener un carné del partido aprista para entrar al aparato del estado por lo que este engrosó sus filas desmesuradamente) ordenó emitir moneda inorgánica, sin el respaldo debido. Esa emisión de papel moneda inorgánico fue la marea que comenzó a hacer subir los precios1. En los primeros dos años es cierto que se vivió un falso bienestar, como el bienestar del drogo dependiente, que luego necesita más dosis de la droga para sentirse bien.
Un hecho crucial marcó el inicio del fin: el 28 de Julio de 1987 AGP pretende estatizar el sistema financiero. El mensaje presidencial de ese año anunció “la pelea” con los bancos que no apostaron por el país como él creía2. La estatización trajo una tenaz oposición de la derecha con el célebre escritor Mario Vargas Llosa a la cabeza, conformándose a nivel local el cimiento del pensamiento neoliberal y una “inteligencia” (bueno, es un decir) que tendría tanta presencia y poder en el Perú de los años noventa3.
Pero vayamos a los hechos de aquella época. La “pelea” con los bancos de Alan García trajo la necesidad de buscar mayor financiamiento en la emisión inorgánica4. Ya habíamos “roto palitos” con el satanizado Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De los pocos que nos ayudaban en la banca extranjera estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido por el uruguayo Enrique Iglesias, uno de los poquísimos que nos tendió la mano en aquellos cruciales años, cuando el Perú era considerado “un paria” internacional y nadie, absolutamente nadie, apostaba ni un sol por nosotros. Sin embargo no era suficiente, por lo que se requería mayor emisión inorgánica. De allí estábamos a un paso de la hiperinflación.
De 30% o 40%, niveles aunque peligrosos todavía “manejables”, pasamos a más de 100% y luego superamos largamente los cuatro dígitos. La inflación acumulada de aquella época pasó el millón por ciento. Ya habíamos ingresado al “selecto club” de los países con hiperinflación. El precio de un producto valía en la tarde más que en la mañana, las empleadas de los supermercados se pasaban la jornada de trabajo reetiquetando precios, los productos básicos se conseguían solo en el mercado negro, los servicios públicos no funcionaban (es cierta la anécdota que cuentan muchos que en aquella época se abría el grifo de agua y salía … excremento), el tipo de cambio subía minuto a minuto, nadie ahorraba en moneda nacional, todos preferían los dólares por lo que los intis que se tenían eran cambiados de inmediato al billete verde que era atesorado “debajo del colchón” (de allí comenzó el proceso de dolarización que duró cerca de veinte años), confirmando la famosa ley de Gresham: el dinero malo expulsa al bueno. Y como efecto colateral vimos desaparecer y aparecer tres monedas sucesivamente: el sol de oro, el inti, el inti millón y el nuevo sol.
Hacia los finales del primer gobierno de García daba la impresión que el país se desbarrancaba entre la hiperinflación, el terrorismo, la corrupción y el desgobierno. Muchos peruanos migraron al extranjero porque acá no había futuro. Tres millones de peruanos que viven fuera son testigos de ello. Por eso en el Perú de 1990 no había otro camino que detener “en seco” la hiperinflación, y para ello era necesario un “shock” económico, es decir subir drásticamente los precios de los productos básicos, dejar de subsidiarlos, “sincerar” los precios.
Dentro del plan de gobierno del Fredemo, liderado por Mario Vargas Llosa, estaba contemplado el “shock económico”5 a fin de detener la hiperinflación, decisión honesta y valiente pero que “asustó” a los electores (así como su medida de reducir el estado, recordemos que la gran mayoría vivía a expensas de este), que optaron por sufragar a favor del otro candidato: Alberto Fujimori6. El “chinito”, como ya se le decía, había prometido bajar la hiperinflación gradualmente, así que ante una promesa de bajarla en forma “suave” y otra de manera radical, los votantes optaron por la primera. Que haya sido solo una mentira más (característica de Fujimori como se demostraría en su gobierno) o no, lo cierto es que llegado al poder se dio cuenta que era imposible ese gradualismo y tomó la receta del Fredemo: el shock7.
El ajuste fue brutal. Fue una operación sin anestesia. El entonces primer ministro de aquellos años, Juan Carlos Hurtado Miller, terminó su discurso de disciplina fiscal con la célebre frase “que Dios nos ayude”.
Al día siguiente la gente estaba desorientada, como si hubiese recibido un mazazo en la cabeza y no pudiesen reaccionar adecuadamente. Los propios minoristas ya no sabían cuánto cobrar por una pasta de dientes o una bolsa de pan. Lo cierto es que la inflación bajó drásticamente. Estabilizados los precios relativos comenzó el proceso de reconversión económica: privatización de las empresas públicas, labor subsidiaria del estado, flexibilización laboral, rol preponderante del sector privado y de las fuerzas del mercado8.
Todo comenzó hace veinte años atrás y el mérito de los sucesivos gobiernos ha sido no cambiar las vigas maestras del modelo (con sus cosas buenas y sus cosas malas, ese es otro tema). El resto es historia conocida.
1. La irresponsabilidad demostrada en su primer gobierno y las secuelas nefastas vividas fueron causantes del gran rechazo que generó AGP en los años noventa y parte del 2000; y si ganó las elecciones del 2006 fue por ser considerado “el mal menor” frente a Ollanta Humala. No es casual tampoco que luego del desastre en el manejo económico de su primer mandato con el abuso de políticas heterodoxas, desenfreno en el gasto público y emisión inorgánica de papel moneda, haya experimentado una “conversión” al credo neoliberal, practicado con fruición en su segundo gobierno. Es la fe de los conversos.
2. La verdad que nunca apostaron por el país. No solo la banca nacional, como hemos sido testigos en la crisis financiera de 2008, en el propio Estados Unidos los bancos –causantes de la crisis- solo vieron y ven por el interés de sus dueños y gerentes.
3. Tras el fin del socialismo real, el “consenso de Washington” de finales de la década del ochenta fue la punta de lanza para la expansión del pensamiento neoliberal en América Latina. Sin embargo, tomó características propias en cada país. En el Perú el “detonante” para la expansión de las ideas sobre liberalismo económico fue el intento de expropiación de la banca por parte del gobierno aprista de ese entonces y el descalabro económico del primer gobierno de AGP. El desastre en que dejó al país –se dice que no había dinero ni para el pago de planillas, por lo que el presidente electo debió pedir un préstamo de emergencia a la banca extranjera solo para el pago de personal- facilitó la introducción de las reformas neoliberales a inicios de los noventa. Luego, con “el autogolpe” de 1992 cambió la correlación de fuerzas políticas y posibilitó la radicalización de estas reformas.
4. A lo cual ayudó un Congreso con mayoría aprista complaciente, un Ministerio de Economía -jefaturado por Luis Alva Castro- benévolo con los requerimientos del ejecutivo, y un Banco Central que no cuidó su autonomía y se dejó avasallar por los requerimientos del presidente.
5. La verdad que los economistas del Fredemo tenían razón en detener la hiperinflación “en seco”, no sólo porque no había recursos para seguir financiando los subsidios, sino también porque existía un componente sicológico que hacía imposible un gradualismo moderado: las expectativas de las personas siempre iban a estar por delante de cualquier intento de freno moderado al alza de precios.
6. Aquella campaña política conoció, quizás por primera vez en la historia reciente del Perú, lo que se conocería como “guerra sucia”: mentiras, engaños, tergiversaciones y difamaciones de todo calibre.
7. A poco de asumir el cargo de presidente, Fujimori hizo un periplo internacional, sobretodo para acercarse a la banca extranjera –en especial el FMI- dado que necesitaba recursos financieros de emergencia y el Perú se encontraba aislado y en malas relaciones con el sistema financiero internacional. Al parecer fue allí donde cambió de decisión a fin de detener la hiperinflación con un shock económico.
8. Faltó la “segunda ola” de reformas consistentes en la reforma del estado, paralizadas por el intento re-reeleccionista de Alberto Fujimori. Esa ambición desmesurada por el poder fue su tumba política.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Thursday, August 12, 2010
ARMANDO ROBLES GODOY, IN MEMORIAM
Reconozco que su faceta como cineasta fue lo que menos me interesó. A pesar que siempre era presentado como “el cineasta Armando Robles Godoy”, fue solo una arista más de su rica y compleja personalidad formada dentro de un humanismo más amplio que el celuloide.
Creo que ni él mismo se creía lo de cineasta como una forma de encasillarlo, a pesar que fue un pionero que hizo cine cuando en el Perú era un acto heroico, mucho más difícil que ahora. Sin premios, sin estímulos, sin personal técnico capacitado o actores propiamente cinematográficos (los que hacían películas provenían del teatro), hacer cine era como abrir trocha en la selva virgen, labor que por cierto también realizó Armando de joven, cuando fue pionero en la siembra de café en la selva.
Pero más que su faceta de escritor o cineasta, lo que me fascinaba de él era su capacidad de conversador nato. Conversación inteligente, culta, amena y provocadora. Son de antología sus debates con Marco Aurelio Denegri o Mariano Querol, otras aves raris de nuestra cultura. Esa versatilidad para conversar con gracia y solvencia sobre distintos temas era una de sus peculiares características. Y lo que reflejaban esas conversaciones era a un intelectual libre, sin prejuicios y sin compromiso con el poder ni los poderosos. Pertenecía a esa especie en extinción de hombres en libertad a los que nada de lo humano les es ajeno.
Descansa en paz Armando.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Creo que ni él mismo se creía lo de cineasta como una forma de encasillarlo, a pesar que fue un pionero que hizo cine cuando en el Perú era un acto heroico, mucho más difícil que ahora. Sin premios, sin estímulos, sin personal técnico capacitado o actores propiamente cinematográficos (los que hacían películas provenían del teatro), hacer cine era como abrir trocha en la selva virgen, labor que por cierto también realizó Armando de joven, cuando fue pionero en la siembra de café en la selva.
Pero más que su faceta de escritor o cineasta, lo que me fascinaba de él era su capacidad de conversador nato. Conversación inteligente, culta, amena y provocadora. Son de antología sus debates con Marco Aurelio Denegri o Mariano Querol, otras aves raris de nuestra cultura. Esa versatilidad para conversar con gracia y solvencia sobre distintos temas era una de sus peculiares características. Y lo que reflejaban esas conversaciones era a un intelectual libre, sin prejuicios y sin compromiso con el poder ni los poderosos. Pertenecía a esa especie en extinción de hombres en libertad a los que nada de lo humano les es ajeno.
Descansa en paz Armando.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, August 10, 2010
LA FERIA DEL LIBRO 2010
La Feria del Libro se ha vuelto itinerante. No lo veo mal, es más debería cambiar de espacio físico cada año y el próximo estar de repente en alguno de los distritos de la nueva Lima: Los Olivos, Villa El Salvador o San Juan de Lurigancho. No hay razón para que la feria solo circule por los viejos distritos de la clase media.
Este año le dio albergue el antiguo Bosque de Matamula, hoy Parque de los Próceres, y la verdad la propuesta fue ingeniosa. “Haciendo de tripas, corazón” (muchos creyeron que ubicarla en ese lugar era condenarla a un estrepitoso fracaso) se hizo un bien de una necesidad, aprovechando el espacio para que la disposición de los stands fuera circular, en dos niveles, por lo que el público pudo caminar “dando vueltas” y revisitando los lugares otra vez por si se olvidó de algún libro, un poco a ritmo de procesión en algunos tramos dada la concurrencia del respetable, pero gratificante.
Por la demanda de libros, creo que esta vez la Feria “la rompió”. Hasta yo me animé y entre otros compré un libro de uno de mis escritores favoritos: Hugo Neyra, bajo el sello editorial de la Garcilaso. Se debe reconocer que esta universidad acercó el libro al público gracias a su política de precios cómodos y catálogo bastante variado de títulos, reflejando una labor sumamente activa en estos últimos años, hecho que no ocurre con otras editoriales universitarias, otrora bastante prolíficas y que ahora han caído en el marasmo. Como bien dice el maestro Luis Jaime Cisneros, la investigación y publicación es parte esencial de toda universidad. Y tiene razón.
Lamentablemente otros sellos editoriales o distribuidoras no han emulado el ejemplo de la Garcilaso y ofrecieron los libros a precios astronómicos. Por ejemplo, buscando libros de mi profesión (el derecho) no bajaba de cien nuevos soles el título y eso “con descuento de feria, señor”. Como si los abogados del Perú (su principal público objetivo) tuviesen el nivel de ingresos de sus pares en Norteamérica o Europa, y ganaran en dólares o euros. Hasta los libros de la Universidad Católica, antes accesibles en precio, en esta feria estaban por las nubes y, encima, con títulos agotados hace tiempo sin la necesaria reimpresión. Creo que el juicio con el Cardenal les ha afectado hasta el ingenio para publicar adecuadamente. Y faltó mayor presencia de otras editoriales jurídicas que este año no se han visto.
La que sí estuvo presente fue la literatura: novela, poesía, cuento. Somos un país de poetas y de narradores, y de los buenos, como bien lo reconocen muchos extranjeros. No solo los manoseados nombres de siempre, sino nuevos valores que se van abriendo espacio y reconocimiento. Hasta se apreció un stand de Ecuador, gesto que dice mucho del cambio de ánimo en las relaciones entre nuestros dos países. Literatura no faltó e, incluso, tuvimos una conferencia donde participó el hijo del gran Julio Ramón Ribeyro, contando anécdotas del padre escritor, aunque faltó un mejor entrevistador, “que le saque el jugo” al entrevistado.
También estuvo presente, como en anteriores ferias, la editorial del Congreso, que se podrá decir que sus libros tienen numerosas erratas y descuidos, pero existe un hecho incontrovertido: si no fuera por su labor editorial muchos libros de peruanos ilustres habrían caído en el olvido más clamoroso. El Congreso de la República se salva del infierno de los “otorongos” gracias a su fondo editorial. Con ese gesto ya reservó su cuota de cielo en la memoria de los peruanos; aunque debería animarse a otro gesto audaz: el inicio de las publicaciones electrónicas y de una biblioteca virtual como la del Congreso de los Estados Unidos. Recursos para hacerlo tiene, y pueden ser mejor aprovechados que en los inútiles gastos de ceremonias de imposición de medallitas y reparto de diplomas, del gasto en leyes creando el día del limón o de la papa a la huancaína, o de acusaciones constitucionales que al final siempre quedan en nada.
En mi crónica sobre la Feria del 2009 especulaba si pese a ese fervor por el libro no estábamos asistiendo al fin de una forma de verlo: de papel, tinta y tapas duras. Me ratifico en lo dicho hace un año atrás. Pese a la extraordinaria demanda de libros físicos, creo que estamos presenciando su extinción, su muerte lenta, el fin de toda una época y el nacimiento de otra: la del libro electrónico, visto en una computadora o un ipod, más aséptico, sin polillas que se coman el papel u hongos que ataquen sus hojas, pero tampoco sin la posibilidad de poderlos sentir y oler como les gusta tanto a los bibliófilos, en esa suerte de “amor carnal” hacia los libros. Será una nueva forma de leer y de aprehender, pero lectura al fin y al cabo, acto que nos hace más humanos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Este año le dio albergue el antiguo Bosque de Matamula, hoy Parque de los Próceres, y la verdad la propuesta fue ingeniosa. “Haciendo de tripas, corazón” (muchos creyeron que ubicarla en ese lugar era condenarla a un estrepitoso fracaso) se hizo un bien de una necesidad, aprovechando el espacio para que la disposición de los stands fuera circular, en dos niveles, por lo que el público pudo caminar “dando vueltas” y revisitando los lugares otra vez por si se olvidó de algún libro, un poco a ritmo de procesión en algunos tramos dada la concurrencia del respetable, pero gratificante.
Por la demanda de libros, creo que esta vez la Feria “la rompió”. Hasta yo me animé y entre otros compré un libro de uno de mis escritores favoritos: Hugo Neyra, bajo el sello editorial de la Garcilaso. Se debe reconocer que esta universidad acercó el libro al público gracias a su política de precios cómodos y catálogo bastante variado de títulos, reflejando una labor sumamente activa en estos últimos años, hecho que no ocurre con otras editoriales universitarias, otrora bastante prolíficas y que ahora han caído en el marasmo. Como bien dice el maestro Luis Jaime Cisneros, la investigación y publicación es parte esencial de toda universidad. Y tiene razón.
Lamentablemente otros sellos editoriales o distribuidoras no han emulado el ejemplo de la Garcilaso y ofrecieron los libros a precios astronómicos. Por ejemplo, buscando libros de mi profesión (el derecho) no bajaba de cien nuevos soles el título y eso “con descuento de feria, señor”. Como si los abogados del Perú (su principal público objetivo) tuviesen el nivel de ingresos de sus pares en Norteamérica o Europa, y ganaran en dólares o euros. Hasta los libros de la Universidad Católica, antes accesibles en precio, en esta feria estaban por las nubes y, encima, con títulos agotados hace tiempo sin la necesaria reimpresión. Creo que el juicio con el Cardenal les ha afectado hasta el ingenio para publicar adecuadamente. Y faltó mayor presencia de otras editoriales jurídicas que este año no se han visto.
La que sí estuvo presente fue la literatura: novela, poesía, cuento. Somos un país de poetas y de narradores, y de los buenos, como bien lo reconocen muchos extranjeros. No solo los manoseados nombres de siempre, sino nuevos valores que se van abriendo espacio y reconocimiento. Hasta se apreció un stand de Ecuador, gesto que dice mucho del cambio de ánimo en las relaciones entre nuestros dos países. Literatura no faltó e, incluso, tuvimos una conferencia donde participó el hijo del gran Julio Ramón Ribeyro, contando anécdotas del padre escritor, aunque faltó un mejor entrevistador, “que le saque el jugo” al entrevistado.
También estuvo presente, como en anteriores ferias, la editorial del Congreso, que se podrá decir que sus libros tienen numerosas erratas y descuidos, pero existe un hecho incontrovertido: si no fuera por su labor editorial muchos libros de peruanos ilustres habrían caído en el olvido más clamoroso. El Congreso de la República se salva del infierno de los “otorongos” gracias a su fondo editorial. Con ese gesto ya reservó su cuota de cielo en la memoria de los peruanos; aunque debería animarse a otro gesto audaz: el inicio de las publicaciones electrónicas y de una biblioteca virtual como la del Congreso de los Estados Unidos. Recursos para hacerlo tiene, y pueden ser mejor aprovechados que en los inútiles gastos de ceremonias de imposición de medallitas y reparto de diplomas, del gasto en leyes creando el día del limón o de la papa a la huancaína, o de acusaciones constitucionales que al final siempre quedan en nada.
En mi crónica sobre la Feria del 2009 especulaba si pese a ese fervor por el libro no estábamos asistiendo al fin de una forma de verlo: de papel, tinta y tapas duras. Me ratifico en lo dicho hace un año atrás. Pese a la extraordinaria demanda de libros físicos, creo que estamos presenciando su extinción, su muerte lenta, el fin de toda una época y el nacimiento de otra: la del libro electrónico, visto en una computadora o un ipod, más aséptico, sin polillas que se coman el papel u hongos que ataquen sus hojas, pero tampoco sin la posibilidad de poderlos sentir y oler como les gusta tanto a los bibliófilos, en esa suerte de “amor carnal” hacia los libros. Será una nueva forma de leer y de aprehender, pero lectura al fin y al cabo, acto que nos hace más humanos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, August 03, 2010
GAS Y POLÍTICA
Existen temas sensibles que pueden ser materia de la agenda política, con mayor razón en coyunturas electorales. Uno de ellos es el gas.
El tema energético tiene como antecedente al petróleo en los años sesenta. El petróleo cubrió buena parte del debate político que propició un clima nacionalista que culminó en el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado en 1968. No fue casual que uno de los primeros actos del flamante gobierno militar fuese la intervención en las instalaciones de la International Petroleum Company, la tristemente célebre IPC, en gesto por cierto bastante teatral (numerosos camiones portatropas a fin de “tomar” unas instalaciones bastante desguarnecidas).
Ya no hablemos del reformista primer Belaunde que fue ungido y luego defenestrado por el petróleo. En su campaña de 1962 prometió resolver el tema de la IPC en noventa días (hecho que no sucedió) y salió de Palacio de gobierno una fría madrugada, cinco años después, sumido en el escándalo de la página once.
No podemos soslayar que el petróleo antes y el gas ahora son un tema político más allá de las exquisiteces técnicas de si existen o no suficientes reservas para satisfacer la demanda interna a largo plazo.
Precisamente el último paro regional en el sur colocó en la agenda el tema del gas, de cara este año a las elecciones regionales y el próximo a las generales, donde el tema tendrá un sesgo marcadamente nacionalista que hará reaccionar a los demás partidos.
En un primer momento el oficialismo no reaccionó políticamente, quedando arrinconado con el argumento de “la santidad de los contratos”, obligándolo posteriormente a “renegociar” con las trasnacionales los términos contractuales pactados, antes que la oposición nacionalista tome control del tema.
A diferencia del petróleo en los sesenta donde se reclamaba la propiedad para los peruanos de los recursos naturales, el gas tiene una naturaleza bastante técnica que gira en torno a la existencia o no de la suficiente cantidad de reservas que satisfagan la demanda interna en los próximos treinta a cuarenta años. Para el gobierno aprista sí existirían, aunque sus argumentos son medio enrevesados de entender para el común de las personas; en cambio analistas de la oposición (incluyendo ingenieros calificados en el tema) sostienen que no alcanzaría para nosotros si comenzamos a exportar, y a la larga tendríamos que importar gas o petróleo a precio más caro.
Las regalías es otro tema de discusión. No solo el monto desigual que pagan las empresas dependiendo si el gas se exporta o se usa para consumo interno, sino la forma de distribución y si realmente el esquema distributivo está beneficiando a las regiones y poblados cercanos a los yacimientos.
Existen otros problemas adicionales de naturaleza legal-contractual: los porcentajes de gas para uso interno y para la exportación, el precio irrisorio de exportación del gas peruano versus el precio más caro para el mercado interno, la existencia de reservas probadas y probables, y el beneficio directo que debe traer para la región donde se encuentran ubicados los yacimientos. A ello se debe sumar la probable venta de gas a Chile, tema todavía “tabú” en la relación con nuestro vecino.
Precisamente existen yacimientos como los encontrados por la Schell en los años ochenta que son exportados a precio irrisorio (porque ya no requieren exploración) y que no serán utilizados exclusivamente para la demanda interna. Son los lotes 88 y 56, los famosos “regalos de Dios” que nos hizo la Schell al no tener interés en los noventa para su explotación, revirtiendo al estado que los volvió a concesionar. La pregunta obvia es por qué no se queda íntegramente ese gas barato en el país. La respuesta no está tanto en el presente gobierno “entreguista” del Apra que solo ha continuado con la política trazada y la ejecución de los contratos ya celebrados, sino en el gobierno de Toledo que cambió las reglas de juego a favor de las trasnacionales, algo que “el sano y sagrado” olvida mencionar en su “rentrée” político.
Por eso el tema del gas tiene un insoslayable lado político, más allá de las sumas y restas que realicen los actores en juego.
Son aspectos que deben ser despejados en el necesario debate que se avecina, debate que no debe quedar sujeto solo a criterios técnicos para “entendidos”, sino que se debe incluir en la agenda política, donde uno de los ejes temáticos debe ser que el país cuente para el desarrollo con la necesaria energía barata disponible a largo plazo, así como que las regiones del sur se beneficien directamente con el gas para dar “el salto” al desarrollo y modernidad.
Todo un reto que va más allá de los chauvinismos patrioteros.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
El tema energético tiene como antecedente al petróleo en los años sesenta. El petróleo cubrió buena parte del debate político que propició un clima nacionalista que culminó en el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado en 1968. No fue casual que uno de los primeros actos del flamante gobierno militar fuese la intervención en las instalaciones de la International Petroleum Company, la tristemente célebre IPC, en gesto por cierto bastante teatral (numerosos camiones portatropas a fin de “tomar” unas instalaciones bastante desguarnecidas).
Ya no hablemos del reformista primer Belaunde que fue ungido y luego defenestrado por el petróleo. En su campaña de 1962 prometió resolver el tema de la IPC en noventa días (hecho que no sucedió) y salió de Palacio de gobierno una fría madrugada, cinco años después, sumido en el escándalo de la página once.
No podemos soslayar que el petróleo antes y el gas ahora son un tema político más allá de las exquisiteces técnicas de si existen o no suficientes reservas para satisfacer la demanda interna a largo plazo.
Precisamente el último paro regional en el sur colocó en la agenda el tema del gas, de cara este año a las elecciones regionales y el próximo a las generales, donde el tema tendrá un sesgo marcadamente nacionalista que hará reaccionar a los demás partidos.
En un primer momento el oficialismo no reaccionó políticamente, quedando arrinconado con el argumento de “la santidad de los contratos”, obligándolo posteriormente a “renegociar” con las trasnacionales los términos contractuales pactados, antes que la oposición nacionalista tome control del tema.
A diferencia del petróleo en los sesenta donde se reclamaba la propiedad para los peruanos de los recursos naturales, el gas tiene una naturaleza bastante técnica que gira en torno a la existencia o no de la suficiente cantidad de reservas que satisfagan la demanda interna en los próximos treinta a cuarenta años. Para el gobierno aprista sí existirían, aunque sus argumentos son medio enrevesados de entender para el común de las personas; en cambio analistas de la oposición (incluyendo ingenieros calificados en el tema) sostienen que no alcanzaría para nosotros si comenzamos a exportar, y a la larga tendríamos que importar gas o petróleo a precio más caro.
Las regalías es otro tema de discusión. No solo el monto desigual que pagan las empresas dependiendo si el gas se exporta o se usa para consumo interno, sino la forma de distribución y si realmente el esquema distributivo está beneficiando a las regiones y poblados cercanos a los yacimientos.
Existen otros problemas adicionales de naturaleza legal-contractual: los porcentajes de gas para uso interno y para la exportación, el precio irrisorio de exportación del gas peruano versus el precio más caro para el mercado interno, la existencia de reservas probadas y probables, y el beneficio directo que debe traer para la región donde se encuentran ubicados los yacimientos. A ello se debe sumar la probable venta de gas a Chile, tema todavía “tabú” en la relación con nuestro vecino.
Precisamente existen yacimientos como los encontrados por la Schell en los años ochenta que son exportados a precio irrisorio (porque ya no requieren exploración) y que no serán utilizados exclusivamente para la demanda interna. Son los lotes 88 y 56, los famosos “regalos de Dios” que nos hizo la Schell al no tener interés en los noventa para su explotación, revirtiendo al estado que los volvió a concesionar. La pregunta obvia es por qué no se queda íntegramente ese gas barato en el país. La respuesta no está tanto en el presente gobierno “entreguista” del Apra que solo ha continuado con la política trazada y la ejecución de los contratos ya celebrados, sino en el gobierno de Toledo que cambió las reglas de juego a favor de las trasnacionales, algo que “el sano y sagrado” olvida mencionar en su “rentrée” político.
Por eso el tema del gas tiene un insoslayable lado político, más allá de las sumas y restas que realicen los actores en juego.
Son aspectos que deben ser despejados en el necesario debate que se avecina, debate que no debe quedar sujeto solo a criterios técnicos para “entendidos”, sino que se debe incluir en la agenda política, donde uno de los ejes temáticos debe ser que el país cuente para el desarrollo con la necesaria energía barata disponible a largo plazo, así como que las regiones del sur se beneficien directamente con el gas para dar “el salto” al desarrollo y modernidad.
Todo un reto que va más allá de los chauvinismos patrioteros.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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