Por: Eduardo Jiménez J.
@ejj2107
Vamos a dar un acercamiento
más sociológico al tema de la protesta por el peaje en Puente Piedra.
La actitud inicial de las
“autoridades políticas” fue bastante deplorable. Desde el Alcalde de Lima que
declaraba que no podía hacer nada sobre el peaje impuesto (“tengo las manos
atadas”), pasando por el Ministro del Interior, que ligeramente calificó de
“senderistas” a los que protestaban en contra del cobro. A lo que habría que
sumar la comparsa de ciertos medios y “opinólogos” que trataban que las cosas
se mantengan en el statu quo previo a la protesta y “dejen todo en manos de sus
autoridades”, sin contar algunos abogados que se rasgaban las vestiduras por la
“santidad de los contratos”.
Los “actores políticos”, con
sus declaraciones y hechos, traslucían un deseo de mantener las cosas como
están y considerar a los protestantes como ciudadados de segunda clase,
“vándalos” en el sentido más venial y “senderistas” en el peor de los casos (en
Perú el calificativo de “senderista” o “terrorista” estigmatiza y descalifica
al adversario). En paralelo, los que abogaban por dejar “las cosas como están”
hacían juego con Odebrecht y asociados –concesionarios del peaje- que
representan a los que están arriba en la pirámide social, “a los de cuello blanco
y corbata”.
Por eso, el discurso inicial
de los actores políticos era doblemente reaccionario: por encubridor de la
situación de inequidad que representaba el peaje y por favorecer los intereses
económicos de una empresa altamente cuestionada. La pregunta obvia es si
habrían mantenido ese mismo discurso si los vecinos indignados fuesen
residentes de San Isidro o La Molina.
Lo de Puente Piedra, como
muchos de los conflictos sociales en el Perú, es crónica de una violencia
anunciada. Algo que se viene venir pero no se hace nada para solucionarlo. En
el caso de los peajes ya se arrastraba de meses atrás, cuando fue la
construcción de las casetas, solo que nadie, absolutamente nadie del estado,
hizo nada. Nadie tomó la iniciativa de revisar los contratos claramente lesivos
al interés de las mayorías, de inferir si la concesionaria Rutas de Lima había cumplido previamente con las obligaciones
pactadas o si técnicamente era viable colocar en una zona residencial un peaje
(hasta donde tengo entendido los peajes no se pueden colocar “en cualquier
lugar”). Y ya no hablemos de una nulidad del contrato y todas sus adendas por
la presunta corrupción que tendría en su origen, lo cual explica también la
displicencia con que las autoridades políticas tomaron inicialmente el asunto.
En una sociedad en democracia,
donde las instituciones funcionan y se escuchan las demandas del ciudadano, los
problemas sí se pueden resolver pacíficamente; pero, cuando las autoridades son
indolentes o solo escuchan a una de las partes y desoyen a la otra, la parte
afectada no tiene más camino que la violencia como forma de protesta. Es lo que
sucedió en Puente Piedra. Para algunas autoridades políticas la gente de allá
solo son “pobladores” no ciudadanos, prefiriendo atender las exigencias de los
que están en la cúspide de la pirámide en detrimento de unos ciudadanos
considerados de segunda.
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