La noticia me llamó la atención porque el personaje en cuestión, el padre Francois Houtart, es un reconocido defensor de las causas del tercer mundo y por añadidura candidato al Premio Nobel de la Paz. No es poca cosa. No se trata de un ilustre desconocido.
Al padre Houtart lo relaciono inmediatamente con otro caso similar, el de Roger Casement, recientemente retratado en la novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del celta. Ambos se dedicaron a causas justas, sin embargo su personalidad contiene distintas aristas, unas más diáfanas, otras más oscuras, como la de su inclinación sexual.
El padre Houtart gustaba de los niños, Casement de los bellos jóvenes africanos. Más allá de las abominaciones porque vista hábito o no, o del voto de castidad jurado ante Dios, están los distintos ángulos que perfilan al personaje, reflejando el contraste del alma humana, con sus luces y sus sombras. Nadie es enteramente bueno ni enteramente malo. Todos los seres humanos tenemos de ambos, algunos más cargadas las tintas en uno u otro aspecto, pero no hay nadie de la especie humana “químicamente puro”. Podrá ser un buen padre y a la vez gustarle las niñas, o ser una ninfómana y buena hija. El padre Houtart, como Roger Casement en el pasado, es prueba de esos insondables abismos del alma humana.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Thursday, December 30, 2010
Wednesday, December 22, 2010
WIKILEAKS
La revelación por parte de Wikileaks de documentos secretos del gobierno norteamericano tiene varias aristas interesantes. Una es la tradicional libertad de expresión e información, uno de los pilares del liberalismo clásico, versus la “seguridad de estado”, eufemismo que puede abarcar desde el espiar a enemigos y amigos hasta el asesinato selectivo. ¿Cuál es más importante? Depende mucho en que lugar nos encontremos, si estamos a favor de la libertad o a favor de los secretos de gobierno y de su impunidad moral para ciertos actos. Esa tensa lucha ha marcado por siglos a Occidente y una serie de derechos reconocidos a la persona, así como cuotas de poder reservadas al estado.
Todos los que han exigido que J. Assange debe ser procesado, encarcelado y ejecutado (no importa si lo último se haga primero) están a favor de “las razones de estado” y todo lo que bajo su cobijo se puede hacer o deshacer, incluyendo, claro está, las razones del más grande e importante del planeta. No es casual que este sector de políticos, intelectuales y plumíferos celebre las presiones del gobierno norteamericano por cerrar Wikileaks o “el juicio” contra Assange, según parece por no usar preservativo al tener relaciones sexuales ocasionales y consentidas con un par de damas escandinavas. La maquinaria judicial de nuevo, algo que, para nosotros, los peruanos, no nos resulta extraño.
Pero la otra arista que por obvia no se ha reparado lo suficiente es la de la tecnología de la información. La web e internet están barriendo con los mejores secretos, con aquellos que se encontraban en los más recónditos y oscuros lugares. Las restricciones, censuras y bloqueos usuales no tienen efecto en el mundo virtual.
Contra ese fenómeno, y el poder que significa la información, es que se resisten los gobiernos que han hecho eco a Estados Unidos de cerrar Wikileaks, hecho por demás imposible, dado que tarde o temprano aparecerá otro web site, con nombre distinto de repente, pero igual de eficaz. Por eso la imposibilidad de luchar con armas del siglo XX contra un fenómenos del XXI. De allí también la reacción desesperada de diversos gobiernos que, en este incidente, se han unido, más allá de sus tradicionales recelos y diferencias.
También el “affaire Wikileaks” es síntoma que el viejo republicanismo nutrido de los ideales liberales que paradójicamente dieron nacimiento al Occidente moderno, está siendo reemplazado poco a poco por un estado cada vez más intervencionista. Sofisticado en su intervención, pero intervencionista. Un estado que ha aprendido a usar la tecnología del siglo XXI para controlar a sus ciudadanos, pero que “le revienta” cuando estos la usan contra él.
Wikileaks es apenas un vértice, pero también un gesto, una bandera, de quienes luchan todavía por la libertad, ya no en abstracto sino con acciones muy concretas contra este “Leviatán moderno”. La partida recién comienza.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Todos los que han exigido que J. Assange debe ser procesado, encarcelado y ejecutado (no importa si lo último se haga primero) están a favor de “las razones de estado” y todo lo que bajo su cobijo se puede hacer o deshacer, incluyendo, claro está, las razones del más grande e importante del planeta. No es casual que este sector de políticos, intelectuales y plumíferos celebre las presiones del gobierno norteamericano por cerrar Wikileaks o “el juicio” contra Assange, según parece por no usar preservativo al tener relaciones sexuales ocasionales y consentidas con un par de damas escandinavas. La maquinaria judicial de nuevo, algo que, para nosotros, los peruanos, no nos resulta extraño.
Pero la otra arista que por obvia no se ha reparado lo suficiente es la de la tecnología de la información. La web e internet están barriendo con los mejores secretos, con aquellos que se encontraban en los más recónditos y oscuros lugares. Las restricciones, censuras y bloqueos usuales no tienen efecto en el mundo virtual.
Contra ese fenómeno, y el poder que significa la información, es que se resisten los gobiernos que han hecho eco a Estados Unidos de cerrar Wikileaks, hecho por demás imposible, dado que tarde o temprano aparecerá otro web site, con nombre distinto de repente, pero igual de eficaz. Por eso la imposibilidad de luchar con armas del siglo XX contra un fenómenos del XXI. De allí también la reacción desesperada de diversos gobiernos que, en este incidente, se han unido, más allá de sus tradicionales recelos y diferencias.
También el “affaire Wikileaks” es síntoma que el viejo republicanismo nutrido de los ideales liberales que paradójicamente dieron nacimiento al Occidente moderno, está siendo reemplazado poco a poco por un estado cada vez más intervencionista. Sofisticado en su intervención, pero intervencionista. Un estado que ha aprendido a usar la tecnología del siglo XXI para controlar a sus ciudadanos, pero que “le revienta” cuando estos la usan contra él.
Wikileaks es apenas un vértice, pero también un gesto, una bandera, de quienes luchan todavía por la libertad, ya no en abstracto sino con acciones muy concretas contra este “Leviatán moderno”. La partida recién comienza.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, December 15, 2010
EL LOCO BOMBA
Estas historias cuando ocurren cerca de Navidad como que le dan otro sesgo, más humano, más piadoso. Remecen el sentimiento. Que el temerario asaltante tenía a su mamá enferma, que no conseguía trabajo, que las oportunidades de un empleo digno no eran con él. No es que se trate de justificar su acción que le costó la vida, pero se trata de “dulcificar” los hechos.
Es cierto que en esta época de prosperidad a muchos peruanos no se les abrió la puerta de las oportunidades. Sea por el color de piel, el estrato social o el lugar de origen. Que somos todavía una sociedad excluyente, lo somos. Sin embargo, algo de esa descarriada personalidad ha salido a flote, lo que dejó en la red, algunas anotaciones “autobiográficas” de ser “inventor” o dedicarse a las ciencias, como que reflejan esa necesidad de sentirse apreciado por los demás en un mundo excluyente.
Compensar las carencias de la vida material con una falsa imagen virtual, de la cual, incluso, quizás él mismo estaba convencido. Porque su “plan” de secuestrar rehenes él solo y pedir un rescate millonario, con autos y helicópteros de por medio, eran más condiciones extraídas de alguna película de acción que un robo profesional. No es necesario ser experto en el tema para conocer que un criminal organizado no habría actuado así, que los hechos obedecían más a una mente desequilibrada. Incluso hasta el rescate de los rehenes fue cinematográfico.
Con un solo disparo se eliminó al secuestrador. Será que la vida copia al arte o será que Lima cada vez se parece más a esas grandes ciudades donde el crimen y los asaltos son cosa de todos los días, ciudad donde el sicariato ya echó raíces con modos de asesinatos vistos antaño únicamente en la televisión o el cine.
El “loco bomba” como que mueve a todas estas reflexiones, más si sabemos que en su pueblo natal fue enterrado en olor a multitud. Ironías de la vida. La fama que tanto anheló, la consiguió post mortem. ¿No será que Lima, la gran ciudad, esté generando más “locos bomba”, tipos que pierden toda frontera entre realidad y fantasía? Quizás dentro de muy poco tiempo nuestra ciudad tenga su propio “serial killer”. Realidad y ficción no se encuentran tan divorciadas como parece.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Es cierto que en esta época de prosperidad a muchos peruanos no se les abrió la puerta de las oportunidades. Sea por el color de piel, el estrato social o el lugar de origen. Que somos todavía una sociedad excluyente, lo somos. Sin embargo, algo de esa descarriada personalidad ha salido a flote, lo que dejó en la red, algunas anotaciones “autobiográficas” de ser “inventor” o dedicarse a las ciencias, como que reflejan esa necesidad de sentirse apreciado por los demás en un mundo excluyente.
Compensar las carencias de la vida material con una falsa imagen virtual, de la cual, incluso, quizás él mismo estaba convencido. Porque su “plan” de secuestrar rehenes él solo y pedir un rescate millonario, con autos y helicópteros de por medio, eran más condiciones extraídas de alguna película de acción que un robo profesional. No es necesario ser experto en el tema para conocer que un criminal organizado no habría actuado así, que los hechos obedecían más a una mente desequilibrada. Incluso hasta el rescate de los rehenes fue cinematográfico.
Con un solo disparo se eliminó al secuestrador. Será que la vida copia al arte o será que Lima cada vez se parece más a esas grandes ciudades donde el crimen y los asaltos son cosa de todos los días, ciudad donde el sicariato ya echó raíces con modos de asesinatos vistos antaño únicamente en la televisión o el cine.
El “loco bomba” como que mueve a todas estas reflexiones, más si sabemos que en su pueblo natal fue enterrado en olor a multitud. Ironías de la vida. La fama que tanto anheló, la consiguió post mortem. ¿No será que Lima, la gran ciudad, esté generando más “locos bomba”, tipos que pierden toda frontera entre realidad y fantasía? Quizás dentro de muy poco tiempo nuestra ciudad tenga su propio “serial killer”. Realidad y ficción no se encuentran tan divorciadas como parece.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, October 26, 2010
PROTESTAS EN FRANCIA
Las crisis económicas y financieras traen secuelas desagradables en el plano laboral y pensionario. La pita se rompe por el lado más débil que, por lo general, son los trabajadores.
Ha sucedido en España con la flexibilización laboral del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, medida impopular que posiblemente le haga perder el poder al PSOE. Ahora Sarkozy en Francia pretende aumentar la edad mínima de la jubilación de 60 a 62 años, a fin de no recargar demasiado el sistema pensionario con trabajadores pasivos, lo que significa un gasto adicional al Estado, originando una serie de paros y huelgas, protestas a las que se sumaron los estudiantes.
Visto a la distancia puede parecer exagerada la reacción de los trabajadores. Dos años más para jubilarse no son muchos, aparte que la esperanza de vida aumentó notablemente en Europa y las posibilidades que un hombre o mujer se encuentre en sus facultades físicas o mentales en la senectud son mayores que hace cincuenta años atrás, por lo que la edad para pasar al retiro debería ampliarse.
Pero en las protestas no entran tanto criterios cronológicos o científicos, sino políticos y gremiales. En el caso de Francia existe una lucha política entre los socialistas coaligados con los sindicatos y la derecha representada en Sarkozy. Tal como están las cosas posiblemente ganen los socialistas en este “pulseo” en torno a la jubilación, quitándole al presidente francés una de sus más caras banderas: la reforma pensionaria.
Más allá de las escaramuzas políticas está en juego la supervivencia del sistema económico. Y la verdad que este ha quedado muy maltrecho luego de la crisis financiera del 2008. Los gobiernos han intervenido poniendo dinero para el gasto (estímulo fiscal) y reducido las tasas de interés. Como la economía no da signos de recuperación, ahora están en una guerra de tipos de cambio: deprecio mi moneda y aprecio la tuya para que mis mercancías puedan ingresar más barato a tú país. Esto a su vez puede traer como consecuencia una guerra comercial y proteccionismo, que haría naufragar cualquier intento de recuperación del sistema.
Por eso, descartando los “pulseos políticos” por ganar el poder, lo irónico que podría sucederles a los socialistas de regreso al Palacio del Eliseo, sería tener que tomar las mismas medidas que hicieron impopular a su homólogo Rodríguez Zapatero en España, y terminen siendo abucheados como este. Porque los “tiempos están revueltos” y en política nadie sabe para quién trabaja.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Ha sucedido en España con la flexibilización laboral del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, medida impopular que posiblemente le haga perder el poder al PSOE. Ahora Sarkozy en Francia pretende aumentar la edad mínima de la jubilación de 60 a 62 años, a fin de no recargar demasiado el sistema pensionario con trabajadores pasivos, lo que significa un gasto adicional al Estado, originando una serie de paros y huelgas, protestas a las que se sumaron los estudiantes.
Visto a la distancia puede parecer exagerada la reacción de los trabajadores. Dos años más para jubilarse no son muchos, aparte que la esperanza de vida aumentó notablemente en Europa y las posibilidades que un hombre o mujer se encuentre en sus facultades físicas o mentales en la senectud son mayores que hace cincuenta años atrás, por lo que la edad para pasar al retiro debería ampliarse.
Pero en las protestas no entran tanto criterios cronológicos o científicos, sino políticos y gremiales. En el caso de Francia existe una lucha política entre los socialistas coaligados con los sindicatos y la derecha representada en Sarkozy. Tal como están las cosas posiblemente ganen los socialistas en este “pulseo” en torno a la jubilación, quitándole al presidente francés una de sus más caras banderas: la reforma pensionaria.
Más allá de las escaramuzas políticas está en juego la supervivencia del sistema económico. Y la verdad que este ha quedado muy maltrecho luego de la crisis financiera del 2008. Los gobiernos han intervenido poniendo dinero para el gasto (estímulo fiscal) y reducido las tasas de interés. Como la economía no da signos de recuperación, ahora están en una guerra de tipos de cambio: deprecio mi moneda y aprecio la tuya para que mis mercancías puedan ingresar más barato a tú país. Esto a su vez puede traer como consecuencia una guerra comercial y proteccionismo, que haría naufragar cualquier intento de recuperación del sistema.
Por eso, descartando los “pulseos políticos” por ganar el poder, lo irónico que podría sucederles a los socialistas de regreso al Palacio del Eliseo, sería tener que tomar las mismas medidas que hicieron impopular a su homólogo Rodríguez Zapatero en España, y terminen siendo abucheados como este. Porque los “tiempos están revueltos” y en política nadie sabe para quién trabaja.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, October 13, 2010
PASADA LA RESACA DEL TRIUNFO
Pasada la resaca del triunfo y con el ánimo más sereno, la futura alcaldesa deberá evaluar las alianzas políticas que establezca dentro del municipio.
Vistos los resultados electorales, quizás se hace necesaria una suerte de “cohabitación” entre la izquierda moderada y la centro derecha. La idea no es nueva en Europa, aunque aquí puede sornar a herejía pura. Pero que será necesario lograr acuerdos y consensos con la oposición lo va a requerir, más tomando en cuenta que su adversaria tiene la otra mitad de votos que representan la voluntad de los limeños; salvo que Villarán quiera encapsularse en el “ghetto” izquierdista, lo cual dudamos dado el carácter y temperamento de la lideresa de Fuerza Social. Con humildad debe ver que no tiene ni un solo alcalde distrital en el inmenso y complejo mosaico de Lima metropolitana.
Otra responsabilidad que recae sobre sus hombros es el intento de unión de las distintas y tantas veces fragmentada izquierda que sobrevivió a la marejada post muro de Berlín y post Sendero Luminoso. Intento mucho más difícil y problemático que la posible cohabitación con la derecha, donde el propio Alfonso Barrantes fracasó en la década del ochenta. Cómo unir a tendencias tan distintas y variopintas en torno a un único liderazgo y proyecto es tarea de titanes de dudoso pronóstico.
Asimismo, el reto de las elecciones generales de Abril de 2011. ¿Lanzar sin alianzas FS para las presidenciales y el Congreso o hacer alianzas, y de hacerlas, con quién? ¿Humala, el padre Arana? Y responder con toda sinceridad a la pregunta ¿cómo trasformar ese cariño y simpatía volcado hacia Susana Villarán en una voluntad orgánica partidaria? O dicho con otras palabras: ¿cómo producir la alquimia del “estado gaseoso” generado en torno a su persona en el “estado sólido” de una institución partidaria?
Más allá de las especulaciones políticas, quizás lo más sensato sea hacer una buena gestión municipal donde se imponga un pragmatismo político que le permita sumar fuerzas y réditos de cara a la comunidad. Una ciudad para todos con problemas urgentes que resolver, a lo que también se debe añadir un “posicionamiento” de Lima como megalópolis mundial, tarea que igualmente compete al alcalde metropolitano. Ojalá que la futura burgomaestre esté a la talla de los enormes retos que se le presentan.
Pos data: El tan inesperado como merecido Nóbel a Mario Vargas Llosa. No solo por la enorme obra donde hay de todo, sino por su actitud ética y compromiso con el tiempo que le tocó vivir. Quien escribe estas líneas lo leyó de joven y le debe mucho de ese comportamiento. Felicitaciones de todo corazón desde la aldea virtual.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Vistos los resultados electorales, quizás se hace necesaria una suerte de “cohabitación” entre la izquierda moderada y la centro derecha. La idea no es nueva en Europa, aunque aquí puede sornar a herejía pura. Pero que será necesario lograr acuerdos y consensos con la oposición lo va a requerir, más tomando en cuenta que su adversaria tiene la otra mitad de votos que representan la voluntad de los limeños; salvo que Villarán quiera encapsularse en el “ghetto” izquierdista, lo cual dudamos dado el carácter y temperamento de la lideresa de Fuerza Social. Con humildad debe ver que no tiene ni un solo alcalde distrital en el inmenso y complejo mosaico de Lima metropolitana.
Otra responsabilidad que recae sobre sus hombros es el intento de unión de las distintas y tantas veces fragmentada izquierda que sobrevivió a la marejada post muro de Berlín y post Sendero Luminoso. Intento mucho más difícil y problemático que la posible cohabitación con la derecha, donde el propio Alfonso Barrantes fracasó en la década del ochenta. Cómo unir a tendencias tan distintas y variopintas en torno a un único liderazgo y proyecto es tarea de titanes de dudoso pronóstico.
Asimismo, el reto de las elecciones generales de Abril de 2011. ¿Lanzar sin alianzas FS para las presidenciales y el Congreso o hacer alianzas, y de hacerlas, con quién? ¿Humala, el padre Arana? Y responder con toda sinceridad a la pregunta ¿cómo trasformar ese cariño y simpatía volcado hacia Susana Villarán en una voluntad orgánica partidaria? O dicho con otras palabras: ¿cómo producir la alquimia del “estado gaseoso” generado en torno a su persona en el “estado sólido” de una institución partidaria?
Más allá de las especulaciones políticas, quizás lo más sensato sea hacer una buena gestión municipal donde se imponga un pragmatismo político que le permita sumar fuerzas y réditos de cara a la comunidad. Una ciudad para todos con problemas urgentes que resolver, a lo que también se debe añadir un “posicionamiento” de Lima como megalópolis mundial, tarea que igualmente compete al alcalde metropolitano. Ojalá que la futura burgomaestre esté a la talla de los enormes retos que se le presentan.
Pos data: El tan inesperado como merecido Nóbel a Mario Vargas Llosa. No solo por la enorme obra donde hay de todo, sino por su actitud ética y compromiso con el tiempo que le tocó vivir. Quien escribe estas líneas lo leyó de joven y le debe mucho de ese comportamiento. Felicitaciones de todo corazón desde la aldea virtual.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, October 06, 2010
EL “FENÓMENO VILLARÁN” Y EL FUTURO DE LA IZQUIERDA
El triunfo de Susana Villarán a la alcaldía de Lima reedita en magnitud uno similar cuando en 1983 el desaparecido Alfonso Barrantes Lingán consiguió para Izquierda Unida la principal metrópoli del país. Algo de ese sabor a triunfo se está viviendo en los predios izquierdistas, luego de un largo y amargo deambular por el desierto político.
Las condiciones, situación internacional y perfil de candidatos, hace que la llegada a la alcaldía capitalina sea muy distinta a lo acaecido 27 años atrás. En aquella oportunidad se produjo el mayor acercamiento que pudo tener la izquierda al poder real y daba la sensación que la presidencia de la república se tocaba con las yemas de los dedos. Mucha agua ha corrido debajo del puente en todo este tiempo.
En principio, no podemos hablar de una recomposición de la izquierda peruana luego de la diáspora post muro de Berlín y post Sendero Luminoso. No se trata de un triunfo orgánico de una sólida organización partidaria como lo sería en Chile el PS o en Brasil el PT, sino de una lideresa bastante carismática que ha podido arrastrar los votos de independientes y de aquellos que se decepcionaron de su candidato original o este fue sacado de la competencia.
Es decir ha vuelto a ganar el caudillo antes que el partido, síntoma indicador que los partidos políticos como tales siguen careciendo de legitimidad ante la sociedad y atraviesan una crisis que ya parece crónica. En consecuencia, el triunfo de Villarán tampoco significa un “resurgimiento” de la izquierda. Para ello basta constatar que en ningún distrito ha ganado su partido, Fuerza Social, hecho que sí ocurrió con el triunfo del “tío Frejolito” dos décadas atrás, donde IU ganó varios distritos capitalinos.
También se debe tomar en cuenta que el triunfo de Villarán fue coyuntural. Se debió a la salida de la lid electoral de Alex Kouri. De no haberse producido la tacha, Susana Villarán sería uno más de los candidatos “pitufos” que no pasaban del 5% de preferencias electorales. Digamos que “los dioses la favorecieron”, para ponerlo en un sentido trágico griego.
¿Qué tiene la izquierda de acá al futuro mediato? Más allá de la ebriedad del triunfo, lo más sensato es que haga un buen gobierno municipal. Creer que puede tentar con posibilidades la presidencia el 2011 o conseguir una mayoría relativa en el Congreso es soñar despierto. La candidata Villarán ha demostrado carisma, fuerza y tenacidad; ahora la alcaldesa Villarán deberá demostrar buen desempeño municipal, y deberá demostrar también que se puede gobernar el municipio con transparencia y comunicación, algo que a su antecesor le faltó.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Las condiciones, situación internacional y perfil de candidatos, hace que la llegada a la alcaldía capitalina sea muy distinta a lo acaecido 27 años atrás. En aquella oportunidad se produjo el mayor acercamiento que pudo tener la izquierda al poder real y daba la sensación que la presidencia de la república se tocaba con las yemas de los dedos. Mucha agua ha corrido debajo del puente en todo este tiempo.
En principio, no podemos hablar de una recomposición de la izquierda peruana luego de la diáspora post muro de Berlín y post Sendero Luminoso. No se trata de un triunfo orgánico de una sólida organización partidaria como lo sería en Chile el PS o en Brasil el PT, sino de una lideresa bastante carismática que ha podido arrastrar los votos de independientes y de aquellos que se decepcionaron de su candidato original o este fue sacado de la competencia.
Es decir ha vuelto a ganar el caudillo antes que el partido, síntoma indicador que los partidos políticos como tales siguen careciendo de legitimidad ante la sociedad y atraviesan una crisis que ya parece crónica. En consecuencia, el triunfo de Villarán tampoco significa un “resurgimiento” de la izquierda. Para ello basta constatar que en ningún distrito ha ganado su partido, Fuerza Social, hecho que sí ocurrió con el triunfo del “tío Frejolito” dos décadas atrás, donde IU ganó varios distritos capitalinos.
También se debe tomar en cuenta que el triunfo de Villarán fue coyuntural. Se debió a la salida de la lid electoral de Alex Kouri. De no haberse producido la tacha, Susana Villarán sería uno más de los candidatos “pitufos” que no pasaban del 5% de preferencias electorales. Digamos que “los dioses la favorecieron”, para ponerlo en un sentido trágico griego.
¿Qué tiene la izquierda de acá al futuro mediato? Más allá de la ebriedad del triunfo, lo más sensato es que haga un buen gobierno municipal. Creer que puede tentar con posibilidades la presidencia el 2011 o conseguir una mayoría relativa en el Congreso es soñar despierto. La candidata Villarán ha demostrado carisma, fuerza y tenacidad; ahora la alcaldesa Villarán deberá demostrar buen desempeño municipal, y deberá demostrar también que se puede gobernar el municipio con transparencia y comunicación, algo que a su antecesor le faltó.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, September 28, 2010
VENEZUELA OTRA VEZ
Fujimori comenzó en los noventa una saga de presidentes elegidos democráticamente que, una vez en el poder, vacían las instituciones democráticas, establecen alianzas de facto, logran una amplia clientela política, modifican la constitución para reelegirse indefinidamente y se convierten en presidentes- caudillos con ínfulas de perpetuarse indefinidamente en el poder. Es lo que ha venido en denominarse “el cesarismo democrático”.
Luego “la receta” la han continuado presidentes “de izquierda”. Chávez el primero de ellos, con una continuidad por más de diez años en la presidencia venezolana.
Las recientes elecciones legislativas marcan la entrada de la oposición en la escena oficial parlamentaria. Más allá de las acusaciones de fraude o de manipulación de votos, la oposición ha obtenido algo más de un tercio de escaños, lo cual no es poco si consideramos la maquinaria política-electoral montada por el gobierno.
Es cierto que gran parte de culpa del “fenómeno Chávez” lo tienen los llamados “partidos tradicionales” que cayeron en el desprestigio y falta de legitimidad ante los electores, similar a lo sucedido en nuestro país. Pero, en lo personal, creo que la oposición jamás debió retirarse del parlamento. Lo pagó caro, dejando que el oficialismo haga de las suyas a diestra y siniestra. Han sentido “la pegada” y este tercio puede ser el inicio de una oposición que le haga frente al autócrata en su propio terreno.
Si de algo sirven las experiencias históricas, recuerden que la oposición contra Fujimori en el Perú de los noventa jamás abandonó la escena oficial, a pesar que era minoría. Eso sirvió para concentrar fuerzas, actuando en coordinación con la sociedad civil.
Vamos a ver como juegan sus alternativas, oficialismo y oposición. La oposición tendrá que ser hábil y unida, actuando de consuno con las organizaciones civiles. Pueden jaquear al autócrata.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Luego “la receta” la han continuado presidentes “de izquierda”. Chávez el primero de ellos, con una continuidad por más de diez años en la presidencia venezolana.
Las recientes elecciones legislativas marcan la entrada de la oposición en la escena oficial parlamentaria. Más allá de las acusaciones de fraude o de manipulación de votos, la oposición ha obtenido algo más de un tercio de escaños, lo cual no es poco si consideramos la maquinaria política-electoral montada por el gobierno.
Es cierto que gran parte de culpa del “fenómeno Chávez” lo tienen los llamados “partidos tradicionales” que cayeron en el desprestigio y falta de legitimidad ante los electores, similar a lo sucedido en nuestro país. Pero, en lo personal, creo que la oposición jamás debió retirarse del parlamento. Lo pagó caro, dejando que el oficialismo haga de las suyas a diestra y siniestra. Han sentido “la pegada” y este tercio puede ser el inicio de una oposición que le haga frente al autócrata en su propio terreno.
Si de algo sirven las experiencias históricas, recuerden que la oposición contra Fujimori en el Perú de los noventa jamás abandonó la escena oficial, a pesar que era minoría. Eso sirvió para concentrar fuerzas, actuando en coordinación con la sociedad civil.
Vamos a ver como juegan sus alternativas, oficialismo y oposición. La oposición tendrá que ser hábil y unida, actuando de consuno con las organizaciones civiles. Pueden jaquear al autócrata.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, September 22, 2010
QUIÉN TOMA MÁS QUE YO
La noticia como que pasó más o menos desapercibida. La Municipalidad de un perdido distrito en la Región Huánuco (distrito de Chacabamba) convocó al singular concurso “Quién toma más que yo”. El premio era de ciento cincuenta nuevos soles. Al ser la competencia de “resistencia”, naturalmente ganaba quién quedaba “en pie” luego de ingerir litros y litros de aguardiente. Tras vencer a sus nueve contrincantes, Hernando Lorenzo, de 50 años, fue el ganador del concurso. Contento se llevó los ciento cincuenta nuevos soles del premio, pero la alegría le duró poco dado que a los pocos minutos de llegar a su caso falleció intoxicado.
Puede parecer anecdótica y hasta folclórica, pero refleja un hecho evidente: el exceso de consumo de alcohol entre la población peruana, sin importar los estratos sociales o región, o si es de la ciudad o el campo, cosa que debería preocupar al estado dada la cantidad de horas-hombre que se pierde por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Y, no se crea que lo de tomar en exceso es exclusividad del género masculino. El consumo de alcohol entre las mujeres también está aumentando enormemente. Antes bebían a escondidas, en reuniones entre amigas, ahora lo hacen en lugares públicos.
Volviendo a la noticia que dio pie a este comentario, las autoridades de Chacabamba han tomado “cartas en el asunto”, más por salvar responsabilidades que por otra cosa, pero el problema seguirá latente, con o sin concursos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Puede parecer anecdótica y hasta folclórica, pero refleja un hecho evidente: el exceso de consumo de alcohol entre la población peruana, sin importar los estratos sociales o región, o si es de la ciudad o el campo, cosa que debería preocupar al estado dada la cantidad de horas-hombre que se pierde por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Y, no se crea que lo de tomar en exceso es exclusividad del género masculino. El consumo de alcohol entre las mujeres también está aumentando enormemente. Antes bebían a escondidas, en reuniones entre amigas, ahora lo hacen en lugares públicos.
Volviendo a la noticia que dio pie a este comentario, las autoridades de Chacabamba han tomado “cartas en el asunto”, más por salvar responsabilidades que por otra cosa, pero el problema seguirá latente, con o sin concursos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, September 15, 2010
ELECCION POLÍTICA Y CLASE SOCIAL
El tema viene a cuento por la enorme aprobación en los sectores A y B de Susana Villarán, la candidata de la izquierda que se presenta para la alcaldía de Lima; mientras su rival, Lourdes Flores, de centro derecha, tiene una aprobación mayoritaria en los sectores C, D y E.
Si lo miramos racionalmente, parece una incongruencia. Se supone que la candidata de la izquierda debería tener su “núcleo duro” en los sectores populares, mientras que la candidata de la centro derecha debería tener la aceptación mayor en los sectores pudientes.
Las decisiones políticas de clase no son reflejo mecánico directo de la situación socio-económica de estas. Creo que tampoco cabe como explicación la supuesta “degeneración de clase” como se ha especulado por allí o la de “suicidio masivo” de una clase social que ya perdió el rumbo y las ganas de vivir. No me parece que las explicaciones pesimistas den una respuesta adecuada al tema.1
Hugo Neira en su estimulante libro “Las independencias” trata de explicar las razones que impulsaron a los libertadores a la titánica tarea de romper con el imperio español, dejar de ser colonia y pasar al estatus de nación soberana. Por extracción social, los libertadores procedían de los sectores pudientes del imperio y se beneficiaban de este. Por lógica debieron continuar con los privilegios que su condición de clase les otorgaba. Sin embargo, no lo hicieron. Ellos rompieron con sus privilegios clasistas. Fueron los revolucionarios de su época. Salvando las distancias, sus ideas a inicios del siglo XIX fueron tan radicales como las de Abimael Guzmán a fines del XX.
No, la clase social no condiciona la decisión política.
Volviendo al “fenómeno Villarán”, creo que una explicación más cabal se encuentra relacionada con aquello definido por la popular “China Tudela” como “GCU”. “Gente como uno”. Susana María del Carmen Villarán de la Puente, ex alumna del Colegio Sagrado Corazón y candidata de la “izquierda moderada” proviene de una de las familias de mayor linaje y rancia aristocracia limeña. Es “gente decente” como dirían nuestros abuelos, dándole al término ese significado social y de clase utilizado antaño.
En consecuencia, no me parece que la tesis “catastrofista” o la del “suicidio masivo de clase” den una explicación cabal del porqué los sectores socio-económicos A y B voten por una candidatura de la izquierda. Creo que en el presente caso cuenta más la parte afectiva, emocional del asunto, que explicaciones racionales o que pretenden traspolar el origen de clase para determinar la opción política.2
La “GCU” significa un segmento social libre de “cholerías” (tal como esta clase mira a las que están debajo de ella), hecho que por extracción Lourdes Flores no representa. También significa no haber servido (profesionalmente) a tipos impresentables como Cataño, aunque la razón sea ganar algunos miles de dólares más.3 Por otra parte, a los sectores C, D y E no les importa mucho que haya asesorado a un presunto narcotraficante. Es más, lo ven como mérito de mujer emprendedora. Su moral es muy distinta y cuándo se vive en franca sobrevivencia, importa más la parte pragmática o utilitaria, y muy poco de dónde proviene el dinero para “parar la olla”.
En el mejor de los casos la popular Lulú representa a la típica “arribista”, mientras Susan darling “está allí”, sin necesidad de haber luchado por conseguir el sitio social que ocupa, dado que le vino de cuna. También cuenta mucho para la elección de la Villarán que, aparte de ser mucho más carismática que su oponente, representa un “rostro nuevo” en la política.4
Y tengamos presente también esa idea colonial supérstite de clase, entendida más como casta procedente del nacimiento, que méritos personales o profesionales propios para llegar a una posición determinada dentro de la sociedad o la política, méritos que puede exhibir muy bien la candidata Flores, pero que para efectos del “privilegio clasista” no cuenta mucho (se puede resumir en la despectiva frase “naciste cholo y cholo te quedas”).
En fin, creo que la explicación de las opciones tiene más un componente afectivo o “emocional de clase” que hace reconocer como un igual, sin importar mucho el lado programático (propuestas de gobierno) o la opción política de la candidata. Y, lo que si podemos arriesgar a aseverar es que gane cualquiera de ellas está condenada a hacer una buena gestión, tanto la que se juega su futuro político luego de varias derrotas electorales sucesivas, como aquella que volvería a reeditar un gobierno izquierdista en la principal alcaldía del país luego de más de 25 años de ausencia.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
1. Más bien estas interpretaciones obedecen a una no muy velada crítica de “la inteligencia” (bueno, es un decir) conservadora, cuya subjetividad de identificación de clase es trasladada a una aparente situación objetiva de desastre (“degeneración de clase dirigente”, “suicidio de clase”, etc.). Posteriormente se ha querido buscar una “explicación” bastante forzada para lo sucedido en “el efecto Bayly”, interpretado como una suerte de “titiritero electoral” que puede colocar y descolocar candidatos a su antojo y gusto.
2. Si efectuamos esa operación mecánica no podríamos explicar, por ejemplo, el origen de “los caviares” en el Perú, es decir de aquellos que perteneciendo por extracción a los sectores socio-económicos A y B, optaron en su juventud por abrazar una política y acción de izquierda marxista.
3. En todo caso una persona de la calidad profesional de Lourdes Flores sería contratada por estos sectores para algún asunto jurídico, pero sin pertenecer a ellos. Sería algo así –sin ser despectivos- como “su empleada”.
4. Y tengamos presente también que la gran oportunidad de Susana Villarán surge una vez despejada la alternativa entre elegir a un candidato –Kouri- relacionado con el fujimontesinismo y cuyas obras, como el peaje en la Avenida Faucett, son francamente cuestionadas, versus una candidata considerada como “el mal menor”, Lourdes Flores, representante de lo que ha venido en llamarse “la derecha democrática”.
Si lo miramos racionalmente, parece una incongruencia. Se supone que la candidata de la izquierda debería tener su “núcleo duro” en los sectores populares, mientras que la candidata de la centro derecha debería tener la aceptación mayor en los sectores pudientes.
Las decisiones políticas de clase no son reflejo mecánico directo de la situación socio-económica de estas. Creo que tampoco cabe como explicación la supuesta “degeneración de clase” como se ha especulado por allí o la de “suicidio masivo” de una clase social que ya perdió el rumbo y las ganas de vivir. No me parece que las explicaciones pesimistas den una respuesta adecuada al tema.1
Hugo Neira en su estimulante libro “Las independencias” trata de explicar las razones que impulsaron a los libertadores a la titánica tarea de romper con el imperio español, dejar de ser colonia y pasar al estatus de nación soberana. Por extracción social, los libertadores procedían de los sectores pudientes del imperio y se beneficiaban de este. Por lógica debieron continuar con los privilegios que su condición de clase les otorgaba. Sin embargo, no lo hicieron. Ellos rompieron con sus privilegios clasistas. Fueron los revolucionarios de su época. Salvando las distancias, sus ideas a inicios del siglo XIX fueron tan radicales como las de Abimael Guzmán a fines del XX.
No, la clase social no condiciona la decisión política.
Volviendo al “fenómeno Villarán”, creo que una explicación más cabal se encuentra relacionada con aquello definido por la popular “China Tudela” como “GCU”. “Gente como uno”. Susana María del Carmen Villarán de la Puente, ex alumna del Colegio Sagrado Corazón y candidata de la “izquierda moderada” proviene de una de las familias de mayor linaje y rancia aristocracia limeña. Es “gente decente” como dirían nuestros abuelos, dándole al término ese significado social y de clase utilizado antaño.
En consecuencia, no me parece que la tesis “catastrofista” o la del “suicidio masivo de clase” den una explicación cabal del porqué los sectores socio-económicos A y B voten por una candidatura de la izquierda. Creo que en el presente caso cuenta más la parte afectiva, emocional del asunto, que explicaciones racionales o que pretenden traspolar el origen de clase para determinar la opción política.2
La “GCU” significa un segmento social libre de “cholerías” (tal como esta clase mira a las que están debajo de ella), hecho que por extracción Lourdes Flores no representa. También significa no haber servido (profesionalmente) a tipos impresentables como Cataño, aunque la razón sea ganar algunos miles de dólares más.3 Por otra parte, a los sectores C, D y E no les importa mucho que haya asesorado a un presunto narcotraficante. Es más, lo ven como mérito de mujer emprendedora. Su moral es muy distinta y cuándo se vive en franca sobrevivencia, importa más la parte pragmática o utilitaria, y muy poco de dónde proviene el dinero para “parar la olla”.
En el mejor de los casos la popular Lulú representa a la típica “arribista”, mientras Susan darling “está allí”, sin necesidad de haber luchado por conseguir el sitio social que ocupa, dado que le vino de cuna. También cuenta mucho para la elección de la Villarán que, aparte de ser mucho más carismática que su oponente, representa un “rostro nuevo” en la política.4
Y tengamos presente también esa idea colonial supérstite de clase, entendida más como casta procedente del nacimiento, que méritos personales o profesionales propios para llegar a una posición determinada dentro de la sociedad o la política, méritos que puede exhibir muy bien la candidata Flores, pero que para efectos del “privilegio clasista” no cuenta mucho (se puede resumir en la despectiva frase “naciste cholo y cholo te quedas”).
En fin, creo que la explicación de las opciones tiene más un componente afectivo o “emocional de clase” que hace reconocer como un igual, sin importar mucho el lado programático (propuestas de gobierno) o la opción política de la candidata. Y, lo que si podemos arriesgar a aseverar es que gane cualquiera de ellas está condenada a hacer una buena gestión, tanto la que se juega su futuro político luego de varias derrotas electorales sucesivas, como aquella que volvería a reeditar un gobierno izquierdista en la principal alcaldía del país luego de más de 25 años de ausencia.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
1. Más bien estas interpretaciones obedecen a una no muy velada crítica de “la inteligencia” (bueno, es un decir) conservadora, cuya subjetividad de identificación de clase es trasladada a una aparente situación objetiva de desastre (“degeneración de clase dirigente”, “suicidio de clase”, etc.). Posteriormente se ha querido buscar una “explicación” bastante forzada para lo sucedido en “el efecto Bayly”, interpretado como una suerte de “titiritero electoral” que puede colocar y descolocar candidatos a su antojo y gusto.
2. Si efectuamos esa operación mecánica no podríamos explicar, por ejemplo, el origen de “los caviares” en el Perú, es decir de aquellos que perteneciendo por extracción a los sectores socio-económicos A y B, optaron en su juventud por abrazar una política y acción de izquierda marxista.
3. En todo caso una persona de la calidad profesional de Lourdes Flores sería contratada por estos sectores para algún asunto jurídico, pero sin pertenecer a ellos. Sería algo así –sin ser despectivos- como “su empleada”.
4. Y tengamos presente también que la gran oportunidad de Susana Villarán surge una vez despejada la alternativa entre elegir a un candidato –Kouri- relacionado con el fujimontesinismo y cuyas obras, como el peaje en la Avenida Faucett, son francamente cuestionadas, versus una candidata considerada como “el mal menor”, Lourdes Flores, representante de lo que ha venido en llamarse “la derecha democrática”.
Tuesday, September 07, 2010
POR QUÉ LAS PAREJAS HOMOSEXUALES QUIEREN CASARSE Y TENER HIJOS, Y LAS PAREJAS HETEROSEXUALES NO
Es una pregunta que obedece a líneas de comportamiento que se están presentando en Occidente: las parejas gay o lesbianas son las que más luchan por el derecho al matrimonio y a tener hijos; mientras que las heterosexuales retardan la unión o en algunos casos ni siquiera se unen y menos piensan tener hijos1.
Qué es lo que ha sucedido en el mundo y en especial dentro de la institución de la familia en los últimos treinta años.
La familia, tal como la entendemos, es un producto humano creado para protegerse el hombre en un núcleo básico y unidad económica esencial que le proporcione soporte material (económico) y ayuda mutua. Por eso hasta hace poco las familias eran numerosas. Ello permitía el apoyo entre los miembros del grupo familiar, dividiéndose las tareas o funciones a realizar2. Es allí donde el hombre realiza las funciones de “proporcionador de alimentos”3 sea por medio de la caza o la pesca, mientras la mujer realiza las labores de cuidado de los hijos y administración del hogar (división del trabajo); siendo necesaria la mayor cantidad de hijos como “mano de obra” útil para las tareas dentro de la familia4. Aparte que la tasa de mortalidad infantil era bastante elevada y lo más probable fuese que la mitad o la tercera parte de la prole murieran de alguna enfermedad o accidente antes de llegar a la pubertad.
Pero, con el avance del capitalismo, la revolución industrial, la concentración de la población en las ciudades, la baja en la mortandad infantil, el avance tecnológico y el reconocimiento de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, propició que ese esquema “pre-capitalista” de la familia dejara de tener sentido. Ya no se hacía necesario tener demasiados hijos, aparte que las condiciones en las urbes lo impiden por el espacio físico disponible, al margen de la inviabilidad del sostenimiento económico de una prole numerosa dado que en las ciudades todo lo necesario para el hogar debe adquirirse fuera de este (a diferencia del campo, donde funciona una economía más o menos autosostenible de la familia). Todos esos factores llevaron a que disminuyera la cantidad de hijos por familia y en algunos casos incluso optaran por no tener hijos5.
La prole como elemento económico de ayuda en la familia dejó de tener sentido e incluso la idea de matrimonio como forma de unir fuerzas una pareja heterosexual para un fin común, también. ¿Qué sentido tiene mancomunar esfuerzos, si solo se puede afrontar económicamente las vicisitudes de la vida?6
¿Qué pasa en cambio con las parejas homosexuales? ¿Por qué reclaman el derecho al matrimonio y a tener hijos? Más allá de los criterios morales y prejuicios que se puedan tener a favor o en contra, vamos a intentar una explicación racional. Creo que se debe en primer lugar a la necesidad de igualar derechos con las parejas heterosexuales. Se aplica el principio jurídico de “igual razón, igual derecho”7. Si las parejas heterosexuales pueden casarse y tener hijos, porqué no las homosexuales. La igualdad de los derechos juega un rol importante en esta lucha por el reconocimiento al derecho al matrimonio y a tener hijos sea por adopción o por alguna técnica de fecundación en el caso de las mujeres. Pero creo que en las consideraciones también juega un componente afectivo y de seguridad que trae el matrimonio.
Recordemos que el matrimonio fue otra invención humana, mediante la cual se “legalizaba” la unión de una pareja (en el entendido de las uniones monogámicas). Entre otras cosas era (y es) un “contrato de seguro”. Es decir permite al lado más débil en la relación (casi siempre la mujer) “asegurarse ciertos derechos” que no serían reconocidos en una unión extramatrimonial. Tengamos presente que el matrimonio (religioso primero y luego el civil) conlleva hasta el presente un reconocimiento social (de los demás miembros de la comunidad). Daba cierto estatus ser “la esposa de” antes que “la conviviente de”, aparte de ciertos derechos como heredar al cónyuge, una pensión de viudez, tener acceso a su seguro social, recibir una pensión de alimentos en caso de separación, etc.8
Algo de eso creo que existe en la lucha de las parejas homosexuales por el reconocimiento del llamado “matrimonio gay”. No es solo el reconocimiento al derecho a la igualdad con las parejas heterosexuales, sino también esta idea del matrimonio como “contrato de seguro” y la familia entendida como protección de una minoría frente a una mayoría hetero que muchas veces se comporta de manera hostil y prejuiciosa con el diferente. La familia como unidad de apoyo en la cual puedes confiar para la protección y seguridad.9
Es una idea (y una línea) que merece más investigación; pero lo cierto es que incuestionablemente la familia –como la entendían nuestros padres- está cambiando radicalmente y que tarde o temprano –quizás más temprano que tarde- debamos reconocer legalmente y ver con total naturalidad y sin prejuicio alguno que nuestros vecinos son un matrimonio homosexual con hijos adoptados. Es parte del cambio cultural y civilizatorio que estamos viviendo de manera irreversible.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
1. No estamos generalizando, no se vaya a creer que es una regla aplicable a todos los casos.
2. No menciono el lado afectivo del tema, ni tampoco el idealismo que se formó en Occidente en torno al amor y su desenlace en el matrimonio.
3. No es casual que mayormente sean los hombres los demandados por alimentos en un juicio. Todavía existe esa idea del varón como “dador” de los recursos económicos para el sostenimiento del hogar.
4. El mandato bíblico de “crecer y multiplicaos” obedece a esa lógica.
5. Es muy cierto lo que dijo el Dr. Enrique Ghersi en una conferencia: la seguridad social (pensión de jubilación, seguro de salud y contra accidentes de trabajo), es decir la red de protección al trabajador, permitió prescindir de la idea del sostenimiento de los hijos hacia los padres en la vejez o si estos se accidentaban, idea enraizada desde tiempos milenarios. Todo lo cubre el Estado o los sistemas de protección social. Claro, hay que tomar la idea con matices en países como el nuestro donde aún prevalece la idea de familia tradicional y la mayoría de personas todavía no cuenta con un seguro social y consiguientemente persiste la idea del hijo como “mantenedor” de los padres en la vejez, concepto que incluso se encuentra consagrado en nuestra legislación familiar.
Igualmente se debe tomar con matices la idea de “pequeña familia urbana”, practicada sobretodo en los sectores medios o altos, dado que por factores culturales (machismo, ausencia de planificación y de paternidad responsable) en los sectores populares urbanos todavía abundan las familias numerosas, generalmente con el padre ausente y la madre fungiendo en ambos roles.
6. Ello ha dado lugar también a una nueva forma matrimonial: el living apart together. El LAT –por sus siglas en inglés- permite que la pareja heterosexual legalmente casada no conviva (elemento básico del matrimonio tradicional), sino que cada uno tenga su hogar o domicilio de residencia.
7. El mismo principio se aplicó a inicios del siglo XX para el reconocimiento de derechos en la mujer que se encontraba en una situación de minusvalía jurídica similar a la que afrontan en el tiempo presente las parejas homosexuales.
8. El reconocimiento jurídico de las uniones de hecho en nuestro país es relativamente reciente.
9. Y porqué no, hasta de estatus social frente a terceros. Recordemos que el matrimonio siempre ha “dignificado” ante los demás la unión estable de una pareja.
Qué es lo que ha sucedido en el mundo y en especial dentro de la institución de la familia en los últimos treinta años.
La familia, tal como la entendemos, es un producto humano creado para protegerse el hombre en un núcleo básico y unidad económica esencial que le proporcione soporte material (económico) y ayuda mutua. Por eso hasta hace poco las familias eran numerosas. Ello permitía el apoyo entre los miembros del grupo familiar, dividiéndose las tareas o funciones a realizar2. Es allí donde el hombre realiza las funciones de “proporcionador de alimentos”3 sea por medio de la caza o la pesca, mientras la mujer realiza las labores de cuidado de los hijos y administración del hogar (división del trabajo); siendo necesaria la mayor cantidad de hijos como “mano de obra” útil para las tareas dentro de la familia4. Aparte que la tasa de mortalidad infantil era bastante elevada y lo más probable fuese que la mitad o la tercera parte de la prole murieran de alguna enfermedad o accidente antes de llegar a la pubertad.
Pero, con el avance del capitalismo, la revolución industrial, la concentración de la población en las ciudades, la baja en la mortandad infantil, el avance tecnológico y el reconocimiento de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, propició que ese esquema “pre-capitalista” de la familia dejara de tener sentido. Ya no se hacía necesario tener demasiados hijos, aparte que las condiciones en las urbes lo impiden por el espacio físico disponible, al margen de la inviabilidad del sostenimiento económico de una prole numerosa dado que en las ciudades todo lo necesario para el hogar debe adquirirse fuera de este (a diferencia del campo, donde funciona una economía más o menos autosostenible de la familia). Todos esos factores llevaron a que disminuyera la cantidad de hijos por familia y en algunos casos incluso optaran por no tener hijos5.
La prole como elemento económico de ayuda en la familia dejó de tener sentido e incluso la idea de matrimonio como forma de unir fuerzas una pareja heterosexual para un fin común, también. ¿Qué sentido tiene mancomunar esfuerzos, si solo se puede afrontar económicamente las vicisitudes de la vida?6
¿Qué pasa en cambio con las parejas homosexuales? ¿Por qué reclaman el derecho al matrimonio y a tener hijos? Más allá de los criterios morales y prejuicios que se puedan tener a favor o en contra, vamos a intentar una explicación racional. Creo que se debe en primer lugar a la necesidad de igualar derechos con las parejas heterosexuales. Se aplica el principio jurídico de “igual razón, igual derecho”7. Si las parejas heterosexuales pueden casarse y tener hijos, porqué no las homosexuales. La igualdad de los derechos juega un rol importante en esta lucha por el reconocimiento al derecho al matrimonio y a tener hijos sea por adopción o por alguna técnica de fecundación en el caso de las mujeres. Pero creo que en las consideraciones también juega un componente afectivo y de seguridad que trae el matrimonio.
Recordemos que el matrimonio fue otra invención humana, mediante la cual se “legalizaba” la unión de una pareja (en el entendido de las uniones monogámicas). Entre otras cosas era (y es) un “contrato de seguro”. Es decir permite al lado más débil en la relación (casi siempre la mujer) “asegurarse ciertos derechos” que no serían reconocidos en una unión extramatrimonial. Tengamos presente que el matrimonio (religioso primero y luego el civil) conlleva hasta el presente un reconocimiento social (de los demás miembros de la comunidad). Daba cierto estatus ser “la esposa de” antes que “la conviviente de”, aparte de ciertos derechos como heredar al cónyuge, una pensión de viudez, tener acceso a su seguro social, recibir una pensión de alimentos en caso de separación, etc.8
Algo de eso creo que existe en la lucha de las parejas homosexuales por el reconocimiento del llamado “matrimonio gay”. No es solo el reconocimiento al derecho a la igualdad con las parejas heterosexuales, sino también esta idea del matrimonio como “contrato de seguro” y la familia entendida como protección de una minoría frente a una mayoría hetero que muchas veces se comporta de manera hostil y prejuiciosa con el diferente. La familia como unidad de apoyo en la cual puedes confiar para la protección y seguridad.9
Es una idea (y una línea) que merece más investigación; pero lo cierto es que incuestionablemente la familia –como la entendían nuestros padres- está cambiando radicalmente y que tarde o temprano –quizás más temprano que tarde- debamos reconocer legalmente y ver con total naturalidad y sin prejuicio alguno que nuestros vecinos son un matrimonio homosexual con hijos adoptados. Es parte del cambio cultural y civilizatorio que estamos viviendo de manera irreversible.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
1. No estamos generalizando, no se vaya a creer que es una regla aplicable a todos los casos.
2. No menciono el lado afectivo del tema, ni tampoco el idealismo que se formó en Occidente en torno al amor y su desenlace en el matrimonio.
3. No es casual que mayormente sean los hombres los demandados por alimentos en un juicio. Todavía existe esa idea del varón como “dador” de los recursos económicos para el sostenimiento del hogar.
4. El mandato bíblico de “crecer y multiplicaos” obedece a esa lógica.
5. Es muy cierto lo que dijo el Dr. Enrique Ghersi en una conferencia: la seguridad social (pensión de jubilación, seguro de salud y contra accidentes de trabajo), es decir la red de protección al trabajador, permitió prescindir de la idea del sostenimiento de los hijos hacia los padres en la vejez o si estos se accidentaban, idea enraizada desde tiempos milenarios. Todo lo cubre el Estado o los sistemas de protección social. Claro, hay que tomar la idea con matices en países como el nuestro donde aún prevalece la idea de familia tradicional y la mayoría de personas todavía no cuenta con un seguro social y consiguientemente persiste la idea del hijo como “mantenedor” de los padres en la vejez, concepto que incluso se encuentra consagrado en nuestra legislación familiar.
Igualmente se debe tomar con matices la idea de “pequeña familia urbana”, practicada sobretodo en los sectores medios o altos, dado que por factores culturales (machismo, ausencia de planificación y de paternidad responsable) en los sectores populares urbanos todavía abundan las familias numerosas, generalmente con el padre ausente y la madre fungiendo en ambos roles.
6. Ello ha dado lugar también a una nueva forma matrimonial: el living apart together. El LAT –por sus siglas en inglés- permite que la pareja heterosexual legalmente casada no conviva (elemento básico del matrimonio tradicional), sino que cada uno tenga su hogar o domicilio de residencia.
7. El mismo principio se aplicó a inicios del siglo XX para el reconocimiento de derechos en la mujer que se encontraba en una situación de minusvalía jurídica similar a la que afrontan en el tiempo presente las parejas homosexuales.
8. El reconocimiento jurídico de las uniones de hecho en nuestro país es relativamente reciente.
9. Y porqué no, hasta de estatus social frente a terceros. Recordemos que el matrimonio siempre ha “dignificado” ante los demás la unión estable de una pareja.
Tuesday, August 31, 2010
SOBRE EL REQUISITO DEL DOMICILIO PARA POSTULAR A UN CARGO POR ELECCIÓN POPULAR
Antes de desarrollar la idea debo aclarar, como otros que también han escrito sobre el tema, que no tengo el mínimo interés en defender a ningún candidato tachado por la causal de falta de domicilio. Es más, no pensaba votar por ninguno de ellos.
El requisito del domicilio era y es un requisito previsto en razón a dos supuestos: un vecino debería conocer –por lo menos en teoría- mucho mejor la realidad y necesidades de la circunscripción a la que postula que un no vecino. El segundo supuesto es que ese vecino-candidato debe ser conocido también por los vecinos-electores: su trayectoria profesional o de servicio, lo que hizo o no hizo por el distrito o la región, y hasta su vida personal (si es adicto a las drogas, si reconoció y cumple con los alimentos para sus hijos, si es un ebrio habitual, si tiene antecedentes penales, si tiene deudas, etc., etc.).
Visto así, parece tener sentido. Pero, como toda tesis, merece ser contrastada con la realidad. Veamos.
El domicilio parecía ser un formalismo que muchos candidatos en elecciones pasadas lo solucionaban designando uno ficticio en la circunscripción donde postulaban, así no conociesen el lugar “ni en pelea de perros”. Y, de haber alguna tacha contra el temerario candidato, inmediatamente se le tapaba la boca al “tachante” con el argumento del domicilio múltiple contemplado en el artículo 35 del Código Civil. Dura lex, sed lex.
Así, por ejemplo, gracias a la norma en mención cualquier persona puede tener un domicilio de residencia o morada (lugar donde habitualmente vive); otro laboral (su centro de trabajo); uno fiscal (donde tributa); de ser profesional independiente, uno donde atiende a sus clientes; y, de “yapa”, hasta un domicilio de enseñanza, si la persona ejerce también la docencia.
Como vemos, la propia ley permite la posibilidad de acreditar cualquier domicilio a fin de probar la residencia donde habitualmente se realiza alguna actividad u ocupación.
El actual colegiado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en vez de tener un criterio laxo con el requisito del domicilio, como sucedió en el pasado, ha tenido un criterio riguroso por lo que entiende como “domicilio efectivo”, es decir donde se ha ejercido realmente alguna actividad u ocupación habitual en, por lo menos, los dos últimos años como ordena la ley electoral.
Es debido al actual criterio del JNE que surgió “el problema” para muchos candidatos que de repente en el pasado no habrían tenido tantos contratiempos a fin de acreditar el domicilio. El colegiado del JNE aplicó una interpretación restrictiva a lo ordenado por la ley, y no meramente formal como sucedió en procesos electorales anteriores.
Personalmente creo que “se ajusta a derecho” el criterio del JNE. Es polémico, pero ha rescatado el espíritu de la norma.
Sin embargo, me parece que en vez de preguntarse si hacemos o no más exigente el requisito de obligatoriedad del domicilio, valdría la pena preguntarse si ese requisito sigue siendo útil.
Por ejemplo: ¿es viable que en un distrito tan populoso como San Juan de Lurigancho que sobrepasa holgadamente el millón de habitantes, todos los vecinos conozcan la trayectoria o lo que hizo o no hizo el vecino-candidato por su distrito?; o, peor aún, ¿el vecino-candidato conocerá mucho mejor las necesidades y realidad de su distrito por el solo hecho de residir en él? Obvio que no.
Invirtiendo la figura también podemos conjeturar lo siguiente: ¿un ciudadano no residente en un distrito, por ese solo hecho, estaría descalificado de conocer la realidad y las necesidades de una circunscripción distinta a la suya? La respuesta de nuevo es: no. Un “foráneo” puede conocer mucho mejor las necesidades de una zona determinada que un residente.
El hecho de domiciliar en un lugar no implica un conocimiento cabal de este, ni tampoco que todos los vecinos conocerán al candidato por la sola constatación de residir allí. Quizás fue cierto cuando las ciudades y regiones eran pequeñas, donde prácticamente todos los vecinos sabían la vida del otro, y la mayoría trabajaba y moría en su lugar de origen; pero ahora, con alta densidad demográfica, migración constante y sobredimensionamiento de las urbes, ese requisito legal quedó anacrónico.
Vayamos ahora al aspecto competitivo de la elección. Una elección, como su nombre lo dice, significa escoger entre dos o más candidatos o listas. La pregunta que cae por su propio peso es ¿no sería mayor el abanico de candidatos al permitir la competencia sin importar que vengan de otras circunscripciones? ¿Al final de cuentas no debería ser el propio pueblo quien debe elegir? No olvidemos que las elecciones tienen un apellido: “populares”, algo que muchas veces olvidamos enredados en tecnicismos jurídicos.
En esta época de información virtual, de grupos humanos trashumantes y complejas urbes, la idea del domicilio obligatorio es tan medioeval como la obligación de colegiarse los profesionales a fin de ejercer su actividad.1
En fin, esperemos que en un futuro próximo la obligatoriedad del domicilio sea derogada y dar paso así a un mayor espectro de candidatos, sin importar mucho dónde se encuentra ubicada su “residencia habitual”. Incluso, más allá de los usuales chauvinismos, se debería derogar también la obligación constitucional del origen de la nacionalidad (“ser peruano de nacimiento”) para el cargo de presidente de la república o congresista. Claro, eso ya es “herejía pura” que colisiona con el sentido tradicional del derecho como producto del Estado-Nación del siglo XIX. Contentémonos por el momento con ir derogando la “habitualidad del domicilio” para los cargos de alcalde o presidente regional que, de repente, un “no residente” hace mejor papel que un vecino local. No estaría demás ensayarlo.
1. Incluso, la idea de Alfredo Bullard en el sentido que los candidatos a alcaldes sean personas jurídicas no es tan descabellada como parece (posteriormente ha ampliado la tesis a la propia presidencia de la república). Se basaría en un compromiso de derechos y obligaciones tanto de la empresa que se haga cargo de la ciudad o de un distrito, como de los electores y, en caso de incumplimiento, la revocatoria sería una rescisión del contrato.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
El requisito del domicilio era y es un requisito previsto en razón a dos supuestos: un vecino debería conocer –por lo menos en teoría- mucho mejor la realidad y necesidades de la circunscripción a la que postula que un no vecino. El segundo supuesto es que ese vecino-candidato debe ser conocido también por los vecinos-electores: su trayectoria profesional o de servicio, lo que hizo o no hizo por el distrito o la región, y hasta su vida personal (si es adicto a las drogas, si reconoció y cumple con los alimentos para sus hijos, si es un ebrio habitual, si tiene antecedentes penales, si tiene deudas, etc., etc.).
Visto así, parece tener sentido. Pero, como toda tesis, merece ser contrastada con la realidad. Veamos.
El domicilio parecía ser un formalismo que muchos candidatos en elecciones pasadas lo solucionaban designando uno ficticio en la circunscripción donde postulaban, así no conociesen el lugar “ni en pelea de perros”. Y, de haber alguna tacha contra el temerario candidato, inmediatamente se le tapaba la boca al “tachante” con el argumento del domicilio múltiple contemplado en el artículo 35 del Código Civil. Dura lex, sed lex.
Así, por ejemplo, gracias a la norma en mención cualquier persona puede tener un domicilio de residencia o morada (lugar donde habitualmente vive); otro laboral (su centro de trabajo); uno fiscal (donde tributa); de ser profesional independiente, uno donde atiende a sus clientes; y, de “yapa”, hasta un domicilio de enseñanza, si la persona ejerce también la docencia.
Como vemos, la propia ley permite la posibilidad de acreditar cualquier domicilio a fin de probar la residencia donde habitualmente se realiza alguna actividad u ocupación.
El actual colegiado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en vez de tener un criterio laxo con el requisito del domicilio, como sucedió en el pasado, ha tenido un criterio riguroso por lo que entiende como “domicilio efectivo”, es decir donde se ha ejercido realmente alguna actividad u ocupación habitual en, por lo menos, los dos últimos años como ordena la ley electoral.
Es debido al actual criterio del JNE que surgió “el problema” para muchos candidatos que de repente en el pasado no habrían tenido tantos contratiempos a fin de acreditar el domicilio. El colegiado del JNE aplicó una interpretación restrictiva a lo ordenado por la ley, y no meramente formal como sucedió en procesos electorales anteriores.
Personalmente creo que “se ajusta a derecho” el criterio del JNE. Es polémico, pero ha rescatado el espíritu de la norma.
Sin embargo, me parece que en vez de preguntarse si hacemos o no más exigente el requisito de obligatoriedad del domicilio, valdría la pena preguntarse si ese requisito sigue siendo útil.
Por ejemplo: ¿es viable que en un distrito tan populoso como San Juan de Lurigancho que sobrepasa holgadamente el millón de habitantes, todos los vecinos conozcan la trayectoria o lo que hizo o no hizo el vecino-candidato por su distrito?; o, peor aún, ¿el vecino-candidato conocerá mucho mejor las necesidades y realidad de su distrito por el solo hecho de residir en él? Obvio que no.
Invirtiendo la figura también podemos conjeturar lo siguiente: ¿un ciudadano no residente en un distrito, por ese solo hecho, estaría descalificado de conocer la realidad y las necesidades de una circunscripción distinta a la suya? La respuesta de nuevo es: no. Un “foráneo” puede conocer mucho mejor las necesidades de una zona determinada que un residente.
El hecho de domiciliar en un lugar no implica un conocimiento cabal de este, ni tampoco que todos los vecinos conocerán al candidato por la sola constatación de residir allí. Quizás fue cierto cuando las ciudades y regiones eran pequeñas, donde prácticamente todos los vecinos sabían la vida del otro, y la mayoría trabajaba y moría en su lugar de origen; pero ahora, con alta densidad demográfica, migración constante y sobredimensionamiento de las urbes, ese requisito legal quedó anacrónico.
Vayamos ahora al aspecto competitivo de la elección. Una elección, como su nombre lo dice, significa escoger entre dos o más candidatos o listas. La pregunta que cae por su propio peso es ¿no sería mayor el abanico de candidatos al permitir la competencia sin importar que vengan de otras circunscripciones? ¿Al final de cuentas no debería ser el propio pueblo quien debe elegir? No olvidemos que las elecciones tienen un apellido: “populares”, algo que muchas veces olvidamos enredados en tecnicismos jurídicos.
En esta época de información virtual, de grupos humanos trashumantes y complejas urbes, la idea del domicilio obligatorio es tan medioeval como la obligación de colegiarse los profesionales a fin de ejercer su actividad.1
En fin, esperemos que en un futuro próximo la obligatoriedad del domicilio sea derogada y dar paso así a un mayor espectro de candidatos, sin importar mucho dónde se encuentra ubicada su “residencia habitual”. Incluso, más allá de los usuales chauvinismos, se debería derogar también la obligación constitucional del origen de la nacionalidad (“ser peruano de nacimiento”) para el cargo de presidente de la república o congresista. Claro, eso ya es “herejía pura” que colisiona con el sentido tradicional del derecho como producto del Estado-Nación del siglo XIX. Contentémonos por el momento con ir derogando la “habitualidad del domicilio” para los cargos de alcalde o presidente regional que, de repente, un “no residente” hace mejor papel que un vecino local. No estaría demás ensayarlo.
1. Incluso, la idea de Alfredo Bullard en el sentido que los candidatos a alcaldes sean personas jurídicas no es tan descabellada como parece (posteriormente ha ampliado la tesis a la propia presidencia de la república). Se basaría en un compromiso de derechos y obligaciones tanto de la empresa que se haga cargo de la ciudad o de un distrito, como de los electores y, en caso de incumplimiento, la revocatoria sería una rescisión del contrato.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, August 24, 2010
CRISIS DEL DERECHO PENAL
A veces les hago una broma a mis alumnos de derecho, que algunos la toman como es, una broma, mientras otros –muy pocos en realidad- se la toman a pecho. Les digo que los alumnos inteligentes tienden a estudiar y a especializarse en el derecho civil, rama más compleja y que requiere de una serie de instrumentos y métodos para abordar los casos que se presentan; mientras los alumnos más obtusos –por no decir “brutos”- se “especializan” en el derecho penal que tiende a ser más literal y “codiguero” y, por ende, más fácil de abordar que la frondosa rama civil. Basta que consulten su Código Penal para encontrar la respuesta al caso entre manos. Incluso el letrado podrá pasar como “autoridad en la materia” –y se le reputará como un abogado versado en el tema- si repite de memoria, sin titubear, los artículos del Código Penal.
Así, para un futuro penalista bastará conocer si el hecho cometido por su cliente se encuentra tipificado como delito o no. Si es lo segundo, no hay problema. Pedirá su inmediata excarcelación y cobrará sus honorarios sin mucho esfuerzo. Pero, si es delito, y cumple con todos los requisitos para serlo, el trabajo del abogado penalista consistirá en enervar el valor de los medios probatorios que se presenten contra su patrocinado. A veces usando la ley rectamente, a veces de un modo no “muy santo”. Y, en el caso de ser condenado el pobre cliente –que a veces no es tan fatal para los intereses del letrado-, podrá solicitar, trascurrido un lapso de tiempo, los beneficios penitenciarios a su favor, beneficios que le permitirán purgar un mínimo de la pena impuesta, con mayor razón si el inculpado sobrepasa los setenta años –aunque delinca como uno de veinte-. En este caso, el letrado penalista –con un poco más de esfuerzo, valgan verdades- podrá cobrar honorarios más altos que por una simple diligencia, aparte de los cobros extras por “gastos del proceso”.
Precisamente uno de los aspectos más polémicos del derecho penal son los “beneficios penitenciarios”.
El fin es loable. De inspiración rousonniana, trata sobre la reeducación del sentenciado, mediante el trabajo o el estudio, a fin de reinsertarlo en la sociedad como “hombre bueno” luego de haber sido “corrompido” por la propia sociedad. Bajo esta inspiración idealista los centros penitenciarios serían una gran escuela de reeducación integral del ser humano. Se parte del supuesto que el hombre es bueno por naturaleza, solo que la sociedad lo corrompe; por tanto, la sociedad, bajo ciertas instituciones y condiciones, debería “redimirlo”. Pero, una pregunta básica sería si realmente las prisiones “reeducan” al condenado o no. No es necesario ser muy agudo en la observación para darse cuenta que las cárceles no cumplen esa función ni jamás la cumplieron.
Que yo sepa tampoco existen estudios empíricos que demuestren la “resocialización” del recluso una vez libre. No existen estadísticas sobre cómo le fue al ex recluso “resocializado” fuera de prisión. Pero, en este extremo, tampoco es necesario ser muy perspicaz para saber que a la mínima oportunidad volverá a sus antiguos hábitos. Supongo que los casos positivos deben ser poquísimos.
Otra pregunta que debe responderse sinceramente más allá de los buenos deseos o de lo “políticamente correcto” es si la “reeducación” permite el cambio de las personas. Existen sicólogos que ponen en duda esa afirmación. La verdad es bien difícil que el ser humano cambie, esté dentro o fuera de una cárcel. Se necesita una gran fuerza de voluntad, perseverancia y auténtico deseo interno de cambiar para lograr un resultado positivo. Aparte que las propias condiciones externas (por ejemplo, falta de oportunidades de trabajo para un ex recluso) juegan en contra de una resocialización como manda la ley. Por esas consideraciones, son muy pocos los que consiguen reinsertarse en la comunidad como “buenos ciudadanos”.
Sería necesario replantear ese modelo y subsumirlo al concepto de seguridad de la sociedad. Tan importante o más importante que “resocializar” a un sentenciado -y ya hemos visto como los trámites para aprovechar los beneficios penitenciarios son una mera formalidad- es la seguridad de la comunidad como un todo, algo que se tiende a olvidar en este debate. Debería debatirse seriamente la necesidad de aumentar las penas y eliminar los beneficios al mínimo, incluyendo el polémico tema de la pena de muerte, más allá de si es o no “constitucional”, o de las frases clichés que tienden a utilizarse para zanjar rápidamente un incómodo asunto.1 Debate que por cierto no debe ser monopolio exclusivo de abogados –casi siempre reducido a formalismos legales bastante manoseados - sino que debe ser de toda la sociedad y en especial de sicólogos, siquiatras, médicos, sociólogos, antropólogos, economistas y, a pesar de mi agnosticismo, hasta de eclesiásticos.
Algo similar sucede con la reparación civil que dictan los jueces, más simbólica que real, saludo a la bandera y síntoma que al estado –o por lo menos al órgano jurisdiccional- le importa poco el destino de la víctima. Ya no hablemos de las faltas, delitos menores que casi nunca son sancionados adecuadamente y son los que más abundan.
Creo que el nuevo Código Procesal Penal permite una acumulación de penas en caso de concurso de delitos. Ojalá, porque el actual sistema tiende a condenar el más grave y dejar de lado los otros. Sumen a eso los “beneficios penitenciarios” –conseguidos por lo general gracias a la contratación de un abogado que “mueva los papeles”- y se darán cuenta porqué los condenados por los delitos más horrendos o las estafas más famosas salen a los pocos años.
En fin, no es casualidad que tengamos un derecho penal “que da pena” y que hace mucho tiempo se encuentre en una crisis bastante profunda.2
1. Las sociedades ahora consideradas modelos del debido proceso y del garantismo integral a favor del reo, fueron las que aplicaron con mayor rigor las penas extremas –incluyendo la pena de muerte- a fin de detener la alta tasa de criminalidad y falta de ley que existía. Las penas draconianas obedecieron a la urgencia de castigar y sobretodo disuadir a otros de cometer similar delito. Fue muy posterior la creación del modelo de garantismo y de obediencia al debido proceso, modelo que nosotros hemos calcado al pie de la letra sin tomar en cuenta nuestra realidad.
2. Claro que la finalidad última de bajar la alta tasa de criminalidad no se remedia con solo penas draconianas. Las penas son solo parte de un “paquete” de reformas mucho mayor y complejo.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Así, para un futuro penalista bastará conocer si el hecho cometido por su cliente se encuentra tipificado como delito o no. Si es lo segundo, no hay problema. Pedirá su inmediata excarcelación y cobrará sus honorarios sin mucho esfuerzo. Pero, si es delito, y cumple con todos los requisitos para serlo, el trabajo del abogado penalista consistirá en enervar el valor de los medios probatorios que se presenten contra su patrocinado. A veces usando la ley rectamente, a veces de un modo no “muy santo”. Y, en el caso de ser condenado el pobre cliente –que a veces no es tan fatal para los intereses del letrado-, podrá solicitar, trascurrido un lapso de tiempo, los beneficios penitenciarios a su favor, beneficios que le permitirán purgar un mínimo de la pena impuesta, con mayor razón si el inculpado sobrepasa los setenta años –aunque delinca como uno de veinte-. En este caso, el letrado penalista –con un poco más de esfuerzo, valgan verdades- podrá cobrar honorarios más altos que por una simple diligencia, aparte de los cobros extras por “gastos del proceso”.
Precisamente uno de los aspectos más polémicos del derecho penal son los “beneficios penitenciarios”.
El fin es loable. De inspiración rousonniana, trata sobre la reeducación del sentenciado, mediante el trabajo o el estudio, a fin de reinsertarlo en la sociedad como “hombre bueno” luego de haber sido “corrompido” por la propia sociedad. Bajo esta inspiración idealista los centros penitenciarios serían una gran escuela de reeducación integral del ser humano. Se parte del supuesto que el hombre es bueno por naturaleza, solo que la sociedad lo corrompe; por tanto, la sociedad, bajo ciertas instituciones y condiciones, debería “redimirlo”. Pero, una pregunta básica sería si realmente las prisiones “reeducan” al condenado o no. No es necesario ser muy agudo en la observación para darse cuenta que las cárceles no cumplen esa función ni jamás la cumplieron.
Que yo sepa tampoco existen estudios empíricos que demuestren la “resocialización” del recluso una vez libre. No existen estadísticas sobre cómo le fue al ex recluso “resocializado” fuera de prisión. Pero, en este extremo, tampoco es necesario ser muy perspicaz para saber que a la mínima oportunidad volverá a sus antiguos hábitos. Supongo que los casos positivos deben ser poquísimos.
Otra pregunta que debe responderse sinceramente más allá de los buenos deseos o de lo “políticamente correcto” es si la “reeducación” permite el cambio de las personas. Existen sicólogos que ponen en duda esa afirmación. La verdad es bien difícil que el ser humano cambie, esté dentro o fuera de una cárcel. Se necesita una gran fuerza de voluntad, perseverancia y auténtico deseo interno de cambiar para lograr un resultado positivo. Aparte que las propias condiciones externas (por ejemplo, falta de oportunidades de trabajo para un ex recluso) juegan en contra de una resocialización como manda la ley. Por esas consideraciones, son muy pocos los que consiguen reinsertarse en la comunidad como “buenos ciudadanos”.
Sería necesario replantear ese modelo y subsumirlo al concepto de seguridad de la sociedad. Tan importante o más importante que “resocializar” a un sentenciado -y ya hemos visto como los trámites para aprovechar los beneficios penitenciarios son una mera formalidad- es la seguridad de la comunidad como un todo, algo que se tiende a olvidar en este debate. Debería debatirse seriamente la necesidad de aumentar las penas y eliminar los beneficios al mínimo, incluyendo el polémico tema de la pena de muerte, más allá de si es o no “constitucional”, o de las frases clichés que tienden a utilizarse para zanjar rápidamente un incómodo asunto.1 Debate que por cierto no debe ser monopolio exclusivo de abogados –casi siempre reducido a formalismos legales bastante manoseados - sino que debe ser de toda la sociedad y en especial de sicólogos, siquiatras, médicos, sociólogos, antropólogos, economistas y, a pesar de mi agnosticismo, hasta de eclesiásticos.
Algo similar sucede con la reparación civil que dictan los jueces, más simbólica que real, saludo a la bandera y síntoma que al estado –o por lo menos al órgano jurisdiccional- le importa poco el destino de la víctima. Ya no hablemos de las faltas, delitos menores que casi nunca son sancionados adecuadamente y son los que más abundan.
Creo que el nuevo Código Procesal Penal permite una acumulación de penas en caso de concurso de delitos. Ojalá, porque el actual sistema tiende a condenar el más grave y dejar de lado los otros. Sumen a eso los “beneficios penitenciarios” –conseguidos por lo general gracias a la contratación de un abogado que “mueva los papeles”- y se darán cuenta porqué los condenados por los delitos más horrendos o las estafas más famosas salen a los pocos años.
En fin, no es casualidad que tengamos un derecho penal “que da pena” y que hace mucho tiempo se encuentre en una crisis bastante profunda.2
1. Las sociedades ahora consideradas modelos del debido proceso y del garantismo integral a favor del reo, fueron las que aplicaron con mayor rigor las penas extremas –incluyendo la pena de muerte- a fin de detener la alta tasa de criminalidad y falta de ley que existía. Las penas draconianas obedecieron a la urgencia de castigar y sobretodo disuadir a otros de cometer similar delito. Fue muy posterior la creación del modelo de garantismo y de obediencia al debido proceso, modelo que nosotros hemos calcado al pie de la letra sin tomar en cuenta nuestra realidad.
2. Claro que la finalidad última de bajar la alta tasa de criminalidad no se remedia con solo penas draconianas. Las penas son solo parte de un “paquete” de reformas mucho mayor y complejo.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, August 17, 2010
A VEINTE AÑOS DEL FUJISHOCK
El 8 de Agosto de 1990 comenzó el proceso de cambio del modelo económico peruano, tan celebrado ahora, con el shock económico (conocido como “el fujishock”) a fin de detener la hiperinflación originada en el primer gobierno de Alan García. ¿Qué había pasado?
El primer gobierno de García se caracterizó, aparte de la desatada corrupción y desgobierno, en ser el peor administrador en el manejo económico: controló y subsidió precios, “congeló” el tipo de cambio y las tasas de interés, incautó los ahorros en moneda extranjera para subvencionar el tristemente célebre “dólar MUC” (medida que recientemente ha copiado Chávez), regaló créditos a tasas de interés cero y, lo peor de todo, para financiar la labor del estado y el pago de planillas (bastaba tener un carné del partido aprista para entrar al aparato del estado por lo que este engrosó sus filas desmesuradamente) ordenó emitir moneda inorgánica, sin el respaldo debido. Esa emisión de papel moneda inorgánico fue la marea que comenzó a hacer subir los precios1. En los primeros dos años es cierto que se vivió un falso bienestar, como el bienestar del drogo dependiente, que luego necesita más dosis de la droga para sentirse bien.
Un hecho crucial marcó el inicio del fin: el 28 de Julio de 1987 AGP pretende estatizar el sistema financiero. El mensaje presidencial de ese año anunció “la pelea” con los bancos que no apostaron por el país como él creía2. La estatización trajo una tenaz oposición de la derecha con el célebre escritor Mario Vargas Llosa a la cabeza, conformándose a nivel local el cimiento del pensamiento neoliberal y una “inteligencia” (bueno, es un decir) que tendría tanta presencia y poder en el Perú de los años noventa3.
Pero vayamos a los hechos de aquella época. La “pelea” con los bancos de Alan García trajo la necesidad de buscar mayor financiamiento en la emisión inorgánica4. Ya habíamos “roto palitos” con el satanizado Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De los pocos que nos ayudaban en la banca extranjera estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido por el uruguayo Enrique Iglesias, uno de los poquísimos que nos tendió la mano en aquellos cruciales años, cuando el Perú era considerado “un paria” internacional y nadie, absolutamente nadie, apostaba ni un sol por nosotros. Sin embargo no era suficiente, por lo que se requería mayor emisión inorgánica. De allí estábamos a un paso de la hiperinflación.
De 30% o 40%, niveles aunque peligrosos todavía “manejables”, pasamos a más de 100% y luego superamos largamente los cuatro dígitos. La inflación acumulada de aquella época pasó el millón por ciento. Ya habíamos ingresado al “selecto club” de los países con hiperinflación. El precio de un producto valía en la tarde más que en la mañana, las empleadas de los supermercados se pasaban la jornada de trabajo reetiquetando precios, los productos básicos se conseguían solo en el mercado negro, los servicios públicos no funcionaban (es cierta la anécdota que cuentan muchos que en aquella época se abría el grifo de agua y salía … excremento), el tipo de cambio subía minuto a minuto, nadie ahorraba en moneda nacional, todos preferían los dólares por lo que los intis que se tenían eran cambiados de inmediato al billete verde que era atesorado “debajo del colchón” (de allí comenzó el proceso de dolarización que duró cerca de veinte años), confirmando la famosa ley de Gresham: el dinero malo expulsa al bueno. Y como efecto colateral vimos desaparecer y aparecer tres monedas sucesivamente: el sol de oro, el inti, el inti millón y el nuevo sol.
Hacia los finales del primer gobierno de García daba la impresión que el país se desbarrancaba entre la hiperinflación, el terrorismo, la corrupción y el desgobierno. Muchos peruanos migraron al extranjero porque acá no había futuro. Tres millones de peruanos que viven fuera son testigos de ello. Por eso en el Perú de 1990 no había otro camino que detener “en seco” la hiperinflación, y para ello era necesario un “shock” económico, es decir subir drásticamente los precios de los productos básicos, dejar de subsidiarlos, “sincerar” los precios.
Dentro del plan de gobierno del Fredemo, liderado por Mario Vargas Llosa, estaba contemplado el “shock económico”5 a fin de detener la hiperinflación, decisión honesta y valiente pero que “asustó” a los electores (así como su medida de reducir el estado, recordemos que la gran mayoría vivía a expensas de este), que optaron por sufragar a favor del otro candidato: Alberto Fujimori6. El “chinito”, como ya se le decía, había prometido bajar la hiperinflación gradualmente, así que ante una promesa de bajarla en forma “suave” y otra de manera radical, los votantes optaron por la primera. Que haya sido solo una mentira más (característica de Fujimori como se demostraría en su gobierno) o no, lo cierto es que llegado al poder se dio cuenta que era imposible ese gradualismo y tomó la receta del Fredemo: el shock7.
El ajuste fue brutal. Fue una operación sin anestesia. El entonces primer ministro de aquellos años, Juan Carlos Hurtado Miller, terminó su discurso de disciplina fiscal con la célebre frase “que Dios nos ayude”.
Al día siguiente la gente estaba desorientada, como si hubiese recibido un mazazo en la cabeza y no pudiesen reaccionar adecuadamente. Los propios minoristas ya no sabían cuánto cobrar por una pasta de dientes o una bolsa de pan. Lo cierto es que la inflación bajó drásticamente. Estabilizados los precios relativos comenzó el proceso de reconversión económica: privatización de las empresas públicas, labor subsidiaria del estado, flexibilización laboral, rol preponderante del sector privado y de las fuerzas del mercado8.
Todo comenzó hace veinte años atrás y el mérito de los sucesivos gobiernos ha sido no cambiar las vigas maestras del modelo (con sus cosas buenas y sus cosas malas, ese es otro tema). El resto es historia conocida.
1. La irresponsabilidad demostrada en su primer gobierno y las secuelas nefastas vividas fueron causantes del gran rechazo que generó AGP en los años noventa y parte del 2000; y si ganó las elecciones del 2006 fue por ser considerado “el mal menor” frente a Ollanta Humala. No es casual tampoco que luego del desastre en el manejo económico de su primer mandato con el abuso de políticas heterodoxas, desenfreno en el gasto público y emisión inorgánica de papel moneda, haya experimentado una “conversión” al credo neoliberal, practicado con fruición en su segundo gobierno. Es la fe de los conversos.
2. La verdad que nunca apostaron por el país. No solo la banca nacional, como hemos sido testigos en la crisis financiera de 2008, en el propio Estados Unidos los bancos –causantes de la crisis- solo vieron y ven por el interés de sus dueños y gerentes.
3. Tras el fin del socialismo real, el “consenso de Washington” de finales de la década del ochenta fue la punta de lanza para la expansión del pensamiento neoliberal en América Latina. Sin embargo, tomó características propias en cada país. En el Perú el “detonante” para la expansión de las ideas sobre liberalismo económico fue el intento de expropiación de la banca por parte del gobierno aprista de ese entonces y el descalabro económico del primer gobierno de AGP. El desastre en que dejó al país –se dice que no había dinero ni para el pago de planillas, por lo que el presidente electo debió pedir un préstamo de emergencia a la banca extranjera solo para el pago de personal- facilitó la introducción de las reformas neoliberales a inicios de los noventa. Luego, con “el autogolpe” de 1992 cambió la correlación de fuerzas políticas y posibilitó la radicalización de estas reformas.
4. A lo cual ayudó un Congreso con mayoría aprista complaciente, un Ministerio de Economía -jefaturado por Luis Alva Castro- benévolo con los requerimientos del ejecutivo, y un Banco Central que no cuidó su autonomía y se dejó avasallar por los requerimientos del presidente.
5. La verdad que los economistas del Fredemo tenían razón en detener la hiperinflación “en seco”, no sólo porque no había recursos para seguir financiando los subsidios, sino también porque existía un componente sicológico que hacía imposible un gradualismo moderado: las expectativas de las personas siempre iban a estar por delante de cualquier intento de freno moderado al alza de precios.
6. Aquella campaña política conoció, quizás por primera vez en la historia reciente del Perú, lo que se conocería como “guerra sucia”: mentiras, engaños, tergiversaciones y difamaciones de todo calibre.
7. A poco de asumir el cargo de presidente, Fujimori hizo un periplo internacional, sobretodo para acercarse a la banca extranjera –en especial el FMI- dado que necesitaba recursos financieros de emergencia y el Perú se encontraba aislado y en malas relaciones con el sistema financiero internacional. Al parecer fue allí donde cambió de decisión a fin de detener la hiperinflación con un shock económico.
8. Faltó la “segunda ola” de reformas consistentes en la reforma del estado, paralizadas por el intento re-reeleccionista de Alberto Fujimori. Esa ambición desmesurada por el poder fue su tumba política.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
El primer gobierno de García se caracterizó, aparte de la desatada corrupción y desgobierno, en ser el peor administrador en el manejo económico: controló y subsidió precios, “congeló” el tipo de cambio y las tasas de interés, incautó los ahorros en moneda extranjera para subvencionar el tristemente célebre “dólar MUC” (medida que recientemente ha copiado Chávez), regaló créditos a tasas de interés cero y, lo peor de todo, para financiar la labor del estado y el pago de planillas (bastaba tener un carné del partido aprista para entrar al aparato del estado por lo que este engrosó sus filas desmesuradamente) ordenó emitir moneda inorgánica, sin el respaldo debido. Esa emisión de papel moneda inorgánico fue la marea que comenzó a hacer subir los precios1. En los primeros dos años es cierto que se vivió un falso bienestar, como el bienestar del drogo dependiente, que luego necesita más dosis de la droga para sentirse bien.
Un hecho crucial marcó el inicio del fin: el 28 de Julio de 1987 AGP pretende estatizar el sistema financiero. El mensaje presidencial de ese año anunció “la pelea” con los bancos que no apostaron por el país como él creía2. La estatización trajo una tenaz oposición de la derecha con el célebre escritor Mario Vargas Llosa a la cabeza, conformándose a nivel local el cimiento del pensamiento neoliberal y una “inteligencia” (bueno, es un decir) que tendría tanta presencia y poder en el Perú de los años noventa3.
Pero vayamos a los hechos de aquella época. La “pelea” con los bancos de Alan García trajo la necesidad de buscar mayor financiamiento en la emisión inorgánica4. Ya habíamos “roto palitos” con el satanizado Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De los pocos que nos ayudaban en la banca extranjera estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido por el uruguayo Enrique Iglesias, uno de los poquísimos que nos tendió la mano en aquellos cruciales años, cuando el Perú era considerado “un paria” internacional y nadie, absolutamente nadie, apostaba ni un sol por nosotros. Sin embargo no era suficiente, por lo que se requería mayor emisión inorgánica. De allí estábamos a un paso de la hiperinflación.
De 30% o 40%, niveles aunque peligrosos todavía “manejables”, pasamos a más de 100% y luego superamos largamente los cuatro dígitos. La inflación acumulada de aquella época pasó el millón por ciento. Ya habíamos ingresado al “selecto club” de los países con hiperinflación. El precio de un producto valía en la tarde más que en la mañana, las empleadas de los supermercados se pasaban la jornada de trabajo reetiquetando precios, los productos básicos se conseguían solo en el mercado negro, los servicios públicos no funcionaban (es cierta la anécdota que cuentan muchos que en aquella época se abría el grifo de agua y salía … excremento), el tipo de cambio subía minuto a minuto, nadie ahorraba en moneda nacional, todos preferían los dólares por lo que los intis que se tenían eran cambiados de inmediato al billete verde que era atesorado “debajo del colchón” (de allí comenzó el proceso de dolarización que duró cerca de veinte años), confirmando la famosa ley de Gresham: el dinero malo expulsa al bueno. Y como efecto colateral vimos desaparecer y aparecer tres monedas sucesivamente: el sol de oro, el inti, el inti millón y el nuevo sol.
Hacia los finales del primer gobierno de García daba la impresión que el país se desbarrancaba entre la hiperinflación, el terrorismo, la corrupción y el desgobierno. Muchos peruanos migraron al extranjero porque acá no había futuro. Tres millones de peruanos que viven fuera son testigos de ello. Por eso en el Perú de 1990 no había otro camino que detener “en seco” la hiperinflación, y para ello era necesario un “shock” económico, es decir subir drásticamente los precios de los productos básicos, dejar de subsidiarlos, “sincerar” los precios.
Dentro del plan de gobierno del Fredemo, liderado por Mario Vargas Llosa, estaba contemplado el “shock económico”5 a fin de detener la hiperinflación, decisión honesta y valiente pero que “asustó” a los electores (así como su medida de reducir el estado, recordemos que la gran mayoría vivía a expensas de este), que optaron por sufragar a favor del otro candidato: Alberto Fujimori6. El “chinito”, como ya se le decía, había prometido bajar la hiperinflación gradualmente, así que ante una promesa de bajarla en forma “suave” y otra de manera radical, los votantes optaron por la primera. Que haya sido solo una mentira más (característica de Fujimori como se demostraría en su gobierno) o no, lo cierto es que llegado al poder se dio cuenta que era imposible ese gradualismo y tomó la receta del Fredemo: el shock7.
El ajuste fue brutal. Fue una operación sin anestesia. El entonces primer ministro de aquellos años, Juan Carlos Hurtado Miller, terminó su discurso de disciplina fiscal con la célebre frase “que Dios nos ayude”.
Al día siguiente la gente estaba desorientada, como si hubiese recibido un mazazo en la cabeza y no pudiesen reaccionar adecuadamente. Los propios minoristas ya no sabían cuánto cobrar por una pasta de dientes o una bolsa de pan. Lo cierto es que la inflación bajó drásticamente. Estabilizados los precios relativos comenzó el proceso de reconversión económica: privatización de las empresas públicas, labor subsidiaria del estado, flexibilización laboral, rol preponderante del sector privado y de las fuerzas del mercado8.
Todo comenzó hace veinte años atrás y el mérito de los sucesivos gobiernos ha sido no cambiar las vigas maestras del modelo (con sus cosas buenas y sus cosas malas, ese es otro tema). El resto es historia conocida.
1. La irresponsabilidad demostrada en su primer gobierno y las secuelas nefastas vividas fueron causantes del gran rechazo que generó AGP en los años noventa y parte del 2000; y si ganó las elecciones del 2006 fue por ser considerado “el mal menor” frente a Ollanta Humala. No es casual tampoco que luego del desastre en el manejo económico de su primer mandato con el abuso de políticas heterodoxas, desenfreno en el gasto público y emisión inorgánica de papel moneda, haya experimentado una “conversión” al credo neoliberal, practicado con fruición en su segundo gobierno. Es la fe de los conversos.
2. La verdad que nunca apostaron por el país. No solo la banca nacional, como hemos sido testigos en la crisis financiera de 2008, en el propio Estados Unidos los bancos –causantes de la crisis- solo vieron y ven por el interés de sus dueños y gerentes.
3. Tras el fin del socialismo real, el “consenso de Washington” de finales de la década del ochenta fue la punta de lanza para la expansión del pensamiento neoliberal en América Latina. Sin embargo, tomó características propias en cada país. En el Perú el “detonante” para la expansión de las ideas sobre liberalismo económico fue el intento de expropiación de la banca por parte del gobierno aprista de ese entonces y el descalabro económico del primer gobierno de AGP. El desastre en que dejó al país –se dice que no había dinero ni para el pago de planillas, por lo que el presidente electo debió pedir un préstamo de emergencia a la banca extranjera solo para el pago de personal- facilitó la introducción de las reformas neoliberales a inicios de los noventa. Luego, con “el autogolpe” de 1992 cambió la correlación de fuerzas políticas y posibilitó la radicalización de estas reformas.
4. A lo cual ayudó un Congreso con mayoría aprista complaciente, un Ministerio de Economía -jefaturado por Luis Alva Castro- benévolo con los requerimientos del ejecutivo, y un Banco Central que no cuidó su autonomía y se dejó avasallar por los requerimientos del presidente.
5. La verdad que los economistas del Fredemo tenían razón en detener la hiperinflación “en seco”, no sólo porque no había recursos para seguir financiando los subsidios, sino también porque existía un componente sicológico que hacía imposible un gradualismo moderado: las expectativas de las personas siempre iban a estar por delante de cualquier intento de freno moderado al alza de precios.
6. Aquella campaña política conoció, quizás por primera vez en la historia reciente del Perú, lo que se conocería como “guerra sucia”: mentiras, engaños, tergiversaciones y difamaciones de todo calibre.
7. A poco de asumir el cargo de presidente, Fujimori hizo un periplo internacional, sobretodo para acercarse a la banca extranjera –en especial el FMI- dado que necesitaba recursos financieros de emergencia y el Perú se encontraba aislado y en malas relaciones con el sistema financiero internacional. Al parecer fue allí donde cambió de decisión a fin de detener la hiperinflación con un shock económico.
8. Faltó la “segunda ola” de reformas consistentes en la reforma del estado, paralizadas por el intento re-reeleccionista de Alberto Fujimori. Esa ambición desmesurada por el poder fue su tumba política.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Thursday, August 12, 2010
ARMANDO ROBLES GODOY, IN MEMORIAM
Reconozco que su faceta como cineasta fue lo que menos me interesó. A pesar que siempre era presentado como “el cineasta Armando Robles Godoy”, fue solo una arista más de su rica y compleja personalidad formada dentro de un humanismo más amplio que el celuloide.
Creo que ni él mismo se creía lo de cineasta como una forma de encasillarlo, a pesar que fue un pionero que hizo cine cuando en el Perú era un acto heroico, mucho más difícil que ahora. Sin premios, sin estímulos, sin personal técnico capacitado o actores propiamente cinematográficos (los que hacían películas provenían del teatro), hacer cine era como abrir trocha en la selva virgen, labor que por cierto también realizó Armando de joven, cuando fue pionero en la siembra de café en la selva.
Pero más que su faceta de escritor o cineasta, lo que me fascinaba de él era su capacidad de conversador nato. Conversación inteligente, culta, amena y provocadora. Son de antología sus debates con Marco Aurelio Denegri o Mariano Querol, otras aves raris de nuestra cultura. Esa versatilidad para conversar con gracia y solvencia sobre distintos temas era una de sus peculiares características. Y lo que reflejaban esas conversaciones era a un intelectual libre, sin prejuicios y sin compromiso con el poder ni los poderosos. Pertenecía a esa especie en extinción de hombres en libertad a los que nada de lo humano les es ajeno.
Descansa en paz Armando.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Creo que ni él mismo se creía lo de cineasta como una forma de encasillarlo, a pesar que fue un pionero que hizo cine cuando en el Perú era un acto heroico, mucho más difícil que ahora. Sin premios, sin estímulos, sin personal técnico capacitado o actores propiamente cinematográficos (los que hacían películas provenían del teatro), hacer cine era como abrir trocha en la selva virgen, labor que por cierto también realizó Armando de joven, cuando fue pionero en la siembra de café en la selva.
Pero más que su faceta de escritor o cineasta, lo que me fascinaba de él era su capacidad de conversador nato. Conversación inteligente, culta, amena y provocadora. Son de antología sus debates con Marco Aurelio Denegri o Mariano Querol, otras aves raris de nuestra cultura. Esa versatilidad para conversar con gracia y solvencia sobre distintos temas era una de sus peculiares características. Y lo que reflejaban esas conversaciones era a un intelectual libre, sin prejuicios y sin compromiso con el poder ni los poderosos. Pertenecía a esa especie en extinción de hombres en libertad a los que nada de lo humano les es ajeno.
Descansa en paz Armando.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, August 10, 2010
LA FERIA DEL LIBRO 2010
La Feria del Libro se ha vuelto itinerante. No lo veo mal, es más debería cambiar de espacio físico cada año y el próximo estar de repente en alguno de los distritos de la nueva Lima: Los Olivos, Villa El Salvador o San Juan de Lurigancho. No hay razón para que la feria solo circule por los viejos distritos de la clase media.
Este año le dio albergue el antiguo Bosque de Matamula, hoy Parque de los Próceres, y la verdad la propuesta fue ingeniosa. “Haciendo de tripas, corazón” (muchos creyeron que ubicarla en ese lugar era condenarla a un estrepitoso fracaso) se hizo un bien de una necesidad, aprovechando el espacio para que la disposición de los stands fuera circular, en dos niveles, por lo que el público pudo caminar “dando vueltas” y revisitando los lugares otra vez por si se olvidó de algún libro, un poco a ritmo de procesión en algunos tramos dada la concurrencia del respetable, pero gratificante.
Por la demanda de libros, creo que esta vez la Feria “la rompió”. Hasta yo me animé y entre otros compré un libro de uno de mis escritores favoritos: Hugo Neyra, bajo el sello editorial de la Garcilaso. Se debe reconocer que esta universidad acercó el libro al público gracias a su política de precios cómodos y catálogo bastante variado de títulos, reflejando una labor sumamente activa en estos últimos años, hecho que no ocurre con otras editoriales universitarias, otrora bastante prolíficas y que ahora han caído en el marasmo. Como bien dice el maestro Luis Jaime Cisneros, la investigación y publicación es parte esencial de toda universidad. Y tiene razón.
Lamentablemente otros sellos editoriales o distribuidoras no han emulado el ejemplo de la Garcilaso y ofrecieron los libros a precios astronómicos. Por ejemplo, buscando libros de mi profesión (el derecho) no bajaba de cien nuevos soles el título y eso “con descuento de feria, señor”. Como si los abogados del Perú (su principal público objetivo) tuviesen el nivel de ingresos de sus pares en Norteamérica o Europa, y ganaran en dólares o euros. Hasta los libros de la Universidad Católica, antes accesibles en precio, en esta feria estaban por las nubes y, encima, con títulos agotados hace tiempo sin la necesaria reimpresión. Creo que el juicio con el Cardenal les ha afectado hasta el ingenio para publicar adecuadamente. Y faltó mayor presencia de otras editoriales jurídicas que este año no se han visto.
La que sí estuvo presente fue la literatura: novela, poesía, cuento. Somos un país de poetas y de narradores, y de los buenos, como bien lo reconocen muchos extranjeros. No solo los manoseados nombres de siempre, sino nuevos valores que se van abriendo espacio y reconocimiento. Hasta se apreció un stand de Ecuador, gesto que dice mucho del cambio de ánimo en las relaciones entre nuestros dos países. Literatura no faltó e, incluso, tuvimos una conferencia donde participó el hijo del gran Julio Ramón Ribeyro, contando anécdotas del padre escritor, aunque faltó un mejor entrevistador, “que le saque el jugo” al entrevistado.
También estuvo presente, como en anteriores ferias, la editorial del Congreso, que se podrá decir que sus libros tienen numerosas erratas y descuidos, pero existe un hecho incontrovertido: si no fuera por su labor editorial muchos libros de peruanos ilustres habrían caído en el olvido más clamoroso. El Congreso de la República se salva del infierno de los “otorongos” gracias a su fondo editorial. Con ese gesto ya reservó su cuota de cielo en la memoria de los peruanos; aunque debería animarse a otro gesto audaz: el inicio de las publicaciones electrónicas y de una biblioteca virtual como la del Congreso de los Estados Unidos. Recursos para hacerlo tiene, y pueden ser mejor aprovechados que en los inútiles gastos de ceremonias de imposición de medallitas y reparto de diplomas, del gasto en leyes creando el día del limón o de la papa a la huancaína, o de acusaciones constitucionales que al final siempre quedan en nada.
En mi crónica sobre la Feria del 2009 especulaba si pese a ese fervor por el libro no estábamos asistiendo al fin de una forma de verlo: de papel, tinta y tapas duras. Me ratifico en lo dicho hace un año atrás. Pese a la extraordinaria demanda de libros físicos, creo que estamos presenciando su extinción, su muerte lenta, el fin de toda una época y el nacimiento de otra: la del libro electrónico, visto en una computadora o un ipod, más aséptico, sin polillas que se coman el papel u hongos que ataquen sus hojas, pero tampoco sin la posibilidad de poderlos sentir y oler como les gusta tanto a los bibliófilos, en esa suerte de “amor carnal” hacia los libros. Será una nueva forma de leer y de aprehender, pero lectura al fin y al cabo, acto que nos hace más humanos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Este año le dio albergue el antiguo Bosque de Matamula, hoy Parque de los Próceres, y la verdad la propuesta fue ingeniosa. “Haciendo de tripas, corazón” (muchos creyeron que ubicarla en ese lugar era condenarla a un estrepitoso fracaso) se hizo un bien de una necesidad, aprovechando el espacio para que la disposición de los stands fuera circular, en dos niveles, por lo que el público pudo caminar “dando vueltas” y revisitando los lugares otra vez por si se olvidó de algún libro, un poco a ritmo de procesión en algunos tramos dada la concurrencia del respetable, pero gratificante.
Por la demanda de libros, creo que esta vez la Feria “la rompió”. Hasta yo me animé y entre otros compré un libro de uno de mis escritores favoritos: Hugo Neyra, bajo el sello editorial de la Garcilaso. Se debe reconocer que esta universidad acercó el libro al público gracias a su política de precios cómodos y catálogo bastante variado de títulos, reflejando una labor sumamente activa en estos últimos años, hecho que no ocurre con otras editoriales universitarias, otrora bastante prolíficas y que ahora han caído en el marasmo. Como bien dice el maestro Luis Jaime Cisneros, la investigación y publicación es parte esencial de toda universidad. Y tiene razón.
Lamentablemente otros sellos editoriales o distribuidoras no han emulado el ejemplo de la Garcilaso y ofrecieron los libros a precios astronómicos. Por ejemplo, buscando libros de mi profesión (el derecho) no bajaba de cien nuevos soles el título y eso “con descuento de feria, señor”. Como si los abogados del Perú (su principal público objetivo) tuviesen el nivel de ingresos de sus pares en Norteamérica o Europa, y ganaran en dólares o euros. Hasta los libros de la Universidad Católica, antes accesibles en precio, en esta feria estaban por las nubes y, encima, con títulos agotados hace tiempo sin la necesaria reimpresión. Creo que el juicio con el Cardenal les ha afectado hasta el ingenio para publicar adecuadamente. Y faltó mayor presencia de otras editoriales jurídicas que este año no se han visto.
La que sí estuvo presente fue la literatura: novela, poesía, cuento. Somos un país de poetas y de narradores, y de los buenos, como bien lo reconocen muchos extranjeros. No solo los manoseados nombres de siempre, sino nuevos valores que se van abriendo espacio y reconocimiento. Hasta se apreció un stand de Ecuador, gesto que dice mucho del cambio de ánimo en las relaciones entre nuestros dos países. Literatura no faltó e, incluso, tuvimos una conferencia donde participó el hijo del gran Julio Ramón Ribeyro, contando anécdotas del padre escritor, aunque faltó un mejor entrevistador, “que le saque el jugo” al entrevistado.
También estuvo presente, como en anteriores ferias, la editorial del Congreso, que se podrá decir que sus libros tienen numerosas erratas y descuidos, pero existe un hecho incontrovertido: si no fuera por su labor editorial muchos libros de peruanos ilustres habrían caído en el olvido más clamoroso. El Congreso de la República se salva del infierno de los “otorongos” gracias a su fondo editorial. Con ese gesto ya reservó su cuota de cielo en la memoria de los peruanos; aunque debería animarse a otro gesto audaz: el inicio de las publicaciones electrónicas y de una biblioteca virtual como la del Congreso de los Estados Unidos. Recursos para hacerlo tiene, y pueden ser mejor aprovechados que en los inútiles gastos de ceremonias de imposición de medallitas y reparto de diplomas, del gasto en leyes creando el día del limón o de la papa a la huancaína, o de acusaciones constitucionales que al final siempre quedan en nada.
En mi crónica sobre la Feria del 2009 especulaba si pese a ese fervor por el libro no estábamos asistiendo al fin de una forma de verlo: de papel, tinta y tapas duras. Me ratifico en lo dicho hace un año atrás. Pese a la extraordinaria demanda de libros físicos, creo que estamos presenciando su extinción, su muerte lenta, el fin de toda una época y el nacimiento de otra: la del libro electrónico, visto en una computadora o un ipod, más aséptico, sin polillas que se coman el papel u hongos que ataquen sus hojas, pero tampoco sin la posibilidad de poderlos sentir y oler como les gusta tanto a los bibliófilos, en esa suerte de “amor carnal” hacia los libros. Será una nueva forma de leer y de aprehender, pero lectura al fin y al cabo, acto que nos hace más humanos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, August 03, 2010
GAS Y POLÍTICA
Existen temas sensibles que pueden ser materia de la agenda política, con mayor razón en coyunturas electorales. Uno de ellos es el gas.
El tema energético tiene como antecedente al petróleo en los años sesenta. El petróleo cubrió buena parte del debate político que propició un clima nacionalista que culminó en el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado en 1968. No fue casual que uno de los primeros actos del flamante gobierno militar fuese la intervención en las instalaciones de la International Petroleum Company, la tristemente célebre IPC, en gesto por cierto bastante teatral (numerosos camiones portatropas a fin de “tomar” unas instalaciones bastante desguarnecidas).
Ya no hablemos del reformista primer Belaunde que fue ungido y luego defenestrado por el petróleo. En su campaña de 1962 prometió resolver el tema de la IPC en noventa días (hecho que no sucedió) y salió de Palacio de gobierno una fría madrugada, cinco años después, sumido en el escándalo de la página once.
No podemos soslayar que el petróleo antes y el gas ahora son un tema político más allá de las exquisiteces técnicas de si existen o no suficientes reservas para satisfacer la demanda interna a largo plazo.
Precisamente el último paro regional en el sur colocó en la agenda el tema del gas, de cara este año a las elecciones regionales y el próximo a las generales, donde el tema tendrá un sesgo marcadamente nacionalista que hará reaccionar a los demás partidos.
En un primer momento el oficialismo no reaccionó políticamente, quedando arrinconado con el argumento de “la santidad de los contratos”, obligándolo posteriormente a “renegociar” con las trasnacionales los términos contractuales pactados, antes que la oposición nacionalista tome control del tema.
A diferencia del petróleo en los sesenta donde se reclamaba la propiedad para los peruanos de los recursos naturales, el gas tiene una naturaleza bastante técnica que gira en torno a la existencia o no de la suficiente cantidad de reservas que satisfagan la demanda interna en los próximos treinta a cuarenta años. Para el gobierno aprista sí existirían, aunque sus argumentos son medio enrevesados de entender para el común de las personas; en cambio analistas de la oposición (incluyendo ingenieros calificados en el tema) sostienen que no alcanzaría para nosotros si comenzamos a exportar, y a la larga tendríamos que importar gas o petróleo a precio más caro.
Las regalías es otro tema de discusión. No solo el monto desigual que pagan las empresas dependiendo si el gas se exporta o se usa para consumo interno, sino la forma de distribución y si realmente el esquema distributivo está beneficiando a las regiones y poblados cercanos a los yacimientos.
Existen otros problemas adicionales de naturaleza legal-contractual: los porcentajes de gas para uso interno y para la exportación, el precio irrisorio de exportación del gas peruano versus el precio más caro para el mercado interno, la existencia de reservas probadas y probables, y el beneficio directo que debe traer para la región donde se encuentran ubicados los yacimientos. A ello se debe sumar la probable venta de gas a Chile, tema todavía “tabú” en la relación con nuestro vecino.
Precisamente existen yacimientos como los encontrados por la Schell en los años ochenta que son exportados a precio irrisorio (porque ya no requieren exploración) y que no serán utilizados exclusivamente para la demanda interna. Son los lotes 88 y 56, los famosos “regalos de Dios” que nos hizo la Schell al no tener interés en los noventa para su explotación, revirtiendo al estado que los volvió a concesionar. La pregunta obvia es por qué no se queda íntegramente ese gas barato en el país. La respuesta no está tanto en el presente gobierno “entreguista” del Apra que solo ha continuado con la política trazada y la ejecución de los contratos ya celebrados, sino en el gobierno de Toledo que cambió las reglas de juego a favor de las trasnacionales, algo que “el sano y sagrado” olvida mencionar en su “rentrée” político.
Por eso el tema del gas tiene un insoslayable lado político, más allá de las sumas y restas que realicen los actores en juego.
Son aspectos que deben ser despejados en el necesario debate que se avecina, debate que no debe quedar sujeto solo a criterios técnicos para “entendidos”, sino que se debe incluir en la agenda política, donde uno de los ejes temáticos debe ser que el país cuente para el desarrollo con la necesaria energía barata disponible a largo plazo, así como que las regiones del sur se beneficien directamente con el gas para dar “el salto” al desarrollo y modernidad.
Todo un reto que va más allá de los chauvinismos patrioteros.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
El tema energético tiene como antecedente al petróleo en los años sesenta. El petróleo cubrió buena parte del debate político que propició un clima nacionalista que culminó en el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado en 1968. No fue casual que uno de los primeros actos del flamante gobierno militar fuese la intervención en las instalaciones de la International Petroleum Company, la tristemente célebre IPC, en gesto por cierto bastante teatral (numerosos camiones portatropas a fin de “tomar” unas instalaciones bastante desguarnecidas).
Ya no hablemos del reformista primer Belaunde que fue ungido y luego defenestrado por el petróleo. En su campaña de 1962 prometió resolver el tema de la IPC en noventa días (hecho que no sucedió) y salió de Palacio de gobierno una fría madrugada, cinco años después, sumido en el escándalo de la página once.
No podemos soslayar que el petróleo antes y el gas ahora son un tema político más allá de las exquisiteces técnicas de si existen o no suficientes reservas para satisfacer la demanda interna a largo plazo.
Precisamente el último paro regional en el sur colocó en la agenda el tema del gas, de cara este año a las elecciones regionales y el próximo a las generales, donde el tema tendrá un sesgo marcadamente nacionalista que hará reaccionar a los demás partidos.
En un primer momento el oficialismo no reaccionó políticamente, quedando arrinconado con el argumento de “la santidad de los contratos”, obligándolo posteriormente a “renegociar” con las trasnacionales los términos contractuales pactados, antes que la oposición nacionalista tome control del tema.
A diferencia del petróleo en los sesenta donde se reclamaba la propiedad para los peruanos de los recursos naturales, el gas tiene una naturaleza bastante técnica que gira en torno a la existencia o no de la suficiente cantidad de reservas que satisfagan la demanda interna en los próximos treinta a cuarenta años. Para el gobierno aprista sí existirían, aunque sus argumentos son medio enrevesados de entender para el común de las personas; en cambio analistas de la oposición (incluyendo ingenieros calificados en el tema) sostienen que no alcanzaría para nosotros si comenzamos a exportar, y a la larga tendríamos que importar gas o petróleo a precio más caro.
Las regalías es otro tema de discusión. No solo el monto desigual que pagan las empresas dependiendo si el gas se exporta o se usa para consumo interno, sino la forma de distribución y si realmente el esquema distributivo está beneficiando a las regiones y poblados cercanos a los yacimientos.
Existen otros problemas adicionales de naturaleza legal-contractual: los porcentajes de gas para uso interno y para la exportación, el precio irrisorio de exportación del gas peruano versus el precio más caro para el mercado interno, la existencia de reservas probadas y probables, y el beneficio directo que debe traer para la región donde se encuentran ubicados los yacimientos. A ello se debe sumar la probable venta de gas a Chile, tema todavía “tabú” en la relación con nuestro vecino.
Precisamente existen yacimientos como los encontrados por la Schell en los años ochenta que son exportados a precio irrisorio (porque ya no requieren exploración) y que no serán utilizados exclusivamente para la demanda interna. Son los lotes 88 y 56, los famosos “regalos de Dios” que nos hizo la Schell al no tener interés en los noventa para su explotación, revirtiendo al estado que los volvió a concesionar. La pregunta obvia es por qué no se queda íntegramente ese gas barato en el país. La respuesta no está tanto en el presente gobierno “entreguista” del Apra que solo ha continuado con la política trazada y la ejecución de los contratos ya celebrados, sino en el gobierno de Toledo que cambió las reglas de juego a favor de las trasnacionales, algo que “el sano y sagrado” olvida mencionar en su “rentrée” político.
Por eso el tema del gas tiene un insoslayable lado político, más allá de las sumas y restas que realicen los actores en juego.
Son aspectos que deben ser despejados en el necesario debate que se avecina, debate que no debe quedar sujeto solo a criterios técnicos para “entendidos”, sino que se debe incluir en la agenda política, donde uno de los ejes temáticos debe ser que el país cuente para el desarrollo con la necesaria energía barata disponible a largo plazo, así como que las regiones del sur se beneficien directamente con el gas para dar “el salto” al desarrollo y modernidad.
Todo un reto que va más allá de los chauvinismos patrioteros.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, July 27, 2010
A DIEZ AÑOS DE LA MARCHA DE LOS CUATRO SUYOS
Más allá de los apasionamientos o de las convicciones políticas, una primera pregunta que invita a reflexionar es si aquella marcha de protesta escenificada en las Fiestas Patrias del año 2000 fue el detonante o motivo de la caída del gobierno autocrático de Fujimori.
No existen estudios serios y meditados sobre aquella época y las opiniones que se han expresado son testimonios de parte marcadamente interesados. Tratando de contestar la pregunta, personalmente creo que no. Creo que las causas de la caída del gobierno fujimorista obedecieron a sus propias contradicciones internas que se agudizaron en la segunda reelección. La marcha fue más bien expresión del rechazo ciudadano, culminación de una serie de protestas imaginativas como “el lavado de la bandera” frente a los intentos descarados de perpetuación en el poder. Fue un hito importante en la lucha contra el gobierno de Fujimori, de eso no cabe duda; pero de allí a afirmar que causó su caída es bastante discutible. Igual sucede con la difusión del primer “vladivideo” donde se aprecia a Alberto Kouri –el hermano de Alex Kouri- embolsicarse un buen fajo de billetes a fin de migrar al bando oficialista. ¿El video en cuestión ocasionó la renuncia de Fujimori y el derrumbe del régimen?
Sigo pensando que la caída obedeció a contradicciones internas del propio régimen más que a una marcha o a unos videos. Los historiadores del futuro deberán despejar la duda. Lo que sí podemos rescatar es el sentido de dignidad de muchos peruanos que participaron desinteresadamente en aquellas jornadas de protesta, demostrando que frente a la corrupción y podredumbre del régimen, así como la miseria moral de muchos actores sociales, existió algo que se creía perdido: decencia.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
No existen estudios serios y meditados sobre aquella época y las opiniones que se han expresado son testimonios de parte marcadamente interesados. Tratando de contestar la pregunta, personalmente creo que no. Creo que las causas de la caída del gobierno fujimorista obedecieron a sus propias contradicciones internas que se agudizaron en la segunda reelección. La marcha fue más bien expresión del rechazo ciudadano, culminación de una serie de protestas imaginativas como “el lavado de la bandera” frente a los intentos descarados de perpetuación en el poder. Fue un hito importante en la lucha contra el gobierno de Fujimori, de eso no cabe duda; pero de allí a afirmar que causó su caída es bastante discutible. Igual sucede con la difusión del primer “vladivideo” donde se aprecia a Alberto Kouri –el hermano de Alex Kouri- embolsicarse un buen fajo de billetes a fin de migrar al bando oficialista. ¿El video en cuestión ocasionó la renuncia de Fujimori y el derrumbe del régimen?
Sigo pensando que la caída obedeció a contradicciones internas del propio régimen más que a una marcha o a unos videos. Los historiadores del futuro deberán despejar la duda. Lo que sí podemos rescatar es el sentido de dignidad de muchos peruanos que participaron desinteresadamente en aquellas jornadas de protesta, demostrando que frente a la corrupción y podredumbre del régimen, así como la miseria moral de muchos actores sociales, existió algo que se creía perdido: decencia.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Friday, July 23, 2010
LOS TIEMPOS MEDIÁTICOS: EL CASO MELCOCHITA
Hace veinte o treinta años atrás lo sucedido con respecto a la engañada paternidad del cómico y sonero Pablo Villanueva “Melcochita” no habría traspasado las paredes de su hogar o a lo sumo la esfera de sus amigos más íntimos. Pero, en estos tiempos mediáticos donde todo se ventila en los medios de comunicación ello es imposible, es como pedir peras al olmo.
Es más, en otras latitudes su historia de “marido anciano burlado por esposa joven” habría dado hasta para una serie de realities show debidamente remunerados para los personajes en cuestión, donde la “mujer infiel” acudiría a contar su historia con total impudicia: cómo se comportaba el marido senil en la cama, si podía en una noche ejecutar “tres al hilo” o si con dificultad apenas “cumplía” con el primer round, si tomaba viagra para ayudarse y otros aspectos de la vida íntima en pareja que serían ventilados en público. En la otra esquina tendríamos a “Melcochita” negando o afirmando lo manifestado por su ex mujer, sintiéndose adolorido o no por las declaraciones de la muchacha, la que por cierto habría aprovechado la oportunidad para lanzarse de vedette, actriz de algún programa cómico de televisión o, de ser ambiciosa, hasta tentar suerte en las arenas de la política como regidora o congresista en alguna lista partidaria. Todo vale en los tiempos mediáticos.
Aunque el propio “Melcochita” ha dado pie a la publicidad de las razones de su separación y ruptura de relación luego del intento de suicidio de su ex mujer, declarando en cuanta entrevista ha podido sobre su falsa paternidad. Es parte del show business, de estar en el centro de la noticia, así sea esta escabrosa, con tal de aparecer en la portada del periódico al día siguiente o en los noticieros de la noche. Eso es publicidad gratuita y se debe aprovechar explotándola al máximo.
Por otra parte, la historia de la infidelidad y falsa paternidad llama la atención del medio por la diferencia de edad entre la pareja. Se trata de un hombre público de edad avanzada y de una mujer de mucho menor edad en relación a él, lo que lleva al imaginario popular del “marido que ya no puede cumplir con el deber conyugal”, a pesar que desde hace años la milagrosa pastilla azul (el viagra) salva de las situaciones más incómodas; pero más puede el regocijo malévolo en torno a la idea del marido senil y burlado y la esposa joven y ardiente que debe buscar satisfacer sus ansías carnales con un hombre más joven. Ese motivo de la comedia de enredos de la literatura y del cine se encuentra presente en el caso Melcochita.
No faltarán tampoco los moralistas y religiosos interpretando que lo sucedido obedece a un “castigo divino” por la desconsideración del cómico que abandonó a su anterior pareja de muchos años (que murió sola y abandonada) para irse detrás de una chiquilla que muy bien puede ser su nieta. Hay para todos los gustos.
La noticia será explotada hasta que sea olvidada o sustituida por otra, hasta que envejezca y no de para más titulares o entrevistas, hecho que en estos tiempos mediáticos sucede bastante rápido.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Es más, en otras latitudes su historia de “marido anciano burlado por esposa joven” habría dado hasta para una serie de realities show debidamente remunerados para los personajes en cuestión, donde la “mujer infiel” acudiría a contar su historia con total impudicia: cómo se comportaba el marido senil en la cama, si podía en una noche ejecutar “tres al hilo” o si con dificultad apenas “cumplía” con el primer round, si tomaba viagra para ayudarse y otros aspectos de la vida íntima en pareja que serían ventilados en público. En la otra esquina tendríamos a “Melcochita” negando o afirmando lo manifestado por su ex mujer, sintiéndose adolorido o no por las declaraciones de la muchacha, la que por cierto habría aprovechado la oportunidad para lanzarse de vedette, actriz de algún programa cómico de televisión o, de ser ambiciosa, hasta tentar suerte en las arenas de la política como regidora o congresista en alguna lista partidaria. Todo vale en los tiempos mediáticos.
Aunque el propio “Melcochita” ha dado pie a la publicidad de las razones de su separación y ruptura de relación luego del intento de suicidio de su ex mujer, declarando en cuanta entrevista ha podido sobre su falsa paternidad. Es parte del show business, de estar en el centro de la noticia, así sea esta escabrosa, con tal de aparecer en la portada del periódico al día siguiente o en los noticieros de la noche. Eso es publicidad gratuita y se debe aprovechar explotándola al máximo.
Por otra parte, la historia de la infidelidad y falsa paternidad llama la atención del medio por la diferencia de edad entre la pareja. Se trata de un hombre público de edad avanzada y de una mujer de mucho menor edad en relación a él, lo que lleva al imaginario popular del “marido que ya no puede cumplir con el deber conyugal”, a pesar que desde hace años la milagrosa pastilla azul (el viagra) salva de las situaciones más incómodas; pero más puede el regocijo malévolo en torno a la idea del marido senil y burlado y la esposa joven y ardiente que debe buscar satisfacer sus ansías carnales con un hombre más joven. Ese motivo de la comedia de enredos de la literatura y del cine se encuentra presente en el caso Melcochita.
No faltarán tampoco los moralistas y religiosos interpretando que lo sucedido obedece a un “castigo divino” por la desconsideración del cómico que abandonó a su anterior pareja de muchos años (que murió sola y abandonada) para irse detrás de una chiquilla que muy bien puede ser su nieta. Hay para todos los gustos.
La noticia será explotada hasta que sea olvidada o sustituida por otra, hasta que envejezca y no de para más titulares o entrevistas, hecho que en estos tiempos mediáticos sucede bastante rápido.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Wednesday, July 14, 2010
DICCIONARIO DEL CORRUPTO
Promovido por la organización Chile Transparente, acaba de aparecer en el país del sur el “Diccionario del corrupto”, una recopilación de los términos más usados cuando de solicitar dádivas poco claras se trata. Tenemos algunas parecidas como “aceitar la máquina”, expresión de dominio público gracias a los “petro audios”, que aludían a la entrega de sumas de dinero para conseguir un fin nada santo. La “aceitada” es uno de los mecanismos más usuales de corrupción en el sistema administrativo peruano y la frase grafica muy bien que uno no consigue por el derecho lo que pide, sino por los “hechos”. Ya Cervantes reflexionaba amargamente sobre el oro que compra conciencias y honras. Las épocas pasan, pero el hombre es el mismo.
Los chilenos tienen ciertos giros bastante ocurrentes como "hacer la cama", "a la cochiguagua", "hacer cantar a la chancha" o "hacer bailar la culebra" para referirse a actos corruptos; hasta uno poético como “Sólo los pajaritos cantan por amor”, a fin de expresar que en este mundo no hay lonche gratis.
La letra de un conocido merengue refiere algo parecido: “con la plata baila el mono”, expresión que encuentra su equivalente más prosaico y directo en “billete manda”. Pero, nuestros policías también han forjado una “escuela literaria” para aludir a algún “incentivo” que los haga cumplir con su deber. Existe uno amoroso como “demuestra tú cariño”, otros apelan a la generosidad de la persona: “lo que sea su voluntad”. Más refrescante es el “deje para la gaseosa”. O el que invoca la falta de medios para cumplir con la función: “no hay para la gasolina”. Y el más directo y sin ambages: “cómo es”. Que ingenio no nos falta para estas cosas.
Pero, si de pagos ilegales se trata, nosotros tenemos una frase que identifica muy bien a un candidato a la alcaldía de Lima y ex alcalde del Callao: “cobrar peaje”, pasar por caja (sobornar a un funcionario) para un trámite o para la obtención de un beneficio. Es que hay peajes que son descarados, y en nuestro país los corruptos no tienen sangre en la cara y postulan de lo más natural a cuanto cargo público puede haber. Así es el Perú.
Creo que por aquí también debería promoverse una iniciativa similar. Ocurrentes somos y en materia de corrupción me parece les ganamos a nuestros vecinos del sur.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Los chilenos tienen ciertos giros bastante ocurrentes como "hacer la cama", "a la cochiguagua", "hacer cantar a la chancha" o "hacer bailar la culebra" para referirse a actos corruptos; hasta uno poético como “Sólo los pajaritos cantan por amor”, a fin de expresar que en este mundo no hay lonche gratis.
La letra de un conocido merengue refiere algo parecido: “con la plata baila el mono”, expresión que encuentra su equivalente más prosaico y directo en “billete manda”. Pero, nuestros policías también han forjado una “escuela literaria” para aludir a algún “incentivo” que los haga cumplir con su deber. Existe uno amoroso como “demuestra tú cariño”, otros apelan a la generosidad de la persona: “lo que sea su voluntad”. Más refrescante es el “deje para la gaseosa”. O el que invoca la falta de medios para cumplir con la función: “no hay para la gasolina”. Y el más directo y sin ambages: “cómo es”. Que ingenio no nos falta para estas cosas.
Pero, si de pagos ilegales se trata, nosotros tenemos una frase que identifica muy bien a un candidato a la alcaldía de Lima y ex alcalde del Callao: “cobrar peaje”, pasar por caja (sobornar a un funcionario) para un trámite o para la obtención de un beneficio. Es que hay peajes que son descarados, y en nuestro país los corruptos no tienen sangre en la cara y postulan de lo más natural a cuanto cargo público puede haber. Así es el Perú.
Creo que por aquí también debería promoverse una iniciativa similar. Ocurrentes somos y en materia de corrupción me parece les ganamos a nuestros vecinos del sur.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, July 06, 2010
EL AMPARO DE LA CEMENTERA
Regular el mundo económico por el derecho es un trabajo delicado, casi de relojería, dado el dinamismo, a veces vertiginoso, amén de la complejidad, que contiene la realidad económica. Por eso, a veces, entre regular obsesivamente y dejar hacer, es preferible optar por lo último.
Atendiendo a cómo se regula, esta puede adquirir dos formas: una desde el derecho positivo y otra a través de los órganos jurisdiccionales.
La primera –regulación a través del derecho positivo- es la más usual y en grado de jerarquía comprende desde la Constitución Política –principalmente el título sobre el régimen económico- pasando por los tratados suscritos por el estado, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, completando la base piramidal con una frondosa y variada cantidad de decretos supremos, resoluciones ministeriales y resoluciones administrativas. Esta regulación es amplia y compleja, muchas veces contradictoria, y en gran parte comprende lo que actualmente se conoce como derecho económico.
La segunda es más concreta, trata sobre la resolución de los conflictos particulares que servirán de precedente a futuros casos. Por su trascendencia, los más importantes son los que resuelve el Tribunal Constitucional y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Pero, no menos importante son los precedentes de los tribunales y salas de distintas instituciones públicas que, con el transcurso del tiempo, han recopilado una rica jurisprudencia. Un ejemplo claro y preciso es INDECOPI, institución señera en nuestro medio de regulaciones económicas.
Casi siempre las controversias por los fallos surgen cuando se trata de los órganos jurisdiccionales propiamente dichos, poco técnicos en materia económica, como son el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial. Existen fallos que son realmente polémicos, incluso de juzgados que admiten amparos que ordenan hacer o no hacer algo contra todo sentido razonable y del interés general como en el caso de los bingos y tragamonedas, o hasta hace muy poco con los automóviles usados que ingresaban mediante el abuso de las acciones de amparo, causando perjuicio no solo al estado sino a los propios ciudadanos, y una justificada desconfianza por parte de la sociedad hacia los órganos que deben impartir justicia.
Por ello la regulación en materia económica es sumamente delicada y requiere “pinzas de cirujano” para ser tratada.
Un caso así fue el de Cementos Lima S.A.
LA ACCIÓN DE AMPARO Y LA FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO
Cementos Lima S.A. interpone acción de amparo contra el Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando se declare inaplicable el artículo 2º del D.S. Nº 158-2007-EF referente a la modificación de aranceles para cemento importado del 12% al 0%. La demandante argumenta que la rebaja de aranceles del 12% al 0% en el rubro cementos (objeto social de la empresa) vulnera sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley, a la libertad de empresa y a participar en la vida económica de la Nación.
Los sustentos jurídicos sobre la igualdad ante la ley se refieren a que arbitrariamente el ejecutivo ha establecido un trato diferenciado que genera la contracción de la demanda del cemento producido en el país (al estar el importado libre de aranceles). Acerca de la libertad de empresa señala que no la estimula y maximiza, siendo la rentabilidad de la empresa más baja, afectándose así la libre competencia. Sobre la desigualdad en el trato indica que existe una discriminación con relación a otras subpartidas nacionales que sí se encuentran gravadas, provocando una injustificada dispersión arancelaria.
En primera instancia declaran improcedente la demanda, por considerar que el proceso de acción popular es la vía procesal más idónea. En segunda instancia confirman la resolución apelada, por lo que vía recurso extraordinario llega al Tribunal Constitucional.
EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
De todos los sustentos jurídicos, el Tribunal Constitucional solo recoge el de la contravención a la igualdad ante la ley, “porque está generando un tratamiento desigual entre la inversión nacional y la extranjera” (Por dicha razón, este Tribunal considera que la modificación de 12% a 0% de las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales referidas contraviene el derecho a la igualdad, porque está generando un tratamiento desigual entre la inversión nacional y la extranjera. Considerando 26, párrafo final, en cursiva y negrita nuestro).
El Tribunal resuelve declarar fundada la demanda, inaplicar a la demandante el art. 2º del D.S. Nº 158-2007-EF, ordenar a la SUNAT no aplique la norma en cuestión y reponga las cosas al estado anterior a la “violación constitucional”, reponiendo las tasas que fueron derogadas.
ANÁLISIS DEL FALLO
El Tribunal sostiene que los aranceles tienen una doble finalidad: una primera de carácter impositivo que busca generar ingresos para contribuir con el gasto público, y una segunda que es la de regular el comercio exterior:
“Por ello, resulta válido afirmar que los aranceles tienen como finalidad constitucional favorecer la producción nacional, promover la estabilidad económica a través del aumento o disminución, la reducción o ampliación de las importaciones que pueden afectar el nivel general de precios y los movimientos de la oferta y la demanda nacional, estimular el crecimiento económico, proteger la industria nacional, promover la inversión nacional, controlar los precios, defender a los consumidores e incentivar la competitividad de los productos nacionales”. (Extremo final del fundamento 20, en cursiva, subrayado y negrita nuestro).
Evidentemente el TC cometió un grueso desliz (que lo obligó a emitir una posterior resolución aclaratoria) dado que en ninguna parte de la Constitución Política se establece que la finalidad constitucional de los aranceles es favorecer la producción nacional o proteger la industria nacional, menos controlar precios. Esa es una aberración que incluso colisiona contra el espíritu de la economía social de mercado. Si fuese ese el espíritu de la carta política estaríamos dentro del proteccionismo “puro y duro” y contra otros principios económicos que la propia Constitución reconoce. Por extensión, todo sector económico que se sienta afectado por una rebaja de aranceles, podría solicitar la protección arancelaria correspondiente en vista que la medida atentaría contra “la industria nacional”.
NORMAS AUTOAPLICATIVAS Y NORMAS HETEROAPLICATIVAS
El voto singular del magistrado César Landa merece atención. Comienza diferenciando entre las normas autoaplicativas y las normas heteroaplicativas.
El amparo contra normas es siempre bastante discutible, pero existe una excepción y es con las normas autoaplicativas, es decir aquellas de ejecución inmediata, mientras que sobre las heteroaplicativas no procede el amparo dado que requieren actos adicionales para su cumplimiento:
“Por tal razón, el amparo está impedido de analizar en abstracto normas de carácter general, siendo improcedente prima facie el denominado ‘amparo contra normas’, premisa, sin embargo, que sólo tiene validez en caso de normas denominadas heteroaplicativas, es decir, aquéllas que requieren de actos de ejecución intermedios para que recién pueda producirse un agravio, de donde se colige que “(...) no es dependiente de su sola vigencia, sino de la verificación de un posterior evento, sin cuya existencia, la norma carecerá, indefectiblemente, de eficacia, esto es, de capacidad de subsumir, por sí misma, algún supuesto fáctico en su supuesto normativo”” (Fundamento 2 del voto singular, en negrita nuestro).
Y a continuación señala que:
“Un hecho basado en una norma importará la intervención del juez constitucional para poner coto a la acción viciada en su constitucionalidad, en dos casos específicos: cuando existan normas cuyo supuesto normativo en sí mismo genera una incidencia directa sobre la esfera subjetiva de los individuos y cuando existan normas que determinan que dicha incidencia se producirá como consecuencia de su aplicación obligatoria e incondicionada. “En tal sentido, sea por la amenaza cierta e inminente, o por la vulneración concreta a los derechos fundamentales que la entrada en vigencia que una norma autoaplicativa representa, la demanda de amparo interpuesta contra ésta deberá ser estimada, previo ejercicio del control difuso de constitucionalidad contra ella, y determinándose su consecuente inaplicación”” (Fundamento 3 del voto singular).
El primer requisito para interponer una acción de amparo contra normas es que estas sean autoaplicativas, y el segundo requisito que la incidencia de la norma en el agraviado debe ser en forma directa.
En el caso de autos, se trató de una norma que no tuvo incidencia directa sobre el demandante, en vista que él no es importador de cemento sino productor, por lo que la incidencia sería de manera indirecta, es decir por la importación que terceros realicen de cemento importado:
“…Nadie duda que la norma cuestionada en el amparo puede tener incidencia en derechos de la empresa demandante, pero ello no importa en sí misma que la mera dación del decreto supremo los esté afectando, como la jurisprudencia constitucional uniforme lo exige. La ‘relación directa’ de la demandante con la norma, en conclusión, es palmariamente inexistente...” (Extremo final de fundamento 5 del voto singular, en negrita nuestro)
En cuanto a la norma en si, ni siquiera sería autoaplicativa en vista que la supuesta afectación recién se produciría al momento de realizarse una importación por terceros; consiguientemente la vía adecuada en los procedimientos constitucionales no era el amparo sino la acción popular, al tratarse de un decreto supremo:
“…Mal haría este Colegiado en admitir en una demanda de amparo, lo que es propio de la acción popular. Este proceso “(...) procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen”. Una demanda de acción popular, entonces, es lo que correspondería en el caso de autos, y que no ha tomado en cuenta los votos en mayoría… En el caso, lo que en el fondo está buscándose es el análisis de constitucionalidad en abstracto de la norma incoada, por lo que tomando en cuenta el rango de un decreto supremo insisto en que, en todo caso, debió utilizarse la acción popular.” (Fundamento 7 del voto singular, en negrita y cursiva nuestro)
Y la aberración que cometió la mayoría del Tribunal Constitucional al admitir la acción de amparo queda contestada categóricamente:
“Sin embargo, plantear una demanda con el único propósito de inaplicar una norma, como sucede en el caso concreto, significaría reemplazar la acción popular -o en su caso, la inconstitucionalidad- por un proceso de tutela de derechos fundamentales -específicamente, el amparo-, sin que medie una pretensión particular para quien plantea la demanda, como sí se presentaban en las sentencias antes citadas que versaban sobre normas tributarias, en las cuales básicamente se cuestionaba el no-pago de un determinado tributo que lo afectaba. En el caso concreto, no habría tal pretensión principal. Sería como suplir la acción popular o la inconstitucionalidad (sobre todo, ésta que tiene especiales legitimados activos ad processum) por una especie de actio popularis para proteger un interés particular. Esto es prima facie inadmisible desde la teoría procesal constitucional”. (Ídem, Fundamento 10 del voto singular).
Y no menos aberrante fue la retroactividad que pretendió la mayoría del Tribunal Constitucional, “resucitando” la tasa derogada por el D.S. en cuestión:
“Así, al control difuso aplicado mediante el proceso de amparo se le estaría otorgando mayor amplitud que a un control abstracto de normas legales. Como bien lo señala el artículo 3º del Código Procesal Constitucional, y según fue explicado al inicio del presente voto, la sentencia que declara fundada la demanda debe disponer aparte del mandato directo, la inaplicabilidad de la citada norma, pero no faculta, ni lo podría haber hecho, la restitución de un determinado valor arancelario reservada su fijación por un decreto supremo, que es una norma general y abstracta, por lo que es inadmisible reconocer al control difuso efectos retroactivos, y menos aún que pueda recobrar vigencia el Decreto Supremo N.º 017-2007-EF, por cuanto es contrario a lo establecido en el artículo 103º de la Constitución”. (Ídem, Fundamento 27 del voto singular).
EL VERDADERO INTERÉS DE LA DEMANDANTE
Por el tenor de su demanda, podemos colegir que el verdadero interés de la demandante era más bien “contener” una posible “competencia desleal” del cemento importado libre de aranceles. Su acción de amparo fue algo así como una “guerra preventiva” frente al cemento (el giro de su negocio) foráneo.
Por la naturaleza del asunto, eminentemente técnico, que requería análisis y estudios económicos, la institución que debió abocarse al caso era INDECOPI y no los órganos jurisdiccionales, menos el TC. Debemos tener presente que la actora no aporta pruebas tangibles del “peligro” que significaría una eventual importación del cemento libre de aranceles, sino que se maneja en el plano de las especulaciones o en el mejor de los casos de un “peligro eventual”.
EN CONCLUSIÓN:
1. La demandante jamás acreditó el daño causado en su esfera patrimonial por la rebaja arancelaria, requisito indispensable para una acción de amparo.
2. No es finalidad constitucional el proteger la industria o la producción nacional, menos controlar precios, como sostuvo erróneamente el argumento en mayoría del Tribunal Constitucional.
3. Con ese mismo criterio cualquier empresa “nacional” podría argumentar perjuicio si se rebajan los aranceles para que ingresen bienes importados o desconocer tratados de comercio que limitan los gravámenes por importación con el socorrido argumento de la “protección a la industria nacional”, desconociendo los derechos que tiene el consumidor de elegir entre distintos productos, importados o nacionales, de acuerdo al precio y calidad.
4. Tampoco cabía “resucitar” una norma derogada (la restitución de los derechos arancelarios al cemento importado) por medio de una acción constitucional, como fue en el caso de la sentencia expedida por el TC, lo cual no se encuentra dentro de las facultades del órgano constitucional.
5. En el mejor de los casos, la vía más idónea dentro de los procesos constitucionales no era el amparo, dado que no se trataba de una norma autoaplicativa (de ejecución inmediata), sino heteroaplicativa, que requiere actos intermedios u otra norma para su ejecución. En el presente caso era necesario que se produzca por un tercero la importación de cemento y que la accionante pruebe previamente el daño causado, por lo que la demanda debió declararse improcedente.
6. En el caso específico de Cementos Lima, por los argumentos que expone la misma demandante, estábamos más ante un caso de competencia desleal que de acción constitucional propiamente, por lo que no cabía una acción ante el órgano jurisdiccional sino ante el órgano administrativo (concretamente INDECOPI), capacitado técnicamente mucho mejor para examinar casos concretos de productos importados subvaluados vía “dumping” o cuando existen casos de competencia desleal que afecten las actividades económicas.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Atendiendo a cómo se regula, esta puede adquirir dos formas: una desde el derecho positivo y otra a través de los órganos jurisdiccionales.
La primera –regulación a través del derecho positivo- es la más usual y en grado de jerarquía comprende desde la Constitución Política –principalmente el título sobre el régimen económico- pasando por los tratados suscritos por el estado, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, completando la base piramidal con una frondosa y variada cantidad de decretos supremos, resoluciones ministeriales y resoluciones administrativas. Esta regulación es amplia y compleja, muchas veces contradictoria, y en gran parte comprende lo que actualmente se conoce como derecho económico.
La segunda es más concreta, trata sobre la resolución de los conflictos particulares que servirán de precedente a futuros casos. Por su trascendencia, los más importantes son los que resuelve el Tribunal Constitucional y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Pero, no menos importante son los precedentes de los tribunales y salas de distintas instituciones públicas que, con el transcurso del tiempo, han recopilado una rica jurisprudencia. Un ejemplo claro y preciso es INDECOPI, institución señera en nuestro medio de regulaciones económicas.
Casi siempre las controversias por los fallos surgen cuando se trata de los órganos jurisdiccionales propiamente dichos, poco técnicos en materia económica, como son el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial. Existen fallos que son realmente polémicos, incluso de juzgados que admiten amparos que ordenan hacer o no hacer algo contra todo sentido razonable y del interés general como en el caso de los bingos y tragamonedas, o hasta hace muy poco con los automóviles usados que ingresaban mediante el abuso de las acciones de amparo, causando perjuicio no solo al estado sino a los propios ciudadanos, y una justificada desconfianza por parte de la sociedad hacia los órganos que deben impartir justicia.
Por ello la regulación en materia económica es sumamente delicada y requiere “pinzas de cirujano” para ser tratada.
Un caso así fue el de Cementos Lima S.A.
LA ACCIÓN DE AMPARO Y LA FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO
Cementos Lima S.A. interpone acción de amparo contra el Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando se declare inaplicable el artículo 2º del D.S. Nº 158-2007-EF referente a la modificación de aranceles para cemento importado del 12% al 0%. La demandante argumenta que la rebaja de aranceles del 12% al 0% en el rubro cementos (objeto social de la empresa) vulnera sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley, a la libertad de empresa y a participar en la vida económica de la Nación.
Los sustentos jurídicos sobre la igualdad ante la ley se refieren a que arbitrariamente el ejecutivo ha establecido un trato diferenciado que genera la contracción de la demanda del cemento producido en el país (al estar el importado libre de aranceles). Acerca de la libertad de empresa señala que no la estimula y maximiza, siendo la rentabilidad de la empresa más baja, afectándose así la libre competencia. Sobre la desigualdad en el trato indica que existe una discriminación con relación a otras subpartidas nacionales que sí se encuentran gravadas, provocando una injustificada dispersión arancelaria.
En primera instancia declaran improcedente la demanda, por considerar que el proceso de acción popular es la vía procesal más idónea. En segunda instancia confirman la resolución apelada, por lo que vía recurso extraordinario llega al Tribunal Constitucional.
EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
De todos los sustentos jurídicos, el Tribunal Constitucional solo recoge el de la contravención a la igualdad ante la ley, “porque está generando un tratamiento desigual entre la inversión nacional y la extranjera” (Por dicha razón, este Tribunal considera que la modificación de 12% a 0% de las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales referidas contraviene el derecho a la igualdad, porque está generando un tratamiento desigual entre la inversión nacional y la extranjera. Considerando 26, párrafo final, en cursiva y negrita nuestro).
El Tribunal resuelve declarar fundada la demanda, inaplicar a la demandante el art. 2º del D.S. Nº 158-2007-EF, ordenar a la SUNAT no aplique la norma en cuestión y reponga las cosas al estado anterior a la “violación constitucional”, reponiendo las tasas que fueron derogadas.
ANÁLISIS DEL FALLO
El Tribunal sostiene que los aranceles tienen una doble finalidad: una primera de carácter impositivo que busca generar ingresos para contribuir con el gasto público, y una segunda que es la de regular el comercio exterior:
“Por ello, resulta válido afirmar que los aranceles tienen como finalidad constitucional favorecer la producción nacional, promover la estabilidad económica a través del aumento o disminución, la reducción o ampliación de las importaciones que pueden afectar el nivel general de precios y los movimientos de la oferta y la demanda nacional, estimular el crecimiento económico, proteger la industria nacional, promover la inversión nacional, controlar los precios, defender a los consumidores e incentivar la competitividad de los productos nacionales”. (Extremo final del fundamento 20, en cursiva, subrayado y negrita nuestro).
Evidentemente el TC cometió un grueso desliz (que lo obligó a emitir una posterior resolución aclaratoria) dado que en ninguna parte de la Constitución Política se establece que la finalidad constitucional de los aranceles es favorecer la producción nacional o proteger la industria nacional, menos controlar precios. Esa es una aberración que incluso colisiona contra el espíritu de la economía social de mercado. Si fuese ese el espíritu de la carta política estaríamos dentro del proteccionismo “puro y duro” y contra otros principios económicos que la propia Constitución reconoce. Por extensión, todo sector económico que se sienta afectado por una rebaja de aranceles, podría solicitar la protección arancelaria correspondiente en vista que la medida atentaría contra “la industria nacional”.
NORMAS AUTOAPLICATIVAS Y NORMAS HETEROAPLICATIVAS
El voto singular del magistrado César Landa merece atención. Comienza diferenciando entre las normas autoaplicativas y las normas heteroaplicativas.
El amparo contra normas es siempre bastante discutible, pero existe una excepción y es con las normas autoaplicativas, es decir aquellas de ejecución inmediata, mientras que sobre las heteroaplicativas no procede el amparo dado que requieren actos adicionales para su cumplimiento:
“Por tal razón, el amparo está impedido de analizar en abstracto normas de carácter general, siendo improcedente prima facie el denominado ‘amparo contra normas’, premisa, sin embargo, que sólo tiene validez en caso de normas denominadas heteroaplicativas, es decir, aquéllas que requieren de actos de ejecución intermedios para que recién pueda producirse un agravio, de donde se colige que “(...) no es dependiente de su sola vigencia, sino de la verificación de un posterior evento, sin cuya existencia, la norma carecerá, indefectiblemente, de eficacia, esto es, de capacidad de subsumir, por sí misma, algún supuesto fáctico en su supuesto normativo”” (Fundamento 2 del voto singular, en negrita nuestro).
Y a continuación señala que:
“Un hecho basado en una norma importará la intervención del juez constitucional para poner coto a la acción viciada en su constitucionalidad, en dos casos específicos: cuando existan normas cuyo supuesto normativo en sí mismo genera una incidencia directa sobre la esfera subjetiva de los individuos y cuando existan normas que determinan que dicha incidencia se producirá como consecuencia de su aplicación obligatoria e incondicionada. “En tal sentido, sea por la amenaza cierta e inminente, o por la vulneración concreta a los derechos fundamentales que la entrada en vigencia que una norma autoaplicativa representa, la demanda de amparo interpuesta contra ésta deberá ser estimada, previo ejercicio del control difuso de constitucionalidad contra ella, y determinándose su consecuente inaplicación”” (Fundamento 3 del voto singular).
El primer requisito para interponer una acción de amparo contra normas es que estas sean autoaplicativas, y el segundo requisito que la incidencia de la norma en el agraviado debe ser en forma directa.
En el caso de autos, se trató de una norma que no tuvo incidencia directa sobre el demandante, en vista que él no es importador de cemento sino productor, por lo que la incidencia sería de manera indirecta, es decir por la importación que terceros realicen de cemento importado:
“…Nadie duda que la norma cuestionada en el amparo puede tener incidencia en derechos de la empresa demandante, pero ello no importa en sí misma que la mera dación del decreto supremo los esté afectando, como la jurisprudencia constitucional uniforme lo exige. La ‘relación directa’ de la demandante con la norma, en conclusión, es palmariamente inexistente...” (Extremo final de fundamento 5 del voto singular, en negrita nuestro)
En cuanto a la norma en si, ni siquiera sería autoaplicativa en vista que la supuesta afectación recién se produciría al momento de realizarse una importación por terceros; consiguientemente la vía adecuada en los procedimientos constitucionales no era el amparo sino la acción popular, al tratarse de un decreto supremo:
“…Mal haría este Colegiado en admitir en una demanda de amparo, lo que es propio de la acción popular. Este proceso “(...) procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen”. Una demanda de acción popular, entonces, es lo que correspondería en el caso de autos, y que no ha tomado en cuenta los votos en mayoría… En el caso, lo que en el fondo está buscándose es el análisis de constitucionalidad en abstracto de la norma incoada, por lo que tomando en cuenta el rango de un decreto supremo insisto en que, en todo caso, debió utilizarse la acción popular.” (Fundamento 7 del voto singular, en negrita y cursiva nuestro)
Y la aberración que cometió la mayoría del Tribunal Constitucional al admitir la acción de amparo queda contestada categóricamente:
“Sin embargo, plantear una demanda con el único propósito de inaplicar una norma, como sucede en el caso concreto, significaría reemplazar la acción popular -o en su caso, la inconstitucionalidad- por un proceso de tutela de derechos fundamentales -específicamente, el amparo-, sin que medie una pretensión particular para quien plantea la demanda, como sí se presentaban en las sentencias antes citadas que versaban sobre normas tributarias, en las cuales básicamente se cuestionaba el no-pago de un determinado tributo que lo afectaba. En el caso concreto, no habría tal pretensión principal. Sería como suplir la acción popular o la inconstitucionalidad (sobre todo, ésta que tiene especiales legitimados activos ad processum) por una especie de actio popularis para proteger un interés particular. Esto es prima facie inadmisible desde la teoría procesal constitucional”. (Ídem, Fundamento 10 del voto singular).
Y no menos aberrante fue la retroactividad que pretendió la mayoría del Tribunal Constitucional, “resucitando” la tasa derogada por el D.S. en cuestión:
“Así, al control difuso aplicado mediante el proceso de amparo se le estaría otorgando mayor amplitud que a un control abstracto de normas legales. Como bien lo señala el artículo 3º del Código Procesal Constitucional, y según fue explicado al inicio del presente voto, la sentencia que declara fundada la demanda debe disponer aparte del mandato directo, la inaplicabilidad de la citada norma, pero no faculta, ni lo podría haber hecho, la restitución de un determinado valor arancelario reservada su fijación por un decreto supremo, que es una norma general y abstracta, por lo que es inadmisible reconocer al control difuso efectos retroactivos, y menos aún que pueda recobrar vigencia el Decreto Supremo N.º 017-2007-EF, por cuanto es contrario a lo establecido en el artículo 103º de la Constitución”. (Ídem, Fundamento 27 del voto singular).
EL VERDADERO INTERÉS DE LA DEMANDANTE
Por el tenor de su demanda, podemos colegir que el verdadero interés de la demandante era más bien “contener” una posible “competencia desleal” del cemento importado libre de aranceles. Su acción de amparo fue algo así como una “guerra preventiva” frente al cemento (el giro de su negocio) foráneo.
Por la naturaleza del asunto, eminentemente técnico, que requería análisis y estudios económicos, la institución que debió abocarse al caso era INDECOPI y no los órganos jurisdiccionales, menos el TC. Debemos tener presente que la actora no aporta pruebas tangibles del “peligro” que significaría una eventual importación del cemento libre de aranceles, sino que se maneja en el plano de las especulaciones o en el mejor de los casos de un “peligro eventual”.
EN CONCLUSIÓN:
1. La demandante jamás acreditó el daño causado en su esfera patrimonial por la rebaja arancelaria, requisito indispensable para una acción de amparo.
2. No es finalidad constitucional el proteger la industria o la producción nacional, menos controlar precios, como sostuvo erróneamente el argumento en mayoría del Tribunal Constitucional.
3. Con ese mismo criterio cualquier empresa “nacional” podría argumentar perjuicio si se rebajan los aranceles para que ingresen bienes importados o desconocer tratados de comercio que limitan los gravámenes por importación con el socorrido argumento de la “protección a la industria nacional”, desconociendo los derechos que tiene el consumidor de elegir entre distintos productos, importados o nacionales, de acuerdo al precio y calidad.
4. Tampoco cabía “resucitar” una norma derogada (la restitución de los derechos arancelarios al cemento importado) por medio de una acción constitucional, como fue en el caso de la sentencia expedida por el TC, lo cual no se encuentra dentro de las facultades del órgano constitucional.
5. En el mejor de los casos, la vía más idónea dentro de los procesos constitucionales no era el amparo, dado que no se trataba de una norma autoaplicativa (de ejecución inmediata), sino heteroaplicativa, que requiere actos intermedios u otra norma para su ejecución. En el presente caso era necesario que se produzca por un tercero la importación de cemento y que la accionante pruebe previamente el daño causado, por lo que la demanda debió declararse improcedente.
6. En el caso específico de Cementos Lima, por los argumentos que expone la misma demandante, estábamos más ante un caso de competencia desleal que de acción constitucional propiamente, por lo que no cabía una acción ante el órgano jurisdiccional sino ante el órgano administrativo (concretamente INDECOPI), capacitado técnicamente mucho mejor para examinar casos concretos de productos importados subvaluados vía “dumping” o cuando existen casos de competencia desleal que afecten las actividades económicas.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Tuesday, June 29, 2010
SAQUEADORES BIEN VESTIDOS
El artículo de Paul Krugman que sigue a continuación ilustra muy bien cómo funciona el “capitalismo de casino y timba” en que se ha convertido Wall Street y que fue causante directo de la crisis financiera del año 2008.
EJJ
SAQUEADORES BIEN VESTIDOS Paul Krugman
Recuerdo que en octubre pasado vi una caricatura de Mike Peters en la que un profesor le pide a un alumno que forme una oración con el verbo “sack” (que significa saquear, es decir, cometer pillaje) y el alumno responde, “Goldman Sachs”.
Es cierto, la semana pasada la Securities and Exchange Commission (SEC) acusó a los muchachos bien vestidos de Goldman Sachs de haber incurrido en lo que resultó ser un saqueo con saco y corbata.
Estoy usando el termino “saqueo” en el sentido definido por los economistas George Akerlof y paul Romer en un articulo de 1993 titulado “Saqueo: el submundo económico de entrar en bancarrota para ganar dinero”. Ese articulo, escrito en las postrimerías de la crisis de ahorros y prestamos de los años Reagan, argumentó que muchas de las perdidas de dicha crisis fueron el resultado de fraudes deliberados.
Rol del fraude
¿Ocurrió lo mismo con la actual crisis financiera?
La mayor parte de la discusión en torno al rol del fraude en esta crisis se ha enfocado en dos formas de engaño: el crédito predatorio y las fallas en la representación de los riesgos. Claramente, algunos deudores fueron convencidos de tomar prestamos complejos y caros cuyos términos y condiciones no comprendían –un proceso que fue facilitado por los reguladores federales de la era Bush, quienes fracasaron en detener el crédito abusivo y en evitar que los estados tomen acciones por su cuenta. Y en su mayoría, los bancos que otorgaron las hipotecas subprime no mantuvieron esas acreencias sino que las vendieron a inversionistas, en algunos casos sabiendo que el potencial de perdidas futuras era superior de que lo que pensaba la gente que las adquirió (o los valores que las respaldaban).
Lo que estamos presenciando ahora son acusaciones de una tercera forma de fraude. Ya sabemos que Goldman Sachs y otras compañías mercadearon las hipotecas respaldadas por valores negociables incluso buscando hacer ganancias al dejar que las cotizaciones de tales valores se desplomasen. No obstante y pese a que esta practica era reprensible, no era ilegal. Pero ahora la SEC está acusando a Goldman Sachs de haber creado y mercadeado valores que deliberadamente fueron diseñados para fracasar de modo tal que algún cliente importante pudiera hacer dinero con esas operaciones. Yo llamaría a eso saqueo.
Y Goldman Sachs no es la única entidad financiera acusada de hacerlo. De acuerdo con el sitio web de periodismo de investigación Prepublica, ganador del premio Pulitzer, un número de bancos ayudaron a mercadear esas inversiones diseñadas para fracasar a nombre del fondo de inversión Magnetar, el cual estaba apostando a que dichas caídas sucedieran.
Entonces, ¿Qué rol jugó el fraude en la crisis financiera? Ni el crédito predatorio ni la venta de hipotecas la causaron. Pero de hecho la empeoraron puesto que ayudaron a inflar la burbuja inmobiliaria y crearon un conjunto de activos que se convirtieron en desperdicios tóxicos cuando la burbuja estalló.
Inversiones para fracasar
En cuanto a la presunta creación de inversiones diseñadas para fracasar, estas deben haber magnificado las perdidas de los bancos que estaban en el lado acreedor de estas operaciones, profundizando la crisis bancaria, que luego transformó la burbuja inmobiliaria en una catástrofe económica.
La pregunta es obvia es saber si una reforma financiera, del tipo que actualmente esta siendo considerada en el Congreso estadounidense, hubiera evitado algo o todo el fraude que parece haber florecido durante la década pasada. Y la respuesta es afirmativa.
En primer lugar, un buró independiente para la protección al consumidor pudo haber ayudado a limitar el crédito predatorio. Otra provisión en el proyecto de ley del Senado, que obliga a los prestadores a retener el 5% del valor de los préstamos que otorgan, hubiese limitado la práctica de otorgar préstamos malos y venderlos rápidamente a inversionistas desprevenidos.
Con respecto a la reforma de los instrumentos derivados –que en general incluye la exigencia de que los swaps sobre créditos vencidos sean negociados de forma abierta y transparente, tal como ocurre con las acciones y los bonos- es menor claro que hubiera evitado los presuntos abusos de Goldman Sachs (aunque probablemente hubiese evitado que la aseguradora AIG se descontrolase y requiriese del rescate del Gobierno). Lo que se puede señalar es que lo mejor hubiese sido que el borrador final de la reforma financiera incluyera medidas que evitasen este tipo de saqueo. En particular, debería bloquear la creación de los instrumentos llamados “CDO sintéticos”, que son una mezcla de swaps de créditos vencidos que permiten a los inversionistas apostar a grandes ganancias sobre activos sin que estos les pertenezcan.
La principal moraleja que se debería sacar de los cargos en contra del Goldman Sachs, empero, no incluye la “letra pequeña” de la reforma sino la urgente necesidad de cambiar Wall Street. Al escuchar a los lobbystas del sector financiero y a los políticos del partido Republicano que forman parte de su corrillo, uno pensaría que todo estará bien siempre y cuando el Gobierno prometa que no hará más rescates. Pero eso es completamente falso y no solo porque tal promesa no seria creíble.
“La semana pasada la Securities and Exchange Commission (SEC) acusó a los muchachos bien vestidos de Goldman Sachs de haber incurrido en lo que resultó ser un saqueo con saco y corbata”.
El hecho es que mucho del sistema financiero se ha convertido en un juego en el que un puñado de gente recibe sueldos esplendidos por engañar y explotar a consumidores e inversionistas. Y si no reducimos el boom de estas practicas, ese juego continuará.
Fuente: Diario Gestión (21/04/10)
EJJ
SAQUEADORES BIEN VESTIDOS Paul Krugman
Recuerdo que en octubre pasado vi una caricatura de Mike Peters en la que un profesor le pide a un alumno que forme una oración con el verbo “sack” (que significa saquear, es decir, cometer pillaje) y el alumno responde, “Goldman Sachs”.
Es cierto, la semana pasada la Securities and Exchange Commission (SEC) acusó a los muchachos bien vestidos de Goldman Sachs de haber incurrido en lo que resultó ser un saqueo con saco y corbata.
Estoy usando el termino “saqueo” en el sentido definido por los economistas George Akerlof y paul Romer en un articulo de 1993 titulado “Saqueo: el submundo económico de entrar en bancarrota para ganar dinero”. Ese articulo, escrito en las postrimerías de la crisis de ahorros y prestamos de los años Reagan, argumentó que muchas de las perdidas de dicha crisis fueron el resultado de fraudes deliberados.
Rol del fraude
¿Ocurrió lo mismo con la actual crisis financiera?
La mayor parte de la discusión en torno al rol del fraude en esta crisis se ha enfocado en dos formas de engaño: el crédito predatorio y las fallas en la representación de los riesgos. Claramente, algunos deudores fueron convencidos de tomar prestamos complejos y caros cuyos términos y condiciones no comprendían –un proceso que fue facilitado por los reguladores federales de la era Bush, quienes fracasaron en detener el crédito abusivo y en evitar que los estados tomen acciones por su cuenta. Y en su mayoría, los bancos que otorgaron las hipotecas subprime no mantuvieron esas acreencias sino que las vendieron a inversionistas, en algunos casos sabiendo que el potencial de perdidas futuras era superior de que lo que pensaba la gente que las adquirió (o los valores que las respaldaban).
Lo que estamos presenciando ahora son acusaciones de una tercera forma de fraude. Ya sabemos que Goldman Sachs y otras compañías mercadearon las hipotecas respaldadas por valores negociables incluso buscando hacer ganancias al dejar que las cotizaciones de tales valores se desplomasen. No obstante y pese a que esta practica era reprensible, no era ilegal. Pero ahora la SEC está acusando a Goldman Sachs de haber creado y mercadeado valores que deliberadamente fueron diseñados para fracasar de modo tal que algún cliente importante pudiera hacer dinero con esas operaciones. Yo llamaría a eso saqueo.
Y Goldman Sachs no es la única entidad financiera acusada de hacerlo. De acuerdo con el sitio web de periodismo de investigación Prepublica, ganador del premio Pulitzer, un número de bancos ayudaron a mercadear esas inversiones diseñadas para fracasar a nombre del fondo de inversión Magnetar, el cual estaba apostando a que dichas caídas sucedieran.
Entonces, ¿Qué rol jugó el fraude en la crisis financiera? Ni el crédito predatorio ni la venta de hipotecas la causaron. Pero de hecho la empeoraron puesto que ayudaron a inflar la burbuja inmobiliaria y crearon un conjunto de activos que se convirtieron en desperdicios tóxicos cuando la burbuja estalló.
Inversiones para fracasar
En cuanto a la presunta creación de inversiones diseñadas para fracasar, estas deben haber magnificado las perdidas de los bancos que estaban en el lado acreedor de estas operaciones, profundizando la crisis bancaria, que luego transformó la burbuja inmobiliaria en una catástrofe económica.
La pregunta es obvia es saber si una reforma financiera, del tipo que actualmente esta siendo considerada en el Congreso estadounidense, hubiera evitado algo o todo el fraude que parece haber florecido durante la década pasada. Y la respuesta es afirmativa.
En primer lugar, un buró independiente para la protección al consumidor pudo haber ayudado a limitar el crédito predatorio. Otra provisión en el proyecto de ley del Senado, que obliga a los prestadores a retener el 5% del valor de los préstamos que otorgan, hubiese limitado la práctica de otorgar préstamos malos y venderlos rápidamente a inversionistas desprevenidos.
Con respecto a la reforma de los instrumentos derivados –que en general incluye la exigencia de que los swaps sobre créditos vencidos sean negociados de forma abierta y transparente, tal como ocurre con las acciones y los bonos- es menor claro que hubiera evitado los presuntos abusos de Goldman Sachs (aunque probablemente hubiese evitado que la aseguradora AIG se descontrolase y requiriese del rescate del Gobierno). Lo que se puede señalar es que lo mejor hubiese sido que el borrador final de la reforma financiera incluyera medidas que evitasen este tipo de saqueo. En particular, debería bloquear la creación de los instrumentos llamados “CDO sintéticos”, que son una mezcla de swaps de créditos vencidos que permiten a los inversionistas apostar a grandes ganancias sobre activos sin que estos les pertenezcan.
La principal moraleja que se debería sacar de los cargos en contra del Goldman Sachs, empero, no incluye la “letra pequeña” de la reforma sino la urgente necesidad de cambiar Wall Street. Al escuchar a los lobbystas del sector financiero y a los políticos del partido Republicano que forman parte de su corrillo, uno pensaría que todo estará bien siempre y cuando el Gobierno prometa que no hará más rescates. Pero eso es completamente falso y no solo porque tal promesa no seria creíble.
“La semana pasada la Securities and Exchange Commission (SEC) acusó a los muchachos bien vestidos de Goldman Sachs de haber incurrido en lo que resultó ser un saqueo con saco y corbata”.
El hecho es que mucho del sistema financiero se ha convertido en un juego en el que un puñado de gente recibe sueldos esplendidos por engañar y explotar a consumidores e inversionistas. Y si no reducimos el boom de estas practicas, ese juego continuará.
Fuente: Diario Gestión (21/04/10)
Tuesday, June 22, 2010
LAS UNIVERSIDADES BASURA (Y LAS FACULTADES BASURA): A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE CERRAR LAS FACULTADES DE DERECHO
A raíz del descubrimiento de los vínculos políticos y judiciales de una conocida universidad que opera en todo el país, ha suscitado se cuestione en general a todas las universidades creadas recientemente, y en especial a las facultades de derecho, consideradas como “fábricas” de malos profesionales en la abogacía. Incluso un colega, jacobino por naturaleza, exhortó iracundo por ahí, cual arenga de guerra, “a parar las fábricas de derecho”, y hasta el presidente de la república terció en el debate proponiendo un proyecto de ley destinado a la no creación de más universidades hasta que las existentes sean debidamente acreditadas. Por otra parte circula entre los padres de la patria un proyecto para “prohibir” más facultades de derecho. Pero, ¿esa es la solución al problema?
Antes que nada debemos ver si la demanda de educación se encuentra cubierta por el total de oferta universitaria existente y, de ser positivo, si “prohibirse” la creación de más universidades y, por extensión, facultades de derecho sería lo más adecuado.
Veamos.
Para nadie es un secreto que la cantidad de universidades en el Perú obedece a la facilidad permitida por el decreto legislativo 882, posibilitando la creación indiscriminada de variopintos centros de enseñanza tanto en Lima como en distintas provincias. Pero el hoy satanizado decreto permitió en su momento aumentar la oferta educativa, rompiendo en su momento un “tabú”: el lucro perseguido por los promotores de centros educativos. Creer que antes de la dación del D.L. 882 los promotores actuaban altruistamente, buscando únicamente satisfacer el ansia de educación de miles de jóvenes que egresan de la secundaria, es no querer ver una realidad o, peor aún, tapar el sol con un dedo. La ley fue buena en su momento, pero no existieron los controles adecuados para que el estado regule la calidad educativa, sea de universidades públicas o privadas, “antiguas” o “modernas”. Se les dejó nacer y crecer sin que los organismos encargados de supervisar ese desarrollo cumplieran su función.
Naturalmente, “la mano invisible del mercado” no arregló las cosas y luego vinieron los problemas que hoy lamentamos.
También hay un detalle que escapa a los análisis efectuados y es más económico y social que legal: la creciente oferta de nuevas universidades nace de una demanda insatisfecha de jóvenes que no pueden acceder a las universidades “antiguas” o de “prestigio” sea por la lejanía de sus centros de enseñanza o por cuestión de costos y elitización de los ingresantes, segregando de esa manera a miles de estudiantes que terminan la secundaria y quieren acceder a la educación superior (término asociado a “universidad” y este a “prestigio” y “movilidad social”). De no existir esa demanda insatisfecha difícilmente tendríamos tantas universidades funcionando hoy en nuestro país, algunas precisamente en los conos de Lima, donde se gesta la nueva clase media.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿la prohibición de nuevas universidades o de facultades de derecho solucionará el problema? El sentido común me dice que no. De prohibirse nuevas universidades, las ya existentes tendrían un mercado cautivo y subirían sus precios frente a una creciente demanda insatisfecha (que las nacionales no podrían satisfacer por limitaciones en su capacidad operativa), siendo el remedio peor que la enfermedad. Quienes ganarían serían estas universidades y las autoridades que las administran. Se generaría una situación de “mercantilismo”, de “mercado cautivo”, donde el consumidor (el estudiante) no tendría mucho de donde escoger.
El asunto va más por la debida acreditación de las universidades, tanto “nuevas” como “antiguas”, así como de las facultades, incluyendo las de derecho. Es decir si cuentan con la infraestructura y adecuada plana docente para operar. Para ello no se necesita una nueva ley, ya que existe la misma, sino voluntad política de los obligados a llevar a cabo la acreditación. Y acá viene el problema. La institución que debería acreditar depende de la Asamblea Nacional de Rectores, vale decir depende de las mismas universidades que deberían ser fiscalizadas, convirtiéndose el órgano encargado en juez y parte. Por eso “la desidia” en llevar a cabo el control de calidad, muchas de las universidades existentes quedarían mal paradas. Ninguna universidad peruana está entre las cien mejores del mundo, ni la decana de América ni la misma PUCP, esta última pese al nivel académico que posee; y, valgan verdades aunque duelan, ningún profesor de ninguna universidad “antigua” o de “prestigio” se ha destacado por publicaciones que vayan más allá de sus recintos académicos, menos por tener algún aporte nuevo a la ciencia y tecnología. Así estamos.
Por otra parte, se debería ser más riguroso en la admisión de alumnos, en la selectividad de los ingresantes. Generalmente en las universidades privadas por cuestiones de lucro ingresan “casi todos”, lo que origina que muchos alumnos no se encuentren preparados emocional, sicológica, mental o racionalmente para seguir una determinada carrera profesional. Como dice el viejo dicho “lo que natura no da, Salamanca no lo presta”. Esto trae también problemas en la enseñanza, por el “apiñamiento” en una sola aula de setenta u ochenta alumnos de dispar capacidad (aunque en las universidades nacionales, al revés de las privadas, el “apiñamiento” obedece a cuestiones de presupuesto), lo cual es antipedagógico desde cualquier punto de vista.
También debería existir información más trasparente de las universidades, no solo de los costos de enseñanza, sino de su propia calidad intrínseca: plana docente, infraestructura, malla curricular, forma de obtener el título profesional (en algunas solo “se pasa por caja” para obtener el título) y, por supuesto, metodología de enseñanza y laboratorios. Trasparencia e información para que el estudiante pueda tomar una decisión más razonable.
Dentro de la práctica profesional he podido conocer a abogados muy buenos que procedían de universidades “humildes”, sin mucho relumbrón, y abogados mediocres de universidades de “prestigio”, cumpliéndose el viejo refrán que dice “el hábito no hace al monje”. Ya no hablemos de la calidad ética del profesional, la integridad moral que debe tener, algo que interesadamente o no se olvida en este debate.
En el caso particular de derecho, la calidad educativa también se vería contrastada con un examen tipo para todos los que quieran optar por la titulación o la colegiatura. Allí se vería quiénes son buenos. Y debería, de paso, eliminarse el bachillerato, etapa actualmente inútil en todo sentido. Claro está que este examen lo debería tomar alguna institución neutral, libre de cualquier interés (y no pienso ni siquiera en mi colegio profesional, el Colegio de Abogados de Lima, que muchas veces exhibe la tentación del más puro mercantilismo).
Asimismo, los propios profesionales del derecho deberían someterse a evaluaciones periódicas para ver como andan en derecho (o si están medio torcidos), aparte que cada colegio profesional debería publicar en su página web el currículo del agremiado, medida que daría transparencia de las bondades o defectos del letrado que se contrata y no pasar gato por liebre como sucede actualmente.
Lo sensato sería que el órgano encargado de la acreditación no dependa de las propias universidades, sino sea un órgano autónomo y privado de preferencia a fin de evitar las interferencias políticas. Siendo estrictos en la creación de nuevas universidades, acreditando en regla a las ya existentes, con información trasparente y seleccionando mejor a los ingresantes, permitirá que mejore la calidad educativa y evitaremos presenciar casos como universidades operando en un garaje, profesores con títulos de dudosa procedencia o alumnos que a mitad de carrera no distinguen términos tan simples como demanda y reconvención. ¿Se hará ese cambio?
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
Antes que nada debemos ver si la demanda de educación se encuentra cubierta por el total de oferta universitaria existente y, de ser positivo, si “prohibirse” la creación de más universidades y, por extensión, facultades de derecho sería lo más adecuado.
Veamos.
Para nadie es un secreto que la cantidad de universidades en el Perú obedece a la facilidad permitida por el decreto legislativo 882, posibilitando la creación indiscriminada de variopintos centros de enseñanza tanto en Lima como en distintas provincias. Pero el hoy satanizado decreto permitió en su momento aumentar la oferta educativa, rompiendo en su momento un “tabú”: el lucro perseguido por los promotores de centros educativos. Creer que antes de la dación del D.L. 882 los promotores actuaban altruistamente, buscando únicamente satisfacer el ansia de educación de miles de jóvenes que egresan de la secundaria, es no querer ver una realidad o, peor aún, tapar el sol con un dedo. La ley fue buena en su momento, pero no existieron los controles adecuados para que el estado regule la calidad educativa, sea de universidades públicas o privadas, “antiguas” o “modernas”. Se les dejó nacer y crecer sin que los organismos encargados de supervisar ese desarrollo cumplieran su función.
Naturalmente, “la mano invisible del mercado” no arregló las cosas y luego vinieron los problemas que hoy lamentamos.
También hay un detalle que escapa a los análisis efectuados y es más económico y social que legal: la creciente oferta de nuevas universidades nace de una demanda insatisfecha de jóvenes que no pueden acceder a las universidades “antiguas” o de “prestigio” sea por la lejanía de sus centros de enseñanza o por cuestión de costos y elitización de los ingresantes, segregando de esa manera a miles de estudiantes que terminan la secundaria y quieren acceder a la educación superior (término asociado a “universidad” y este a “prestigio” y “movilidad social”). De no existir esa demanda insatisfecha difícilmente tendríamos tantas universidades funcionando hoy en nuestro país, algunas precisamente en los conos de Lima, donde se gesta la nueva clase media.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿la prohibición de nuevas universidades o de facultades de derecho solucionará el problema? El sentido común me dice que no. De prohibirse nuevas universidades, las ya existentes tendrían un mercado cautivo y subirían sus precios frente a una creciente demanda insatisfecha (que las nacionales no podrían satisfacer por limitaciones en su capacidad operativa), siendo el remedio peor que la enfermedad. Quienes ganarían serían estas universidades y las autoridades que las administran. Se generaría una situación de “mercantilismo”, de “mercado cautivo”, donde el consumidor (el estudiante) no tendría mucho de donde escoger.
El asunto va más por la debida acreditación de las universidades, tanto “nuevas” como “antiguas”, así como de las facultades, incluyendo las de derecho. Es decir si cuentan con la infraestructura y adecuada plana docente para operar. Para ello no se necesita una nueva ley, ya que existe la misma, sino voluntad política de los obligados a llevar a cabo la acreditación. Y acá viene el problema. La institución que debería acreditar depende de la Asamblea Nacional de Rectores, vale decir depende de las mismas universidades que deberían ser fiscalizadas, convirtiéndose el órgano encargado en juez y parte. Por eso “la desidia” en llevar a cabo el control de calidad, muchas de las universidades existentes quedarían mal paradas. Ninguna universidad peruana está entre las cien mejores del mundo, ni la decana de América ni la misma PUCP, esta última pese al nivel académico que posee; y, valgan verdades aunque duelan, ningún profesor de ninguna universidad “antigua” o de “prestigio” se ha destacado por publicaciones que vayan más allá de sus recintos académicos, menos por tener algún aporte nuevo a la ciencia y tecnología. Así estamos.
Por otra parte, se debería ser más riguroso en la admisión de alumnos, en la selectividad de los ingresantes. Generalmente en las universidades privadas por cuestiones de lucro ingresan “casi todos”, lo que origina que muchos alumnos no se encuentren preparados emocional, sicológica, mental o racionalmente para seguir una determinada carrera profesional. Como dice el viejo dicho “lo que natura no da, Salamanca no lo presta”. Esto trae también problemas en la enseñanza, por el “apiñamiento” en una sola aula de setenta u ochenta alumnos de dispar capacidad (aunque en las universidades nacionales, al revés de las privadas, el “apiñamiento” obedece a cuestiones de presupuesto), lo cual es antipedagógico desde cualquier punto de vista.
También debería existir información más trasparente de las universidades, no solo de los costos de enseñanza, sino de su propia calidad intrínseca: plana docente, infraestructura, malla curricular, forma de obtener el título profesional (en algunas solo “se pasa por caja” para obtener el título) y, por supuesto, metodología de enseñanza y laboratorios. Trasparencia e información para que el estudiante pueda tomar una decisión más razonable.
Dentro de la práctica profesional he podido conocer a abogados muy buenos que procedían de universidades “humildes”, sin mucho relumbrón, y abogados mediocres de universidades de “prestigio”, cumpliéndose el viejo refrán que dice “el hábito no hace al monje”. Ya no hablemos de la calidad ética del profesional, la integridad moral que debe tener, algo que interesadamente o no se olvida en este debate.
En el caso particular de derecho, la calidad educativa también se vería contrastada con un examen tipo para todos los que quieran optar por la titulación o la colegiatura. Allí se vería quiénes son buenos. Y debería, de paso, eliminarse el bachillerato, etapa actualmente inútil en todo sentido. Claro está que este examen lo debería tomar alguna institución neutral, libre de cualquier interés (y no pienso ni siquiera en mi colegio profesional, el Colegio de Abogados de Lima, que muchas veces exhibe la tentación del más puro mercantilismo).
Asimismo, los propios profesionales del derecho deberían someterse a evaluaciones periódicas para ver como andan en derecho (o si están medio torcidos), aparte que cada colegio profesional debería publicar en su página web el currículo del agremiado, medida que daría transparencia de las bondades o defectos del letrado que se contrata y no pasar gato por liebre como sucede actualmente.
Lo sensato sería que el órgano encargado de la acreditación no dependa de las propias universidades, sino sea un órgano autónomo y privado de preferencia a fin de evitar las interferencias políticas. Siendo estrictos en la creación de nuevas universidades, acreditando en regla a las ya existentes, con información trasparente y seleccionando mejor a los ingresantes, permitirá que mejore la calidad educativa y evitaremos presenciar casos como universidades operando en un garaje, profesores con títulos de dudosa procedencia o alumnos que a mitad de carrera no distinguen términos tan simples como demanda y reconvención. ¿Se hará ese cambio?
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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