Wednesday, January 29, 2014

27-E: EL LÍMITE ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO

No todo comenzó una fría mañana de Enero de 2008, cuando el agente especial del gobierno peruano depositaba la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, sino mucho antes, cuando un olvidado contralmirante -el controvertido contralmirante Faura- a mediados de los años setenta del siglo pasado advertía en un libro que no estaban delimitados los límites marítimos con Chile y exhortaba a solucionar esa agenda pendiente. Continuó en la década siguiente cuando la cancillería peruana hace suya dicha tesis y empezó la etapa del diálogo hasta agotar el trato directo con el estado chileno y pasar a la siguiente fase, donde un tercero (la Corte de la Haya) dirima el asunto.

Curiosamente el asunto de los límites marítimos con Chile fue uno de los pocos casos donde existió una política de estado que significó continuidad a través del tiempo y los distintos gobiernos: las personas iban rotando pero la política trazada desde Torre Tagle continuaba. Incluso la tesis de “las cuerdas separadas” era de la cancillería, a fin que no enturbie las relaciones económicas mutuas. Y, cosa rara también, significó un consenso de la clase política peruana, caracterizada no tanto por su fraternidad.

No solo es una victoria jurídica para nosotros, sino moral. Significa ganarle en derecho al país que nos ganó en la guerra del Pacífico. Ojalá se pueda superar definitivamente “el trauma de la guerra”; aunque ello no dependerá solo de nosotros, sino también de nuestro vecino. Significa voluntad política y buena fe de ambos gobiernos de acatar y ejecutar el fallo lo más pronto y serenamente.

Es cierto que gracias a nuestras relaciones comerciales y de inversión gran parte de esa desconfianza mutua ha ido amenguando. Los chilenos fueron los primeros en venir a invertir acá cuando se abrió nuestra economía, luego nosotros fuimos allá con nuestra gastronomía y comenzamos a abrir restaurantes peruanos por doquier. Nuestra cultura -por lo menos en la costa- se ha contagiado imperceptiblemente y para bien de cierta “chilenización”, y los chilenos gracias a los miles de migrantes peruanos se ha contagiado de parte de nuestras costumbres (de las buenas y de las otras también). Estamos dentro de la Alianza del Pacífico que, más allá de las rivalidades naturales, ha permitido sumar intereses y esfuerzos. Ya no hablemos de la complementariedad de dos ciudades cercanas como Tacna y Arica y que mereció una declaración conjunta de ambos alcaldes antes del fallo. Existe integración no solo económica, sino también social y cultural. Nos guste o no se está construyendo un “destino común”.

Así como Ecuador “se sacó el clavo” con la victoria militar sobre nosotros en Tiwinza en la década de los noventa y permitió abrir paso a las negociaciones de paz definitivas (otro mérito de la cancillería de Torre Tagle); igual puede suceder ahora y cerrar definitivamente las heridas del pasado. Dependerá que el hecho jurídico que es la sentencia de la Haya se convierta en hecho político. Países con tradición de encono peor que la nuestra lo han conseguido. El futuro post 27-E está abierto.

Eduardo Jiménez J.

ejjlaw@yahoo.es

Monday, January 13, 2014

CONCENTRACIÓN DE MEDIOS: EL CASO DE LA POLÉMICA DE LA COMPRA DE EPENSA POR EL GRUPO EL COMERCIO

Es cierto que el tema nació y continúa por la frustrada compra del Grupo La República (GLR) de los productos de Epensa (entre otros la revista Correo Semanal, los diarios Correo, Ojo, Ajá –fuera de circulación desde el 30 de Diciembre pasado- y El Bocón). Como es sabido, el Grupo El Comercio (GEC) concretó la transacción económica, desplazando a su rival La República, la que inmediatamente reaccionó denunciando una “concentración de medios”, realizando una campaña mediática sostenida, con foros públicos, constantes primeras planas del tema, invitación de “expertos en la materia”, incluyendo una entrevista in extenso a nuestro Nobel, quien se pronunció enfáticamente contra la concentración de medios por un solo grupo empresarial. Debemos tener presente que la declaración de Mario Vargas Llosa (y su posterior artículo principista) no es de un intelectual de izquierda, sino de un reputado intelectual de raigambre liberal, reforzando notablemente, con la autoridad moral que ostenta, la posición anti-concentradora en el debate generado.

Esta campaña sostenida traspasó las fronteras mediáticas cuando a fines del año 2013 el accionista mayoritario del GLR, junto a varios y conocidos periodistas (muchos de su propia casa periodística) interpusieron una acción de amparo contra la referida compra y contra los contratantes por atentar contra la libertad de expresión, solicitando la nulidad de la compraventa de las acciones. Como es conocido, la acción fue admitida a trámite. 

El problema tiene distintas aristas para su análisis: la jurídica, la política, la de derechos fundamentales, la económica, la constitucional, la judicial, la de libertad de mercado, de empresa y de competencia.

En propiedad, según declaraciones de voceros cercanos al GEC, se trataría de una compraventa del 54% del paquete accionario referente a la producción, comercialización y distribución de los productos de Epensa, más no el control editorial, la generación de contenidos, ni las plataformas multimedia, que quedarían en manos de la familia Agois-Banchero a través de la empresa Epensa SAC. En otras palabras, el GEC tiene el control económico absoluto del conglomerado periodístico, vale decir lo que es tiraje, distribución de los productos, merchandaising, cartera de clientes, fijación de tarifas publicitarias, promociones, etc.; mientras los Agois-Banchero tendrían el “control político” de dichos medios, vale decir podrían fijar la línea editorial de los productos y las informaciones periodísticas, incluyendo las que aparecen en las páginas webs de los diarios.

Si bien “el affaire” comenzó como una pelea entre dos grupos empresariales mediáticos, lo cierto es que ahora rebasa los límites de lo privado para convertirse en un asunto de interés público que debería ser debatido ampliamente, más allá de los intereses económicos de ambos grupos mediáticos.

La concentración de medios es un fenómeno que se produce en distintas partes del mundo. La consolidación de grandes empresas mediáticas ha permitido que ingresen a distintas áreas como la televisión, la radio, el internet y, por supuesto, comprar otros periódicos (lo que se denomina “propiedad cruzada”). También es cierto que algunos países -de corte marcadamente liberal y capitalista- han regulado los porcentajes de la participación de medios, a fin que no se generen “externalidades negativas” producto de la concentración en pocas manos de distintos medios de comunicación (el caso más emblemático es el de la propia Inglaterra).

Entre nosotros, como en muchos aspectos que requieren una adecuada regulación, no contamos con una ley expresa. Si bien el párrafo segundo del artículo 61º de la Constitución Política alude implícitamente al tema, pero faltó una ley de desarrollo de dicho contenido constitucional, ley que en su momento hubiese ahorrado más de un problema como el presente.

El asunto va por las “externalidades negativas” que pueden ocurrir cuando un solo grupo mediático tiene una posición dominante en el mercado de medios de comunicación, más si ese grupo, aparte de los medios escritos, tiene participación en la televisión, la radio y el internet.

Tratándose de medios de comunicación, las “externalidades negativas” afectan ámbitos privados y públicos, y van desde sesgar la información a favor o en contra de algún tema o personaje, pasando por las condiciones para el ingreso de nuevos medios, la distribución y venta de los medios de la competencia, las tarifas publicitarias, participación del total de publicidad disponible (lo que llaman “la torta publicitaria”), hasta la libertad de expresión e información, y la propia estabilidad del sistema político y de gobierno.

El asunto no va solo por la libertad de empresa, sino que afecta directa o indirectamente a la sociedad civil y a la sociedad política. Si elevamos el nivel de discusión a la idea del bien común, entonces vamos a la esencia misma de lo republicano: a salvaguardar el interés de todos frente al interés egoísta de unos cuantos. O si se quiere, hasta qué punto la libertad de empresa y la concentración de medios en particular afecta el buen gobierno o los intereses de todos.

Ese debate se encuentra ausente, salvo una que otra voz, en cierta forma porque -a diferencia de otros países de la región- la ideología y prédica neoliberal sigue siendo dominante entre nosotros, recurso eficaz cuando se trata de impedir cualquier regulación; lo que se ha reflejado no solo en los argumentos de periodistas del GEC a favor de la concentración, sino en confundir lo que sería una regulación de carácter jurídico-económico como existe en distintos países de raigambre liberal y capitalista, con una “mordaza” a la prensa a través de una ley similar a la existente en la época del gobierno del general Velasco, eludiendo así la esencia del debate. (Más allá de los “cucos” que no ayudan a un debate serio y más bien lo entorpecen, sería bueno que aquellos que defienden la concentración de medios argumenten más seriamente. Algunos lo están haciendo, lo que estimula el debate; pero otros no pasan de exhibir fantasmas, es decir nada).

Frente a ello urge un debate del tema en distintos niveles, no solo en la lucha entre ambos grupos periodísticos, y que fruto de ese debate se proponga (o no) una regulación legal de la concentración de medios y del segundo párrafo del artículo 61º de la Constitución Política. Tienen la palabra sobretodo los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones civiles y, por supuesto, los propios medios.

Asimismo, la variable política del asunto ya apareció y se irá acentuando conforme el proceso judicial vaya desarrollándose en los tribunales. No solo porque ya se encuentra en la agenda pública el debate, traspasando los intereses propios de cada uno de los grupos mediáticos en pugna; sino también porque está ocurriendo una suerte de “acumulación de fuerzas” en ambos bandos en pugna. Los dos grupos mediáticos saben muy bien que esta “guerra” no solo se libra en el fuero judicial o lanzándose puyas los periodistas de ambas casas, sino que el apoyo político implícito o explícito es importante para ganar la guerra. De allí que dos partidos políticos (el APRA y el PPC) se hayan pronunciado expresamente en contra de cualquier regulación, esgrimiendo precisamente como justificativo “la defensa de la libertad de expresión”. Por el lado del GLR ha contado como aliado -quizás no tan inesperadamente- al propio presidente de la república y otras personalidades respetadas, tanto del mundo político, como el académico y el intelectual. El asunto podría tornarse insostenible si los operadores políticos intervienen con medidas o actos fuera de toda proporción o extrayendo leyes inesperadas sin la necesaria reflexión y ponderación del tema.

De allí que el tema debería ser revisado en sede constitucional, sea el propio Tribunal Constitucional y, de ser posible, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obvio que con esta acción legal el Grupo La República tiene mucho que ganar y nada que perder (por razones éticas debería expresamente declarar su inhibitoria a adquirir el conglomerado de Epensa ante un eventual fallo a su favor), mientras al Grupo El Comercio le sucede exactamente lo contrario (razón por la cual al inicio no quiso entrar al debate y luego se vio forzado a ello); pero, los argumentos en sede constitucional -más allá de a quién le den la razón- servirían para fijar los lineamientos de una posible regulación legal.
Eduardo Jiménez J.
ejjlaw@yahoo.es