Existen temas sensibles que pueden ser materia de la agenda política, con mayor razón en coyunturas electorales. Uno de ellos es el gas.
El tema energético tiene como antecedente al petróleo en los años sesenta. El petróleo cubrió buena parte del debate político que propició un clima nacionalista que culminó en el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado en 1968. No fue casual que uno de los primeros actos del flamante gobierno militar fuese la intervención en las instalaciones de la International Petroleum Company, la tristemente célebre IPC, en gesto por cierto bastante teatral (numerosos camiones portatropas a fin de “tomar” unas instalaciones bastante desguarnecidas).
Ya no hablemos del reformista primer Belaunde que fue ungido y luego defenestrado por el petróleo. En su campaña de 1962 prometió resolver el tema de la IPC en noventa días (hecho que no sucedió) y salió de Palacio de gobierno una fría madrugada, cinco años después, sumido en el escándalo de la página once.
No podemos soslayar que el petróleo antes y el gas ahora son un tema político más allá de las exquisiteces técnicas de si existen o no suficientes reservas para satisfacer la demanda interna a largo plazo.
Precisamente el último paro regional en el sur colocó en la agenda el tema del gas, de cara este año a las elecciones regionales y el próximo a las generales, donde el tema tendrá un sesgo marcadamente nacionalista que hará reaccionar a los demás partidos.
En un primer momento el oficialismo no reaccionó políticamente, quedando arrinconado con el argumento de “la santidad de los contratos”, obligándolo posteriormente a “renegociar” con las trasnacionales los términos contractuales pactados, antes que la oposición nacionalista tome control del tema.
A diferencia del petróleo en los sesenta donde se reclamaba la propiedad para los peruanos de los recursos naturales, el gas tiene una naturaleza bastante técnica que gira en torno a la existencia o no de la suficiente cantidad de reservas que satisfagan la demanda interna en los próximos treinta a cuarenta años. Para el gobierno aprista sí existirían, aunque sus argumentos son medio enrevesados de entender para el común de las personas; en cambio analistas de la oposición (incluyendo ingenieros calificados en el tema) sostienen que no alcanzaría para nosotros si comenzamos a exportar, y a la larga tendríamos que importar gas o petróleo a precio más caro.
Las regalías es otro tema de discusión. No solo el monto desigual que pagan las empresas dependiendo si el gas se exporta o se usa para consumo interno, sino la forma de distribución y si realmente el esquema distributivo está beneficiando a las regiones y poblados cercanos a los yacimientos.
Existen otros problemas adicionales de naturaleza legal-contractual: los porcentajes de gas para uso interno y para la exportación, el precio irrisorio de exportación del gas peruano versus el precio más caro para el mercado interno, la existencia de reservas probadas y probables, y el beneficio directo que debe traer para la región donde se encuentran ubicados los yacimientos. A ello se debe sumar la probable venta de gas a Chile, tema todavía “tabú” en la relación con nuestro vecino.
Precisamente existen yacimientos como los encontrados por la Schell en los años ochenta que son exportados a precio irrisorio (porque ya no requieren exploración) y que no serán utilizados exclusivamente para la demanda interna. Son los lotes 88 y 56, los famosos “regalos de Dios” que nos hizo la Schell al no tener interés en los noventa para su explotación, revirtiendo al estado que los volvió a concesionar. La pregunta obvia es por qué no se queda íntegramente ese gas barato en el país. La respuesta no está tanto en el presente gobierno “entreguista” del Apra que solo ha continuado con la política trazada y la ejecución de los contratos ya celebrados, sino en el gobierno de Toledo que cambió las reglas de juego a favor de las trasnacionales, algo que “el sano y sagrado” olvida mencionar en su “rentrée” político.
Por eso el tema del gas tiene un insoslayable lado político, más allá de las sumas y restas que realicen los actores en juego.
Son aspectos que deben ser despejados en el necesario debate que se avecina, debate que no debe quedar sujeto solo a criterios técnicos para “entendidos”, sino que se debe incluir en la agenda política, donde uno de los ejes temáticos debe ser que el país cuente para el desarrollo con la necesaria energía barata disponible a largo plazo, así como que las regiones del sur se beneficien directamente con el gas para dar “el salto” al desarrollo y modernidad.
Todo un reto que va más allá de los chauvinismos patrioteros.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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