Sunday, April 23, 2023

¿ESTUDIOS TRUCHOS O GRADOS FÁCILES DE LA FISCAL DE LA NACIÓN?

Eduardo Jiménez J.

ejimenez2107@gmail.com

@ejj2107

 

Toda una avalancha mediática, acompañada de la Junta Nacional de Justicia, se ha lanzado contra la actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

 

Lo primero que sus tesis no aparecen. Un spoiler.

 

Cuando la Fiscal obtiene sus grados de maestro y doctor NO EXISTÍA el repositorio de tesis que ahora es obligatorio por ley.

 

Ahora felizmente contamos con un repositorio donde se puede visualizar las tesis de los graduandos, antes no existía esa obligación. Un caso palmario y reciente fue el de la tesis de magister de Pedro Castillo al alimón con su esposa.

 

Es posible, y remarco es posible, que con los “convenios” que existían entre la Universidad Alas Peruanas (actualmente no licenciada) y el Ministerio Público, muchas sustentaciones y trámites pasaban por “agua tibia”. No existía una fiscalización adecuada y se levantaban actas de aprobación a diestra y siniestra.

 

Igual sucedía con las sustentaciones públicas ante Jurado, más una formalidad que un examen riguroso de las destrezas del graduando.

 

Es natural que en ese marco de sustentaciones multitudinarias, los miembros del Jurado no recuerden a algún graduando en especial.

 

No digo que sea el caso de la Fiscal de la Nación, pero esa realidad era muy común en aquellos años “pre-reforma universitaria”.

 

El otro extremo que califica como “denuncia” es que ella haya estudiado en una universidad (San Martín de Porres) y obtenido los grados en otra (Alas Peruanas).

 

De nuevo debemos tener presente que sus estudios y obtención de grados se dieron ANTES de la vigente ley universitaria.

 

En esa época era factible que se estudie en una universidad y el título o grado se saque en otra. Actualmente ya no se puede, pero en la época de los estudios de la fiscal no estaba prohibido.

 

Solo suponemos que en Alas Peruanas la obtención de los grados era más fácil que en la San Martín y atendiendo a que los fiscales y jueces requieren los grados académicos para las promociones y que Alas Peruanas tenía convenio con el Ministerio Público, más que seguro muchos fiscales obtuvieron su grado allí. Basta ver en el registro de grados y títulos de la Sunedu el número de fiscales y jueces que obtuvieron sus grados y títulos en dicha universidad.

 

Esa era la realidad “pre-Sunedu” de muchas universidades, donde primaba el facilismo para la obtención de los grados y títulos, y en algunos casos hasta la “venta” de estos cartones al mejor postor.

 

Y, para terminar, la otra “denuncia” que la Fiscal solo estudió 20 meses y no dos años para cada uno de sus grados. Debemos tomar en cuenta que la anterior ley universitaria establecía 4 semestres académicos para la maestría o doctorado (actualmente son 6 semestres para el doctorado).

 

Cada semestre comienza en Abril y concluye en Julio, el siguiente comienza en Agosto y concluye en Diciembre. Por ello sumados dan 20 meses y no dos años, porque el cómputo es por semestre. En la actualidad ese sistema sigue. El año académico (salvo excepciones) siempre comienza en Abril.

 

Si bien uno no tiene que probar su inocencia, pero en estos casos bastante delicados es aconsejable para la propia Fiscal que presente ella misma sus tesis y zanje el asunto. También que existen casos de obtención de grados de jueces y fiscales supremos a los que la prensa no ha dado tanta publicidad, como el de un conocidísimo y mediático juez supremo que hizo su doctorado en tiempo récord y a pesar de que es vox populi en los pasillos del Poder Judicial hasta ahora nadie dice nada.

 

Por otra parte, tener presente a quién beneficia este linchamiento mediático contra la Fiscal de la Nación y una eventual destitución de su cargo, ahora que el Ministerio Público tiene entre sus manos la acusación por corrupción contra Pedro Castillo y el lavado de activos de Joaquín Ramírez a través de la Universidad Alas Peruanas. Como dice la canción de Rubén Blades “alguien gana, alguien pierde”.

Saturday, April 15, 2023

LIMPIAPARABRISAS OUTLAW

Eduardo Jiménez J.

ejimenez2107@gmail.com

@ejj2107

 

En varios distritos de la capital los alcaldes más rápido que temprano han prohibido dentro de su jurisdicción el servicio de limpiaparabrisas.

 

El hecho obedece a los constantes casos de intimidación de estos jóvenes informales, muchos de ellos extranjeros, contra los conductores que rehúsen su servicio, llegando en un caso a la muerte de un taxista que se negó al servicio.

 

La forma más rápida de resolver el problema para un alcalde es prohibiendo el servicio dentro de su jurisdicción. La pregunta obvia es si de esa forma se resuelve el problema.

Todo indica que no. Es lo que se llama en economía costos marginales. Efectos no previstos de una decisión o un hecho.

 

En principio porque se trata de un acto económico de necesidad. Difícilmente a quien le falte para un pan dejará de practicar un oficio que le proporciona algunos soles. Probablemente lo haga a escondidas o se vaya a un distrito donde no esté prohibido el oficio, por lo que el alcalde vecino tendrá dos opciones: o permitir mayor cantidad de limpiadores o declarar también la prohibición.

 

El decreto que emana de la máxima autoridad del distrito equivale a una norma que ordene bajar los precios o que quiera abolir la ley de la gravedad en su jurisdicción. Bonito en el papel, pero cero efectivo en la práctica.

 

El alcalde prohibidor tendría que tener una fuerza de serenazgo 24/7 acompañada del apoyo policial permanente, lo cual todos sabemos es imposible. Incluso la sanción (multa) será de difícil cobro para el limpiador fuera de la ley, casi siempre migrantes, algunos indocumentados, que no figuran en los registros del sistema financiero, menos con propiedades a su nombre.

 

Donde la multa podría ser efectiva es en el conductor que acepta el servicio. Casi siempre con un vehículo a su nombre, cuentas en bancos y con redes de asistencia social bastante conocidas. Sería el “pagano” de la prohibición.

 

Ninguna prohibición es efectiva ciento por ciento. Tenemos ejemplos en la historia: la ley seca en los EEUU de los años 20, la prohibición de la coca en la actualidad o la tenencia de moneda extranjera en el pasado económico de nuestro país. Más parece un gesto de populismo edil para estar bien con los vecinos que un hecho realmente efectivo.