Más allá de las imágenes que vimos el jueves
por la tarde y el sábado, cuando fue acordonado el ex mercado mayorista La Parada , el asunto tiene
distintas aristas desde donde puede ser enfocado: sociológico, político,
jurídico-legal o administrativo.
Sentimentalmente podemos decir que los lumpen
contratados por los comerciantes como “fuerza de choque” son la expresión de
una sociedad injusta que no les otorgó las oportunidades debidas a esos jóvenes
u hombres que murieron baleados (y que probablemente le cuesten al estado un
juicio promovida por alguna ONG de derechos humanos); en lo político podemos
decir que al final de cuentas y en medio de la revocatoria aprobada fue “un
triunfo” de la alcaldesa de Lima que se atrevió a lo que otros burgomaestres no
se atrevieron jamás, con el consiguiente costo político. Quizás algo de razón
hay en eso. Jurídicamente añadiríamos que el estado ha hecho uso del monopolio
de la violencia a fin de imponer el principio de autoridad y el respeto a la
ley.
Sobre eso último quisiéramos reflexionar
brevemente: en toda sociedad organizada el principio de autoridad y respeto a
la ley es parte importante del “contrato social” para vivir en comunidad: nadie
puede hacer lo que quiere, sino bajo ciertos parámetros, y esos parámetros se
encuentran en enunciados abstractos y genéricos que se denominan “ley”. Si no
se respetan existe una sanción.
Sobre la sanción podemos acotar que no se
trata solo de “hacer pagar al culpable”, sino que el hecho sancionado sirva de
ejemplo para otros casos. Si el acto trasgresor es sancionado adecuadamente
(con todas las garantías de un debido proceso) servirá de ejemplo para que
otros no repitan el mismo acto a sabiendas de lo que les va a suceder (lo cual conlleva
naturalmente a que la sanción contenga penas severas).
La reubicación de la Parada , imponiendo el
principio de autoridad y el respeto a la ley, fue la excepción a la regla en
nuestro agitado clima social; en vista que por lo general las acciones
vandálicas como “tomas de carreteras”, quemas de edificios públicos o privados
y la pérdida de vidas humanas y patrimonio, quedan impunes. Casi nunca se
sanciona a los trasgresores, lo que motiva copiar conductas delincuenciales a
sabiendas que no habrá sanción efectiva posterior. Ironías de la vida, “el
principio de autoridad” lo tuvo que imponer un grupo político de izquierda
-Fuerza social-, más bien proclives al no uso de la fuerza contra sectores
populares.
De repente por tratarse de la capital y de un
hecho tan notorio (y que circuló por todo el mundo) esta vez el estado ha
querido hacer respetar el principio de autoridad y el respeto a la ley. Es un
buen paso, pero como dice el dicho “una golondrina no hace el verano”. Para que
el efecto se replique y se consolide en el tiempo, de ahora en adelante todo
acto perturbatorio del orden público y la paz social debería exigir la mayor
firmeza del estado, por más que el hecho se produzca en una provincia olvidada
del Perú. Todos sabemos que ello no va a suceder. En principio, habría que
hacer muchos cambios, como “empoderar” al policía de la calle, lo que
obviamente pasa por una reforma profunda del Ministerio del Interior y las
fuerzas policiales; así como los políticos arriesgarse al costo de ciertas
medidas impopulares, y algunos “bien pensantes” desterrar de su léxico,
ideología y forma de ser esa visión sensiblera y oportunista de los problemas
sociales.
Una
golondrina no hace el verano.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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