El hecho no debe de extrañarnos, pese a los comentarios recelosos que la noticia ha ocasionado. Los movimientos guerrilleros o insurgentes -sea que hayan empleado actos terroristas o no, lo cual es materia de un análisis distinto-, al fracasar en la lucha armada tienen tres opciones: se auto disuelven insertándose en la sociedad civil, se mantienen en estado larvado sufriendo un proceso de degeneración (deciden dedicarse a los secuestros, a robos lucrativos o al servicio del narcotráfico), o deciden asimilarse a la legalidad y el estado de derecho constituyéndose como partidos políticos. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua una vez llegado al poder (el único caso de un movimiento guerrillero que actuando en democracia cede el poder a un partido opositor en justas electorales), el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el M-19 en Colombia. El caso más emblemático de grupo insurgente que se mantiene en estado larvado, degenerando en negocios turbios con el narcotráfico o el secuestro de personas son las FARC en Colombia, y en nuestro país, Sendero Luminoso.
El ingreso a la legalidad de los grupos armados se produce por tres causas: primera, por “la conquista del poder”, vale decir la guerrilla resulta triunfante y procede a instaurar “un nuevo orden” desde el estado conquistado (los únicos casos exitosos en la región fueron los de Cuba y Nicaragua); la segunda, por amnistía, cuando existe un “empate” político y/o militar entre las fuerzas del orden y el movimiento armado (caso del M-19 o el F. Martí), en éste caso a veces una organización internacional o un grupo de gobernantes vecinos interponen “sus buenos oficios” a fin de facilitar el diálogo y la subsecuente solución; la tercera causa es cuando el movimiento subversivo ha sido derrotado y sus principales dirigentes encarcelados y aquellos que han purgado su pena, salen libres (generalmente mandos intermedios), recobrando sus derechos ciudadanos, incluso el derecho de elegir y ser elegido (es el caso del MRTA).
El problema gira en torno a si deben o no ser admitidos en la legalidad, considerando con cautela su pedido, dados sus antecedentes. Es como si un ladrón prontuariado, una vez cumplida su condena, quisiera ser vigilante de una entidad bancaria. Quizás sus antiguos hábitos todavía hagan recelar.
Es natural la suspicacia, pero el caso no es tanto juzgar a priori, sino que por los actos de sus propios integrantes se conocerá si existe un verdadero sinceramiento democrático. Generalmente los grupos subversivos que pasan a la legalidad atraviesan por una etapa de transición, en la cual si bien realizan una autocrítica de sus actos pasados, todavía reconocen con orgullo el fin noble de sus objetivos (una sociedad más justa). Se desprenden del pasado pero todavía no del todo. Es el caso del MRTA actualmente (y lo fue del APRA en sus orígenes). Superada esa etapa de transición, si logran desprenderse del todo de su pasado, entrarán cien por ciento en las puertas de la legalidad y el sistema democrático, lo cual puede ser coadyuvado con el ingreso de nuevos miembros que no hayan estado comprometidos con los hechos subversivos.
Sobre este punto una aclaración. La subversión en si misma no es buena o mala. Por citar solo dos ejemplos. Los fundadores de nuestro país como república fueron considerados “subversivos” en su tiempo, al igual que los padres de la naciente república norteamericana. Otra cosa muy distinta es la defensa del sistema democrático contra quienes lo atacan. Obviamente que aquellos que no creen en el sistema no pueden actuar en la legalidad, como sucede en España con los etarras o en Alemania con los nazis. Es un mecanismo de protección que el propio sistema crea para ser inmune a los ataques desde dentro de la sociedad.
Ahora bien, si ciertos cuadros del MRTA quieren actuar en la legalidad, como hemos visto no existiría ningún impedimento, siempre que cumplan con las formalidades de ley (inscripción como partido político, número mínimo de adherentes, locales partidarios, etc.); pero, sobretodo, interioricen sus integrantes los valores democráticos, esta última tarea más larga y compleja que la simple inscripción.
Muchos de los miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru han purgado carcelería y están libres. Jurídicamente, como ciudadanos con sus derechos recobrados, pueden ejercer sus derechos políticos irrestrictamente, incluyendo el asociarse y decidir inscribir un partido político. Desde el punto de vista de la variedad partidaria, será una alternativa que oxigenará nuestro enrarecido y atomizado medio. Que convenza o no su programa político, que sus dirigentes sean expresión de la “conversión” democrática que manifiestan, que llegue a cuajar o no como partido político y sea representativo de la sociedad peruana, eso solo el tiempo lo dirá.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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