CUANDO EL AMOR ES PURO Y SINCERO MATRIMONIO IGUALITARIO: EL CASO OSCAR UGARTECHE VS EL RENIEC

Por: Eduardo Jiménez J.

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Que conste que no me opongo a los llamados “matrimonios igualitarios”. Es más, deberían ser normados en nuestro país, lo que todavía no sucede.

Eso que la ley es “pura e incontaminada” es un supuesto que no se condice con la realidad. Desde la Escuela de Derecho nos “vendieron” la historia de una ley abstracta que no es influida por nada ni por nadie de afuera. Basta dar un vistazo a tantas leyes, aquí y allá, para darse cuenta que existen intereses creados para promulgarlas o vetarlas. Entre ellos, los grupos de presión, los llamados poderes fácticos. Y grupos de presión no solo económicos, sino pueden ser también ideológicos. Entre estos últimos se encuentran los grupos fundamentalistas religiosos, tanto de católicos como de evangélicos, que se oponen a la ley del “matrimonio igualitario” y a la mal llamada “ideología de género” en el aspecto educativo. Muchos congresistas de tendencia conservadora se oponen abiertamente a legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. “Abominación” le llaman. Ni siquiera el tímido proyecto de “unión civil” que apenas reconocía ciertos derechos en una convivencia legal pudo pasar la aprobación en el Congreso.

De allí que algunos han optado por la vía judicial. No es que nuestros magistrados sean una excelencia en el tema, pero a los interesados no les quedaba otra alternativa. Es el caso de Oscar Ugarteche y Fidel Aroche.

Por cierto, ya es posible desde el año 2016 la inscripción registral en Perú de bienes adquiridos en el país por matrimonios igualitarios celebrados en el extranjero, pese a que nuestra legislación todavía no los reconoce. Curiosamente, el régimen de propiedad y su inscripción, que suele ser una de las ramas del derecho más conservadora, ha posibilitado todo un cambio en materia de inscripción de patrimonios para los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y estamos hablando de lo resuelto por un tribunal que es administrativo no judicial.

Volviendo al caso, como ya es de conocimiento público, ante la denegatoria del Reniec de inscribir en los Registros Civiles el matrimonio celebrado entre el connacional Oscar Ugarteche y el mexicano Fidel Aroche en ciudad de México (donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo), decidieron optar por la vía judicial, mediante un proceso de amparo que declaró fundada su demanda en primera instancia. El Reniec apeló, por lo que el proceso tiene para un tiempo más.

En resumen, los argumentos del magistrado de primera instancia que falla a favor de los demandantes es que no se puede negar los mismos derechos a personas que son una minoría. Aborda una cosa elemental en derecho constitucional y derechos humanos: todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos, sin distinción alguna, incluyendo la opción sexual, por lo que no debe existir discriminación de ninguna clase para ejercerlos, entre ellos el derecho a contraer matrimonio.

En sucesivas declaraciones de Oscar Ugarteche, el demandante, señala que por existir tratados internacionales suscritos entre los estados peruano y mexicano, recíprocamente deben inscribirse los matrimonios celebrados por un connacional en otro país, que es el caso de Ugarteche casado con un mexicano en el DF.

Veamos primero el tema de los tratados.

Es un principio que todo tratado internacional no debe lesionar el orden jurídico interno. Vamos a poner un ejemplo descabellado. Supongamos que en un estado “se legaliza” el matrimonio entre una persona y su mascota. Supongamos también que quien hace uso de ese derecho es un connacional peruano que se casa con su mascota en ese estado que lo permite. Luego pide la inscripción de su matrimonio ante el Reniec, este se lo deniega aduciendo que va contra las leyes nacionales, y el peticionante acude ante un juzgado constitucional, quien accede a su demanda, argumentando que no puede ser discriminado por la opción elegida, inaplicando la ley interna que lo prohíbe frente a los derechos constitucionales. A ello se denomina “control difuso”. La inaplicación en un caso concreto de una norma que colisiona con los derechos constitucionales.

Algo de eso sucedió en el caso Ugarteche. Nuestro orden jurídico no permite los matrimonios entre personas del mismo sexo, ni menos su reconocimiento, así hayan contraído matrimonio en otro estado, donde sí es legal. Que es una ley injusta, lo es. Que está desfasada de la realidad cuando fue promulgada hace más de treinta años como sostiene la jueza de primera instancia, también lo es. Pero es nuestra ley y no la podemos obviar, ni siquiera aplicando un control difuso.

Nadie aboga por considerar al juez únicamente “la boca muda de la ley”, pero tampoco estamos ante el juez anglosajón que inaplica una norma y el acto es acatado por el Estado y la sociedad en su conjunto. Y, siendo sinceros, por tradición, más cerca estamos del primer tipo de juez que del segundo. Al igual que el recelo de Montesquieu, tenemos sobradas razones para desconfiar de nuestros magistrados, que siempre se han caracterizado por el sometimiento al poder, sea fáctico o político. Como diría Javier Valle Riestra, su independencia no va más allá del cobro de la quincena.

Por otra parte, el “control difuso” solo se aplicaría a ese caso específico, pero, ¿qué sucedería si se presenta una demanda similar ante otro juez que piensa totalmente diferente? Supongamos de un juez que entrando a su despacho uno aprecia crucifijos, biblias e imágenes religiosos por doquier. No es necesario ser muy zahorí para saber que va a resolver en sentido totalmente diferente. Los jueces y fiscales también tienen sus filias y sus fobias. Más de una vez lo hemos visto.

En todo caso corresponde al Congreso modificar la norma “desfasada de la realidad”, como muchos abogados y opinólogos opuestos al “matrimonio igualitario” aducen, a sabiendas que este poder del estado –por lo menos no el actual- jamás promulgaría una norma que permita el matrimonio entre dos personas de igual sexo. Las condiciones de nuestro parlamento no son las más óptimas para semejante labor. Su composición mayoritaria no es la de “sabios e iluminados juristas” ni “liberales progresistas”.

Pero, alguien puede tomar su lugar y mostrar iniciativa en el tema.

El maestro Héctor Cornejo Chávez era una bella persona y uno de los poquísimos políticos honestos que tuvo nuestro país. Que pudo estar equivocado en muchas cosas que hizo en su agitada vida política, lo pudo estar; pero nadie lo puede acusar de haberse enriquecido medrando de la política.

¿A qué viene todo esto? A que Héctor Cornejo Chávez fue el ponente y “padre” del Libro de Familia, donde se instituye el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella”. Claro, me dirán eran los años 80 del siglo pasado, donde el matrimonio igualitario ni remotamente existía. Pero recordemos también que el maestro era un católico practicante y su visión de la familia era de la “familia nuclear”: papá, mamá e hijos unidos por un lazo consanguíneo. Tampoco en aquella época se reconocía ni remotamente a la “familia ensamblada”, hoy bastante usual.

Y la definición que dio el maestro en el ahora famoso artículo 234º del CC es exactamente la misma que figuraba en el Código Canónico de aquella época.

Es más, el matrimonio tiene protección constitucional, pero estamos hablando del matrimonio entendido entre dos personas de distinto sexo. Nuestros constituyentes tampoco se pusieron en el supuesto de personas de igual sexo. Ni los del 79 ni los del 93.

Y, la institución del matrimonio hasta hace muy poco tiempo tenía como una de sus finalidades básicas la perpetuación de la especie. El mandato bíblico del “creceos y multiplicaos”. Para lo cual, obviamente, se requería que sean personas de diferente sexo. Lo que a su vez permitía como fin político del matrimonio el control social, legalizando únicamente la estirpe nacida a su amparo, así como los derechos subsecuentes (apellido, herencia, primogenitura), más no a los que estaban fuera de la institución.

Es cierto, las leyes “envejecen” en el tiempo. Unas más rápido que otras. Es lo que ha sucedido con gran parte del Libro de Familia. En los últimos treinta años los cambios sociales han ido más rápido de lo que imaginamos y han desfasado a buena parte de la legislación sobre la materia.

Y, ¿qué podemos hacer ante tamaño desaguisado? En esto me pliego a la opinión de otros letrados y gente opinante: quien puede declarar si es constitucional o no la regulación del matrimonio establecida en el Código Civil es nuestro Tribunal Constitucional. Si colisiona o no colisiona con la Constitución Política. Por añadidura podrá hasta “recomendar” a nuestros legisladores que adecúen el Libro de Familia del CC a los nuevos tiempos.

Puede emitir una sentencia que sea vinculante para los otros poderes del estado y siente así un precedente, cosa que no es aplicable a la sentencia de primera instancia que falló a favor de los demandantes. Para ello el expediente debe “subir” hasta el TC.

Tampoco nos hagamos ilusiones y creamos que el fallo del TC será justo y equitativo, digno de los sabios de Sión. Difícil. Todos sus integrantes tienen su “corazoncito”, sus predilecciones y fobias, así como una orientación política. En fin, de todo como en la Viña del Señor.

Pero no se pierde nada y sería interesantísimo que el TC fije un precedente vinculante en el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo y su reconocimiento o no en nuestro orden jurídico interno.

PEAJES TRUCHOS Y VÁNDALOS DE SEGUNDA

Por: Eduardo Jiménez J.

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Vamos a dar un acercamiento más sociológico al tema de la protesta por el peaje en Puente Piedra.

La actitud inicial de las “autoridades políticas” fue bastante deplorable. Desde el Alcalde de Lima que declaraba que no podía hacer nada sobre el peaje impuesto (“tengo las manos atadas”), pasando por el Ministro del Interior, que ligeramente calificó de “senderistas” a los que protestaban en contra del cobro. A lo que habría que sumar la comparsa de ciertos medios y “opinólogos” que trataban que las cosas se mantengan en el statu quo previo a la protesta y “dejen todo en manos de sus autoridades”, sin contar algunos abogados que se rasgaban las vestiduras por la “santidad de los contratos”.

Los “actores políticos”, con sus declaraciones y hechos, traslucían un deseo de mantener las cosas como están y considerar a los protestantes como ciudadados de segunda clase, “vándalos” en el sentido más venial y “senderistas” en el peor de los casos (en Perú el calificativo de “senderista” o “terrorista” estigmatiza y descalifica al adversario). En paralelo, los que abogaban por dejar “las cosas como están” hacían juego con Odebrecht y asociados –concesionarios del peaje- que representan a los que están arriba en la pirámide social, “a los de cuello blanco y corbata”.

Por eso, el discurso inicial de los actores políticos era doblemente reaccionario: por encubridor de la situación de inequidad que representaba el peaje y por favorecer los intereses económicos de una empresa altamente cuestionada. La pregunta obvia es si habrían mantenido ese mismo discurso si los vecinos indignados fuesen residentes de San Isidro o La Molina.

Lo de Puente Piedra, como muchos de los conflictos sociales en el Perú, es crónica de una violencia anunciada. Algo que se viene venir pero no se hace nada para solucionarlo. En el caso de los peajes ya se arrastraba de meses atrás, cuando fue la construcción de las casetas, solo que nadie, absolutamente nadie del estado, hizo nada. Nadie tomó la iniciativa de revisar los contratos claramente lesivos al interés de las mayorías, de inferir si la concesionaria Rutas de Lima había cumplido previamente con las obligaciones pactadas o si técnicamente era viable colocar en una zona residencial un peaje (hasta donde tengo entendido los peajes no se pueden colocar “en cualquier lugar”). Y ya no hablemos de una nulidad del contrato y todas sus adendas por la presunta corrupción que tendría en su origen, lo cual explica también la displicencia con que las autoridades políticas tomaron inicialmente el asunto.

En una sociedad en democracia, donde las instituciones funcionan y se escuchan las demandas del ciudadano, los problemas sí se pueden resolver pacíficamente; pero, cuando las autoridades son indolentes o solo escuchan a una de las partes y desoyen a la otra, la parte afectada no tiene más camino que la violencia como forma de protesta. Es lo que sucedió en Puente Piedra. Para algunas autoridades políticas la gente de allá solo son “pobladores” no ciudadanos, prefiriendo atender las exigencias de los que están en la cúspide de la pirámide en detrimento de unos ciudadanos considerados de segunda.

ODEBRECHT Y LA MEGACORRUPCIÓN

Por: Eduardo Jiménez J.

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La delación de altos funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht sobre haber repartido coimas por cientos de millones de dólares en casi todos los gobiernos de América Latina, sean de izquierda o de derecha, a fin de ganar las grandes licitaciones ofertadas, incluyendo tres sucesivos gobiernos peruanos, plantea una serie de cuestionamientos, el primero de ellos, sí afectará o no sustancialmente a la clase política nacional, y como efecto de ello a la democracia peruana.

Tengamos presente que los afectados en Perú por la denuncia de los –hasta ahora- 29 millones detectados en sobornos son los tres últimos gobiernos democráticos, supuestamente “libres de corrupción”, en el relato ideológico inmaculado que desarrollaron a fin de diferenciarse del “fujimorismo corrupto”, caído en desgracia el 2000, al cual se asociaba con manejos delictivos del dinero público.

Consiguientemente, los primeros afectados no son los fujimoristas –asociados tradicionalmente a la corrupción-, sino los sucesivos gobiernos pos Fujimori, donde se habrían concentrado las coimas denunciadas por los funcionarios de la empresa brasileña.

Creo que más que un cataclismo político como el brasileño -donde el cuestionamiento es general a toda la clase política-, lo que va a traer sobretodo es un mayor escepticismo por parte de los ciudadanos en la política y los políticos nacionales. El “todos son iguales” se va a volver lugar común, indistintamente del membrete partidario o de la posición política, sea fujimorista o no fujimorista.

Otro mito que se derrumba es la supuesta pureza inmune a la corrrupción de la izquierda peruana. Autoconsiderada “reserva moral del país”, las denuncias de corrupción comprenden a actores nacionales de izquierda o centro izquierda, sea del gobierno central como Ollanta Humala, Alejandro Toledo o Alan García, o de gobiernos regionales como el de Gregorio Santos, sin contar los gobiernos municipales de izquierda que han caído en la tentación de sobrevalorar obras.

Incluso, una administración municipal como la de Susana Villarán, libre hasta el momento de manchas de corrupción (en la revocatoria que sufrió sus adversarios solo la tildaban de “inepta”), podría verse también afectada, si las denuncias de sobrevaloración comprenden las obras que Odebrecht realizó bajo su alcaldía, que muchas costaron varios cientos de millones de dólares. El “todos son iguales” pasará inmediatamente al “todos roban”.

Nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, tampoco se salva de cierta responsabilidad como Primer Ministro del gobierno de Toledo. Obras que ganó Odebrecht bajo su premierato y que extrañamente no pasaron el filtro del Snip, o que llegaron a costar tres veces el precio original ofertado, como la Interoceánica. Si se llega a demostrar su responsabilidad en ese entonces, los que abogan por la vacancia tendrán argumentos bastante concluyentes y sobretodo el clima político ideal, si vacarlo quisieran.

Pero, la pregunta central es si ese escepticismo ciudadano con la política y los políticos, permutará a un “que se vayan todos”, como sucedió en la Argentina de inicios de siglo o el Brasil actual.

Yo creo que no. Los casos de megacorrupción no afectarán sustancialmente la escena política nacional.

En primer lugar, porque tenemos una “cultura de la corrupción”, donde no llama a escándalo que el funcionario se lleve unos billetes al bolsillo. El “roba pero hace obra” es sintomático de ello. Es lo que da sustento y popularidad a un alcalde tan cuestionado y gris como Luis Castañeda, donde gran parte de los ciudadanos conocen que un considerable porcentaje del dinero de las obras va a su bolsillo, pero si deja cemento para el recuerdo, se tolera los manejos turbios. Fue el caso también de Alberto Fujimori en los noventa, donde el ciudadano no se escandilazaba de los grandes latrocinios de ese entonces, con tal que “el Chino” haga obras. (Por eso los fujimoristas tienen gran aceptación popular, más allá de los comportamientos autoritarios y de latrocinio demostrado. Al ciudadano promedio ese hecho le es indiferente).

De allí que en la actualidad el discurso anticorrupción se encuentre bastante devaluado. Discurso que antaño servía para hacer carrera política (muchas candidaturas lo utilizaron para hacerse un lugar en el escenario político), hoy es apenas una mención en algún párrafo escondido de los programas de gobierno o una declaración lírica para salir del paso, mientras se privilegia aspectos más importantes para el ciudadano promedio como la seguridad ciudadana o el no perder el poder adquisitivo conseguido en los últimos años.

Esa cultura de la corrupción nos hace permeables a tolerar desde la microcorrupción –el “sencillo” que se ofrece a un policía para evitar una papeleta- pasando por la corrupción en los distintos escalafones de ministerios, Poder Judicial, Congreso, municipios y gobiernos regionales, hasta los casos más sonados de corrupción, como los de Odebrecht. Más allá del escándalo mediático y de algunas vendetas políticas, comisiones investigadoras y judicializaciones de adversarios, la megacorrupción pasará al olvido.

Pasará al olvido también por razones prácticas: a ninguno de los actores políticos le conviene ahondar en el tema. Quizás no quieran cometer el error brasileño, donde grupos políticos rivales acusaron de corrupta a Dilma Rousseff y el gobierno del PT, cuando ellos tenían una viga en el ojo. Ese error no creo lo quieran cometer. A los únicos que les conviene ahondar en el tema es a los fujimoristas para tener argumentos y clima político ante una eventual vacancia, y a los del Frente Amplio que, por ser nuevos en el escenario nacional, no tienen serios compromisos de haber recibido sobornos, por lo que ganarían en rédito político si se adelantan las elecciones.

A diferencia de los países que sufrieron la reforma protestante y moral puritana, donde la corrupción es condenada y sancionada por la ley y mal vista por las normas de convivencia; los países que practicaron las prebendas y compra de puestos públicos y de licencias, como los reinos ibéricos, tuvieron una moral más laxa y más permeable a la corrupción. Esa moral la heredamos nosotros.

Por ello, la corrupción para que tenga efectos políticos, tendría que afectar sensiblemente al ciudadano promedio, a fin que reaccione. En otras palabras, tendría que “afectar su bolsillo” para que aflore un sentimiento de indignación masivo y nacional, como sucede, por ejemplo, en la Venezuela de Nicolás Maduro (considerado como un gobierno altamente corrupto y hasta delictivo), o sucedió en la Argentina de inicios de siglo, afectada en ese entonces por una grave recesión.

El último intento de renovación moral serio que tuvimos se propició en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, tras la caída de Alberto Fujimori en el 2000 y la difusión de los vladivideos. Fue una coyuntura valiosa y corta, literalmente de catarsis colectiva, pero que se desaprovechó en impulsar acuerdos contra la corrupción para el largo plazo, quizás porque a ninguno de los actores políticos de ese entonces le convenía; menos ahora.

Por ello, lo más probable es que luego del escándalo la clase política caiga en un mayor descrédito del que ya tiene, se debiliten aún más las instituciones políticas, y los aspirantes a acceder a un cargo público sigan considerando más como un “negocio” el puesto que un servicio al país. Si queremos realmente afianzar el sistema político, no es poca cosa el daño ocasionado por la corrupción. Lamentablemente, en la práctica no se va a hacer nada.

MATARTE HE O MATARME HAS

Por: Eduardo Jiménez J.

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En el castellano antiguo aludía a la batalla entre dos hombres o dos bandos, donde uno solo era el vencedor. El combate era a tota ultranca, a muerte.

En la política  -ese “juego” que se inventó para no desperdiciar recursos en una guerra-  se da el mismo principio que en el campo de batalla, con mayor razón si existe una oposición recalcitrante frente al gobierno. Parece que los fujimoristas ya eligieron su opción, la de adelantar las elecciones generales. El 2021 es muy lejano para ellos, no por impaciencia, sino porque 1) su lideresa tendrá más competidores “de peso” ese año; 2) el frente interno no lo tiene parejo, existe una intensa lucha dinástica con su hermano Kenyi, quien se encuentra acumulando fuerzas al interior de Fuerza Popular; 3) sumado al natural desgaste de su mayoría parlamentaria, la cual puede convertirse en un serio lastre, considerando la “angurria” e intereses económicos comprometidos, inversamente proporcionales a su “calidad intelectual” como bancada. Por todo ello, le puede ser fatal para las aspiraciones presidenciales de Keiko esperar a que termine en “forma natural” el gobierno de PPK el 2021.

De allí que los naranjas necesitan adelantar el cronograma, sino el 2017, el 18, junto a las municipales y regionales de ese año, cuando el resto de grupos políticos recién se estén organizando o inscribiendo sus respectivas agrupaciones, y la mayoría naranja no se encuentre tan desgastada por los trajines y errores políticos. El fujimorismo en el corto plazo prácticamente no tiene rivales de importancia y Keiko holgadamente podría ganar las presidenciales. No les interesa el cogobierno, por lo que el “compromiso” que nazca de la reunión entre PPK y Keiko a iniciativas del Cardenal Cipriani, será solo un tema de portada y declaraciones “de buenas intenciones”, nada más. La vacancia presidencial está en su agenda. Lo que le hicieron al padre en el 2000 (defenestración del presidente más los vicepresidentes), ellos lo van a replicar. Todo dentro del marco de la Constitución Política.

Pero, este “juego” tiene sus riesgos: el desprestigio acelerado de Fuerza Popular como culpable de “desestabilizar la democracia” y ser considerado un grupo autoritario y cerrado (“el matón del barrio”). Podrían ser tocados por “la maldición aprista”: nunca llegar a ser gobierno, nunca llegar al paraíso, pese a tener una apreciable aceptación popular, poder fáctico y mayoría congresal. Por más intentos e intrigas políticas de por medio, podrían estar condenados a “vagar en el desierto”, como le sucedió al Apra por cincuenta años (paradójicamente ahora su mejor aliado). Ya lo vemos en las marcadas polarizaciones fujimorismo vs antifujimorismo. Como decía El Viejo, la historia se repite, ora como tragedia, ora como farsa.

Por el lado del gobierno, su indefinición es reflejo de su debilidad política. Sin mayoría en el Congreso, con poca capacidad de maniobra y con un gabinete tecnocrático “de lujo” pero sin el respaldo político para ejecutar las políticas gubernamentales, su margen de acción es bastante corto. Como dijimos en un anterior post, no tienen operadores políticos que se “compren el pleito” en el Congreso, defendiendo a sus ministros o, lo más importante, las políticas gubernamentales. El caso Saavedra es un ejemplo palmario en educación. Un buen técnico, que está haciendo las cosas bien, pero que le faltó el apoyo político. Al no tener apoyo en el Congreso, la minoría oficialista mostrarse dividida y poco propensa a jugársela por su ministro más allá de las declaraciones líricas, la oposición fujimorista lo tuvo servido para ser censurado. Saavedra ha sido un “globo de ensayo”, un pulseo para ver qué más pueden hacer para copar el poder y desestabilizar al gobierno, y cómo reacciona este y la sociedad.

Por ello, el gobierno tiene solo dos opciones: o hace cogobierno con los fujimoristas y permite que sigan copando los puestos clave en el Estado, sometiéndose a sus designios (hasta convertirse en su marioneta), o se enfrenta a la mayoría congresal utilizando los mecanismos constitucionales. Si a los naranjas no les interesa ser cogobierno, fácil deducir qué única opción le queda a PPK. La indefinición o “los golpes de pecho” solo lo conducen al abismo y al suicidio político, quizás más temprano que tarde.

CUANDO LA HISTORIA SE REPITE

Por: Eduardo Jiménez J.

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El viejo decía que unas veces la historia se da como tragedia y otras se repite como farsa. Quizás esta vez es más el estilo de voudeville de segunda que los fujimoristas han planteado tras la censura al ministro Saavedra.

Que a los naranjas les está fallando los reflejos políticos y respiran por la herida de haber perdido la presidencia, es evidente. Que quieren adelantar las elecciones presidenciales y vacar a PPK por cualquier motivo, generando desgobierno y bajándose a sus mejores cuadros, también lo es. Si llegan a censurar al ministro Saavedra significa que el consenso a medias o a regañadientes con el Ejecutivo, terminó, y han decidido pasar a la oposición “dura” sin importarles la gobernabilidad del país, algo así como los apristas en el primer gobierno de Belaunde.

Si el gobierno quire salir de este corsé político tiene que arriesgarse: plantear la cuestión de confianza del gabinete y jugársela. Vamos a ver si los fujiapristas querrán censurar un segundo gabinete con el costo de perder la holgada mayoría que el día de hoy tienen.

Y, como alguien sugirió por ahí, convoquen a los estudiantes, que salgan a las calles, que los lobistas y dueños de universidades basura sientan la protesta. Los ciudadanos tienen que participar y más los directamente afectados como son los estudiantes. Y que los fujimoristas sientan lo que pueden perder de querer cercar al gobierno para adelantar las elecciones.

Quien no apuesta, no gana.