PAROS ANTIMINEROS

Los recientes paros contra la gran minería formal mueven a reflexión sobre los resortes que impulsan las protestas. ¿Es deseo mayoritario de la población “que se vaya la gran minería” o solo de pequeños grupos refugiados al amparo del discurso ambientalista?, ¿es solo manifestación política de grupos radicalizados y ciertas ONG o el tema del medio ambiente y la distribución del canon también se encuentran en juego?, ¿únicamente es responsabilidad del gobierno central o les quepa también responsabilidad a los gobiernos regionales? Y, por último, ¿el Perú puede “darse el lujo” de vivir sin los ingresos de la explotación minera?

Es cierto que la historia del Perú tiene “un lado oscuro” en los execrables abusos de la gran minería, ampliamente documentados y que son la justificación histórica de la oposición a las inversiones en este sector. Desde la época colonial existe una “maldición” de las condiciones mineras; pero, también es cierto que en la actualidad las grandes empresas en minería mayormente se comprometen a cuidar el medio ambiente –salvo excepciones, claro-, siendo más bien la pequeña minería informal la que depreda la naturaleza, volviendo yermos otrora bosques florecientes y envenenando ríos donde antes existía vida.

Pero, la focalización del problema se encuentra sobretodo en la gran minería, en cambio la pequeña e informal pasa desapercibida: contamina, no tributa ni es fiscalizada. Curiosamente uno de sus representantes, conocido con el alias de “Comeoro” y tenedor de vastas concesiones mineras, es nada menos que representante ante el Congreso por el partido de gobierno. Un “padre de la patria”.

Paradójicamente, el “discurso antiminero” es desarrollado por los mismos actores que reclaman del estado la concreción de derechos sociales y económicos que implican gastos, obviando el aspecto fundamental de cómo se financian los derechos reclamados si se oponen con tenacidad a las inversiones que generarían ingresos. Los derechos se encuentran presentes en la agenda de reclamos, pero las obligaciones brillan por su ausencia.

Y, para completar el panorama, por esas ironías de la historia, a los funcionarios del estado en el presente gobierno que les corresponde directamente solucionar los conflictos mineros son las mismas personas que apenas pocos meses atrás se encontraban “al otro lado del mostrador”, oponiéndose como ONG a las grandes inversiones mineras. Ahora deben ya no “azuzar el conflicto”, sino solucionarlo. De “incendiarios pasan a bomberos” y tendrán que demostrar que se encuentran a la altura de los problemas que deben resolver como representantes del estado.

Pero, ¿nos podemos dar “el lujo” de vivir sin los ingresos de la explotación minera? La respuesta obvia es no. Los ingresos de la explotación minera le pertenecen a todos los peruanos; pero, detrás del tema en debate existe toda una problemática que no solo está relacionada con la contaminación, sino también con el proyecto de desarrollo que queremos, la distribución más equitativa de los ingresos y la labor del estado en este aspecto.

Dentro del discurso antiminero de los grupos que se oponen a las grandes inversiones se encuentra la oposición al desarrollo “primario-exportador”, a la mera extracción de los recursos naturales, lo cual, por si solo, no genera desarrollo, ni beneficia a los lugareños que siguen siendo tan pobres como al momento que comenzó la explotación minera en sus tierras. Lo cual es cierto; pero, precisamente allí entra a tallar la labor del estado, no solo atrayendo las inversiones o buscando la fórmula para que los porcentajes de ingreso por canon y regalías sean los más beneficiosos para el país, sino también distribuyendo equitativamente esa riqueza y procurando que los recursos naturales sean “el primer piso” de un modelo de desarrollo sostenible. Es posible, otros países lo han hecho, pero tampoco se consigue de la noche a la mañana, ni en un solo gobierno. Esa es justamente la labor del estado.

Una primera fisura del problema se encuentra en la gestión de los gobiernos regionales. No son buenos administradores de los recursos. Dinero hay, pero no proyectos viables de inversión a favor de los pobladores, salvo alguna que otra honrosa excepción. Y es lógico que si los lugareños ven que nada de esa riqueza “se queda para ellos” fácilmente encaminen su cólera contra las grandes empresas mineras; dándose perfecta cuenta los grupos políticos regionales que el discurso antiminero “vende”, concede réditos políticos para llegar al poder regional en la siguiente elección o “vacar” al que se encuentra como presidente regional (a quien, muchas veces, no le queda más alternativa que ponerse al frente de la oposición minera a fin de salvar su cargo). Es relativamente fácil encolerizar a la gente y buscar “un chivo expiatorio” de todos los males. Parte de eso también existe en la problemática minera.

Además falta diálogo y falta prevención de conflictos. Mayor horizontalidad, con la participación de todos los actores en conflicto. No solo abandonar la tesis “del perro del hortelano”, como de hecho ya ocurrió, sino una participación más activa y práctica en la solución de los conflictos. Por lo general el gobierno central interviene cuando el conflicto estalló y las carreteras fueron tomadas. El libreto casi siempre es el mismo: el gobierno central cede a las demandas de los actores en conflicto, luego que estos realizan medidas de fuerza, se firma un acta de acuerdos, al poco tiempo se incumple el acta y el conflicto se repite, quizás con más fuerza por “las mecidas” del gobierno, entonces se vuelve a firmar otra acta, y así.

Frente a ello una salida audaz pero necesaria, previa reforma legal, es darle a cada poblador un porcentaje en efectivo de los ingresos mineros por canon. “Un cheque” por las ganancias mineras. A mayor ganancia de la minera que opera en la zona, mayor será su porcentaje de participación. Algo así como una especie de accionista de empresa. Si la empresa tiene utilidades, el accionista también.

No es “la solución última, ni definitiva”, pero ayudaría a paliar los conflictos. Claro, los que se oponen interesadamente a cualquier solución dirán que “se están comprando conciencias”, que eso no beneficia a la comunidad en su conjunto o, más paternalistamente, que ese dinero será dilapidado por los lugareños en juergas, sexo y alcohol. Lo cual puede ser cierto; pero, ¿dónde está la responsabilidad que cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos sobre nuestro destino?

La idea no es nueva. En otros países ha funcionado con éxito y nada fundamenta que acá sea lo contrario. Los agitadores de siempre se opondrán, las ONG ambientalistas también. “Se les quita la chamba” de la cual viven. Usarán algunos de los argumentos que hemos mencionado y otros más; pero, frente a los problemas que se presentan y a la ineficacia del gobierno central y de los gobiernos regionales “mineros” permite una solución oportuna.

El gobierno de Humala se ha dado perfecta cuenta que sin inversión el Perú no desarrolla. El candidato Humala era profundamente antiminero, el ahora presidente busca desesperadamente inversiones. Sabe que la inclusión social requiere recursos y estos no caen solos del cielo. Si es pragmático, como parece ser, tiene que buscar salidas efectivas, por más que vayan contra sus antiguos aliados. Tiene que ver los intereses del país en su conjunto y no sólo de pequeños grupúsculos de interés. Lo que haga o deje de hacer su administración en los próximos años, en lo que a inversiones se refiere, estará marcado por el cómo soluciona los conflictos mineros.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es