Entre los docentes de cualquier nivel existe una regla según la cual si salen desaprobados unos cuantos alumnos la responsabilidad es enteramente del propio educando, a su dejadez, falta de atención, de esmero en sus deberes escolares, etc; pero si salen desaprobados casi todos los alumnos de un profesor, la culpa es del docente, algo pasa que “no llega” al alumno.
La regla se basa en las probabilidades. Es casi improbable que a un profesor le toque un aula con alumnos enteramente deficientes, con escaso nivel de retención y poco proclives a esforzarse en los estudios; entonces la responsabilidad es del docente, del método que está empleando o de la forma para comunicarse con el educando. Igual se puede decir cuando en una prueba el nivel de desaprobados es total o casi total. Algo pasa con la forma en que está evaluando al educando.
Justamente, cuando me inicie en estas lides de la docencia, al poco de obtener mi título de abogado, un headhunter me reclutó como capacitador para la formación de los futuros vendedores de las AFP’s. El sistema privado de pensiones estaba comenzando a implementarse en nuestro país pese a las resistencias que existían por aquellos años –inicios de los noventa-. Quien escribe tenía a su cargo la capacitación legal de la fuerza de ventas de una conocida AFP que debía convencer al trabajador a trasladarse al sistema privado. Me llamó la atención que ese Ingeniero Industrial metido a reclutador de personal me convocase (me había presentado a una clase modelo, dejando mi currículo sin muchas esperanzas) debido a que mi experiencia docente en aquella época era casi nula -y no ingresé por tarjeta o recomendación-, así que un día, aprovechando un encuentro informal le pregunté para salir de la duda porqué me había escogido. “Tienes llegada al alumno. Y a veces más importa la llegada al alumno que poseer un océano de conocimientos y no poderlos trasmitir. De qué sirve un profesor así, por más diplomas y pergaminos que pueda tener”. Esa fue su respuesta concluyente y la razón que haya persistido tantos años en una actividad que me gusta, que la he ejercido en lugares tan disímiles –algunas veces ad honorem y “por amor al arte”- y que he observado es difícil de percibir desde fuera cuando se trata de considerar a un buen docente.
Un examen, por ejemplo. Si el docente sale desaprobado, la primera conclusión que se deduce es que se trata de un mal profesor. Entonces las personas, en coro, dirán que efectivamente por eso anda tan mal la educación, que los profesores no saben ni lo que enseñan, que solo se dedican a hacer huelgas y pedir aumentos sin hacer nada, y todo lo demás.
Pero, creo es una conclusión un tanto apresurada. En primer lugar porqué depende qué tipo de examen se haya tomado.
Para nadie dedicado a la docencia es un secreto que se puede hacer un examen extremadamente difícil donde el nivel de desaprobados sea superior al ochenta por ciento, y que ese examen necesariamente no reflejará la capacidad o suficiencia del examinado. Y en el caso concreto de la última evaluación a los profesores, al ser un examen de solo conocimientos y aptitudes difícilmente reflejará si es un buen o mal profesor, a lo sumo que tiene buena memoria para las respuestas.
Es lo que sucedió también cuando el Consejo Nacional de la Magistratura comenzó a tomar las primeras pruebas para el nombramiento de jueces y fiscales luego del fin de la autocracia fujimorista. Casi no existían magistrados nombrados, muchos eran suplentes o provisionales y gran parte estaban comprometidos con la Mafia que gobernó el Perú en los noventa, así que las pruebas iniciales que tomaba masivamente el Consejo de la Magistratura eran de conocimientos, los que tenían buena memoria aprobaban y pasaban a una entrevista personal, los que no se acordaban, por ejemplo, cuál era la causal de divorcio señalada en el artículo 333, inciso 8, del Código Civil, salían desaprobados (claro, estoy exagerando el ejemplo, pero las pruebas eran netamente memorísticas). La pregunta era: ¿se estaba escogiendo así a los mejores abogados para ser jueces? Evidentemente que no.
Si bien es la manera más rápida y fácil de eliminación, quedando fuera el noventa por ciento de examinados y efectuando la selección para el nombramiento de la pequeña porción restante; pero el problema es que los mejores abogados, como los mejores docentes, no son memoristas, y los resultados los vimos algunos años después cuando se colaron algunas “perlitas” en los nombramientos definitivos, así que el Consejo tuvo que cambiar el contenido de sus pruebas y no darle tanta importancia a la memorización de conocimientos, habida cuenta que el futuro magistrado al resolver un caso trabajará con un criterio de conciencia y un grado de racionalización, conforme al marco legal existente, para lo cual tendrá a la mano sus Códigos y demás leyes que no necesita memorizar.
Algo similar pasó con esta prueba a los maestros. Y no lo digo basado en la simple presunción, sino en la opinión de especialistas en materia educativa que han opinado negativamente sobre la prueba tomada. No importa que haya sido una institución de “prestigio” quien la diseñó. El problema se repetirá si lo hace alguna otra institución, si la forma en que se toma el examen sigue igual de defectuosa, porqué de esa forma no están entrando a la carrera magisterial los mejores o aquellos con vocación definida por la docencia, sino los mediocres, aquellos que basan su rendimiento en la memorización de conocimientos.
Como alguien dijo una vez el saber enseñar es un arte, donde entran no solo criterios objetivos, sino también subjetivos, intuitivos, por lo que si se trata de evaluar a un docente no basta una prueba de conocimientos, sino por lo menos una clase modelo para conocer la “llegada” de ese profesor al alumno y la experiencia previa que haya tenido. Un docente no se forma de la noche a la mañana, es un proceso lento, difícil, donde se conjuga experiencia con capacitación, y más que todo vocación por enseñar. Como en todo trabajo, al docente le debe gustar lo que hace, y la verdad que no siempre se produce esa feliz conjunción.
Por eso los principales reclutadores de docentes en institutos y universidades serias comprenden en la prueba a un aspirante a profesor no solo los conocimientos, sino la clase modelo, para saber justamente la “llegada” del maestro, su capacidad didáctica. Más que presentar sillabus, plan de trabajo y otros papeles que pueden engrosar su currículo, la clase demostrativa es vital, a lo que va acompañado el test sicológico. ¿Sabemos realmente cuántos profesores con tendencias pedófilas, autoritarias o desequilibrados emocionalmente existen?
Y esta prueba tomada era para nombrar y contratar profesores. Así que el asunto no era nada fácil. Precisamente los nombramientos como parte del sistema administrativo estatal debe ser reelaborado. Hasta donde tengo entendido los nombramientos de docentes –como los de la carrera pública- son casi perpetuos, salvo que cometa una falta grave o renuncie se queda de por vida o hasta que le llegue la edad de jubilarse; existiendo así un error de apreciación. Los nombramientos no pueden significar perpetuidad en el cargo. Los nombramientos –como sucede con los jueces y fiscales- deben estar sujetos periódicamente a una ratificación, previa evaluación integral del docente y conforme a las reglas del debido proceso (derecho a ser escuchado, a defenderse, a saber los motivos de su no ratificación, etc.). La ratificación de los nombrados es vital para que “no se duerman en sus cargos” y más bien se capaciten constantemente, superen los problemas que tienen a nivel de docencia o metodología, y se evalúe caso por caso las denuncias que pesan en contra del docente (casos de violación, tocamientos indebidos, venta de notas, cometimiento de arbitrariedades, etc.), nombrando comisiones técnicas evaluadoras ad hoc (no de sesgo político), con entrevista personal incluida, sea para contratar, nombrar, ascender o ratificar en el cargo, facilitando también, con la modificación de la legislación estatal, la remoción de los profesores incompetentes y una flexibilización en las causales de cese.
Es cierto que gran parte de la responsabilidad por la mediocridad de la educación peruana la tiene el Sutep, pero no es el único responsable. Los sucesivos gobiernos que no hicieron nada para corregir los problemas tienen también parte de culpa, así como la politización en el ingreso al magisterio. Si no se tenía el carné del partido de gobierno o si no era miembro de Patria Roja –que manipula el Sutep- difícilmente el aspirante a docente ingresaba al magisterio. El APRA puede dar razón de los miles de profesores mediocres –pero con carné- que entraron en el primer gobierno de Alan García.
El problema también está relacionado con la precaria formación del futuro docente. Es tarde para descubrir que existen facultades e institutos que “fabrican” docentes con títulos a nombre de la nación como si se tratase de salchichas, y es que ese problema no sólo ocurre en las facultades de educación, sino también en las facultades de derecho, administración, contabilidad y otras profesiones conocidas como “de tiza y saliva”. Cerrar facultades de educación por diez o quince años no es la única solución, también es necesario que los organismos competentes realicen una fiscalización efectiva de estas “facultades-fábrica” y constatar si cumplen o no con los requisitos mínimos de una adecuada preparación. Si el Estado otorga los títulos (“a nombre de la Nación”), el mismo Estado debe fiscalizar activamente que se cumplan las normas mínimas de una buena enseñanza, con los apercibimientos para aquellas instituciones que incumplan las normas técnicas correspondientes, sino vamos a seguir lamentándonos con los mismos resultados que estamos viendo ahora.
Calificar a un buen docente es tarea ardua, harto difícil en vista que entran factores objetivos y subjetivos, por eso las evaluaciones que se reducen a un simple examen escrito producen resultados incompletos y muchas veces equivocados como ha sucedido con el último examen tomado.
El problema no es sencillo de resolver, quizás demore décadas en percibir los cambios positivos, pero debemos comenzar, en vista que la educación es clave para el desarrollo de un pueblo y tal como está la educación peruana (en todos sus niveles) el paciente se encuentra en cuidados intensivos.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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