La consulta en Ecuador el pasado 7 de Mayo trae a colación de nuevo una institución de la democracia directa: el referendo o consulta al ciudadano sobre uno o varios aspectos jurídico-políticos.
¿Es malo el referendo en si?
Creo que con la institución del referendo sucede lo mismo que con una institución de la constitución económica de nuestro país, como son los contratos ley: se tiende a satanizar a la institución confundiéndola con el uso que se le conceda.
El referendo permite consultar directamente al ciudadano sobre ciertos aspectos puntuales. Su utilización requiere preguntas claras y concisas, de preferencia una o muy pocas. Por ejemplo, se le podría consultar directamente al ciudadano sobre temas controversiales como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la legalización absoluta del aborto. Solo por citar dos temas que son polémicos.
Es bueno, en el sentido que recoge el “sentir del pueblo” a fin de “traducirlo” en una norma jurídica, sin necesidad de pasar por los intermediarios usuales como son los políticos, los “expertos en el tema” o los representantes de los “poderes fácticos”, uno de ellos, el jefe local de la iglesia católica.
De allí que muchos estudiosos de la política hayan insistido en incorporar instituciones de democracia directa como el referendo en los sistemas políticos, lo cual es positivo.
Pero, hay dos cosas que pueden “opacar” la institución. El primero que el referendo, simple consulta, se trasforme en aprobación o desaprobación del gobierno o del jefe de estado. Puede suceder, sea porque el propio jefe de estado así lo propicia un tanto para ganar legitimidad (“aprueban mi consulta o renuncio”), o porque la propia oposición así lo plantea (“vote contra el gobierno”); convirtiéndose consecuentemente el referendo en un “sí” o un “no”, a favor o en contra del gobierno de turno.
El segundo problema es el abuso del referendo o la distorsión del mismo. Es decir el uso para otros fines o para encubrir, bajo un velo de simple consulta, mecanismos que pondrían en riesgo libertades democráticas. Es lo que sucede sobretodo en las “democracias autoritarias”.
Y es lo que al parecer habría sucedido en Ecuador. Bajo una serie de preguntas, algunas “políticamente correctas”, como prohibir el sacrificio público de animales, se habrían enmascarado otras que pondrían en riesgo las libertades de información y expresión. Preguntas complejas, medio difíciles de responder, que el ciudadano resuelve simplificando como una aprobación o desaprobación al gobierno. (Preliminarmente parece que no le ha ido del todo bien al presidente Correa en su consulta ciudadana).
En consecuencia el referendo ecuatoriano habría adolecido de dos graves vicios: el primero la excesiva cantidad de preguntas para una consulta y el otro la complejidad de muchas de estas. Ambos vicios atentan contra una transparencia y simplicidad que debe tener la propia institución, convirtiéndose así en un mecanismo de utilización política.
Una característica de los “gobiernos plebiscitarios” es el sometimiento constante a “consultas populares”, sobretodo en coyunturas que les son propicias, a fin de ganar más poder y arrinconar a los opositores (sean políticos, periodistas o intelectuales: las tres clases de especimenes que ningún gobierno autoritario soporta), cosa que de esa manera ganan legitimidad en vista que “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Nosotros, los peruanos, ya lo sufrimos en carne propia en los años noventa. (Y dependiendo como nos vaya en la segunda vuelta del 5 de Junio, tenemos un candidato que, al parecer, sería bastante proclive a usarlo).
No es la institución del referendo lo que está mal, sino su uso.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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