Es uno de los temas recurrentes cada vez que se avecinan elecciones generales. “Cambiar la constitución” como panacea para resolver todos nuestros problemas.
Esta vez le tocó el turno a Nicolás Lynch, respetado sociólogo que candidatea por la lista de Ollanta Humala para el Congreso. Lynch fue ministro de educación en el gobierno de Toledo. Una gestión opaca, aunque se debe reconocer que tuvo la hidalguía de opinar críticamente respecto al Sutep, como uno de los principales lastres de la educación peruana. Pero, como “constitucionalista” deja mucho que desear. Veamos algunos sustentos de su pedido de “cambiar la constitución” publicado en el diario La República el 15 de Febrero de 2011 (Nueva Constitución). Por cierto, y como de todo hay en la viña del Señor, no pertenezco ni remotamente a “las fuerzas de derecha” que alude el profesor Lynch en su artículo (y que, por extensión, moteja así a todos los que no comulguen con su ahora reconvertido credo nacionalista), ni mucho menos soy “un agente de la CIA y del imperialismo yanqui”.
Aclarado el asunto, pasemos a revisar el artículo (lo que está en cursiva pertenece al profesor Lynch):
1. Hay dos tipos de constituciones sobre el planeta, aquellas que son un acuerdo de paz entre los ciudadanos y pueblos de un país y otras que aparecen como una declaratoria de guerra de alguna minoría sobre la inmensa mayoría de la nación. Este último es el caso del documento de 1993 impuesto por la dictadura de Fujimori y Montesinos sobre el pueblo peruano.
Solo en el papel las constituciones son “acuerdos de paz entre los ciudadanos”. Es más bien un idilio que ha sido descrito muy bonito por algunos autores, pero no es algo que exista “químicamente puro” en el mundo real. La célebre tesis del “contrato social” que dará nacimiento a la constitución política como plasmación del pacto entre los ciudadanos, es más una teoría que busca explicar el nacimiento jurídico de las naciones y una justificación ideológica del sistema legal imperante. Todas las constituciones escritas obedecen a un sesgo de clase o de ideología. Sino, profesor Lynch, pregunte por la constitución cubana o la china. Ninguna de las dos nació de “un acuerdo de paz entre los ciudadanos y pueblos”, sino fue todo lo contrario.
2. Esta supuesta Constitución está viciada de origen porque fue producto de un golpe de Estado, elaborada por un régimen autoritario para quedarse y finalmente “aprobada” en un referéndum fraudulento.
Las últimas tres Constituciones que hemos tenido han sido producto de “un golpe de Estado”. La de 1933 cuando salíamos del gobierno de Sanchez Cerro y se cerraban las puertas de la legalidad a los partidos populares como el APRA; la de 1979 que procuraba el tránsito del gobierno militar a la democracia; y, la de 1993 que resolvió el impasse del “autogolpe” de Fujimori del año anterior (1992).
Es que las Constituciones como su apellido las califica son “políticas” y, nos guste o no, muchas veces resuelven situaciones políticas coyunturales. Si lee un poco de historia constitucional profesor Lynch, se dará cuenta que la “abundancia de constituciones” (trece hasta el momento, si no me equivoco) han obedecido a situaciones políticas coyunturales. Es lo que sucedió con nuestras últimas tres cartas políticas, incluyendo “el documento del 93” como despectivamente califica a la carta de aquel año (aunque no es original en la autoría del epíteto).
En cuanto que la Constitución del 93 fue aprobada en un “referéndum fraudulento”, es una tesis bastante manoseada que hasta la fecha no ha sido respaldada con pruebas concretas. En derecho, estimado profesor, quien alega algo tiene que probarlo, no basta con decirlo. Lo cierto es que el gobierno de Fujimori en aquellos años gozaba de una amplia base de popularidad que atravesaba prácticamente todos los estratos sociales, popularidad que la utilizó para aprobar “su” Constitución.
3. Esta Constitución refuerza el poder de la minoría dominante cuando recorta los derechos sociales, especialmente los derechos del trabajo, minimiza el papel del Estado poniéndolo al servicio de los ricos, debilita al Legislativo con el unicameralismo, da lugar al capitalismo salvaje como único modelo posible en la economía y establece un desorden tal en el tema de la descentralización que hace a la misma inviable. Por ello es que da lugar a un orden democrático precario, imposible de consolidar en sus parámetros y obliga a que las mayorías, impedidas de expresarse a plenitud en estas condiciones, recurran a la protesta callejera, ya no solo como excepción sino como norma, para plantear sus demandas. Puesto en la disyuntiva de cambiar la Constitución o reprimir al pueblo, este régimen opta por lo segundo, siguiendo la lógica de la declaratoria de guerra y criminalizando la protesta.
Vamos por partes.
El régimen económico de la Constitución del 93 se inspiró en el neoliberalismo de aquellos años, de todo furor del llamado “consenso de Washington”. Es cierto que en la filosofía que sustenta el apartado económico predominó la iniciativa privada, el “dejar hacer, dejar pasar” de los fisiócratas del XVIII y se minimizó el rol del Estado. Eso es cierto e indiscutible, pero nada garantiza que aumentando los derechos sociales en una nueva carta y ampliando la intervención del Estado consigamos un “estado de bienestar” que nos asegurará un mejor futuro para todos los peruanos.
Por desgracia, estimado profesor Lynch, las constituciones, ni ninguna norma legal, garantizan eso. Solo los factores reales, principalmente los de producción, y una mejor distribución de la riqueza por parte del estado, son los que van a garantizar un mejor nivel de vida para la inmensa mayoría. Y esos dos factores se pueden conseguir muy bien sin cambiar una sola letra de la actual carta política (lo que no quita que debamos reformar ciertos aspectos de la constitución vigente, como lo expongo en la parte final de mi réplica). Podemos tener la ley más bella, lírica y perfecta del mundo pero si no se cumple, la realidad será inmensamente deprimente. Y viceversa. Podemos tener una ley imperfecta, pero con voluntad política podemos mejorar su alcance.
4. Sobre el unicameralismo y que las mayorías no se ven representadas políticamente por lo que deben salir a las calles a expresar su descontento, dado que el régimen (qué malo¡) “no cambia la constitución” (sic). Creo que es un poco exagerado y bastante iluso, estimado profesor Lynch.
En primer lugar, ningún gobierno puede cambiar la constitución a su antojo, salvo que sea el de Chávez o sus comparsas Evo y Correa. Deténgase un poquito a leer “el documento” que en su portada dice Constitución Política. En la parte final encontrará usted el procedimiento que existe para la reforma constitucional. Podrá darse cuenta que los gobiernos (o el poder ejecutivo para ser más preciso) no pueden modificarla, dado que eso es tarea exclusiva del poder legislativo, al cual usted candidatea.
Pasando a los sistemas legislativos, una cosa es el números de cámaras, que puede ser Unicameral, Bicameral o hasta Tricameral (como lo fue en una de nuestras primeras constituciones), y otra muy distinta la falta de representación política y las protestas sociales. Con la Carta del 79 teníamos dos cámaras e igualmente protestas sociales. En aquella época teníamos regiones –bajo otro esquema- y también protestas. Una cosa no tiene que ver con la otra. Podemos tener una sola cámara y representar muy bien políticamente a todos los estratos sociales, o tener dos y no representarlo en absoluto. Creer que si adoptamos el régimen bicameral, cambiamos el modelo de regionalización (que dicho sea de paso hace falta urgentemente) o los principios del régimen económico de la constitución, vamos a solucionar los males sociales es bastante ingenuo, por decirlo elegantemente.
Como ya lo han advertido serios especialistas en el tema, el problema está en la deficiente representatividad política. No solo por el número de congresistas, sino por el tamaño de los distritos electorales. Por ejemplo, en el caso de Lima, tenemos 36 congresistas (que también representan a los votantes en el extranjero); pero así y todo no representan adecuadamente al electorado de dicha circunscripción. El asunto está no tanto en aumentar el número de congresistas o de cámaras legislativas, sino más bien en “achicar” los distritos electorales e implementar el uninominalismo. Que un representante al congreso sea candidato por un pequeño distrito electoral, conocido por sus electores y responda ante ellos. Así va a ser más fácil escoger entre un candidato por cada lista congresal que a 36 de un macro distrito que al final no representan a nadie. Este camino es más viable que aumentar el número de cámaras legislativas.
Por otra parte, las protestas sociales no solo se producen dentro del “capitalismo salvaje”, sino también dentro de un sistema totalitario como el de Cuba o Libia. Sino, profesor Lynch, pregunte por las huelgas de hambre que muchos disidentes cubanos han tenido que hacer para ser escuchados y que incluso a uno de ellos, como fue Orlando Zapata Tamayo, le costó la vida.
5. Es indudable por ello que el debate para lograr una nueva Constitución tiene la mayor importancia, porque esta será una de las piedras angulares para iniciar la gran transformación del país que nos dé [sic] una verdadera democracia.
Con esa exhortación concluye su artículo. Lo malo es que no plantea sus propuestas concretas. “Cambiar la constitución” en abstracto no expresa mucho. Cambiar qué cosas y hacia dónde. Qué opinión tiene usted, por ejemplo, del “modelo chavista” (inspirado en el de Fujimori) de constitución política, con reelecciones indefinidas y vaciamiento de las instituciones. O, por poner otro ejemplo, acerca de las libertades de expresión e información tan pisoteadas en Venezuela o Cuba. ¿Es el modelo que propone? Sería bueno, estimado profesor, que realice un deslinde y no nos venda “gato por liebre”.
Un consejo final: En vez de efectuar planteamientos tan burdos y maniqueos, si su interés, de llegar al Congreso, es una reforma constitucional en serio (lo cual es plausible, dicho sea de paso), debería empezar revisando el trabajo de la Comisión Pease que sobre el tema ya existe, bastante sólido y coherente, amén de otros trabajos que sin caer en su burdo maniqueísmo de “buenos y malos” tienen propuestas alternativas serias de cambios constitucionales. Haga el esfuerzo de informarse mejor, siquiera un poquito.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es
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