Los países y gobiernos democráticos no se caracterizan por el solo hecho de sus declaraciones, sino por la solidez de sus instituciones y el respeto de los demás poderes a estas.
El fallo de la Corte Suprema colombiana declarando que es inviable la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe señala un precedente en la región, donde más bien los intentos reeleccionistas son moneda corriente, tendencia que –debemos reconocerlo- inició en los años noventa el presidente Fujimori.
Precisamente, a diferencia del gobierno fujimorista, cuando el Tribunal Constitucional peruano declaró la ilegalidad de la manifiesta segunda reelección, saltándose a la garrocha a la propia Carta Política, el gobierno de Alberto Fujimori reaccionó en forma prepotente y autoritaria, hasta con la propia destitución de los probos magistrados; en cambio, en Colombia, el presidente Uribe acató el fallo de la Corte Suprema, sentando un ejemplo de respeto por parte del Ejecutivo a los otros poderes del estado, en especial al judicial, considerado comúnmente por los presidentes latinoamericanos como “el servicio doméstico” de palacio de gobierno.
El gesto del presidente Uribe es importante, dado que se trata de las formas democráticas y el necesario contrapeso de poderes y por más que en algunos aspectos sea cuestionable su gestión, sobretodo en materia de derechos humanos, su acatamiento del fallo judicial en medio de vecinos que practican los presidencialismos plebiscitarios y que han avasallado a los demás poderes y derechos esenciales como el de la libertad de expresión, es un precedente de lo que significa madurez cívica y política. Uribe es uno de los presidentes que deja el poder con uno de los índices más altos de aprobación y con posibilidades de volver a tentar la presidencia pasado un período de gobierno.
Como dice el adagio latino Contra facta non argumenta. Contra los hechos no vale ningún argumento.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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